Medios Aliados
Por Daniela Reyes / Causa Natura Media
El 18 de julio de 2023 una decena de peces chita que flotaban en la superficie del mar fueron recogidos después de que dos pescadores desde la orilla echaran una bomba en la zona rocosa de la playa Carhuaz, ubicada dentro de la Reserva Nacional de Paraca en Perú.
Los guardaparques filmaron el acto siendo la primera vez que quedó documentada una faena de esta pesca ilegal, considerada como una de las más destructivas, según Fabio Castagnino, asesor pesquero en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
El caso procedió penalmente como un delito ambiental considerado en el Código Penal Peruano (título XIII), pero pese a las pruebas, no trascendió con el efecto disuasorio que se esperaba y evidenció las fallas para sancionar a quienes a través de la pesca con explosivos hacen muchísimo daño no sólo en la Reserva sino en toda la costa de Perú, opinó Castagnino.
Impactos de la pesca con explosivos
Prácticamente, cualquier tipo de pesca que viola una norma es considerada pesca ilegal, sin embargo, la pesca con explosivos es la pesca ilegal que mayor impacto tiene sobre el ecosistema y los recursos, por lo que es considerada como una práctica insostenible a largo plazo para los recursos pesqueros por organizaciones como The Coral Reef Alliance (Coral).
“Cuando los peces u otros animales marinos son extraídos a tasas más rápidas de las que les toma para reproducirse, se llama sobrepesca. Cuando la pesca, sea cual sea el tipo de técnica, destruye el habitáculo de los peces es considerada pesca destructiva, y la más común es con dinamita o bombas caseras con materiales disponibles localmente. Los peces mueren por las ondas expansivas generadas por la explosión y después son recolectados en la superficie o en el fondo por los pescadores o buzos”, indicó en 2014 la organización Coral.
La detonación de una dinamita a 14 metros de profundidad mata al 100% de los peces a una distancia de 7 metros (m), al 64% de los peces a 107 m y del 10% de peces a 207 m de la explosión. Es decir que el efecto de los explosivos puede tener un radio de acción de más de 200 m donde los peces se ven afectados por daño en branquias y órganos internos.
Estos datos fueron obtenidos a través del informe de la SPDA titulado Evaluación de dos áreas afectadas por pesca con explosivos en el Perú: un diagnóstico sobre las comunidades subacuáticas (julio, 2023) realizado por Castagnino y Yuri Hooker con el objetivo de evaluar los impactos de este tipo de pesca en términos de biodiversidad y de riqueza y abundancia de especies.
Castagnino explicó que cálculos basados en los reportes del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), institución que administra el sistema de áreas naturales protegidas en Perú, indicaron que aproximadamente cada seis días explota un cartucho de dinamita en el mar de las Reservas de Paracas.
Sin embargo, este número no representa el número real de incidentes, de acuerdo con Castagnino, ya que la vigilancia es insuficiente para registrar la totalidad de la pesca con explosivos en toda el área marina protegida de la Reserva que representan el 65% de las 335 mil hectáreas totales de superficie protegida.
Según Fernando Gonzalo Quiroz, jefe del área protegida, la Reserva cuenta con 24 guardaparques oficiales y hay otros 45 pescadores artesanales que fungen como guardaparques comunales voluntarios que se encuentran equipados con radios portátiles, uniformes y una identificación para informar sobre actividades ilegales en el área donde realizan pesca sostenible.
A través de estas colaboraciones y los patrullajes especiales, aseguró que se ha logrado reducir los eventos de pesca con explosivos en una manera significativa al interior de la Reserva.
En este caso, los guardaparques de forma extraordinaria lograron captar en video a los pescadores y presentaron esto como prueba, sin embargo, tras declararse culpables se les concedió un acuerdo de terminación anticipada y una pena suspendida a cambio del pago de diez mil soles (2 mil 681 dólares), es decir que solo están obligados a acudir a firmar al juzgado durante tres años y cuatro meses.
