La legislación de Jalisco contraviene los derechos humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar “al sostener en su Código Penal la criminalización del aborto voluntario” reclamaron colectivas y organizaciones para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en la entidad.
En la coyuntura del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro exigieron al Congreso de Jalisco y al Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, que atiendan con diligencia y responsabilidad las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre despenalización del aborto voluntario, autoprocurado o consentido, así como, que descongelen las dos iniciativas de ley en la materia que fueron presentadas desde 2021.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Más de 50 organizaciones, colectivas, agrupaciones universitarias y redes feministas en Jalisco se unieron para llamar a las autoridades del estado a garantizar la no criminalización y despenalización el aborto voluntario para mujeres y personas con capacidad de gestar.
En rueda de prensa, Patricia Ortega, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (Ddeser Jalisco) fue la encargada de dar a conocer el pronunciamiento que prepararon en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, también conocido como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto.
Recordaron que desde el 6 septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llamó al Congreso de la Unión a derogar y modificar las normas contenidas en el Código Penal Federal que criminalización el aborto voluntario, sea autoprocurado o consentido. En virtud de las siguientes determinaciones:
- Que toda criminalización del derecho a decidir contradice los derechos humanos a la dignidad humana, la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la igualdad y a la no discriminación de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
- Que toda norma que penaliza el aborto voluntario, así como aquellas que imponen la suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico y de salud, comadronas y parteras que lo facilite, son inconstitucionales.
- Que, todo acto de criminalización del aborto constituye un acto de violencia y discriminación en razón de género.
Sin embargo, las organizaciones señalaron que Jalisco y su legislación contravienen dichas disposiciones y, por tanto, los derechos humanos de mujeres y personas con capacidad de gestar, al mantener en su Código Penal artículos que criminalización el aborto y bloquean el avance hacia el acceso a una interrupción del embarazo de “manera libre, legal informada, segura, gratuita y acompañada”.
De manera específica, enunciaron que estas leyes obstruyen la mejora de las condiciones institucionales, estructurales, educativas y sociales que permitan el ejercicio pleno de este derecho universal.
Por estas razones exigieron al Congreso del Estado de Jalisco que no sólo escuche y atienda sus demandas, sino que, además y con urgencia, “descongele” las iniciativas de ley en la materia que fueron presentadas en 2021 por los partidos Futuro y Hagamos.
En estas se pide la reforma y la adición de diversos artículos de la Constitución del Estado de Jalisco y de su Código Penal. Sobre este último se pide la reforma a los artículos 227, 228 y 229 sobre sanciones a la persona que aborte o facilite el acceso a un aborto y se adiciona el artículo 229-Bis. Además de la adición del artículo 70-Bis a la Ley Estatal de Salud.
Es importante señalar que, luego del fallo de la corte en septiembre de 2021, ya la Red de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres en Jalisco, integrada por 28 colectivas, agrupaciones y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, había hecho un llamado a las y los diputados de la LVXIII Legislatura del Congreso de Jalisco a realizar las armonizaciones correspondientes.
En ese momento solicitaron la modificación del artículo 4 de la Constitución del estado de Jalisco, el cual establece la protección de la vida desde la concepción; la eliminación del artículo 228 del Código Penal de Jalisco; y la armonización del artículo 187 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco sobre la objeción de conciencia.
En el mismo sentido, exigieron al Gobernador del estado, Enrique Alfaro, así como a las autoridades obligadas a:
- Coordinar y desarrollar las acciones correspondientes (según sus responsabilidades y atribuciones) que garanticen los servicios de interrupción voluntaria del aborto con seguridad y gratuidad, a través de “la correcta planeación, organización y conducción de la política estatal en materia de interrupción del embarazo desde un enfoque de género”.
- Desarrollar de estrategias de capacitación y sensibilización de profesionales de la salud, puesto que, señalaron que esto es vital para garantizar “la no criminalización de las personas que asistan y acompañen estos procedimientos” y “garanticen el acceso oportuno, razonable y equitativo de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a los servicios de interrupción de embarazo”.
Y es que manifestaron que estas condiciones deben de ser acatadas para “evitar que una decisión personalísima y autónoma afecte adversamente su salud e integridad”.
Finalmente, demandaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) a que se pronuncie sobre la garantía y protección de los derechos de las mujeres, personas gestantes, médicas, médicos, comadronas, parteras y personal de salud, así como, sobre “la importancia de que autoridades, asumiendo su compromiso en pro de los derechos humanos, acaten y cumplan desde su ámbito de competencia lo determinado por la SCJN”.
Explicaron que para el cumplimiento de cada una de sus exigencias debe existir un trabajo coordinado entre las instituciones de salud y educativas, tanto públicas como privadas en el estado. Y es que, reconocieron que sobre estas prevalece una responsabilidad compartida, fincada en su papel como formadoras de profesionistas de la salud que asumirán en la práctica el cumplimiento de este derecho en la asistencia a abortos.
Por último, llamaron a ampliar la mirada sobre el derecho a la interrupción del embarazo de forma segura, advirtiendo que esta “no puede limitarse” a aquellos casos en los que la integridad física de la mujer o persona con capacidad de gestar se encuentre comprometida, incluso, no sólo cuando el embarazo sea producto de una violación, sino, también “cuando la continuación del embarazo resulte incompatible con el proyecto de vida de la persona”.
“¡Los derechos humanos no se penalizan: se respetan, promueven, ¡garantizan y ejercen!” concluyeron.
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En México, 12 de los 32 estados han despenalizado el aborto voluntario: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Aguascalientes y Quintana Roo.
