#HastaEncontrarles
A cinco años del abandono, en Tlajomulco de Zúñiga, de un contenedor frigorífico con los cuerpos de 322 personas fallecidas sin identificar, el colectivo Por Amor A Ellxs y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) presentaron el informe “Regiones en Abandono: situación forense de las delegaciones del ICJF”, el cual revela que la crisis forense el estado no sólo persiste, sino que se ha agudizado de tal manera que, al 31 de mayo de 2023, existen alrededor de 9 mil 002 registros de personas fallecidas sin identificar, lo que representa un incremento del 44% en los últimos dos años.
La situación más grave se vive fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara donde las instalaciones forenses no son óptimas, presentan sobrecupo y carecen de personal especializado, lo que se traduce en malos procesos de identificación forense y en la perdida de la trazabilidad de los cuerpos de las personas fallecidas no identificas que están bajo su resguardo.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
La crisis forense que se vive en Jalisco puede entenderse con una sola estadística: 9 mil 002 registros de Personas Fallecidas No Identificadas, lo cual incluye tanto a cadáveres, osamentas, restos óseos y/o segmentos humanos de los cuales aún no se tiene claridad si entre sí conforman un mismo cuerpo, pero se puede comprender más cuando todas estas personas que esperan ser identificadas se resguardan en instalaciones forenses que carecen de las condiciones óptimas para su preservación y del personal calificado para hacer valer su derecho a la identificación.
Esta estadística forense revelada por el colectivo de búsqueda Por Amor A Ellxs y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) en su informe “Regiones en Abandono: situación forense de las delegaciones del ICJF”, muestra que la crisis forense que se vive en Jalisco, desde el año 2006, ha alcanzado en los dos últimos años uno de sus puntos más álgidos, pues se incrementó en un 44%, los registros de las personas que esperan ser identificadas.
“Vivimos un estado de emergencia forense; sin embargo, esta crisis ha sido sistemáticamente negada por el Gobierno de Jalisco, lo cual no ayuda en nada a la identificación de las miles de personas que están en los servicios médicos forenses del todo el estado”, denunciaron las integrantes del colectivo Por Amor A Ellxs.
Este colectivo, surgido en 2016, se ha especializado en realizar búsquedas forenses documentales, las cuales les han permitido identificar a más de 50 personas que ya se encontraban en los servicios médicos forenses del estado; por ello, junto con CEPAD se pusieron como meta revisar las ocho instalaciones que el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses tiene en todo el estado, pues en sus labores de búsqueda se percataron no sólo de la precariedad en la que operan, sino también identificaron -a través del diálogo con otras familias buscadoras de esas regiones- que el trabajo forense que realizan es deficiente, lo que pone en riesgo la identificación de todas aquellas personas que están bajo su resguardo.
El Informe Regiones en Abandono: situación forense de las delegaciones del ICJF, justamente, ofrece toda la información que las integrantes de Por Amor A Ellxs recabaron en sus visitas a las ocho delegaciones del IJCF, pero también el diagnóstico que, junto con CEPAD, realizaron para saber cómo operan estos lugares, con qué recursos materiales y humanos cuentan, así como el número total de personas fallecidas sin identificar que tiene bajo su resguardo.
Uno de sus hallazgos principales es que, pese a los esfuerzos institucionales y presupuestales de la actual administración, existe un estado de abandono de las instalaciones forenses regionales, pues los recursos humanos y materiales tienen a centralizarse en las oficinas centrales del IJCF en Tlaquepaque, lo que provoca que estos centros regionales no sólo operen con “lo mínimo”, sino que dentro de los mismos la falta de personal genera una duplicación de funciones, lo que se traduce tanto en una mala conformación del Archivo Básico de identificación como en un proceso de identificación forense deficiente y con rezagos.
Sumado a ello, apunta Jonathan Ávila -integrante de CEPAD-, existe un comportamiento generalizado donde se niega “el contexto de violencia en la región e, incluso, se señala una baja en la incidencia delictiva”, lo que para el investigador se traduce en “la falta de reconocimiento de patrones de violencia” que podrían desprenderse de los trabajos forenses que realizan de manera cotidiana dentro de sus instalaciones.
Dentro del Informe, además, se especifica que existe una negativa del personal para atender a las familias en el marco de sus procesos de búsqueda:
“Encontramos que existe la sensación de que se buscaban deslindar de su responsabilidad, por lo que atendían lo más rápido posible y no entrar en detalles para que las familias se fueran o, peor aún, lo que hacían eran remitirlas a las instalaciones centrales del IJCF”.
