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Una práctica criminal y sistemática se instaló en el departamento de Córdoba, en el caribe colombiano: la violencia se ensañó contra el magisterio. Estigmatizados y perseguidos, 139 miembros del sector educativo fueron asesinados en 34 años. Otros se salvaron refugiándose en el silencio y otros tantos en el exilio, como Gustavo Ballesteros, en México. Documentar la memoria de lo que pasó es el trabajo de Entre Ríos Museo, un proyecto para testimoniar la historia que a partir de hoy cuenta con un nuevo aliado, Periodistas de a Pie.
Toda palabra silenciada encuentra territorio donde dejar eco. La del profesor de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Córdoba, Gustavo Ballesteros Patrón, hizo eco en México, muy lejos de su tierra natal, Colombia, de donde tuvo que salir para salvar su vida en la década de los años 90.
Intentando formar a estudiantes en el pensamiento crítico, profesores de escuelas rurales del departamento de Córdoba, del Colegio Nacional José María Córdoba (Conalco) y de la Universidad pública de la región (Colombia), establecieron diferentes estrategias para enseñar a mejorar los cultivos tradicionales de pancoger a indígenas y campesinos; para hacer memoria sobre las luchas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que reclamó tierras en medio de un despojo sin precedentes en Colombia; para enseñar educación ambiental y oponerse al desarrollismo con la instalación de una mina de níquel a cielo abierto en el San Jorge o la construcción de una represa en pleno corazón del río Sinú, entre muchas otras causas sociales.
Gustavo Ballesteros fue uno de esos profesores inquietos que habló duro. Hizo trabajo social con la comunidad indígena Zenú, ubicada en la Sabana y el Bajo Sinú (Córdoba, Colombia) para lo cual organizó un esquema de trabajo que le permitió crear grupos de prácticas con otros docentes y estudiantes de la universidad. Ballesteros llegó a ser decano de Agronomía de la U de Córdoba, pero más temprano que tarde comenzó a recibir amenazas, según lo confirma su amigo y quien hizo parte de esos grupos, el profesor Serafín Velásquez, hoy pensionado.
Gustavo Ballesteros.
“Él siempre fue un líder, luchaba por mejorar la dignidad de las comunidades campesinas…Él tenía ya una cultura de defensa del campesinado o de la lucha por la tierra… Creó una fundación y en ese proyecto lo apoyamos todos…porque era una forma de desarrollar la extensión agrícola, que es uno de los pilares de la docencia universitaria, investigación y extensión”, cuenta Velásquez. Pero también explica que otra fue la información que corrió sobre el trabajo de Ballesteros con las comunidades, entonces lo estigmatizaron y amenazaron.
“Él fue uno de los primeros que estaba como en la mira… Entonces eso hizo que se fuera. Primero a Bogotá, luego a México”, relató su esposa Leda de Ballesteros. “Se empezaron a dar unas situaciones con todos los profesores con los que él se reunía… la situación de violencia comenzó a agravarse cada vez más y ya cuando se dan todas esas situaciones… uno tiene que replantearse qué es lo que va a hacer”, agregó.
Pero otros eran los planes que tenía Ballesteros, quien había comprado junto a su esposa una tierra en el municipio de San Carlos, Córdoba, que bautizaron “La bendición”, y que se habían propuesto convertir en un jardín botánico. El profesor hizo un inventario y recogió las especies nativas del Sinú y gestionó ante la rectoría de la Universidad y la Gobernación de Córdoba la necesidad de apoyar un proyecto ambiental como este, que le devolviera la conciencia verde a la región. Propósitos parecidos tenían los profesores Alberto Alzate y Misael Díaz Urzola, que investigaron los impactos de la construcción de la hidroeléctrica Urrá S.A. y advirtieron que el proyecto acabaría con el pez bocachico que hacía parte de la dieta básica de los indígenas Embera Katíos, entre otros problemas. A ambos los asesinaron en julio de 1996 y en mayo de 1998, respectivamente.
El profesor Ballesteros guardaba un dolor profundo cuando recordaba los nombres de Alzate, Díaz Urzola, Francisco Aguilar, Hugo Iguarán, Julio Cuervo, todos de la Universidad de Córdoba, todos asesinados. En nombre de ellos y de los indígenas Zenú a quienes no pudo seguir ayudando en terreno, construyó su legado, pero no en Córdoba, sino en México donde ya había estudiado en el pasado.
