50 días después de la orden oficial de la reinstalación del Antimonumento 5J emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativas, Civil y de Trabajo, el gobierno Municipal de Guadalajara sigue sin cumplir la resolución, de acuerdo al CEPAD, la falta de cumplimiento viola los derechos humanos.
Por Samadi Bustos / @SamadiBustos
El 25 de julio el Juez, Javier Delgadillo Quijas, emitió la resolución de la suspensión definitiva del Antimonumento 5J, en la que exige a la Dirección de Inspección y Vigilancia del municipio de Guadalajara su reinstalación inmediata, esta es la misma autoridad que desinstaló la pieza memorial la madrugada del 6 de junio del presente año.
El Antimonumento tiene como principal objetivo recordar a las víctimas de desaparición forzada del llamado “Halconazo Tapatío”, ocurrido el 4, 5 y de junio de 2020, fechas en que la Fiscalía de Jalisco realizó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de tortura contra jóvenes que se manifestaron por la ejecución extrajudicial de Giovanni López.
Han pasado 50 días desde la resolución y la autoridad correspondiente no ha cumplido la orden del Juez, aunque se le han emitido prórrogas de tiempo en dos ocasiones. Su justificación es que el Antimonumento representa un riesgo para la seguridad y el medio ambiente, exigiendo que se hagan los dictámenes correspondientes.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya se ha manifestado con anterioridad para argumentar que esos dictámenes ya se han realizado por la institución y de manera independiente por profesionales; en ambos dictámenes se llegó a la resolución de que el Antimonumento 5J no es un riesgo para la seguridad y no afecta el medio ambiente. Además también el INAH ha aclarando que en Guadalajara existen otros Antimonumentos a los que no se les han pedido esos dictámenes.
Por esta razón, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) -a través de un comunicado– dio a conocer su preocupación por la falta de reacción del Juez Javier Delgadillo y del encargado del despacho del Juzgado, Arturo Ramón Tamayo, quienes a pesar de haber emitido la orden de la suspensión definitiva no han hecho efectivos los apercibimientos en contra de la autoridad; en específico, la multa de 100 mil pesos y la apertura de una carpeta de investigación en contra de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio de Guadalajara. Procedimientos legales que no se han llevado a cabo y que ponen en duda la congruencia de la decisión del Juez.
Al respecto, los Colectivos #5deJunioMemoria, Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco y CEPAD, han manifestado que las declaraciones emitidas, en medios de comunicación, por el alcalde Pablo Lemus Navarro, no se han cumplido, pues él aseguró que cumpliría con la determinación judicial.
“El Gobierno Municipal de Guadalajara ha emprendido una estrategia de desgate, prolongación y permanencia de las arbitrariedades y represión cometidas en contra de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, reiterando así su nulo compromiso con estas.”
El incumplimiento de la reinstalación sólo hace evidente que el derecho de libre expresión no se cumple, lo que se suma la negatividad por parte de las autoridades que han creado estrategias para evadir, desprestigiar, descalificar, censurara, callar y borrar todo acto de denuncia, exigencia y memoria de las víctimas de tortura y desaparición forzada cometidas por las autoridades de Jalisco.
Por lo que los colectivos señalados exigen que la reinstalación del Antimonumento 5J sea inmediata, y en caso de no serlo, el Juzgado se encargue de que los apercibimientos se hagan efectivos en contra de la Dirección de Inspección y Vigilancia, así como también solicitan que Pablo Lemus se comprometa y cumpla de inmediato con lo declarado públicamente de acatar la suspensión definitiva.
