La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) junto a organizaciones civiles han hecho un segundo exhorto al Gobierno de Nuevo León para que acepte su responsabilidad en la muerte de Ángel Moreno, el adolescente de 14 años que falleció en las instalaciones de la Unidad Fabriles del DIF Nuevo León, víctima de los delitos de homicidio y encubrimiento a manos de funcionarios públicos en 2022.
Esto sucede luego de la emisión de la Recomendación 01VG/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigida al DIF de Nuevo León.
La aceptación de estas responsabilidades haría posible avanzar hacia el trazado de una ruta que garantice el derecho a la no repetición, evitando que otras niñas, niños y adolescentes que se encuentran en estos sitios regulados y atendidos por el Estado no sufran lo mismo que Ángel.
Por: Alondra Angel Rodriguez / @AlondraAngelRo
Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) explica que lo sucedido al adolescente Ángel Moreno dentro de la Unidad Fabriles del DIF Nuevo León fue de conocimiento público y tomó relevancia luego de una nota publicada por Víctor Badillo, un reportero independiente de Nuevo León en febrero de 2022.
Conforme los días pasaron, narra, más personas se sumaron a expresar su indignación. Y es que, el adolescente de 14 había muerto dentro de una institución que estaba bajo su resguardo. Junto a la sociedad, las organizaciones civiles pudieron acercarse para entender cómo funcionan estos espacios y qué estaba pasando, además de ofrecer más certeza sobre esta lamentable situación.
La causa de muerte determinada por los testimonios y las averiguaciones es que Ángel fue golpeado hasta la muerte y no de una apendicitis como las autoridades del DIF Nuevo León aseguraron e intentaron encubrir. Si bien, es cierto que una niña, niño o adolescente puede fallecer por esta razón, lo que parecía sumamente extraño es que esto haya ocurrido en las instalaciones de una instancia que se presume vela por el bienestar de las infancias. Aunado a ello era por demás discordante, pues, incluso, bajo esta hipótesis sería un caso de negligencia grave.
Luego del hecho se hizo presión pública para llamar la atención de la Fiscalía del Estado para que interviniera e investigara y determinara la verdadera causa de muerte de Ángel, pues, frente a esta necesidad, su cuerpo había sido cremado de manera inmediata y arbitraria:
“Estas irregularidades daban aún más pauta a pensar que era un ocultamiento a una verdad que iba más allá de la negligencia médica”, expresa Tania.
Este ha sido un largo proceso. Hasta el momento la Fiscalía todavía no cierra la investigación, sin embargo, se ha conseguido establecer que Ángel fue víctima de homicidio y que hubo responsabilidad de las personas que estaban a cargo del adolescente. Incluso, Tania señala que se tiene conocimiento de que dos personas funcionarias del DIF Nuevo León se dieron a la fuga una vez que las investigaciones iniciaron. Agrega que, hubo mucho miedo de parte de las personas que tenían información sobre los hechos:
“Era necesario que la gente se sintiera en confianza para poder acercarse a la fiscalía y dar testimonios de quienes trabajaban ahí, incluso, de niñas y niños que viven en esos albergues y personas en general que hayan estado cerca de ese contexto”.
Gracias a esto se logró vincular a proceso a autoridades involucradas por su responsabilidad en la muerte de Ángel: Miguel Ángel “N”, Mauricio Miguel “N” y Raymundo Francisco “N”; el primero de ellos ex director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León, que, si bien fue retirado del cargo, después fue designado como responsable del Partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León.
Garantizar el debido proceso y la no impunidad para Ángel, a quien ahora se le reconoce también como víctima de violencia y opresión adultocéntrica es el principal objetivo de organizaciones como REDIM. Tania señala que lo más importante es que “la ruta de la justicia siga adelante” y no quede sin investigación o sanción ninguna de las personas funcionarias públicas involucradas. A su vez, que se pueda robustecer la carpeta de investigación, porque todo ocultamiento de la verdad como: la cremación del cuerpo del adolescente, los despidos de determinadas personas y/o su traslado hacia otros albergues, sólo agrava las condiciones de impunidad: “no es únicamente el hecho, sino como el estado operó para encubrir a los responsables y ocultar la verdad”, expresa Tania.
Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 01VG/2023. A decir de la directora de la REDIM, ésta buscaba hacer un exhorto al Gobierno de Nuevo León y a las autoridades del DIF estatal de forma energética. Y es que, Tania detalla que estos mecanismos son una ruta hacia el reconocimiento y garantía del derecho a la no repetición:
“Es fundamental que haya un efecto de reparación, si ya no puede haber restitución del daño, ya que Ángel perdió la vida, que sí haya una restitución de derechos, en el sentido del reconocimiento, independientemente de las cuestiones económicas y, por supuesto, en una disculpa pública”.
Además, explica que la recomendación es importante porque puede servir como una “hoja de ruta” para que Gobierno de Nuevo León mejore las condiciones en las que se encuentran las infancias y adolescencias que se encuentran bajo su resguardo:
“Si en efecto hay un compromiso con la niñez, como se han encargado de decir, si efectivamente lo que se quiere es mejorar la calidad de vida de esos niños, sobre todo, es necesario que en las garantías de no repetición albergues como Capullos o Fabriles nunca más vuelvan a tener condiciones que permitan que una persona adulta golpee, someta y lleve a la muerte a un niño, a una niña o adolescente, sin que haya posibilidad de que vuelva a haber un encubrimiento en caso de que algo así suceda en un albergue”, expresa Tania.
Según detalla Tania, el Albergue Fabriles ha permanecido -hasta antes de la muerte de Ángel- en una situación de sobresaturación, al mismo tiempo que, las infancias y adolescencias que recibe están marcadas por experiencias de migración; es decir, que vienen de procesos complejos.
Por otro lado, advierte que, como antecedente, Ángel junto a otros tres adolescentes que habitaban el Albergue Fabriles contaban con medidas cautelares de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), debido a que habían protagonizado un acto de protesta en las instalaciones del DIF Capullos. Luego, los cuatro fueron enviados al DIF Fabriles, como castigo por “su mal comportamiento”:
“Ese acto en nuestros ojos es leído como represión a este grupo de chicos por haberse manifestado por las malas condiciones de vida en las que estaban en ese albergue”, expresa Tania.
Dichas medidas cautelares dictadas por la CEDHNL, manifiesta Tania, sirven como antecedente para entender la serie de hechos que llevaron al homicidio de Ángel, por ejemplo, la brutalidad de la que fue víctima como una forma de castigo:
“Se le buscaba castigar, represaliar, demostrar que debía sumirse al poder adulto y de las instituciones en las que estaba y muy probablemente por eso es que perdió la vida, con esta brutalidad”.
Tania concluye advirtiendo que, de no aceptarse la Recomendación emitida, esta sería prueba del escaso o nulo compromiso que el Gobierno de Nuevo León mantiene con las infancias del estado, así como con el respeto a sus derechos humanos. Aunado a ello, explica que, si el gobierno se niega a atenderla, incluso, podría tener implicaciones de carácter internacional si el caso es llevado a otras instancias:
“Este caso es un ejemplo de cómo el adultocentrismo, como forma de entendimiento de la sociedad, y en concreto la violencia adultista, en este caso, se expresó por dos vías: a través de la violencia de la autoridad de la persona adulta que cometió esto contra Ángel y en segundo término, precisamente violentando la vulnerabilidad en la que está un niño que ya era víctima de violaciones a sus derechos humanos”, concluye.