Se exilió
En 1990 Gustavo Ballesteros llegó a la tierra caliente a hacer estudios sobre la diversidad biológica del frijol. Se instala en el Instituto Tecnológico agropecuario número 25. La historia la revive Francisco Zavala, en Altamirano, estado de Guerrero, quien fuera su mejor amigo y discípulo. “Él siempre me comentaba que esta zona tenía muchas similitudes con su tierra”. Las pláticas iniciales entre ellos no dieron cuenta del dolor del profesor colombiano y de lo que lo había hecho residenciarse lejos de casa.
Zavala comenzó a conocer el ímpetu del colombiano, su preocupación por la naturaleza, por el desarrollo sostenible. “Él nos comentaba una experiencia que tuvo en la Universidad de Córdoba que allá había instalado una biofábrica, entonces él quiso traer ese modelo acá. Se lo planteó, pero él necesitaba un equipo calificado para trabajar ese proyecto, entonces se trajo a los estudiantes que tuvo allá en Colombia”. Luis Alfonso Rodríguez fue uno de esos cordobeses que lo acompañó y quien hoy recuerda con tristeza la distancia que se vio obligado a tomar Ballesteros con Córdoba.
Zavala explica que su mentor hizo que el Instituto Tecnológico creciera. Intentó convencer a los ganaderos de la región de que le donaran un laboratorio abandonado de patología animal para convertirlo en la biofábrica, pero no cedieron. Por el contrario, comenzaron a mirarlo con reparo. Pero el profesor no desistió y tocó las puertas de varios diputados de Guerrero quienes a su vez convencieron al gobernador del Estado quien aprobó el proyecto, dio los recursos y la obra hoy existe.
Posteriormente Gustavo Ballesteros estudió la importancia que tenía una especie que en México se llama ilama, una annona diversifolia pariente de la guanábana, de la chirimoya. Según los estudios que hizo es endémica en México, tiene variaciones en color desde blanco hasta un rojo púrpura en la pulpa. Logró que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT), le financiara un proyecto de investigación de toda la diversidad de ilamas que habían en Chiapas, en la parte de Oaxaca y levantó un banco de semillas y plántulas en Altamirano que compartía con los habitantes. “Así fue llegando a otro paso importante, instalar un jardín agrobotánico con plantas propias de México y de Colombia, que es hoy su mayor legado… El profesor sentía que estaba haciendo lo que no pudo en Córdoba”, dice Francisco Zavala.
En Altamirano, estado de Guerrero (México) existe el Jardín Botánico que incluso hoy tiene sembradas especies nativas de Córdoba. “Creó como una especie de arca de Noé con plantas que puedan ser usadas en la región y que le permitan a las personas más pobres, más humildes, acceder a fuentes vegetales de gran calidad, para mejorar su calidad de vida. Él era una persona muy entregada a la gente y su enfoque, su investigación, estuvo dirigida hacia el apoyo de la gente, de los más desprotegidos”, le dijo a Entre Ríos Museo su hija Nayarit Ballesteros, doctora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), en marzo del 2023.
Otra obra de Ballesteros fue recolectar figurillas de las Yácatas, zonas arqueológicas con gran herencia cultural que le permitió conocer a los Purépechas, un pueblo indígena que habita primordialmente en el estado de Michoacán. “Él quería hacer un complejo ecoturístico: el Jardín Botánico, los bancos de ilama y de otras especies de la región y el museo de arqueología de la zona. Y lo logró de alguna forma. Era bonito verlo sembrar las plantas y regalarlas a los campesinos para la reforestación. Hasta quiso reforestar un cerro”, explica Zavala. La historia del cerro lo puso en el blanco de grupos ilegales que se lo impidieron. Fue entonces cuando Ballesteros le contó a Zavala cuán incómodo puede resultar querer el bienestar de las comunidades y de las zonas que terminan siendo tomadas por otros actores para otro tipo de fines.
