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Las agresiones ocurrieron frente al edificio de la Fiscalía, donde las familias de buscadoras exigían que se abriera el Servicio Médico Forense para buscar a sus seres queridos
Texto: Alejandro Ruiz y Nadia Bernal
QUERÉTARO. – Cerca de cien trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Querétaro agredieron a colectivos de búsqueda que protestaban afuera de sus instalaciones. Los colectivos habían instalado un plantón para exigir a las autoridades estatales que les dieran acceso a buscar a sus seres queridos en los registros del Servicio Médico Forense
Los hechos ocurrieron la noche del 21 de agosto, cuando los trabajadores de la Fiscalía salieron del edificio ubicado en la carretera México – Querétaro, agrediendo a las manifestantes, entre quienes se encontraban niños y personas adultas mayores.
Posterior a los hechos, la Fiscalía emitió un comunicado donde aseguró que el acto no fue represión, sino el ejercicio del derecho de los trabajadores de la institución a «estar con sus familias y libertad de tránsito».
Los hechos demuestran otra cosa.
🔴En el plantón se encuentran menores de edad y personas adultas mayores que resultaron lesionadas tras las agresiones de los elementos de la @fiscaliaqro , hasta el momento la Fiscalía no ha informado nada al respecto.
R: @nbernaln_— Pie de Página (@PdPagina) August 22, 2023
Un acto planeado
Los colectivos de madres buscadoras, quienes participan en la Jornada Nacional de Búsqueda en Vida que se realiza en la entidad desde el 15 de agosto, comenzaron su protesta a las afueras de la fiscalía a las 11:00 horas de este martes.
Esto, tras la renuencia de las autoridades a facilitar los trabajos de búsqueda de los colectivos.
En el transcurso de la protesta, dos buscadoras entraron a la Fiscalía, con la intención de dialogar con personal de la institución para llegar a un acuerdo ante sus demandas. Las autoridades no accedieron a la petición de los colectivos.
Tras la negativa, los colectivos decidieron sostener un plantón hasta que su solicitud fuera escuchada.
Con lonas de sus familiares desaparecidos colgadas en los barrotes de las puertas principales de la institución, fichas de búsqueda que pegaron en las inmediaciones y algunas casas de campaña en donde se resguardaban algunos niños y adolescentes que acompañan a sus madres, el plantón se mantuvo durante el transcurso del día y parte de la noche.
Alrededor de las 21:00 horas, las luces del inmueble de la Fiscalía que alumbran la vía pública fueron apagadas. «Pero ni así nos van a mover», dijeron algunos familiares tras quedar en penumbras.
A este punto de la noche, ningún elemento de seguridad estatal, municipal o federal se encontraba resguardando la seguridad de los colectivos que mantenían su campamento. Tampoco había personal de movilidad.
Un par de horas antes, la Guardia Nacional (GN), policía estatal y un vehículo de movilidad del municipio de Querétaro mantenían presencia en el sitio, pero después abandonaron el lugar.
«Justo cuando se fue Guardia Nacional llegaron estas personas y actuaron como los malos», dijo una integrante de los colectivos de búsqueda.
Aproximadamente a las 21:30 horas, un grupo de personas vestidas de negro, que se identificaron como personal de la FGE, arribaron a uno de los accesos que se mantenían cerrados. Desde ahí, comenzaron a intimidar a un grupo estimado de 10 buscadoras. Ellas hacían guardia en este punto.
Además, destruyeron la barricada hecha con ramas que minutos antes las familias habían colocado.
«Un grupo de nosotras nos fuimos para allá a poner ramas en la carretera para que los camiones no se nos echaran encima. Cuando estábamos haciendo la barricada de protección para que los camiones de la Terminal de Autobuses no nos atropellaran, porque el gobierno del estado de Querétaro nos dejó sin seguridad para cuidarnos, llegaron muchas camionetas, con mucha gente de Policía de Investigación a golpearnos y a quitar la barricada», narró Yadira González, integrante del colectivo Desaparecidos Querétaro.
A la par, en otro de los puntos del plantón, personas que salieron del interior de la Fiscalía arrastraron y derribaron una de las casas de campañas que tenía niños adentro.
Yadira González relata los hechos:
«Empezaron golpearnos, a jalonear, nos tocaron mujeres y nos tocaron hombres. A mí me tocaron un seno. A los hombres los empezaron a golpear con los mismos palos. Les pedimos que no lo hicieran, obviamente a gritos porque estamos espantados porque era una agresión directa a todas nosotras».
Y añadió:
«Acá arriba las compañeras, cuando vieron la agresión, empezaron a caminar a ayudarnos y descuidaron las puertas y salieron los demás. Empujaron una casa de campaña que tenía niños adentro durmiendo. Y de ahí siguieron agarrando a los demás compañeros. A uno de los compañeros le aventaron la camioneta, lo atropellaron, lo golpearon, lo patearon. Nos aventaron los teléfonos».
Para Yadira, estos hechos de violencia demuestran la negación por parte del estado para reconocer la crisis de desaparición en la entidad, y la negativa para encontrar a sus familiares desaparecidos.
Además, se preguntó:
«No entendemos qué es lo que esconden en la Fiscalía, qué esconden en servicios periciales. Esto quiere decir que ahí está lleno de cuerpos, y que ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros hermanos. La realidad esto es como si fueran las prácticas del 68, de un Halconazo, estas prácticas miserables, crueles, cobardes, de un fiscal general».
