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¿Por qué nos debe importar el procesos electoral de Guatemala? ¿Qué lecciones deja la experiencia de este país de 7 millones de habitantes para los procesos de justicia de otros países de la región? Una misión internacional de observación electoral integrada por legisladores, activistas y periodistas de cinco países busca respuestas
Texto: Daniela Pastrana / Pie de Página
Fotos: Raúl F. Pérez Lira / Raichali
GUATEMALA. – En una primera mirada, Guatemala enfrenta este domingo una elección de una oligarquía que quiere mantener un Pacto de Corruptos y un movimiento emergente de un pueblo que ha puestos sus esperanzas en un partido joven que lleva como candidato al hijo de un prócer.
Si se le mira un poco más, la elección de este domingo es resultado de un anhelo paz que quedó bajo la alfombra de unos Acuerdos que se firmaron en 1996, pero jamás se concretaron. Con el tiempo, quedaron en el olvido.
Si se hurga hasta el fondo, es también la larga resistencia de los pueblos que habitan un pequeño país que, hasta hace 80 años, aceptaba el trabajo esclavo de indígenas.
Estoy en Guatemala como parte de una Misión Internacional de Observación Electoral convocada por Cesjul (Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos) y Global Exchange, en alianza con Grupo Foco, Latin America Working Group (LAWG), Prensa Comunitaria, Península 360, Rompeviento TV y Pie de Página. La misión concita a congresistas, activistas, investigadores y periodistas de Colombia, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos. No estaba planeado, pero son países que están inmersos en procesos electorales.
El objetivo de la misión es acompañar un proceso electoral precedido por una inédita persecución política contra jueces, fiscales y periodistas, que tiene a más de 100 personas en el exilio y al principal partido de oposición con la amenaza de perder el registro.
La represión política, sin embargo, parece estar causando el efecto contrario: para esta segunda vuelta, las encuestas dan una amplia ventaja a la fórmula de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, postulada por Semilla. En junio, durante la primera vuelta electoral, Semilla sorprendió a propios y extraños al colarse a la final.
Estas son estampas de los días previos a la elección que ha despertado la esperanza de un país que comparte 956 kilómetros de frontera con México. Una foto instantánea de lo que aquí llaman la “nueva primavera democrática”.
1. El exilio
La primera parada es con abogados y periodistas. Nos hablan de la captura del Estado por parte de una élite político-económica que aquí se conoce como Pacto de Corruptos; de un proceso de paz que no llegó a atender los problemas del pasado; de la búsqueda del sentido común y de lo indispensable que resulta fortalecer las instituciones jurídicas.
No hay un organismo autónomo similar al Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano para organizar las elecciones. El Tribunal electoral es el que designa las juntas electorales (son 27) y, sin embargo, nos explican que sería muy difícil que se organice un fraude en las mesas de votación, porque el sistema está ciudadanizado.
Una cosa que me llama la atención es que aquí la financiación pública a los partidos es muy baja. Se sostienen con aportaciones privadas, que tienen topes; en cuanto al dinero público, lo que hay es una reposición de gastos.
Las elecciones, insisten, son confiables. Otra cosa es que, de resultar electo el candidato puntero pueda tomar posesión.
“El problema central es que las normas penales que se diseñaron para perseguir el crimen organizado se están usando para hacer lawfare y perseguir a oposiciones políticas”, nos dice uno de los abogados.
“Estamos viendo la judicialización del proceso electoral y se puede generar una crisis institucional para no dejarlo gobernar”.
El escenario que narran es escandaloso: el gobierno de Alejandro Giammattei tiene 39 jueces y fiscales en el exilio, y si se agregan periodistas y activistas la lista aumenta un centenar.
“Ni siquiera sabemos cuántos periodistas han salido. Cada día te enteras de uno más. Es muy duro. Somos una generación que conocía el exilio en la memoria”, lamenta una periodista.
2. La memoria
En el cierre de campaña de Semilla están presentes los mártires de Guatemala, entre ellos, el hombre del que todos hablan: Juan José Arévalo Bermejo, padre del candidato puntero en las encuestas y a quien aquí recuerdan como un reformador. Protagonista de la primavera democrática de 1944, que llegó a la presidencia con más de 83 por ciento de los votos y gobernó Guatemala entre 1945 y 1951 con un proyecto que él mismo definió como socialista espiritual. Durante su gobierno se produjeron más de 30 intentos de golpes de Estado y el arevalismo dejó reformas profundas en la Constitución de 1945
Su hijo, el sociólogo Bernardo Arévalo, es candidato de Semilla, el partido emergente lidereado por jóvenes que ha dado un salto cuántico en este proceso electoral, y va en fórmula con Karin Herrera, una química bióloga que tiene un doctorado en ciencias políticas y que habla en los discursos como en sus clases universitarias.
