En una acción histórica, las colectivas feministas que tomaron el espacio público este 28 de septiembre en Guadalajara se manifestaron a las afueras de algunas de las instituciones de salud pública del estado para reclamar que han sido omisas y negligentes en garantizar el derecho a abortar a víctimas de violencia sexual.
En su recorrido, se detuvieron a las afueras de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Civil Nuevo y las instalaciones de la Secretaría de Salud Jalisco para leer las historias de dos niñas a las que se les negó su derecho a decidir tras ser víctimas de un embarazo por violación.
Por ello, en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro llamaron a las y los legisladores del Congreso de Jalisco a garantizar la no criminalización y la despenalización del aborto voluntario para mujeres y personas con capacidad de gestar en función de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo contrario, advirtieron no tendrán su voto en las siguientes elecciones.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
“El IMSS objetor es un macho opresor” con este mensaje colectivas para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Jalisco arrancaron la movilización por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en Guadalajara.
La marcha convocada a las afueras de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) buscó poner en evidencia a las instituciones de salud de la entidad que han sido omisas en garantizar el derecho a decidir de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. Así, a una sola voz y con megáfono en mano, leyeron los casos de dos niñas de 13 y 11 años, a quienes les fue negado su derecho a abortar en clínicas del IMSS de Jalisco.
Según narraron en su pronunciamiento, Yadira de 13 años acudió con su mamá y su papá a su clínica del IMSS en marzo de 2023. Luego de una exploración médica el personal de salud detectó que tenía un embarazo de 20 semanas, producto de una violación sexual, según declaró la niña a la pediatra que le atendió.
Sin embargo, aunque ella solicitó al personal de salud la interrupción de este embarazo, la institución rechazó su petición. Los argumentos utilizados por el personal de salud para negar su acceso al derecho a abortar señalaron las colectivas, fueron no sólo erróneos, sino falsos. Y es que le aseguraron que la legislación local, específicamente el artículo 229 del Código Penal de Jalisco establece que se puede acceder a la interrupción del embarazo producto de violencia sexual, pero sólo dentro de las 12 semanas de gestación.
Posteriormente, denunciaron, Yadira junto con su papá fueron remitidos a la Delegación del IMSS, requiriéndoles que llevaran una serie de documentos, entre ellos, actas de nacimiento, comprobante de domicilio, tarjetón de derechohabiente, e, incluso, copia de la denuncia que había interpuesto ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto, sólo para “verificar” que Yadira podía seguir siendo asegurada por su padre, dado que, de acuerdo con la institución, al estar embarazada “dejaba de ser una niña”.
“El IMSS se niega a dar por escrito la negación del servicio, impidiendo que pudiera acudir a la Secretaría de Salud de Jalisco en donde sí podía acceder al procedimiento de interrupción de forma inmediata, sin trámites burocráticos”, exclamaron.
Otro de los casos expuestos es el de Zayda de 11 años, quien en mayo de 2023 acudió a su clínica del IMSS a solicitar un procedimiento de interrupción de embarazo por las causales salud y violación, reconociéndose una niña y, además, víctima de una violación.
#28s Fragmento de la historia de Yadira, una niña de 13 años a la que luego de ser víctima de violencia sexual y resultar embaraza, le fue negado su derecho a abortar en una clínica del IMSS en Jalisco pic.twitter.com/5CWMPTozdY
— ZonaDocs (@ZonaDocs) September 28, 2023
Sin embargo, precisaron en su pronunciamiento las colectivas, “después de derivarla con diferentes funcionarios, en diferentes horarios y turnos” el médico que le valoró le señaló que tenía un embarazo de 6.4 semanas y que debía solicitar el servicio por NOM-046 porque las causales no son legales en el Estado de Jalisco. “Información que es falsa” advirtieron las feministas.
Pero esto no es todo. De acuerdo con las colectivas, Zayda tuvo que esperar cinco días para que el departamento jurídico del IMSS resolviera su solicitud y determinara si era posible realizarle el procedimiento y, pese a que su madre acudió en el tiempo solicitado, el personal del departamento jurídico le dijo que aún no tenía su resolución.
Lamentablemente, el IMSS le notificó que no podía hacer el procedimiento y se negaron a proporcionarle un documento en donde constara esta determinación para que Zayda y su madre pudieran acudir a la Secretaría de Salud a solicitar la interrupción.
Estas historias, reconocieron las colectivas por los derechos sexuales y reproductivos de Jalisco, evidencian que en la entidad prevalecen vacíos significativos entre la legislación en la materia y su aplicación dentro de las instituciones obligadas a garantizar el derecho a decidir, especialmente las encargadas de garantizar servicios de salud.
Es importante advertir que en Jalisco las cuatro causales no punibles en el Código Penal del Estado, previstas en el artículo 229, establecen que un embarazo podrá ser interrumpido cuando 1) éste sea producto de una violación; 2) cuando exista un grave riesgo a la salud de la madre o el producto; 3) cuando su continuación implique un peligro de muerte para la mujer; y 4) cuando el aborto sea espontáneo o “culposo”.
Tras la denuncia de estas historias el contingente avanzó hasta llegar al Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara donde también llamaron a la comunidad estudiantil y docente de las carreras vinculadas a la salud a reconocer su papel en el ejercicio y aplicación del derecho a decidir. Y es que reconocieron que sobre estas prevalece una responsabilidad compartida.
En su recorrido hasta llegar al Congreso del Estado de Jalisco se detuvieron a las afueras del Hospital Civil Nuevo y las instalaciones de la Secretaría de Salud Jalisco donde también leyeron las historias de Yadira y Zayda, reclamando que estas instituciones deben asumir su responsabilidad en el cumplimiento de este derecho en la asistencia a abortos para mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar.
Ya en Plaza Liberación, a las afueras del Congreso del Estado, llamaron nuevamente al poder legislativo a garantizar la no criminalización y la despenalización del aborto voluntario en la entidad.
Como un día antes lo hicieron junto a más de 50 organizaciones locales y nacionales para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, señalaron que Jalisco los derechos humanos de mujeres y personas con capacidad de gestar son violentados al mantener en su Código Penal artículos que criminalización el aborto y bloquean el avance hacia el acceso a una interrupción del embarazo de “manera libre, legal informada, segura, gratuita y acompañada”.
Puntualmente demandaron al Congreso del Estado de Jalisco que “descongele” las iniciativas de ley en la materia que fueron presentadas en 2021 por los partidos Futuro y Hagamos, en las que se contempla la reforma y adición de diversos artículos de la Constitución del Estado de Jalisco y de su Código Penal, ya que, hasta ahora en estos se sostiene la protección de la vida desde el momento de la concepción y se establecen sanciones a la persona que aborte o facilite el acceso a un aborto.
Finalmente, manifestaron que de no responder a su llamado y no despenalizar el aborto en Jalisco, no contarán con su voto en las siguientes elecciones.
Ver esta publicación en Instagram