Luz María, una de las madres que busca a su hijo Héctor Manuel Guevara Mora, quien desapareció en el municipio de Huimilpan el 16 de enero del 2021, a la edad de 30 años, añadió:
«Son nuestros derechos como víctimas. Estamos buscando a nuestros hijos, queremos que nos atiendan, queremos que nos abran Semefo y las penitenciarias para ver si nuestros hijos no están allá. En todo el país nos están abriendo las instituciones, ¿por qué Querétaro no quiere hacerlo? ¿qué esconden? si nosotros lo único que queremos es encontrar a nuestros hijos».
Después de los hechos, los colectivos de madres buscadoras levantaron el plantón, pues vehículos y elementos de la Fiscalía seguían ingresando y mantenían una posición de intimidación. Los colectivos de madres buscadoras manifestaron temer por su integridad física y por la de sus familiares.
«Nosotros no teníamos planeado hacer esta acción. Nosotros veníamos a dejar un oficio en la mañana, a hacer pegas en las bardas para ver si alguien de Fiscalía reconocía a nuestros familiares, pero durante más de dos meses le solicitamos al fiscal acceso al álbum fotográfico, no veníamos a llevarnos cuerpo, no veníamos a abrir gavetas. Estaba en manos del fiscal darnos el acceso», reviró Yadira.
¿Qué esconde la Fiscalía?
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en Querétaro actualmente existen 513 personas desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, estimaciones de los colectivos de búsqueda hablan de más de mil casos.
Pese a esto, las autoridades estatales han mostrado resistencia a aceptar este fenómeno en Querétaro.
Por ejemplo, en marzo de 2021 la Brigada Nacional de Búsqueda anunció públicamente una actividad en una zona conocida como «La barranca de los Zúñiga».
Ahí, los colectivos de búsqueda informaron que podría haber una fosa clandestina. Esta zona, ubicada en el municipio de San Juan del Río, es catalogada como una región donde existe alta actividad criminal como el robo de combustible, el tráfico de drogas y la operación de distintos grupos del crimen organizado.
En ese año, la Fiscalía estatal, a cargo de Alejandro Echeverría Cornejo, minimizó el impacto de esta búsqueda. Inclusive, a través de la Comisión Local de Búsqueda, comunicaron que esa afirmación era imprecisa «ya que no se encontró ningún resto enterrado».
Y también señalaron que «los hallazgos que encontraron fueron restos de animales en bolsas negras y, de manera expuesta, se encontraron restos óseos».
Dos años después, y posterior a que los colectivos y la Fiscalía General de la República presionaran a las autoridades estatales para informar los resultados, el examen de los restos encontrados arrojó que efectivamente, se trataban de huesos humanos.
La historia se repitió en marzo de 2022, cuando otra búsqueda en la capital del estado puso en jaque a las autoridades.
En ese entonces, la Fiscalía estatal no informó públicamente sobre las labores de búsqueda. La noticia llegó a través de cuestionamientos directos por parte de los medios de comunicación.
La única información que surgió en ese momento fue una declaración del subsecretario de derechos humanos en la entidad, Armando del Río Leal, quien repitió el discurso oficial:
«Los casos son de otras entidades o de personas que eventualmente salen a los Estados Unidos. En Querétaro es una problemática muy acotada, en comparación con otros estados. Estas desapariciones no son de años recientes».
Esta narrativa no es nueva, y es repetida por las autoridades de Querétaro desde 2009, cuando los colectivos de búsqueda de la entidad lograron abrir mesas de trabajo con las autoridades estatales.
Las mesas, sin embargo, se suspendieron en 2016, bajo el argumento de que se iba a capacitar a los funcionarios públicos en la materia.
El tiempo pasó, y fue hasta 2018 que otro hecho sacudió el tema que parecía haber quedado fuera de la agenda de seguridad en la entidad.
Ese año, concretamente el 9 de febrero, Rafael Adrián Avante Juárez , en ese entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del gobierno de Enrique Peña Nieto, sostuvo una reunión de trabajo a la que estaban convocados el titular de la Secretaría de Gobernación del Estado de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, y el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo.
Estos funcionarios pertenecen a un grupo político que se ha mantenido en los aparatos de seguridad del estado, y en puestos estratégicos dentro del gabinete, desde hace décadas.
En la reunión, celebrada en las instalaciones de la Fiscalía estatal, también estaban familiares de personas desaparecidas en la entidad, quienes previamente habían sostenido una reunión con Avante Juárez y el entonces gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. El motivo: reanudar las mesas de trabajo para atender las carpetas de investigación de las desapariciones en el estado.
Al arribar a las instalaciones de la Fiscalía Estatal, las familiares y funcionarios se percataron que ni Granados Torres, ni Echeverría Conejo habían atendido la convocatoria. Tan sólo repararon en enviar representantes que no podían tomar ninguna decisión respecto a los puntos acordados a tratar.
“Habíamos avisado de esta mesa de con bastante tiempo de anticipación” señaló en ese entonces Rafael Avante, quien después lamentó la ineficacia de la FGE y del gobierno del estado para atender las demandas de las familias en búsqueda de personas desaparecidas.
Sin embargo, la renuencia de las autoridades a aceptar la problemática se ve rebasada por la realidad, pues como declaró Yadira González en septiembre de 2022:
«En Querétaro existen estos lugares de terror y hay que encontrarlos”.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