Cierran campaña en la plaza central de Ciudad de Guatemala, que fue el epicentro de las protestas anticorrupción de 2015 (donde nació Semilla). Desde entonces, no se recuerda otra ocasión donde la plaza se hubiera colmado como ahora, donde miles de ramos de flores representan uno de los lemas de aquellas manifestaciones: “Florecerás, Guatemala”.
Bernardo Arévalo hilvana un discurso contra la corrupción que resulta más bien moderado y pide no votar por lo mismo. Pero no menciona ni una vez la palabra impunidad y ni por asomo se refiere a castigar a los que han encabezado el Pacto Corrupto. En cambio, hace un llamado a participar con alegría en la jornada electoral.
“Las elecciones son una fiesta cívica”, dice el candidato. Y yo no puedo dejar de pensar en los paralelismos con el discurso del presidente mexicano y el sonriente amlito.
Arévalo también advierte contra el voto nulo y el voto blanco, o incluso el no voto. “Le regalan un voto a la corrupción”, dice, consciente de que el voto nulo fue el real ganador de la primera vuelta.
Dos días después, a 3.5 kilómetros de esa plaza, Sandra Torres cierra campaña en un mercado popular donde los líderes sindicales se lanzan a apoyar a la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que es el partido más fuerte de Guatemala en este siglo.
Torres es la exesposade de Álvaro Colom, quien fue presidente de Guatemala de 2008 a 2012, procesado junto con nueve integrantes de su gabinete por irregularidades en la administración del sistema Transurbano. Esta es la tercera vez que compite por la presidencia y tiene el fantasma de perder siempre en la segunda vuelta.
En esta campaña ha apostado por un discurso conservador, que apela a los valores de la familia (abiertamente contra los derechos reproductivos) y al recuerdo de las ayudas sociales que entregó como primera dama. Su fórmula con el pastor evangélico Romeo Guerra Lemus raya en la ilegalidad, pues la ley de Guatemala no permite a los religiosos ser candidatos.
Lo que se juegan este domingo de elecciones es la presidencia del país más grande de Centroamérica (17 millones de habitantes), que tiene a más del 60 por ciento de su población por debajo de la línea de pobreza y uno de cada dos niños con desnutrición crónica.
3. El olvido
Semilla, el partido puntero, está acusado por fallas en la recolección de firmas para registrar el partido. Por ese delito, que el mismo partido denunció como parte de sus controles internos y que es, además, una práctica (mala) de todos los partidos, le están acusando de crimen organizado. No solo está en riesgo de perder el registro sino de que sus dirigentes vayan a la cárcel.
En una reunión con jueces de la República que hacen parte de la asociación de jueces independientes (son medio centenar, de más de mil juzgadores), recorremos la línea histórica de los Acuerdos de Paz, firmados en diciembre de 1996, y que pusieron fin a una guerra de 36 años, hasta el momento actual de judicialización política.
“No nos están regresando a 2015, sino a 1980, La diferencia es que antes nos hubieran matado y hoy la amenaza es ir a la cárcel», explica un juez.
“La transición pacífica no llegó después de la firma de paz. La firma estuvo más en la presión de la comunidad internacional, pero nunca hubo un gobierno democrático que validara los acuerdos. Ahora nadie habla de ellos, están olvidados”.
Un dato dimensiona lo que significa ese abandono: Guatemala tiene 50 mil personas desaparecidas, 200 mil ejecutadas y un millón de desplazadas en 36 años de guerra. Proporcionalmente a su tamaño (17 millones de habitantes) la herida supera a Colombia y a México.
“Los acuerdos fueron un marco para ponerlos en la pared. Y la aniquilación de la sociedad guatemalteca”, insiste el juez.
Hasta que un grupo de jueces y fiscales, encabezados por el Magistrado Barrientos y la fiscal Claudia Paz y Paz (hoy exiliada) comenzó a temer resoluciones utilizando los instrumentos internacionales. Y eso coincidió con el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala(CICIG), que se instaló en 2007 con el auspicio de Estados Unidos.
Ese es el principal aprendizaje de la reunión: El combate a la corrupción y el combate a la impunidad no estuvieron aparejados después de los acuerdos de paz. Pero tienen una relación intrínseca:
“La CICIG no hubiese funcionado como funcionó si no hubiera habido buenos jueces y fiscales -insiste el juez-. “Hay que entender que el derecho penal no acaba con la corrupción. Y en Guatemala no hubo nunca un proceso político paralelo para acabar con la corrupción”.
