Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommmedina
Se cumplió un año del cambio del Ombudsperson de Jalisco y no se dejó pasar la oportunidad de por lo menos en un día darle atención al quehacer de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
Desde su surgimiento no se encontró ajena a los ritmos y contradicciones actuales en las que se mueve el sistema político y jurídico del país, se trata de un reflejo de aquellos, por lo que es importante separar las expectativas de su mandato con el incremento de su crisis.
Cuando surgió el sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos, en el caso de Jalisco en el lejano 1993, los incentivos para su impulso venían de una crítica internacional que hacían urgente e inminente la creación de una institución que promoviera y defendiera la dignidad de personas y grupos de ellas.
Con la propia transición a la democracia en México, los propios grupos políticos y partidistas coincidieron en legitimarse a partir de la designación de toda una generación de Ombudsperson comprometidos con su funcionamiento, aunque no necesariamente aceptaban o reparaban las graves violaciones. Fue un periodo en el que fue importante el debate público el tema, así como la generación de múltiples y variadas acciones de promoción en diversos organismos civiles nacionales e internacionales, así como el incremento del conocimiento y presencia de organismos internacionales de protección hasta llegar a la propia instalación de una oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Vino un segundo periodo en el que lo más importante de las comisiones públicas de derechos humanos era el capital que generaba para figurar públicamente o mantener una cierta presencia paralela al conocimiento construido desde las universidades. Se comenzó a inclinar más el trabajo en un conocimiento técnico y cerrado al común de la población, lo que impulsó el interés de los grupos políticos que paulatinamente fueron tomando dichas instituciones hasta controlar sus diagramas internos y posteriormente sus presupuestos.
Los diagramas o puestos para contar con el poder suficiente que les permitiera realizar aquellas acciones internas que les convenían y que nada tenían que ver con el mandato de la institución, tal es el caso de la colocación de personas concretas (las cuotas de grupos), los cuales en muy pocas ocasiones fortalecieron las instituciones en alguna acción concreta, con excepción de solicitudes constantes de aumento de presupuesto.
Los únicos espacios que de forma intermitente se fueron dejando a la sociedad civil fueron los consejos ciudadanos, los cuales también se fueron llenando de aspirantes al mismo cargo legítimamente ciudadanos o de profesionistas con trayectorias cercanas a actores políticos hasta llegar a personajes de la agenda anti derechos.
Una gran parte de las comisiones públicas (con alguna excepción como en el caso de la Ciudad de México, la cual se fue profesionalizando), fue mutando a un ejercicio de mandato calculado aritméticamente en número de quejas y recomendaciones, pero no en una mejora de la situación de los derechos humanos.
Abandonaron las acciones de formación y promoción de los derechos humanos por extensas reuniones con organizaciones civiles que más bien parecían afiliaciones a una agrupación política. Sus titulares se apoderaron de todo espacio de comunicación de los derechos humanos hasta hacerlo unipersonal con cierto interés de futuro. Incluso algunos de ellos construyeron un escalafón imaginario para sus próximos cargos como fiscales o magistrados.
Con ello, se expulsó de la institución las necesidades de justicia de la población y cuando la situación era grave, se negociaba con los otros actores en un claro abandono del principio de autonomía. Cuando existía la necesidad e intención en muchas ocasiones se mostraban imposibilitados porque entre su personal se contaba con actores que impedían investigaciones independientes.
Algunas de las recomendaciones sobresalientes que se construyeron, se lograron porque contaron con el apoyo y aporte de organizaciones de la sociedad civil que tuvieron que arriesgar su legitimidad para contar por lo menos con un mínimo pronunciamiento.
Se abrió entonces el episodio de simular un mandato administrativista y sujeto a los vaivenes políticos, de tal manera que se mantuviera una cierta estabilidad presupuestal, una abierta negociación de cargos partidistas y un manejo controlado de las agendas o temas, en ocasiones con mucha presencia y sensibilidad, pero sin hacer uso de la documentación, denuncias o garantías de no repetición, se trataba de una especia de aletargamiento del mandato.
La llegada de Luz del Carmen Godínez González hace un año, con claros señalamientos en su falta de requisitos para presidir la CEDHJ, deja de manifiesto que los grupos de interés apostaron por incrementar el deterioro de dicho organismo, lo ha demostrado la continuidad de personal acomodado en las dinámicas de los anteriores episodios, la llegada de nuevos integrantes con claros señalamientos y conflictos de interés, así como la carencia de una planificación participativa en donde pueda evaluarse el desempeño de la institución.
Al principio se habló de una reingeniería interna, de la que no se clarificaron sus presupuestos de evaluación o sus mecanismos de participación a la usanza de instancias con bajos estándares de transparencia, de la que actualmente no existe evidencia de algún cambio comprobable.
El reciente dato proporcionado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica sobre la disminución en el 30% de quejas en comparación con anteriores periodos, no hay que interpretarlo como un ajuste a la desproporcionada inflación de quejas que manejaban los anteriores titulares sino como un lento apagón institucional en el acceso a la protección y a la reparación del daño para quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos.
La falta de consensos para la aprobación de la solicitud de presupuesto anual por parte del Consejo Ciudadano del Organismo – de cuyos integrantes se desconoce su perfil e intereses-comprueba la ruta de debilidad institucional ahora encaminada a diferencias internas de grupos hacia un elemento preciado: el presupuesto, tan discrecional como los anteriores, ya que no cuenta con una base programática que lo respalde.
El silencio en temas tan graves como represiones de manifestaciones, narrativas criminalizantes de la Fiscalía, incumplimientos en la búsqueda de desaparecidos y en la identificación de los ya localizados, claros incumplimientos en favor de los derechos de los policías o restricciones al derecho a la verdad sólo explican el nudo gordiano en el que los distintos grupos han preferido invertir.
Mientras tanto durante años recientes, se ha consolidado una defensa de derechos humanos desde las comunidades, las personas vecinas, familias afectadas, las organizaciones de la sociedad civil locales, nacionales e internacionales, así como en varias universidades, a los que hay que poner más atención en sus denuncias, pronunciamientos, acciones, informes, casos y situaciones que los disminuidos números institucionales.
Sin duda ante la crisis grave de los derechos humanos en Jalisco en la misma proporción ha surgido la indignación, la resistencia y la organización como respuesta, de las cuales las instituciones tendrán que aprender, cambiar y arriesgarse, si es que no quieren ser recordadas como un simple letrero en espacios de poder.
