“Lo que las adultas pedimos para nosotras, lo deben tener también nuestras compañeras adolescentas”, reclamaron de manera conjunta la Red de Maestras Feministas, Por Vereda: Comunidades en Movimiento y MAROMA Observatorio para de Niñez y Juventud.
Manifestaron que, en medio de un sistema de opresión adultocentrista, niñas y adolescentes no son reconocidas como sujetas de derechos y, por ende, ven condicionado el ejercicio pleno de su derecho a decidir, una situación que las expone a sufrir diversas formas de violencia social y estructural. De manera específica, cuestionaron que se vean forzadas a llevar a término embarazos o a maternar de manera obligada, cuando podrían tener acceso a un aborto legal, oportuno, gratuito y seguro que les permita continuar con sus proyectos de vida.
Estas y otras reflexiones se compartieron durante la mesa de diálogo “Acompañamiento sensible en el embarazo y el derecho a decidir de las adolescentas”, que organizaron en el marco del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Fotografía de portada Leslie Zepeda / @lesszep
En Jalisco, menos del 10% de las niñas y adolescentes que fueron víctimas de violación y se enfrentaron a un embarazo pudieron acceder a un aborto, afirmó Mariana González Quintero, periodista y reportera en Guadalajara, a través de un reportaje de investigación que publicó en el periódico Mural de Grupo Reforma.
De acuerdo con la información que recopiló la periodista a través de solicitudes de información, entrevistas y revisión documental, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) reconoce que entre abril de 2022 y enero de 2023 sólo 18 niñas y adolescentes que resultaron embarazadas tras una violación accedieron a un aborto -bajo la aplicación de la causal violación-.
Según detalló Mariana González, esta cifra contrasta con los 2 mil 662 casos de niñas, niños y adolescentes que vivieron abuso sexual infantil y los 871 casos de niñas y adolescentes que producto de esta violencia terminaron con un embarazo, de acuerdo con los registros de la SISEMH.
Como participante de la mesa de diálogo “Acompañamiento sensible en el embarazo y el derecho a decidir de las adolescentas”, la periodista advirtió que, organizaciones como la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (Ddeser Jalisco) reconocen que la obstrucción del acceso a abortos para niñas y adolescentes no es tan distinta de lo que sucede con las personas adultas, puesto que, prevalece la estigmatización en los hospitales -que deberían garantizar este derecho-, así como, la negación de los servicios de aborto legal por medio de la desinformación:
“Les hacen creer que no es legal abortar en el estado por esa causal (violación)”.
Prueba de ello, es el caso de una adolescente que fue acompañada en su proceso de aborto por una colectiva feminista, esta experiencia documentada forma parte del reportaje que elaboró Mariana González. A decir de la periodista, la adolescente se encontraba embarazada producto de la violencia sexual que ejerció en su contra un hombre adulto.
Sin embargo, al acudir al hospital y conocer su situación, el personal médico nunca le advirtió que era su derecho abortar bajo la causal violación, como dicta la NOM-046-SSA2-2005 -que establece el derecho a abortar cuando el embarazo es producto de una violación sexual-, sino por el tratamiento psiquiátrico que tomaba para sobrellevar el proceso que experimentaba tras haber sido víctima de este abuso físico y psicológico.
“En términos de lo que dicta la ley, el personal de salud le debió haber dicho la razón (causal) por la que podía acceder al aborto, pero le dijeron que estaba embaraza y que sí podía abortar porque venía mal el producto por el medicamento psiquiátrico que ella estaba tomando” explica la periodista.
Aunado a ello, el personal médico negó que pudiera llevar a cabo la interrupción del embarazo en Jalisco y le dijeron que debía “ir a otro lado a abortar”, lo que la obliga a viajar hasta la Ciudad de México para acceder a este derecho.
En Jalisco, es importante advertir que las cuatro causales no punibles en el Código Penal del Estado, previstas en el artículo 229 establece que un embarazo podrá ser interrumpido cuando 1) éste sea producto de una violación; 2) cuando exista un grave riesgo a la salud de la madre o el producto; 3) cuando su continuación implique un peligro de muerte para la mujer; y 4) cuando el aborto sea espontáneo o “culposo”.
“Esta historia es de las muchas que suceden en Jalisco, es lo que organizaciones como Ddeser o colectivas como Me Cuidan Mis Amigas nos han dicho, ellas describen cómo es tan complicado acceder a la interrupción del embarazo en el estado” señaló la Mariana González.
Este espacio de diálogo organizado por la Red de Maestras Feministas, Por Vereda: Comunidades en Movimiento y MAROMA Observatorio para de Niñez y Juventud, buscó ser un lugar de encuentro para las voces, las reflexiones y las exigencias de las adolescentes; y es que, aseguró Lourdes Limón, integrante de la Red de Maestras Feministas “lo que las adultas pedimos para nosotras, lo deben tener también nuestras compañeras adolescentas”.
Regina Núñez, estudiante de preparatoria y activista por los derechos de las adolescencias y las infancias, compartió desde sus vivencias y las de sus amigas o compañeras de escuelas las formas en las que han visto limitado su poder de participación y acción, producto de un sistema educativo adultocéntrico que les excluye de los espacios de toma de decisiones, incluso, cuando se trata de sus propias vidas.
