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El negocio de los lotes de inversión y el desarrollo de proyectos de lujo en terrenos apropiados de forma ilegal y deforestados sin ningún permiso afecta gravemente la supervivencia de las comunidades del estado. Fraudes, prestanombres y complicidad de las autoridades
Texto: Patricio Eleisegui / Pie de Página
Foto: Cortesía
No existe el respiro para la gesta de resistencia que sostienen las comunidades mayas de Yucatán. A la conocida batalla que libran las poblaciones contra el daño socioambiental que generan las mega factorías de cerdos y pollos que se multiplican en el estado y la agricultura industrial, en los últimos años se ha ido sumando la lucha cada vez más acentuada contra el avance de un combo de negocios inmobiliarios que, mafia mediante, se despliega ferozmente en casi toda la Península.
Sobre todo en torno a Mérida, la capital del estado, proliferan los proyectos de privadas y fraccionamientos que se construyen sobre tierras arrebatadas a pueblos y ejidos –en más de un caso, mediante la adulteración de títulos y permisos, y haciendo gala de un blindaje político que no se disimula–. Y las superficies de selva arrasada se han vuelto una constante a la sombra de avisos de comercializadores que publicitan las bondades de sembrar con ladrillos y concreto los ecosistemas aún de pie del sureste del país.
Es en este escenario del capital privado tratando siempre de imponer sus reglas que se consolida, también, un abanico cada vez más amplio de proyectos de lotes de inversión que, ofertados sobre tierras de uso común, atentan contra los modos de subsistencia económica y la vida misma de los pueblos mayas.
Ixil y Kinchil se ubican entre las poblaciones que, precisamente, vienen denunciando los atropellos al derecho sobre sus territorios y, en simultáneo, dan cuenta del actuar de una mafia inmobiliaria que, en connivencia con las autoridades, opera apropiándose ilegalmente de terrenos de uso común.
En el marco del reciente Día Internacional de los Pueblos Indígenas, referentes de ambos pueblos, con acompañamiento de la Fundación Yansa, brindaron detalles respecto de las vulneraciones de derechos y libertades que promueven los capitales del sector inmobiliario en Yucatán y cómo estos empresarios, a través de laderos y prestanombres, se posicionan en áreas que observan con potencial para construcciones orientadas a clientes de “lujo”.
“El 4 de agosto de 2022, empleados de las familias Abimerhi y Millet intentaron ocupar de forma ilegal una superficie de 324 hectáreas de tierras de uso común colindantes con la población de Ixil. Numerosas familias viven de los alimentos que producen en estas tierras, que siempre han sido cultivadas por la comunidad”, afirma Luis David Quijano Pool, excomisario ejidal de Ixil.
“Estos empresarios intentaron despojarlas ante la pasividad de las autoridades municipales. El pueblo se unió y detuvo la invasión de las tierras, pero empleados de estas personas siguen viniendo a volar drones para hacer estudios, a menudo en la noche o la madrugada”, agrega.
Los Abimerhi son conocidos en el estado por intervenir en el negocio de las gasolineras y los combustibles, además de prestar servicios de grúas y reparación de automóviles. La familia Millet, en cambio, pisa fuerte en la producción industrial de vidrio y aluminio.
Distante a 40 minutos de Mérida, Ixil es uno de los escasos municipios de Yucatán que aún no ha vendido tierras ejidales a los capitales inmobiliarios.
Usurpación con cobertura política
“Con respaldo de la presidenta municipal, estos empresarios llegaron a decir que contaban con papeles que formalizaban la compra de esos terrenos. Pero la comunidad salió a defender su tierra, que es un espacio productivo muy importante para las familias. En estas acciones contra las comunidades intervienen desde mafias de especuladores provistos con muy buenos abogados hasta empresarios que compran a funcionarios”, explica Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa.
“La posición de la Gobernación del estado en estas situaciones es de respaldo a este tipo de acciones. Cuando los Millet intentaron robarse las tierras de Ixil, actuaron acompañados por las camionetas de la policía estatal. Claro que no intervinieron porque vieron al pueblo unido y dispuesto a defender su lugar. Pero está claro que hay un nivel de coordinación muy fuerte entre los empresarios y la política. Las contribuciones de esa familia a la campaña de elección del gobernador Mauricio Vila fueron muy importantes. Además, la presidenta municipal de Ixil pertenece al PAN, el mismo partido del gobernador”, añade.
En febrero de este año, y previa denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), las y los vecinos de Ixil lograron la suspensión de un mega proyecto de lotes que la inmobiliaria Aludra pretendía llevar a cabo, sin ningún permiso o aval, sobre más de 700 hectáreas de tierras ejidales cubiertas de monte. Pese a carecer de cualquier tipo de autorización, Aludra incluso llegó a comercializar cerca de 16 hectáreas de esa misma superficie por un valor del orden de los 65 millones de pesos.