Sobre los patrones de incidencia y violencia que se localizaron en las ocho instalaciones regionales del IJCF, las familias buscadoras detectaron que existe un incremento de personas fallecidas no identificadas por el incremento de homicidios, la localización de fosas clandestinas, pero también por la incidencia de muertes por accidentes de tránsito terrestre que no son debidamente atendidas para lograr la identificación de estas personas.
Situación similar se vive con los cuerpos sin identificar que se presume pueden pertenecer a personas migrantes, pero sobre las cuales no se busca conforme marcan los protocolos nacionales y estatales:
“En las visitas realizadas a Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Magdalena se detectaron diversos casos en donde se presumía la identidad migrante de la PFSI por las condiciones de la muerte, principalmente ligada al atropellamiento en las inmediaciones del ferrocarril (…), pero esto no se ha reconocido ni coordinado con autoridades que ahora se encargan exclusivamente de atender las desapariciones de personas migrantes, como puede ser el Mecanismo de Apoyo Exterior y la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, aprobada en 2021”.
Registros y trazabilidad incierta
“Para las familias buscadoras es de vital importancia la integración de los datos que conforman los registros de personas fallecidas no identificadas, pues eso es lo que podría permitir identificar a nuestros desaparecidos de larga data”, denunció Martha Morales, madre de Marco Fregoso, quien fue desaparecido el 7 de noviembre de 2015 en el municipio de Mazamitla.
Para quien integra el colectivo Por Amor A Ellxs, el que los registros de conformen como marca la ley estatal en la materia es vital, pues los actuales registros de personas fallecidas no identificadas sólo contienen información de 2018 a la fecha, lo que deja fuera a todas las personas sin identificar que yacen en morgues, fosas comunes o en gavetas individuales, y que podrían tener una correlación con las personas que fueron denunciadas como desaparecidas antes de la conformación del Sistema Informático para el Archivo Básico de Personas Fallecidas (SIABA-PF).
Sobre este tema, en el Informe, se denuncia que este Sistema -no sólo el registro público que existe en el sitio web del IJCF-:
“No ha sido públicamente presentada, aún cuando es la base que conforma lo que públicamente se conoce como el micrositio Registro de PFSI (…) el colectivo descubrió que existían sistemas computarizados e interconectados con todas las sedes para subir la información, y también se tuvo conocimiento de que las autoridades sí cuentan con datos previos a septiembre de 2018 como para ser subidos a su micrositio público o difundirlos a través de otros medios que resulten accesibles para las familias”.
Para Por Amor A Ellxs esto es grave porque el que estos registros no se compartan o se integran de manera inadecuada:
“Deja en vilo información relevante para los llamados casos de larga data, pues se carece de información pública correspondiente a los años de la desaparición de nuestros seres queridos.. lo que vulnera nuestro derecho de acceso a la información”.
Estas irregularidades e inconsistencias repercute en los registros forenses y en la trazabilidad y destino final de las personas fallecidas no identificadas; en cuanto a este último punto y no contabilizando los 8 mil seis registros reportados por la sede central del IJCF; en las delegaciones existen un total de 996 personas fallecidas sin identificar, las cuales se concentran en Altos Norte, Costa Norte, Ciénega y Sur.
Cuando los registros se ven a partir de la posible trazabilidad y destino final de la persona fallecida que sigue bajo resguardo de las autoridades forenses y ministeriale”, explica Jonathan Ávila de CEPAD, se puede observar que hay unidades en donde “se ha concentrado más la acumulación a partir de la refrigeración, mientras en otras destaca la inhumación”, como pasa en las unidades de Altos Norte y Ciénega.
Destacar esto en el Informe es relevante porque:
“Determinar el posible destino final de las PFSI ayuda no sólo a saber en donde se encuentran resguardadas sino aplicar medidas específicas para realizarles todos los análisis necesarios, encontrar posibles características identificativas y dar con el paradero de su familia en caso de que sea una persona buscada por su probable desaparición”.
