Personas y colectivos ciudadanos afectados por los desarrollos inmobiliarios irregulares en la Zona Metropolitana de Guadalajara presentaron la iniciativa “Escúchanos Presidente”, mediante la cual pretenden documentar tres casos que evidencian las graves violaciones a los derechos humanos y patrimoniales causados por constructoras e inmobiliarias que, en contubernio con autoridades estatales y municipales, desarrollan de manera irregular decenas de torres departamentales.
Su intención es que sus demandas lleguen a oídos del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pues consideran que en lo local han agotado todos los recursos, pues en Jalisco: “Se favorecen más los intereses inmobiliarios que los derechos de las personas”.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco y Mario Marlo / @MarioMarlo
“Tenemos que poner un alto a la mafia inmobiliaria” este es el llamado de quienes han sido afectados en sus vidas y propiedades a raíz de la construcción de diversas torres departamentales en la Zona Metropolitana de Guadalajara, las cuales se realizan al margen de los Planes Parciales de Desarrollo e incumplimiento, en la mayoría de los casos, las normas municipales.
Su llamado de justicia espera que alcance a llegar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues en Jalisco ninguna autoridad se ha hecho responsable de lo daños irreparables que estas construcciones han generado en sus vidas, pues a raíz de que una de estas torres comenzó a construirse a un costado de sus casas o colonias no sólo perdieron la tranquilidad sino también su patrimonio.
Por ello, anunciaron la creación de la iniciativa “Escúchanos Presidente”, la cual busca documentar tres casos para que Andrés Manuel López Obrador pueda conocer cómo es que ha actuado la mafia inmobiliaria en Jalisco; así como la manera en que diversos gobiernos han solapado y encubierto sus acciones.
Los tres casos que buscan llevar hasta la Presidencia de México son: La lucha que emprendió Ana Guadalupe Sarabia contra la constructora Arabel; el proceso legal que emprendió Salvador Martín Alba para que la inmobiliaria Sagnes Constructora pagara la reconstrucción de su vivienda; así como la lucha colectiva de las y los vecinos de la colonia Jardínes de la Paz, quienes se oponen al desarrollo Gran San Rafael de Grupo San Carlos.
La iniciativa es respaldada además por funcionarias públicas como la diputada local por Futuro, Susana de la Rosa, y la regidora por MORENA, Candelaria Ochoa; incluso, ésta última mostró documentación que comprueba que el apoyo de los gobiernos locales a la obra ha sido tal que el SIAPA demandó al INAH, instancia federal que denunció diversas irregularidades en la construcción de la del colector pluvial en el Parque San Rafael.
Tres postales de las afectaciones que genera la mafia inmobiliaria de Jalisco
Ana Guadalupe Sarabia Vargas vivía sin contratiempos en su casa, ubicada en el número 2450 de la calle Lerdo de Tejada en la colonia Arcos Vallarta 2da. Sección en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, todo cambió cuando, en 2018, la Desarrolladora Aravel comenzó a construir a un costado de su vivienda: Casa Tejada, un complejo habitacional de 26 departamentos distribuidos en tres torres verticales.
Su construcción dañó estructuralmente tanto la vivienda como los tres locales comerciales que otorgaban el sustento económico para ella y su familia; Desarrolladora Aravel inicialmente se comprometió a reparar su vivienda y pagar la renta de la casa a la que tuvieron que irse cuando la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara determinó que no era seguro vivir en lo que fue su hogar.
De esto han pasado ya tres años; sin embargo, Ana Guadalupe no ha logrado regresar a su propia casa y ahora enfrenta por sus propios medios a una inmobiliaria que, incluso, la demandó por una supuesta extorsión cuando ella no ha hecho más que exigirle que repare su vivienda y que pague por todos los daños económicos que se han generado desde que la mala construcción de Casa Tejada la obligó a salir de su propio domicilio.
“Yo me tuve que salir de mi casa porque Protección Civil que me dijo que ya no era habitable por el riesgo (…) desde entonces he tenido que vivir fuera de mi hogar, pero también tuve que dejar los negocios que me daban sustento, lo perdí todo y la constructora Aravel no ha querido hacerse cargo de los daños. No cumplió el programa de obra, no ha pagado los daños”, explicó Ana Guadalupe Sarabia.
