A semanas de cumplir un año detenida, Laura Lucía ha sufrido la obstrucción de su derecho a tener una audiencia constitucional de garantías que le permita llevar su defensa en libertad junto a su hijo de ocho años y su familia.
Laura Lucía fue vinculada a proceso por el delito de fraude ocho meses después de haber interpuesto una denuncia por acoso, abuso sexual y amenazas en contra del director general de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), su superior jerárquico cuando se desempeñaba como encargada del área de Gerencia de Alianzas en esta empresa.
Durante los últimos 11 meses los abogados de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), han interpuesto múltiples recursos de queja que han dilatado dolosamente el proceso. La última de estas acciones, que calificó la defensa de Laura Lucía como machista y misógina, busca cuestionar la designación de una perita en grafoscopía en el caso, argumentando que “se viola la imparcialidad”, ya que la especialista “es mujer” así como Laura.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
El próximo 28 de septiembre se cumplirá un año de la detención de Laura Lucía, una mujer que decidió denunciar al Director General de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega) y su superior jerárquico, por cometer en su contra acoso, abuso sexual y amenazas de manera reiterada mientras ella se desempeñaba como encargada del área de Gerencia de Alianzas.
Laura Lucía fue vinculada a proceso por el delito de fraude en agravio de Grupo Mega y como medida cautelar se le dictó prisión preventiva “justificada”, ya que el Juez Noveno de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito con Sede en Tonalá, Jalisco determinó que existía “riesgo de fuga” al tener su pasaporte y su visa estadounidense vigentes.
Demostrar su inocencia y recuperar su derecho a llevar su proceso en libertad ha sido el camino que Laura Lucía junto a su familia y amistades comenzaron también hace un año, luego de que el 24 de octubre de 2022 su defensa presentara una demanda inicial de Amparo Indirecto ante la autoridad federal en contra del auto de vinculación a proceso que el juez le dictó, así como en contra de la medida cautelar de prisión preventiva.
Sin embargo, después de diez meses ni siquiera ha sido posible desahogar la primera audiencia constitucional de garantías, así lo confirma Juan Manuel Orozco Jasso, abogado de Laura Lucía.
Lo anterior se atribuye a que la defensa de Grupo Mega “ha interpuesto dolosamente” múltiples recursos de queja que tienen como objetivo seguir dilatando el proceso.
Una de las más relevantes es “un incidente de nulidad de firma”, en la que señalan que la firma que aparecen en el escrito inicial de la demanda de amparo “no es una firma puesta por Laura Lucía”.
En entrevista con ZonaDocs, el abogado destacó a principios del mes de marzo que había sido complejo que el Juez de Distrito a cargo del caso encontrara un especialista en grafoscopía, debido a la carga de trabajo de instituciones como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, incluso de la propia Universidad de Guadalajara y la propia Fiscalía General de la República.
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Sin embargo, pese a que finalmente el Juez de Distrito designó a una perita grafoscópica que se encargue de hacer el dictamen que determinará si la firma que aparece en el escrito de amparo es o no la de Laura Lucía, los abogados de Grupo Mega han interpuesto una serie de recursos de queja.
Según explica el abogado Orozco Jasso, “todos los recursos de queja promovidos han sido declarados improcedentes” por el tribunal colegido. Por lo que, para él y para su equipo de defensa este actuar sólo demuestra una “conducta dolosa para hacer dilatorio el trámite de este juicio de garantías”.
Por ejemplo: uno de estos alegaba que la perita no era apta pues “iba a vencer su nombramiento ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco”; otro de ellos cuestionaba los honorarios de la perita; y en el siguiente alegaron sobre los métodos de pago.
Pero esto no es todo. El Juez de Distrito llamó a Laura Lucía a presentarse ante el juzgado para recabar su firma, así como sus documentos de identidad y ciudadanía: pasaporte, licencia y de electora para que la perita lleve a cabo su dictamen, sin considerar que ella se encuentra privada de la libertad y que el amparo en cuestión corresponde a esta misma razón.
Esta situación llevó a los abogados de Laura Lucía a enviar un escrito al Juez de Distrito para manifestarle que resultaba imposible que ella se presentara. Así, se dicta un nuevo acuerdo en donde se cita a la defensa de ambas partes, a la perita y a Laura Lucía el pasado 1 de septiembre en la Comisaria de Reinserción Femenil de Guadalajara para llevar a cabo la petición previa.
De acuerdo con Orozco Jasso esto sólo derivó en un nuevo recurso de queja por parte de los abogados de Grupo Mega.