Un gobierno que no sirve
“Quienes buscamos somos nosotras, quienes identificamos somos nosotras, un gobierno que no reconoce la gravedad de esta crisis es simplemente un gobierno que no sirve, pues como es posible que nosotras como familiares de desaparecidos nos damos cuenta de lo que sucede y el gobierno no quiera reconocerlo, no quiera decir la verdad”, señala Mónica Chavira -quien integra Por Amor A Ellxs y busca a Jorge y Diego desde el 19 de septiembre de 2013- para esta buscadora es inaceptable que el Gobierno de Jalisco no reconozca que se vive una emergencia forense en todo el estado.
Esta percepción también se recupera en el Informe donde, si bien, se reconoce que durante la última administración se han realizado diversas acciones encaminadas a dar respuesta a la situación del IJCF, éstas han sido más “acciones de tipo cosmético que simplemente buscan un efecto aparente”, pero que no conforman una política estatal de identificación forense que esté a la altura de la actual crisis.
Una de estas acciones fue, por ejemplo, fue la creación de la Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación que permita la Inhumación de Cadáveres, la cual se creó tras el escándalo de los tráileres de la muerte, pero que después se quedó como una entidad reguladora de las inhumaciones realizadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, misma que del 21 de septiembre de 2018 y hasta el 31 de julio de 2023, ha presentado un total de 2 mil 010 expedientes de archivo básico de identificación forense de los cuales “mil 998 correspondían a cadáveres completos y 12 a cada uno de un resto humano”.
Sin embargo, desde Por Amor a Ellxs se pudo corroborar y, desde entonces se determinó el no participar en las sesiones de dicha comisión, que:
“La fiscalía no realizaba diligencias de búsqueda para dar con el paradero de los familiares o seres queridos de las PFSI, por lo cual se consideró una mala práctica en la que, en lugar de identificar y restituir dignamente a las personas fallecidas para evitar la repetición de un hecho como el de las cámaras refrigerantes, sólo se les llevaba a los panteones municipales para su resguardo individualizado, pero no como una respuesta clara y digna frente a la crisis sino como una acción cosmética para depositarles en otro lugar y no únicamente en cámaras refrigerantes”.
Otra de las acciones que se han generado es la creación de un Centro de Identificación Humana en esta entidad. Desde 2019 la Fundación para la Antropología Forense de Guatemala (FAFG), a través de la Comisión Nacional de Búsqueda; sin embargo, este centro aún no está funcionando al 100%, por lo que las labores de identificación aún recaen en las instalaciones del IJCF.
Finalmente, en el Informe, Por Amor A Ellxs y CEPAD denunciaron que la percepción de que le ha dejado de revisión de la labor forense de las unidades regionales es el abandono con la que operan, pues consideran que la labor de las unidades regionales es imprescindible en los procesos de identificación forense en lo local.
“Uno de los pilares fundamentales del proceso de identificación forense es el cruce de datos. Si las unidades regionales no realizan estas acciones de manera debida, existirá una cadena de irregularidades cuyo impacto es que posiblemente no se logre la identificación de una mayor cantidad de personas y sólo se vea beneficiada la persistencia en la acumulación de PFSI”.
En conclusión, lo que recomiendan a las autoridades de Jalisco es:
- Realizar un diagnóstico sobre las capacidades institucionales y retos de cada unidad regional para identificar los recursos necesarios para su fortalecimiento, determinar nodos de atención prioritaria para los procesos de identificación forense y que estas se coordinen con otras unidades regionales para descargar las labores de la sede central.
- Desglosar y hacer pública la información sobre el presupuesto destinado a las unidades regionales.
- Capacitar al personal regional en materia de identificación forense masiva para que en el largo plazo estas unidades puedan contar con la preparación necesaria.
- Generar procesos de sensibilización en el personal de las unidades regionales para la atención digna y adecuada de familiares de personas desaparecidas.
- Realizar, con apego a lo establecido en la Ley de Personas Desaparecidas, el Registro Estatal de Personas Fallecidas sin Identificar y el Banco Estatal de Datos Forenses, hacer versiones públicas de dichas herramientas de búsqueda e incluir los datos anteriores al 19 de septiembre de 2018
- Establecer mecanismos de pedagogía forense, participación conjunta y socialización de los avances en materia de identificación forense en el IJCF para familiares de personas desaparecidas y sociedad en general, con el objetivo de que se visibilicen las acciones emprendidas y se reconstruya la confianza a través de procesos de verdad, reconocimiento de la situación y garantías de no repetición.
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Este informe puede leerse de manera íntegra en:
https://drive.google.com/file/d/1ECA_Vb6uy5-D30KbzYbPwdInuDFH9_6F/view
