Desde Mujeres
Por Luz Elena Piña / @luzpinag / @DesdeMujeres
La pandemia generada por COVID-19 ha dejado una serie de aprendizajes sobre el papel activo que debe tomar el sector salud ante los riesgos sanitarios y su capacidad de toma de decisiones en cuestiones de salud pública. Sin embargo, este rol no puede limitarse solo a ello, sino que también debe atender otros temas que impactan la salud y el bienestar de la población más vulnerable, como son las mujeres y las niñas/os.
De acuerdo con el informe de las Naciones Unidas “Proteger la promesa” publicado en octubre de 2022 y que aborda la estrategia global “Todas las mujeres, todos los niños”, la salud de las mujeres y las niñas/os se ha deteriorado a nivel global ante los efectos de los conflictos sociales, el cambio climático y la pandemia de COVID-19. En comparación con datos del último informe de 2020, existió un severo aumento en la inseguridad alimentaria, los riesgos de violencia doméstica, el matrimonio infantil y problemas en la salud mental en niñas/os y adolescentes (ONU, 2022).
Este informe muestra que los efectos a largo plazo producidos por la pandemia constituyen un deterioro importante con respecto a su salud y al goce de sus derechos, especialmente tratándose de mortalidad materna, desnutrición y acceso a la salud. Todo ello solo evidencia el retroceso en estos ámbitos, así como las desigualdades y brechas que existen en los sistemas de salud en todo el mundo.
Por esta razón, es indispensable repensar las políticas sanitarias desde un enfoque de género y derechos humanos. Destinar presupuesto para invertirlo en servicios de salud, así como generar políticas públicas que incorporen la perspectiva de género en su desarrollo, contribuirá a la igualdad en el acceso a estos servicios y al empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres.
Es un hecho que las brechas de género en el ámbito de la salud se relacionan directamente con la autonomía económica de las mujeres. La falta de acceso a servicios de salud afecta en mayor grado a las mujeres debido a las condiciones de desigualdad y discriminación estructural que sufren, pero sobre todo porque de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres dedican la mayor parte de su tiempo a realizar trabajo doméstico no remunerado, con un promedio de 59.5 horas semanales. Este dato ilustra que la desigualdad en la participación económica de las mujeres, además, les impide contar con un empleo formal que les permita tener acceso a prestaciones de seguridad social como lo es la atención médica (ENUT, 2019).
En ese sentido, es fundamental implementar la transversalización de la perspectiva de género para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el acceso a los servicios de salud. Además, debe considerarse que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en México 29.1 millones de mujeres viven en situación de pobreza, es decir el 44.4%, mientras que 5.5 millones viven en pobreza extrema, esto es 8.5% de todas las mujeres que residen en el país.
No obstante, la pobreza no solo depende de los ingresos económicos, sino que tiene múltiples dimensiones, es por ello que la brecha de desigualdad en el acceso a los servicios de salud es un problema que también se intersecta con la edad, la etnia, la discapacidad, la situación socioeconómica o la clase social a la que pertenecen las mujeres, de modo que aquellas que se sitúan en algún estrato de pobreza, padecen un nivel de desigualdad más elevado o agravado para poder acceder a los servicios de salud (CONEVAL, 2021).
Un punto esencial, además, es recabar información desagregada por sexo, ya que la carencia de este tipo de datos puede ocultar desigualdades de género, por ejemplo, las condiciones en las que nacen, crecen, trabajan y se desarrollan las mujeres son diferentes a las de los hombres, ya que se encuentran vinculadas a los roles y a la división sexual del trabajo, originando importantes desigualdades en el estado de la salud, el acceso y la atención médica.
A pesar del estado de cosas actual, muchas desigualdades que padecen las mujeres son evitables y, por consiguiente, las políticas públicas en la materia pueden consolidarse como una medida apropiada para aumentar la igualdad en el acceso a los servicios de salud entre hombres y mujeres. Esto, considerando los niveles de empoderamiento, la autonomía económica y la igualdad de las mujeres como un medio para superar la brecha de desigualdad de género en el acceso a los servicios de salud.
Por lo que, los programas que otorgan servicios gratuitos de salud a la población sin seguridad social, dirigidos a la población con alta y muy alta marginación, deberán dirigir sus esfuerzos con un énfasis particular en las mujeres, considerando también que, existe una clara diferenciación en los determinantes sociales de la salud, los cuales son barreras para que las mujeres accedan integralmente a los beneficios que otorgan los diferentes programas.
En la actualidad, en México se están implementando una serie de procesos complejos para reformar el sistema de salud y mejorar los servicios dirigidos a las personas sin seguridad social. Los elementos centrales de esta transformación en salud incluyen asegurar el derecho humano a la protección de la salud, con oportunidad y calidad. Esta es una gran oportunidad para que, en el diseño e implementación de las políticas públicas en salud, se considere la condición y posición de las mujeres, niñas/os y adolescentes, a fin de contribuir a identificar las brechas de género existentes en este ámbito, sobre todo, en poblaciones de alta y muy alta marginación.
La transversalización de género en salud aún tiene muchos desafíos, el principal es no detener la inversión en servicios de salud, para que estos servicios puedan llegar realmente a toda la población sin discriminación; para institucionalizar la perspectiva de género en salud, la igualdad debe aparecer como un elemento principal en todos los programas de salud dirigidos a personas sin seguridad social.
Es muy claro que la discriminación y la desigualdad de género son cuestiones sistémicas que están presentes en todos los espacios, incluido el de la salud, por lo cual, las acciones a implementar deben tener igualmente un alcance sistémico, que permee en todos los espacios en donde se originan las desigualdades en salud. Poner sobre la mesa estos elementos, solo es una pequeña parte de lo que implica todo el procedimiento de la transversalidad de la igualdad de género en salud.
REFERENCIAS:
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2021) Medición de la pobreza. Disponible en: Enlace
- García Prince, Evangelina. (2013). “Guía 5. El ciclo de las PP con PEG: Transversalidad de la Igualdad de Género”. Ciudad de México, México: Flacso México.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2019). “Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo” (ENUT) (2019). Disponible en: Enlace
- Organización de las Nacionaes Unidad (ONU), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2022). “Proteger la promesa: informe de progreso de 2022 sobre la Estrategia Mundial Todas las Mujeres, Todos los Niños para las Mujeres, los Niños y Salud de los adolescentes (2016-2030)”. Disponible en: Enlace
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Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente estudia la maestría en Políticas Públicas y Género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México). Cuenta con estudios en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y en El Colegio de México, en las materias de derechos humanos, feminismos, comunicación política e institucional, y en diseño de políticas públicas.
Tiene diez años de experiencia profesional en diversas áreas y dependencias del sector público, entre las que destacan el Senado de la República y la Secretaría de Gobernación, en donde se desempeñó como asesora en temas parlamentarios en la Legislatura LXII y como enlace legislativo del Ejecutivo Federal. Ha colaborado en la elaboración de diversas reformas constitucionales y legales, puntos de acuerdo y estudios legislativos.
En la actualidad se desempeña en la Coordinación de Vinculación del IMSS, elaborando proyectos relacionados con la implementación de políticas en materia de salud. Es feminista, activista e integrante de “Perspecta: Igualdad y Justicia”.
