El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), en el marco de la revisión que hizo el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU de la información complementaria que presentó el Estado Mexicano ante los señalamientos que hiciera el organismo internacional, presentó un informe que evidencia que la crisis de desaparición forzadas en el país persiste; así como las deficiencias en el trabajo de las autoridades responsables a quienes señalaron de ser omisas en sus labores de prevención, investigación y búsqueda de las más de 115 mil personas desaparecidas en México.
Por Aitana Rodríguez / @Aitanaerg
El Estado Mexicano fue incapaz de explicar qué está haciendo para detener la crisis de desapariciones que ocurren en el país, así quedó evidenciado en la 449° sesión del 25º período de sesiones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, celebrada entre el 13 y 15 de septiembre de 2023, esos días las autoridades mexicanas comparecieron ante el organismo internacional para dar respuestas parciales a los señalamientos que el CED había presentado en un Informe tras su visita a México, entre 15y 27 de noviembre de 2021.
El Informe reveló la magnitud del problema de desapariciones en el país, pues el CED señaló que las desapariciones que ocurren en México son generalizadas y se dan en total impunidad; por ello, se esperaba que las autoridades mexicanas otorgaran información puntual sobre lo que se está haciendo para revertir esta grave crisis; sin embargo, eso no ocurrió así.
Quienes ya esperaban esas respuestas eran las y los integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), organismo conformado por diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y familias de personas desaparecidas; por ello, realizaron un Informe público para señalar lo que el Estado Mexicano tendría que hacer para prevenir las desapariciones, investigar a los responsables de cometerlas y, lo más importante, buscar a las más de 115 mil personas que están desaparecidas en el país.
En este informe significó un esfuerzo por comparar los avances que se tienen desde que el CED presentó su análisis, el 12 de abril del 2022, hasta el 30 julio del 2023; las conclusiones de la revisión de las familias buscadoras reflejaron la continuidad de algunas problemáticas, pero sobre todo señalaron que la crisis de desaparición sigue siendo muy grave, pues los casos no han dejado de incrementarse.
Para el MNDM, el principal avance desde la publicación del informe del CED es el aumento presupuestario que ha registrado la Comisión Nacional de Búsqueda; en contraparte, el principal retroceso es la implementación de una política de revisión carente de transparencia y evidencia corroborable, esto en razón de cómo se desarrolla ahora el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas.
Además señalaron que la crisis de identificación forense sigue en el mismo nivel de gravedad y las pocas iniciativas que existen no dan resultados tangibles, pues a casi un año de la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) no se ha logrado ninguna identificación. EL CNIH es una entidad dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero no hay claridad sobre la coordinación con las demás instancias forenses, señalaron.
“A pesar del mandato de la Ley General, se sabe que la disposición de los cuerpos no tiene un protocolo homologado, que cada Entidad federativa y cada servicio médico forense tiene su procedimiento; aun con los esfuerzos del Comité internacional de la Cruz Roja, siguen existiendo áreas de oportunidad y muchas omisiones por parte de las autoridades competentes”, precisa el Informe del MNDM.
En cuanto a la procuración de justicia, el MNDM denunció que: “no hay sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada; por tanto, la crisis de impunidad sigue en el mismo nivel de impunidad… y los esfuerzos para combatirla son mínimos o inexistentes”.
No obstante, en la comparencia de las autoridades mexicanas, el Poder Judicial informó de más de una veintena de secuencias vinculantes derivadas del informe del CED.
Donde también hicieron singular énfasis es en la impunidad en los crímenes cometidos contra madres y familias buscadoras, pues -a la fecha- todos ellos siguen sin resolverse:
“Al igual que la desaparición de personas, los ataques contra familiares permanecen en una impunidad casi absoluta. En algunos casos las autoridades han anunciado detenciones de presuntos autores materiales, pero casi nunca han anunciado detenciones de autores intelectuales”.
Desde la publicación del informe de CED han sido asesinadas cuatro personas que realizaban labores de búsqueda en México; por tanto, señalaron que las agresiones a personas buscadoras, especialmente madres, se siguen agravando en el país.
“Desde diversos actores nacionales e internacionales se ha recomendado al Estado mexicano fortalecer al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este Mecanismo es todavía muy débil en cuanto a personal y presupuesto para atender el creciente número de personas que solicitan protección. Carece de estrategias diferenciadas y efectivas para proteger a mujeres buscadoras”.
Las familias siguen estando al margen
“Las autoridades no abren espacios de participación política, las iniciativas y políticas públicas se realizan sin consultar con las familias”, así lo señalaron las familias que integran el MNDM, en consecuencia, exigieron que se establezcan lineamientos que garanticen la participación, voz y voto de las familias en la toma de decisiones, además de que se contemplen estrategias de búsqueda y lineamientos para poner en marcha programas estatales de búsqueda, ya que: “la colaboración de procuración de justicia es fundamental para buscar de manera efectiva a los desaparecidos”.
En cuanto la elaboración del Programa Nacional de Búsqueda, denunciaron que “tiene importantes limitaciones que reducen tanto el alcance de las acciones como de garantía de búsqueda, localización e identificación”.
Para las familias, el programa “no incluye las instancias de rendición de cuentas, ni propuestas de reformas legislativas”; así mismo, “no señala quiénes son los organismos responsables y carece de mecanismos para indicar los resultados”, además de que no existen plazos en las estrategias planteadas.
Ante la revisión de las respuestas del Estado Mexicano al Informe del CED, la valoración del MNDM es que los avances en la lucha de la crisis de desaparecidos y el acatamiento de las recomendaciones que el CED hizo al Estado mexicano son incipientes, pues, si bien, se reconocen algunos avances, el nivel de implementación de las recomendaciones es sumamente bajo.
Por tanto, exigen que las autoridades asuman la responsabilidad de implementar una estrategia nacional e institucional donde “se asuman compromisos, plazos y presupuestos específicos para la rendición de cuentas”.
Además, consideran que es “necesario fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales, así como garantizar la coordinación y colaboración interinstitucional, entre comisiones, fiscalías y demás instituciones de los tres órdenes de gobierno, para realizar búsquedas inmediatas y efectivas”.
Aunado a ello, señalaron la urgencia de “fortalecer, robustecer y mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No identificadas, dando plena certidumbre sobre todos sus registros”, lo que incluye la eliminación inmediata del censo que se hace para preguntar si las personas continúan desaparecidas o no, pues lo consideran no sólo revictimizante sino también una estrategia para depurar el registro de personas desaparecidas del país.
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Aquí se puede consultar el Informe del MNDM de manera íntegra:
*Microsoft Word – MNDM informe para el CED 9 agosto 2023.docx (movndmx.org)
Información de la CED sobre visita a México :tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2531&Lang=sp
