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Masacres, persecución política y desapariciones forzadas son el sello de los gobiernos autoritarios que han llegado al estado de Guerrero, donde además, en ocho matanzas, el Ejercito mexicano siempre participó
Texto: Kau Sirenio / Pie de Página
Foto: Alexis Rojas
CIUDAD DE MÉXICO. – La militarización en Guerrero inició casi a la par de asesinatos, desapariciones forzadas, prisión política y masacres contra universitarios, normalistas, académicos, profesores rurales, colonos y campesinos.
Desde la primera matanza de los disidentes, ocurrida durante el proceso electoral de 1952, hasta la masacre de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero y la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en la mayoría de los casos, el Ejército mexicano tuvo una participación activa.
Se contabiliza que en al menos seis matanzas participaron militares, pero ni uno ha sido investigado ni procesado por un tribunal civil.
Este es un recuento de la guerra contra la disidencia en Guerrero.
Chilpancingo
En 1952, Miguel Enríquez Guzmán era el candidato presidencial por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano. De acuerdo con Fernando Pineda, durante un mitin del candidato ocurrió una represión que dejó un saldo de varios muertos, heridos y detenidos.
La masacre en la plaza de Chilpancingo de 1952, no registra los detalles, ni a los muertos, pero fue la primera masacre en que intervinieron elementos del Ejercito mexicano, y el punto inicial de la violencia política en Guerrero.
El 21 de octubre de 1960, el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG), Jesús Araujo Hernández, declaró una huelga general en el Colegio de Guerrero para demandar la autonomía de la universidad. La protesta tomó fuerza en las calles y pronto se convirtió en un movimiento popular.
Entre las demandas de los huelguistas destaca la de la autonomía universitaria, así como la desaparición de poderes por las constantes represiones en contra de estudiantes, colonos y campesinos, cometidas por el general Raúl Caballero Aburto.
En lugar del dialogo con el movimiento popular universitario, Caballero Aburto ordenó el despliegue de militares en las calles de Chilpancingo para replegar a los colonos y universitarios que mantenía tomada las instalaciones del Colegio de Guerrero, así como la plaza de Chilpancingo.
El 30 de diciembre de 1960, los militares dispararon en contra de la población civil que mantenía la protesta en el lugar conocido como Alameda Granados Maldonado. El resultado: 13 muertos, decenas de heridos y detenidos.
El inicio de las desapariciones
A las 23:30 del día 29 de diciembre de 1962, miembros del Ejército mexicano y la policía judicial rodearon a las personas que se encontraban frente al palacio municipal de Iguala, para rendir homenaje a las 13 personas asesinadas en Chilpancingo durante el movimiento en contra el general Raúl Caballero Aburto.
Ese día, personal castrense ocupó los edificios de los ayuntamientos de Iguala y Teloloapan que estaban en poder de la Asociación Cívica Guerrerense (ACG). Al no conseguir disolver la reunión, el Procurador de Justicia de Guerrero, José Bello y Bello, amenazó con recurrir a la fuerza pública.
Las palabras del funcionario se cumplieron, los militares dispararon sus armas en contra de la población civil que se encontraba en la plaza pública de Iguala. El resultado: siete muertos, 23 heridos y 280 detenidos que fueron acusados de disparos de armas de fuego, sedición, lesiones y homicidio.
Con esta represión, se instauró la política autoritaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y empezaron las desapariciones forzadas de opositores. Entre el 27 de diciembre de 1962 y los primeros días de enero de 1963 los simpatizantes de ACG fueron asesinados, heridos, golpeados y detenidos; y también hubo viviendas allanadas, asaltos a oficinas públicas y otros actos violentos en Ometepec, San Luis Acatlán, La Unión, Zihuatanejo, Petatlán, Atoyac, Coyuca de Benítez, Arcelia y Tlapehuala.
Atoyac de Álvarez
El 18 de mayo de 1967, el comité de la sociedad de padres de familia de la escuela primaria Juan N. Álvarez realizó un mitin frente a la escuela para pedir la destitución de la directora del plantel. A las diez y media de la mañana de ese día, el profesor Lucio Cabañas Barrientos habla ante el público como orador único de los manifestantes.
Justo en ese momento la policía judicial de Guerrero abre paso entre los padres de familia, entre forcejeo con los judiciales dispara en contra de la multitud que se encontraba en la protesta. El resultado: 11 muertos y decenas de heridos.
A partir de estos hechos, Lucio Cabañas se refugia en la sierra de Guerreo y desde ahí funda el Partido de los Pobres y la brigada de ajusticiamiento. El 2 de diciembre de 1972 fue asesinado por soldados del Ejército mexicano.
Acapulco
En la década de los años 60, en los litorales de Guerrero, la producción de coco y sus derivados empezó a cobrar fuerza en el mercado internacional. La producción fue acaparada por los caciques y empresarios locales, lo que implicó que le pagaran a precio bajo a los ejidatarios y productores de coco.
La fuerza de la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero (URPCEG) creció porque el preció la copra estaba a 3.50 pesos el kilo de compra, mientras que los acaparadores lo pagaban a 50 centavos.
Así que los empresarios, políticos y acaparadores también se organizaron para intervenir en la política interna de URPCEG. El 23 de abril de 1967 se realizarían elecciones para renovar la dirección y el conflicto se recrudeció.
El vencedor en la contienda interna resultó ser Flores Guerrero, así que los disidentes denunciaron fraude en las elecciones: falsificación de credenciales, compra de votos, engaños a campesinos. Los copreros recurrieron al diputado César del Ángel, quien recorrió más de 100 ejidos y convocó a un congreso de la URPCEG para destituir a Jesús Flores Guerrero.