Esa misma lucha contra la mafia inmobiliaria la tuvo que afrontar por más de 8 años, Salvador Martín Alba, quien emprendió una pelea legal contra la inmobiliaria Sagnes Constructores, la aseguradora Afirme, y diferentes instancias del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, y todo esto para recuperar su vivienda, la cual evacúo por los daños estructurales ocasionados por la construcción de la torre vertical.
Daños que no se le querían pagar, ya que la constructora alegó que ella no ocasionó nada, sino que todo fue producto de la humedad presente en la casa de Salvador; sin embargo, con el tiempo se comprobó que “todos los daños se produjeron por negligencias y malos procesos constructivos de parte de Sagnes”, lo que complicó el proceso porque tras este peritaje la aseguradora Afirme se negó a pagar los daños.
Salvador, entonces, se vio en la necesidad de emprender tres procesos legales: uno contra las licencias de construcción de AO Providencia ─que se otorgaron a pesar de que el proyecto no estaba permitido por las normas urbanas─, uno contra Sagnes constructores por su responsabilidad en los daños y otro contra Afirme por haberse rehusado a pagar.
La victoria que hasta ahora ha logrado Salvador ocurrió, el 13 de junio, pues éste y su equipo legal pudieron anunciar que después de una negociación con Afirme, la aseguradora reconoció su responsabilidad y se comprometió a pagar los daños, los costos del juicio, y las rentas que tuvo que pagar Salvador tras la expulsión de su casa.
El problema que ahora enfrentan es que en venganza Sagnes Constructores está emprendiendo un proceso legal para exigirle a Salvador todos los pagos derivados del juicio que fue provocado por sus propias negligencias.
En el caso de las vecinas de Jardínes de la Paz, quienes han emprendido una lucha para salvar al Parque San Rafael, lugar donde de manera irregular se construye el desarrollo Gran San Rafael a cargo de Grupo San Carlos, lo que destacan son los diversos procesos legales en los que han demostrado no sólo la irregularidad de la obra sino también como ésta ha sido favorecida por obras gubernamentales como el Colector Pluvial San Rafael.
“Nosotros, desde 2017, hemos peleado por defender nuestra colonia, nuestro parque de la construcción del desarrollo inmobiliario Gran San Rafael, obra que se ha visto beneficiada de acciones gubernamentales”, precisó Gabriela Cervantes del Colectivo Vecinos Unidos por Jardines de la Paz .
Conforme a lo ha reportado, el reportero Andrés de la Peña, el Parque San Rafael: “ha estado bajo asedio desde 2017, cuando su zonificación en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano cambió para convertir varias áreas verdes en equipamientos que fueron concesionados a operadores privados que hoy cobran por su uso”.
Sin embargo:
“la gota que derramó el vaso fue el inicio de construcción del vaso colector sobre la cancha de béisbol del parque, área que en cada intento de construcción ha arrasado calles y arbolado”.
La postura de los vecinos es que se detenga la concesión de áreas del parque, que se deje de talar árboles, que se protejan las especies endémicas del parque. Y respecto al vaso, piden que: “en lugar de construir infraestructura que expanda el potencial de urbanización a favor del Grupo San Carlos- se conserven las áreas verdes que ya regulan los flujos de agua a través de la infiltración”.
Estos tres historias serán debidamente documentadas para ser entregada al Presidente de México con la esperanza de que en las autoridades federales sus demandas tengan eco, pues como explica Chritian Gudiño, del equipo legal de Salvador Martín Alba: “la ciudad es una torre vertical desordenada a causa de la complicidad y corrupción de las autoridades locales”.
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Aquí podrás conocer a fondo estas tres historias:
La lucha de Ana Guadalupe contra la mafia inmobiliaria de Jalisco
Tras ocho años peleando contra una inmobiliaria, Salvador podrá volver a su casa
“Mientras los tribunales no actúen: el Parque San Rafael seguirá siendo destruido”
Resulta que ahora los de Futuro (el partido de los que estaban contra los partidos) ya se montó en esta agenda que antes ignoraban, seguro ya le vieron capital electoral, pero a ver si sus jefes empresarios no les ponen un límite al reclamo, ante la posible afectación de los intereses inmobiliarios que rifan en la ciudad.