Desde Mujeres
Por Nancy García Vázquez, Presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco / Desde Mujeres
Los procesos electorales, pero sobretodo, la administración pública ya no puede ser un espacio en donde las mujeres también sean víctimas de violencia. No podemos permitir la violencia pública de cada día. Recientemente, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar cuatro mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la denuncia por violencia política de género interpuesta por la senadora Xóchitl Gálvez.
La denuncia tiene al menos dos lecciones relevantes en el ámbito público. Primera, se trata de una senadora exhibiendo una conducta violenta de parte del mismísimo Presidente de la República. Segunda, se establece un cerco a las conductas violentas de él o de cualquier otra persona en la función pública. Debe destacarse que en ese cerco también coadyuvaron las y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Beatriz Claudia Zavala Pérez.
Desde lo público, la violencia hacia las mujeres puede tener muchos propósitos. Uno de estos es evitar que las mujeres tengan presencia en el ámbito público y se mantengan en el privado; otro propósito es reforzar los roles de género, tratando de subordinarlas, estereotiparlas, encasillarlas, edificar techos o paredes de cristal que preserven privilegios masculinos; uno más es limitar la incidencia de las mujeres sobre la gestión y las políticas públicas. Desde un enfoque de derechos humanos, la violencia ejercida desde el poder, también tienen que ver con afectar el acceso a la justicia y a la equidad social de todas las mujeres.
Afortunadamente la senadora Gálvez pudo presentar una denuncia ante las autoridades electorales que han legislado ampliamente sobre este tema. Pero la otra arista de este tema y que no ha sido discutida con la misma profundidad, es que se trata de una violencia ejercida por un servidor público en funciones (dado que formalmente no estamos en un periodo electoral). Luego entonces, la denuncia pudo haber sido presentada ante la Secretaría de la Función Pública, que funge como órgano interno de control de la administración pública federal o bien ante el Instituto Nacional de las Mujeres.
De haber sido esta la ruta, la denuncia se tendría que haber formulado como una queja por una presunta falta administrativa.
Precisamente, en el año 2019, la Secretaría de la Función Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Protocolo de actuación con perspectiva de género en sede administrativa en la investigación y substanciación de quejas y denuncias”, precisamente para atender, investigar o sancionar cualquier queja con perspectiva de género.
Todas las dependencias públicas, tanto federales como estatales deben incorporar la perspectiva de género no sólo en la definición de políticas públicas o en la atención de este grupo vulnerable, sino también en las instancias encargadas de proteger y garantizar los derechos.
En Jalisco, también se han establecido ya algunos instrumentos en la materia. Apenas en el mes de julio, la Contraloría del Estado de Jalisco, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y la asociación civil Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género, dieron a conocer la publicación oficial del “Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación y el procedimiento de responsabilidad administrativa para la Contraloría del Estado y los órganos internos de control”.
Dicho protocolo también se suma a los instrumentos para establecer directrices con perspectiva de género en la investigación de quejas y denuncias de los respectivos procedimientos de responsabilidad administrativa.
Se trata de un documento elaborado no sólo con la visión del derecho administrativo, sino también con el enfoque de la sociedad civil. De ahí que este protocolo tiene como características principales: un lenguaje incluyente y no sexista; una fundamentación basada en los principios de legalidad, exhaustividad, imparcialidad, objetividad, congruencia, presunción de inocencia, verdad material, respeto a los derechos humanos; un enfoque no binario; promover la igualdad sustantiva; y por supuesto enfatizar el carácter resarcitorio en favor de la(s) víctima(s).
Este documento refuerza el aprobado por el Sistema Estatal Anticorrupción, en el que se definió el “Modelo de protocolo de actuación con perspectiva de igualdad de género en la investigación de quejas y denuncias y la substanciación de procedimientos de responsabilidad administrativa”. Por su puesto, la utilidad de los protocolos está en su aplicación.
Este es otro frente en el que todavía hay mucho por hacer. La violencia en el ámbito de lo público no sólo es un tema político sino una cuestión de gobernabilidad. Por ello, la reflexión social en torno al caso de la senadora Xóchitl Gálvez debe abrir una discusión más profunda en torno a cómo desmantelar la violencia que se ejerce desde una estructura administrativa patriarcal. Esa visión sólo puede lograrse, si como en Jalisco, trabajamos en igualdad de circunstancias, autoridades y ciudadanía. Esa visión debe trascender al proceso electoral que está por venir y sentar precedentes para que nadie en el ejercicio de un cargo público violente cualquier derecho de las mujeres.