Este último advierte que “se viola la imparcialidad”, alegando que la perita en grafoscopía “es mujer” y Laura Lucía también lo es. Aunque absurdo, pues ejemplifica el abogado Orozco Jasso, sería igual a señalar que el juez y los abogados no pueden participar del proceso porque el denunciante es hombre, el recurso de queja ha sido enviado al tribunal colegiado para su revisión.
Es importante señalar que esto deriva una vez más en la suspensión de la resolución del incidente de firmas que se ha postergado desde principios del año 2023 y, por lo tanto, en el retraso del desahogo de la audiencia constitucional del juicio de amparo promovido por Laura Lucía.
Para la defensa de Laura Lucía el tribunal colegiado no tendría que siquiera admitirlo para su revisión, no obstante, si lo hace, debería resolverlo como improcedente, “toda vez que el hecho de que sea mujer no afecta el fondo del asunto” considera el abogado Orozco Jasso.
Como ya se lo han hecho saber al tribunal colegiado a través de un escrito, esta especialista fue nombrada por el propio Juez de Distrito, por lo que, cuestionar su designación sería igual a atacar su ética profesional y la propia determinación de la autoridad judicial. Así mismo, se cuestionan un aspecto fundamental, este recurso de queja deviene “de una posición totalmente machista y misógina y se contrapone a sus propios principios de igualdad de derechos”, advierte el abogado.
“No vemos otra circunstancia más que estar buscando el mínimo pretexto para interponer un recurso. Ellos lo que quieren es dilatar. De manera dolosa y poco ética, los abogados de Grupo Mega están llevando a cabo la presentación de todos estos recursos dilatorios para que no se resuelva”.
En ese mismo sentido, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) solicitó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva para Laura Lucía.
A través de la solicitud de colaboración CONAVIM/DFTS/342/2023, la Dirección de Fortalecimiento del Tejido Social de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) llama a Jesús Terrízquez Basulto, Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Tercer Circuito en Zapopan, Jalisco a contemplar soluciones alternativas y medidas cautelares diversas “que no sean tan lesivas” para los derechos fundamentales de Laura Lucía, que le permitan maternar a su hijo de ocho años y que afecten lo menos posible su proyecto de vida.
Actuar doloso y dilatorio
En la espera de una resolución de manera paralela, la defensa de Laura Lucía ha presentado una denuncia ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República para que se investigue esta serie de actos tendientes a dilatar el proceso de Laura Lucía por parte de los abogados de Grupo Mega.
Ya se está integrando una carpeta de investigación y aunque aún no puede clasificarse algún delito en materia de amparo, confía en que este actuar debe ser sancionado por la autoridad federal “esto no es culposo, no es un accidente, esto es bien planeado y bien orquestado”.
“Lo que queremos es que Laura Lucía pueda enfrentar su proceso en libertad como lo marca la misma ley. Esa medida cautelar fue excesiva e indebida”. Sabemos que el hecho de que sea una cantidad muy grande y tenga su pasaporte y visa vigente puede ser una condicionante, pero, ¿cómo asegurar que no iba a dar seguimiento a su proceso y que se iba a fugar si nunca se le mandó llamar para presentarse a dar seguimiento a la investigación?, ¿si sólo se le detuvo con un criterio de necesidad de cautela totalmente improcedente?” se cuestiona el abogado.
A la par, el abogado Orozco Jasso manifestó que han pasado seis meses desde la última vez que tuvieron acceso a la carpeta administrativa de Laura Lucía por el proceso penal que lleva por el delito de fraude; según declaró “cada que vamos a pedir el acceso les dicen que está en firma, que no está el juez y que no se puede tener acceso”.
Laura Lucía está próxima a cumplir un año en prisión preventiva justificada, casi el mismo periodo de tiempo que ha permanecido a la espera del desahogo de la audiencia constitucional que resuelva el juicio de amparo indirecto donde deberá revisarse si esta medida cautelar es excesiva y si su vinculación a proceso por el delito de fraude en contra de Grupo Mega fue la determinación correcta.
“Queremos decirle al Juez de Distrito que ya se va a cumplir un año y que lo único que hacen los abogados de la parte ofendida lo único que hacen es retardar el proceso con quejas totalmente improcedentes, todas así lo han sido. Buscamos la libertad de Laura para que esté en casa. Tiene un hijo de ocho años que está vendiendo sus juguetes para pagar lo que supuestamente debe su mamá. Son situaciones que la autoridad federal no está considerando”, concluyó el abogado.
Conoce el caso completo: Libertad Para Laura Lucía (libertadparalauralucia.org)