Sin embargo, Castagnino opinó que este caso que fue tan mediático y que fue tan empujado desde la sociedad civil recibió una sanción que duda que vaya a cumplir el papel de disuasión que generan las sentencias penales.
“Era la primera vez que se tenía un material probatorio tan claro de un problema que desangra Paracas desde hace décadas. Era la oportunidad para realmente tener una sanción que tuviera realmente un efecto disuasivo de manera general, qué quiere decir que no solamente busca disuadir a la persona de que no vuelva a hacer lo que hizo, sino al resto, para que no incurran en el delito. La pregunta realmente es, ¿se logra el efecto de disuasión general con esta sentencia? Es como querer apagar un incendio con un vaso de agua, no va a funcionar. Entonces, eso es lo que nos preocupa”, sentenció.
Impacto ambiental de la pesca ilegal
“Uno de los problemas que existen en el sistema de justicia, sobre todo cuando se trata de perseguir estos delitos por la vía penal, porque es un delito contra el ambiente, contra los recursos naturales, nos encontramos con que en los operadores de justicia existe desconocimiento sobre la gravedad del asunto”, señaló Castagnino.
En este caso refirió que quedó en evidencia la falta de peritos especializados en medio ambiente en el Ministerio de la Producción, que es la entidad de competencia pesquera encargada de hacer las pruebas periciales al producto y que no pudo comprobar la causa y muerte de las especies, sino que fue a través de la declaración de los pescadores que se asoció.
También se evidenció que los métodos de cálculo del Ministerio del Ambiente para determinar cuánto cuesta el financiamiento de la reparación del daño ambiental no funcionan, opinó Castagnino, ya que la multa impuesta equivale al valor de las especies capturadas en el mercado, pero éstas “no realmente representan, no dicen con la gravedad, con el nivel de impacto de la actividad”, ya que no se están tomando en cuenta los servicios ambientales que se pierden y que puede llegar a tardar años en recuperarse.
“¿Qué cosa fue el recurso capturado? Una caja de chita. Claro, la primera vez que alguien tiró una explosión en Paracas me imagino la captura que obtuvo, pero después de 15 años de uso intensivo de explosivos lo que obtienes es una caja de chita. Entonces se valorizó eso y no era una gran suma… No hay un cálculo exacto, puede llegar a tardar años en recuperarse al punto en el que estaba previamente o más si es que se utiliza de manera consecutiva en un determinado espacio, que es lo que sucede en Paracas”, señaló.
Sanciones y cobranza coactiva
Actualmente la jefatura de la Reserva Nacional de Paracas colabora con organizaciones como la SPDA para combatir todo tipo de pesca ilegal en el área, no sólo la que se practica con explosivos.
Recientemente, el reglamento del procedimiento Administrativo Sancionador por afectación a las Áreas Naturales protegidas, que dota de facultades a la Sernanp para sancionar a quienes atenten contra el medio ambiente fue modificada y con esto adquirió la facultad de cobrar multas a través de los activos de la persona o empresa infractora en caso de que se niegue a pagarlo, señaló Castagnino.
“La Sernanp tiene la capacidad legal de realizar cobranza coactiva que significa que puede cobrar el pago de la multa a través de la incautación o apropiación de los bienes de quien no paga la multa”, explicó.
Con esto, “se fortalece la función sancionadora del Sernanp, permitiéndole ser más eficaz al hacer efectiva la sanción de multas impuestas en el ámbito de las áreas naturales protegidas de administración nacional”, indicó la propia Sernanp.
Esta modificación representa para Castagnino una luz al final del túnel ya que se espera que, “esta vía administrativa pueda llegar a sancionar de una manera un poco más efectiva y que genere un efecto más disuasorio que la vía penal que no lo ha logrado definitivamente”, explicó.
Mientras tanto la SPDA trabaja en un informe que cuantifica económicamente los impactos de la pesca con explosivos para brindar una mejor herramienta a los operadores de justicia y valorar de manera más justa la gravedad de los casos que se procesen tanto penal como administrativamente.
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Este artículo se publicó originalmente en Causa Natura Media.