“Hay varias empresas inmobiliarias vendiendo lotes en Ixil en violación a las leyes ambientales. Ya logramos cancelar uno de estos desarrollos inmobiliarios, llamado Aludra, a través de una denuncia a PROFEPA, y presentaremos nuevas denuncias contra otros desarrollos ubicados en nuestro municipio como Terrakún y Cedrón”, señala Karla Flores Arasola, vecina de Ixil.
Para enseguida agregar:
“Hemos pedido información a SEMARNAT, donde nos confirmaron que ningún desarrollo inmobiliario en Ixil cuenta con autorización ambiental. Vamos a vigilar y denunciar a todas estas empresas de fraude inmobiliario, no les dejaremos deforestar y contaminar nuestro suelo y nuestra agua”.
Ya en Kinchil, el intento de despojo comprende 5,000 hectáreas que, señalan los pobladores, son acechadas por Armando Ceballos Chávez, un inversor enfocado en la compraventa de lotes. La identidad del empresario ganó visibilidad en marzo del año pasado a partir de distintas publicaciones de la prensa yucateca en las que Ceballos Chávez resultó vinculado de forma directa a un fraude de tierras ocurrido en el ejido de Seyé, municipio ubicado, también, a menos de una hora de Mérida.
“Numerosas actividades productivas están amenazadas por este empresario que quiere quitarnos las tierras. Yo me dedico a la apicultura, a la pequeña ganadería y a la pizca de orégano. En esa área también se cultiva pitahaya y cítricos, de lo que dependen cientos de kinchileños. Estas actividades le dan esencia e identidad a nuestra comunidad, ya que siempre hemos trabajado la tierra de Kinchil pacíficamente y respetando al medio ambiente”, comenta María Modesta Canul Chuil, habitante de ese municipio.
Para hacerse con esas 5,000 hectáreas, Ceballos Chávez maniobró en sintonía con las autoridades de Tetiz, municipio vecino a Kinchil que, a instancias del empresario, en los últimos meses procuró hacer efectiva la comercialización ilegal de esos lotes ejidales.
Las inmobiliarias se suman a la apropiación ilegal en Kinchil
“Nuestro ejido está en la ruta Mérida-Celestún y por lo mismo es ambicionado por inmobiliarias, industrias extractivas como granjas de cerdos y avícolas e industrias de toda clase. Ahora mismo nos están intentando despojar de casi 5,000 hectáreas que los kinchileños han trabajado desde que se creó el ejido en 1937 por decreto presidencial”, detalla Federico de Jesús May Cuitún, productor local de chile habanero orgánico.
“Se dice que los empresarios que pretenden robar estas tierras son Armando Ceballos Chávez y Rodrigo Vega Espinosa, entre otros, quienes cuentan con la complicidad de las autoridades ejidales de Tetiz. Las numerosas familias de campesinos y apicultores afectados están organizándose para defender el territorio de Kinchil, ya que de perderlo se destruirá y contaminará”, destaca.
May Cuitún señala que la usurpación del territorio no se agota únicamente en lo que ocurre con Ceballos Chávez y Tetiz: “Ya nos ha pasado algo grave con el Cenote Xelactún, del que se quiere adueñar alguien ajeno a la comunidad, llamado Cuauhtémoc Ayala Arzapalo, pese a que se trata de tierras ejidales de uso común”.
La lucha de ese pueblo maya ocurre en un contexto de abandono sistemático de las autoridades y gran parte de los organismos de control, que así como no garantizan la seguridad sanitaria y ambiental de Kinchil frente a la contaminación probada que lleva a cabo la porcícola Kekén –mediante una mega factoría situada a escasos 21 kilómetros de la comunidad–, tampoco atienden los pedidos de respaldo institucional elevados por la población ante los intentos de apropiación ilegal de tierras.
“Hay un gran desequilibrio de poder entre nosotros y los intereses económicos, y las instituciones no muestran interés en que haya justicia. SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y Tribunales Agrarios son los principales actores que buscan desestimar la defensa de nuestros territorios. En la SEDATU –antes Reforma Agraria– se orquestaron los principales fraudes de despojo de nuestros patrimonios naturales con apoyo del gobierno estatal y las notarías”, dice al respecto Carlos Yamá, apicultor y miembro clave del Colectivo Cantukún y el Consejo Maya del Poniente Chik´in Ja.
“Todo esto nos afecta en la salud, la economía y en el tejido social, algo comprobado de forma técnica, científica, ambiental y antropológica”, concluye.
Sólo las comunidades mayas, a través de la defensa de los ecosistemas, la firmeza y la valentía histórica que las distingue, representan, una vez más, la única fuerza de resistencia honesta y real contra un saqueo que, vestido ahora con las ropas del negocio inmobiliario, emerge desde los actores que concentran el poder político y financiero de Yucatán. Y que se promueve como otra falacia de crecimiento social dentro de un modelo de estado que, siempre que puede, reaviva y actualiza su naturaleza desigual, excluyente y racista.