Entre la propuesta también se encontraba elegir una nueva dirección y suspender el impuesto de 13 centavos por kilogramo de copra. La convocatoria de la reunión fue para el 20 de agosto de 1967.
Ese día, en la esquina de la avenida Ejido y Calle 6, de la colonia Bellavista, en Acapulco, llegaron los copreros para participar en la asamblea regional donde se discutiría el futuro de la organización. Ahí fueron atacados por gatilleros que el gobernador Raymundo Abarca Alarcón envió para desestabilizar a los asambleístas. El resultado fue: 35 asesinados; 150 heridos; y decenas de detenidos acusados de disparar en contra de sus compañeros.
Esta matanza inhibió el proceso organizativo de los copreros, hasta la fecha el sector está sumido en una crisis irreversible y sin solución. No se ha hecho justicia, y la condición económica de los productores de copra, es más difícil.
Aguas Blancas, Coyuca de Benítez
El 28 de junio de 1995, integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) viajaban a Coyuca de Benítez para pedir que las autoridades cumplieran las promesas de entregar los insumos para el campo a los campesinos.
La mañana de aquel día aciaga para los campesinos en El Vado de Aguas Blanca los esperaban elementos de la policía estatal y de la judicial, que los bajaron a golpes de la camioneta y los obligaron a tirarse en el suelo.
Las misma dinámica se aplicó con los pasajeros de la otra camioneta que venía atrás, minutos después los policías y judiciales dispararon hacia los campesinos durante 20 minutos. El lugar de los hechos se encuentra a tres kilómetros de la comunidad de Aguas Blancas. En el ataque, 17 campesinos fueron asesinados; catorce heridos. Dos elementos policíacos resultaron con heridas corto-contundentes producidas por arma blanca.
La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), concluyó en su INFORME Nº 49/97 el 18 de febrero de 1998. Cuestionó el nombramiento de un Fiscal Especial para el caso, la investigación mantenía irregularidades.
El 25 de febrero de 1996 se difundido, en un programa de televisión, la videograbación no editada de la operación en Aguas Blancas, documental que probó que la operación en contra de los campesinos, fue con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición.
Al cumplir el primer aniversario luctuoso, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), hizo público su presencia en la sierra de Guerrero. La continuidad de actores, los movimientos sociales en Guerrero permanece una amplia desigualdad, las heridas de la guerra sucia de la década de 1970 del siglo pasado permanecen en la vida de los habitantes.
El Charco, Ayutla de los Libres, Guerrero
El 7 de junio de 1998, elementos del Ejército Mexicano incursionaron en la comunidad Ñuu Savi, El Charco, municipio de Ayutla de los Libres. Los militares cercaron la escuela primaria Profesor Caritino Maldonado Pérez, donde descansaban autoridades comunitarias que habían participados en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades.
En la madrugada de ese día, empezó el tiroteo hacía los campesinos que duró hasta las 10:55. Alrededor de seis horas de disparos dirigido hacia la escuela estaban. De acuerdo con los sobrevivientes, elementos del Ejército irrumpió disparando y lanzó dos granadas de fragmentación en contra de los indígenas ñuu savi.
En el ataque fueron asesinados 11 campesinos ñuu savi, cinco resultaron heridos, 25 detenidos. Entre los asambleístas se encontraban cinco menores de edad: el 9 de junio, cuatro fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo. El quinto quedó herido, y trasladado al hospital naval donde estuvo internado un mes.
Más de tres mil indígenas ñuu savi de las comunidades de Piñal, Ocote Amarillo, Ayutla de los Libres y otras, quedaron bajo cerco militar.
Iguala, Guerrero
El 26 de septiembre de 2014, la policía municipal de Iguala detuvieron y desparecieron a 43, y asesinaron a tres normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; y a otras tres personas esa noche.
La agresión en contra de la comunidad estudiantil de Ayotzinapa ocurrió en Iguala a eso de las 8:00 de aquella noche realizaban actividades de lucha que consiste en la toma de autobuses para trasladarse a la marcha nacional del 2 de octubre.
Esa noche la policía municipal atacó primero a los de nuevo ingreso, después a los integrantes de Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de Ayotzinapa que llegaron a auxiliar a sus compañeros en dos Urvan y una camioneta Pick Up.
Las versiones de los sobrevivientes señalan a la policía municipal de Iguala así como policía estatal de Guerrero.“Fue la policía municipal que reprimió a los compañeros que salieron de Ayotzinapa a Iguala a botear y tomar unos camiones que utilizaríamos a la marcha nacional el 2 de octubre, en la ciudad de México”.
Mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto desdeñó la lucha de los padres de los 43 normalistas y trató de ocultar la verdad sobre este hecho, considerado por la opinión pública nacional e internacional, como el peor agravio en contra de la sociedad mexicana desde la matanza de Tlatelolco en 1968.
La única respuesta a la exigencia de justicia durante todo este tiempo fue lo que el propio gobierno quiso imponer como la “verdad histórica”, la cual, a cumplirse los ocho años de la tragedia, quedó en evidencia la gran mentira del siglo.
Con la desaparición de los 43 normalistas se visibilizó la persecución política en contra de la disidencia en Guerrero y en el país, a base torturas, desapariciones y asesinatos políticos.
Con estos hechos, el gobierno de Enrique Pena Nieto reinventó la guerra sucia en Guerrero, cuyo gobernador, Ángel Aguirre Rivero, quien estaba aplicando estrategias de contrainsurgencia contra sus opositores.
De acuerdo al sexto y último informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) en la desaparición forzada participó todo el aparato de seguridad del Estado mexicano.
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Este texto se publicó originalmente en Pie de Página, se reproduce en virtud de la #AlianzaDeMedios de la que forma parte ZonaDocs.