Y fue así como Ballesteros relató con le había pasado en Colombia. “Él hablaba de una universidad muy grande, una universidad que tenía muchos estudiantes, que tenía sus áreas importantes pero que estaba copada de gente que no le interesaba el desarrollo, que estaba llena de ese tipo de gente… Él decía que la universidad está tomada por los parascos. Recordaba su lugar, el río hermoso, un río muy grande… Y que iba a regresar… También me platicó de sus episodios que vivió allá en Córdoba. Me platicaba que una vez le cayeron a liquidarlo, a matarlo… Un amigo lo ayudó y en lo último se vino a México”, relata Zavala.
El profesor cordobés que se impuso el exilio como la única forma de salvar su vida y proteger a su familia, murió en marzo del 2021 debido a quebrantos de salud. Su vida transcurrió entre los dos países, ya que su esposa y tres hijos se quedaron en Colombia; y aunque luchó para volver a la región donde nació, los crímenes que nunca cesaron contra los profesores lo hacían regresar a México, siempre. Sus cenizas están repartidas en “La bendición”, su parcela en San Carlos – Córdoba y en Altamirano, Estado de Guerrero.
Los que no se salvaron
No contaron con la suerte del exilio para salvarse 139 miembros del sector educativo de Córdoba, en Colombia. Sus memorias, su legado, son un diálogo con la ausencia. Diversos actores, en su mayoría la derecha armada, asesinaron a miembros del sector educativo desde 1985, una práctica que golpeó duramente al magisterio cordobés. Por lo menos en 34 años.
Algunos de los primeros crímenes fueron cometidos por grupos que se hacían llamar “Los mochacabezas”, de los hermanos Castaño, fundadores del paramilitarismo, y se leían como aislados. Posteriormente fueron incrementando los asesinatos y se dieron en el marco de decenas de masacres y actos violentos en una región que vio cómo nació y se fortaleció un ejército bautizado finalmente como las Autodefensas Unidas de Colombia y que solo se desmovilizó en 2006.
La historia da cuenta de que en el año de 1988 once profesores fueron asesinados. En ese mismo año se perpetraron las masacres en “Mejor Esquina”, donde perdieron la vida 28 civiles y en “El Tomate”, 16 personas. Los años 1996, 1997 y 2000 fueron los más oscuros en contra del magisterio cordobés, muestran los datos. A finales de la década de los años 90 comienza la expansión y consolidación del paramilitarismo en todo el país y en el año 2000 se configura la toma de las autodefensas del principal centro de educación superior del departamento, la Universidad de Córdoba, un hecho inédito.
¿Por qué los asesinaban? Nadie se aventuró a dar una respuesta. Oswaldo Regino, periodista del diario El Universal, estudiante de ciencias sociales y quien apoyaba las comunicaciones de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), intentó investigar para responder esa y otras preguntas en un territorio que era una bomba de tiempo, pero lo mataron en noviembre de 1988. Ese mismo año también asesinaron al periodista William Bendeck Olivella, quien hurgó sobre las relaciones entre las mafias de la región, los desplazamientos forzados y las denuncias que algunos valientes intelectuales se atrevieron a hacer sobre el conflicto en la región y las disputas de los actores de guerra. Todo aquel que se atreviera a levantar la voz comenzó a correr la misma suerte.
La violencia arrinconó a los profesores en Córdoba por ser dentro de sus comunidades, más que maestros, líderes de opinión. Su conocimiento, mucho o poco, de la ley y la democracia, así como su capacidad de movilizar, fueron factores determinantes para perseguirles y eso se confirma con la modalidad del crimen: la mayoría de los casos fueron asesinatos selectivos. Cuando no fue así, cuando la modalidad no fue esa sino otra, entran en consideración otros escenarios que incluyen haber caído en tomas guerrilleras de pueblos, en atentados de la subversión que operaban en la zona.
La confesión de Mancuso
El ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso, desmovilizado en 2005 y extraditado a Estados Unidos en 2008, pidió entrar a la Justicia Especial para la Paz (JEP) para obtener beneficios judiciales. El ente, creado como justicia transicional para investigar los crímenes del conflicto en Colombia, aceptó que se realizara una audiencia única de aporte a la verdad. Si después de verificar las declaraciones de Mancuso la JEP considera que son novedosas y que los paramilitares tuvieron una función bisagra para cometer crímenes en alianza con militares, podría entrar a la jurisdicción.