“Creo que nos impregnamos de este sistema que no es sólo patriarcal, sino que también es adultocentrista y que nos hace pensar que nuestras decisiones como adolescentas no cuentan, que no son correctas o válidas. Yo decía que me quería operar cuando tuviera 18 años para no tener hijos, pero me decían que estaba chica, que no sabía y que todavía no me ha llegado este instinto maternal”, reflexionó Regina.
Recordando la experiencia de embarazo de una compañera de escuela, Regina aseguró que “los embarazos adolescentes son un problema social por falta de información”. Al respecto, aseguró que los programas de educación sexual existentes dentro de las escuelas de educación pública son “decadentes” y que esto se vuelve aún más complejo por el silencio o la negación al tema dentro de los hogares.
“No porque no hablemos en casa de la sexualidad, no quiere decir que no vamos a tener una vida sexual activa, creo que es muy importante que se empiecen a tocar estos temas. Se nos deben dar las herramientas y los conocimientos para tener relaciones sanas y consensuadas, sobre todo”.
En ese sentido, explicó que, “como adolescentas tenemos la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, porque son de nosotros”, incluso, aunque “el Estado intente arrebatárnoslo”, dijo. Al respecto, no dudó en mencionar que el embarazo infantil forzado constituye un acto de tortura.
Si bien, dijo asumir el privilegio desde el cual se posiciona, como una adolescente con acceso a la educación y la información a través de sus redes familiares, escolares y activistas, invitó a reflexionar sobre la desprotección y las condiciones en la que se encuentran las niñas y adolescentes que no cuentan con estas herramientas y que viven o vivieron un embarazo producto de la violencia sexual.
Fotografía cortesía Red de Maestras Feministas
De acuerdo con el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), como parte de su campaña regional “Embarazo Infantil es Tortura”, cuando hay un embarazo infantil producto de una violación sexual y se ha prohibido su interrupción, la niña que se convierte en madre es víctima, además, de tres violaciones a sus derechos humanos:
- a la imposición de una relación sexual no deseada que violó su libertad sexual;
- a verse obligada a llevar a término un embarazo que no buscó; y
- a obligarla a ser madre contra su voluntad.
En opinión de Rebeca Aguayo, defensora de derechos humanos, feminista y lesbiana colaboradora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), “los embarazos forzados responden también a esta idea de que las niñas y las adolescentas no pueden decidir”.
Una lógica que, explicó, se desprende del “sistema de opresión adultrocentrista”, que impone jerarquías y relaciones de poder “entre el mundo adulto y las niñeces y las infancias en donde se establecen ideas creencias y representaciones sobre qué son las niñas y las adolescentas, cuáles son sus capacidades y qué pueden o no tener según el ideal adulto” precisó.
Así, junto a la negación de su autonomía, manifestó, “este sistema pone en duda su capacidad de decisión” y su reconocimiento de “igualdad de dignidad”. “Dentro de este sistema que sirve para sostener estas violencias, se tiende a pensar que las niñas y las adolescentas son objetos de tutela, que le pertenecen a la familia y que, entonces, la familia es quien tiene que decidir sobre las cuerpas de esas niñas y adolescencias”.
Por lo tanto, como “sujetas de tutela” y no como “sujetas de derechos”, añadió Rebeca, se les niega su derecho a abortar.
“Si partimos de este piso político de que también son sujetas de derechos y que estamos en igualdad de dignidad, algo que es importante cuestionar al Estado y a la sociedad, -en distinto grado de responsabilidad-, tendríamos que reconocer el ejercicio de la sexualidad de las niñas y las adolescentas”.
Al mismo tiempo, explicó que en México la ausencia de una política de educación sexual integral en las escuelas implica 1) la negación y, por lo tanto, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de esta población y 2) la negación y el reconocimiento del ejercicio de su sexualidad.
Y agregó que existe una deuda histórica en este sentido que sólo produce más violencias y desprotección “pareciera que la única alternativa para aprender sobre sexualidad es la pornografía, que nos mete en otra situación, cómo se está aprendiendo a ejercer esa sexualidad”.
Rebeca también es acompañanta de procesos de niñeces y adolescencias a través de la Red de Acompañantas de León. Desde su experiencia, prevalece diversos obstáculos para aquellas adolescentas que han tomado la decisión de abortar.
Entre estos se encuentra el difícil acceso y hasta la negación de análisis clínicos o estudios médicos como ultrasonidos por parte de personal médico, además de la venta del misoprostol para llevar a cabo la interrupción “ellas son más cuestionadas, incluso, que si fueran personas adultas”.
Sumado a ello, han documentado la soledad en la que viven estos procesos y la falta de espacios seguros para llevar a cabo la interrupción.
Por estas razones llamó a cuestionar y problematizar estos obstáculos para el ejercicio pleno del derecho a decidir de las adolescentas y las niñas desde el Estado, pero también desde las organizaciones feministas que hoy les acompañan y a quienes invitó a recordar que “lucha feminista debe abrazar la dignidad y la autonomía de las niñas y adolescentes”.
