Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
La semana pasada sesionó el Comité en contra de la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la cual examinó la situación de esta grave violación a los derechos humanos en México, con muy poco seguimiento en los medios de comunicación, con excepción de las periodistas especializadas Elia Almanza o Gabriela Sotomayor.
Las sesiones buscaron dar seguimiento a las recomendaciones del CED del 2001. Existe coincidencia en que los expertos y expertas dirigieron sus preguntas a temas urgentes como: la prevención, la erradicación, la investigación y justicia, así como la coordinación entre los poderes y los niveles de gobierno.
El seguimiento hecho por Elia Almanza, nos proporciona un panorama de aspectos muy relevantes, como el reconocimiento de 111 mil personas desaparecidas y, al mismo tiempo, el impulso a la realización de un “censo” a familias de personas desaparecidas sin un estándar alto de una metodología o de transparencia, lo cual puede desembocar en una especie de manejo muy distante de lo que un Estado debe de investigar y sancionar.
Una de las preguntas del relator Horacio Ravenna, se dirigió a cuestionar las razones del aumento de las desapariciones e, incluso. lo relacionó con el “atentado contra las madres buscadoras en Jalisco”, expresamente preguntó: ¿Cuál es la línea de investigación?, ¿cómo lo han encarado?
La delegación mexicana compuesta por funcionarios de mediano nivel, se dedicaron sólo a construir una retórica sobre sus acciones sin dirigirse concretamente a la serie de preguntas que se hacían sin autocrítica, según lo informado por la periodista.
La experta Carmen Rosa Villa, en sus razonamientos, mostró preocupación por la situación que pasa las familias de personas desaparecidas, entre ellos sus riesgos, lo cual vinculó con los propios funcionarios públicos.
La reseña completa me hizo pensar que en México y Jalisco a pesar de que vivimos una situación de múltiples violencias y de crímenes atroces, existe una especie de aletargamiento en la rendición de cuentas en las respuestas que debieran proporcionarse a mecanismos internacionales o locales, muy probablemente motivadas por una autoprotección de los intereses de las administraciones públicas federales y estatales, influenciadas por los momentos partidistas.
La sola pregunta sobre los atentados en Jalisco y su contexto ante un mecanismo de la ONU, debió de haber generado una reacción de las autoridades locales, tan proclives a desmarcarse de otros procesos o acentos. En este caso, hasta puede pensarse que no hubo un seguimiento o interés al tema desde la estructura burocrática de los derechos humanos acumulada en una subsecretaría y una oficina de ombudsperson (así con minúscula).
La buena noticia, es que existen ojos y procesos internacionales difíciles de detener, porque seguramente el informe del CED contendrá información y recomendaciones que obligarán a elevar el estándar tan parroquial que en ocasiones se busca plantear, el cual busca fundar una época de no hace, no decir y no cambiar nada.
Sin duda la existencia de periodismo comprometido – entre ellos el de ZonaDocs- y el interés de colectivas, organizaciones, universidades y sociedad, nos vuelven a marcar la ruta de no ceder ante el silencio o la construcción de gráficas, estadísticas, narrativas o pseudo reconocimiento que no tengan como centro dar pasos para superar esta grave violación a los derechos humanos.
El mismo experto internacional Santiago Corcuera, en su columna en El Universal, calificaba como desproporcionada la cifra de desapariciones contra apenas las decenas de casos procesados por el delito de desaparición forzada. En cualquier escenario es algo que sorprende y dice mucho de lo que debe construirse institucionalmente. También envía un mensaje claro de que no bastan las reformas legales o sistemas, mientras las intenciones no sean la justicia y la verdad.