Mancuso reveló que fue el DAS el que entregó las listas de los profesores que debían ser aniquilados. El DAS fue un organismo estatal encargado de realizar la inteligencia y contrainteligencia en Colombia y esta fue la primera vez que se escuchó esta vinculación con estos crímenes.
Mancuso dijo: “El DAS en Córdoba fue una institución con la que tuvimos, desde los inicios nuestros, las primeras colaboraciones… La relación tuvo que ver con el suministro de información de aquellas personas que se consideraban objetivo militar. Se compartían listas para ejecuciones que se hacían de manera extrajudicial”. Y agregó también: “A través del DAS recibimos información que llevó al asesinato de personas que eran señalados de ser guerrilleros…. profesores de la Universidad de Córdoba, estudiantes de la Universidad de Córdoba. Por ejemplo… José Antonio Alzate (Alberto Alzate) que fue alguien contra quien nosotros actuamos, el profesor Misael Díaz Urzola, de la Universidad de Córdoba, Francisco William Antonio Aguirre, Iván, el profesor Hugo Iguarán, René Cabrales Sosa, Claudio Manuel Pérez Alzate, Alvaro Taborda, Javier Galarcio Polo”.
Estos nombres hacen parte de la base de datos elaborada para esta investigación. En ella figuran datos como el secuestro de tres miembros del sector educativo por parte de las Autodefensas, a quienes señalaron de ser responsables de los atentados terroristas ocurridos en la capital cordobesa, Montería, en 1997: Álvaro Taborda, Francisco Javier Galarcio y Claudio Pérez. Claudio Pérez continúa desaparecido 27 años después. Los paramilitares también señalaron a Félix Avilés Arroyo de tener que ver con los atentados, y lo mataron. Y también acusaron al sindicalista René Cabrales, quien hoy está exiliado en Suiza. Él le dijo a Entre Ríos Museo que cuando ocurrieron esos hechos no estaba en Colombia.
En más de tres décadas de terror, a trece profesores con pertenencia étnica los mataron. Eran educadores y etnoeducadores del pueblo Zenú, del Embera Katío y del Palenque de San José de Uré. Las dos primeras comunidades fueron acompañadas y apoyadas por profesores de la Universidad de Córdoba en varios de sus procesos de fortalecimiento social. De los 139 profesores asesinados 21 militaban en algún sector político; 115 pertenecían a distintos sindicatos, entre ellos a la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor). Las entrevistas a profesores sobrevivientes hechas para esta investigación, dan cuenta incluso de la estigmatización de la que fueron víctimas. En muchos casos a algunos de ellos les prohibieron asistir a los sepelios de sus compañeros.
Si bien los crímenes de los profesores de la Universidad de Córdoba adquirieron mayor notoriedad al hacerse evidente la toma paramilitar a la institución, ocurrida durante los primeros años de la década del 2000, al ampliar la línea histórica de esta investigación se confirma que el panorama de crímenes contra docentes era mucho más extendido; y que la violencia contra los miembros del sector educativo configuró algo más profundo, que la derecha armada intentó aniquilar el pensamiento crítico en toda la región.
Geminiano Pérez, abogado, quien fue profesor de Ciencias Humanas de las carreras de Agronomía, Veterinaria y de la Escuela de Topografía de la Universidad de Córdoba, así lo cree. Se salvó de un atentado contra su vida ocurrido en el municipio de Cereté en febrero de 1988, posteriormente se exilió en Ecuador y aunque regresó a Colombia, no vive en Córdoba. “Es injusto huir para vivir, pero fue la seguridad que le pude ofrecer a mi esposa, hijos y nietos. Tuve que dejar de trabajar por el pensamiento crítico y los derechos humanos en mi tierra”.
“Palabra Silenciada” completa la fotografía de la memoria. Álvaro Taborda y Felix Avilés, hijos de dos de los profesores desaparecidos y asesinados; los etnoeducadores de la región y la familia de un investigador de la Universidad de Córdoba, exiliado en México por muchos años, se lo contaron a Entre Ríos Museo, porque toda palabra silenciada emerge.
*Entre Ríos Museo es un proyecto que vincula el periodismo, el arte y la ciencia para traducir la realidad. Está dirigido por la periodista colombiana Ginna Morelo. Aquí puedes consultar la publicación original y conocer más del proyecto.
*Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar al Periodismo Regional en América Latina (CAPIR), liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
