La calle del Turco
Por Édgar Velasco / @Turcoviejo
El pasado 25 de julio se dio a conocer el sexto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia que se creó en noviembre de 2014 por instrucción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar en las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de aquel año, cuando un grupo de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fue atacado, cinco muchachos fueron asesinados y 43 estudiantes desaparecidos, sin que hasta la fecha se conozca el paradero de 40 de ellos, toda vez que ya han sido identificados tres de ellos.
A partir de 2015 el GIEI ha venido presentando informes de sus investigaciones, en los que han dado cuenta de sus hallazgos, pero también de los obstáculos que han enfrentado para realizar su labor, que tiene por objetivo desentrañar qué pasó esa noche, quiénes son los responsables y, sobre todo, dar con el paradero de los muchachos que este año cumplirán nueve años desaparecidos.
En lo referente a los hallazgos, los trabajos del GIEI han permitido desmontar cada uno de los dichos de las autoridades que, encabezadas por Jesús Murillo Karam, entonces procurador General de la República, estuvieron encargadas de llevar a cabo la investigación en la que fue dada a conocer como “la verdad histórica”, según la cual los muchachos habían sido asesinados, incinerados y sus restos arrojados en el río San Juan, en Guerrero. Ahora sabemos que hubo manipulación de evidencia, que los restos encontrados en el río fueron sembrados y que hubo participación del Ejército y la Marina, instituciones que habían salido prácticamente intactas en la primera versión oficial. De la participación de las fuerzas armadas, por acción y por omisión, se dio cuenta en el tercer informe.
Luego de ocho años (el grupo se constituyó en 2014 y los trabajos comenzaron en marzo de 2015, aunque tuvieron una pausa entre 2016 y 2020 por las obstrucciones que enfrentaron de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto), el GIEI ha dado a conocer que el sexto es su último informe porque, publicaron en su cuenta de Twitter:
“Los obstáculos al acceso a niveles más amplios de información en investigaciones de graves violaciones de DDHH, como se da ahora después de una importante apertura inicial, muestra la impunidad y la resistencia al cambio”.
Y es que si bien con el cambio de gobierno y la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia pareció haber una mayor colaboración con los trabajos del grupo, lo cierto es que se han encontrado con más obstáculos. Aunque han logrado obtener información y documentos a los que no habían tenido acceso, siguen persistiendo la opacidad y la manipulación. En el documento el grupo asienta:
“Este informe da cuenta del punto al que ha llegado el caso y la importancia de llegar hasta el final en el esclarecimiento de la verdad, proveyendo toda la información que aún hoy no es accesible y no ha sido proporcionada. Para el GIEI es determinante que se aborde esta cuestión y que la mentira no se institucionalice como forma de respuesta frente a preguntas o realidades que se consideran incómodas. Las pruebas muestran que distintas autoridades saben lo que sucedió o tienen información relevante que no ha sido proporcionada, tal vez pensando que van a poner en la cuerda floja a algunos de sus hombres que pudieron haber participado”.
Respecto al papel de la Secretaría de la Defensa Nacional, señala que
“la negativa de SEDENA a proporcionar la información de la que se tienen sólo algunas partes y que resulta determinante, muestra la defensa de una concepción institucional corporativa en lugar de una perspectiva crítica respecto a una manera de entender el papel del poder militar que ayude a la construcción de la democracia. Las implicaciones de la negación de la verdad no son solamente el acceso a información sino que supone una nueva forma de maltrato psicológico para las víctimas”.
El documento consta de más de 300 páginas y ofrece una muy detallada relatoría de los hechos y de las investigaciones realizadas. Los capítulos 5 y 6 están dedicados a las actuaciones del Ejército y la Marina, y un vistazo al índice permite darse una idea de por dónde van las cosas: “limitar el uso de la información encontrada”, “ocultamiento de la verdad, falsedades de testimonios y declaraciones”, “omisiones dolosas o falsedades en la información”, “falta de consistencia y veracidad”. En el capítulo dedicado al Ejército, la palabra que más se repite es “ocultamiento”. En el apartado de la Marina puede leerse que esta corporación “realizó operativos clandestinos que conllevaron a detenciones y violaciones de derechos humanos”, “realizó y levantó información técnica y escaneo de frecuencias con información a la que no se ha tenido acceso”, entre otras cosas.
Como era de esperarse, a Andrés Manuel López Obrador no le parecieron los señalamientos. Sobre lo que describió como “punto de vista” del GIEI dijo: “Lo respeto, pero no lo comparto” (es curioso que esos mismos términos usara Enrique Peña Nieto para referirse al tabasqueño y su propuesta política años ha); después, como era de esperarse, se lanzó a la defensa de las fuerzas armadas, en las que tan ciegamente confía, y regresó a sus lugares comunes de siempre según los cuales ya no hay impunidad. Sin embargo, como bien apuntó Ernesto López Portillo en su cuenta de Twitter, la del grupo y la del presidente “son narrativas en dos planos. La del @GIEIAYOTZINAPA enseña la evidencia en un informe y cada afirmación puede ser contrastada. Párrafo por párrafo. La del presidente es otra cosa, no incluye evidencias y es imposible de contrastar. En todo caso, las 2 no pueden ser verdad”.
Si, como propone López Portillo, alguien quiere asomarse al último informe del GIEI para contrastar la información, pueden consultarlo completo en este enlace.
López Obrador prometió que durante su gobierno se iba a esclarecer lo ocurrido aquella noche en Iguala. Esto significa que le queda poco más de un año para que esto ocurra. Y, por lo que se ha visto, no va a ocurrir: su lealtad está con las fuerzas armadas, que ocultan, mienten, manipulan, y no con las familias que buscan a sus muchachos. Mucho menos con la verdad.
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P.D. El pasado lunes se publicó en este sitio el texto “Las rimas históricas y la lucha por la memoria”, en el que se retoman algunas ideas que puse por escrito en la entrega del 9 de junio pasado. Agradezco la puntual lectura que de mi texto hizo Inés M. Michel y me gustaría señalar que en ningún momento pretendo minimizar ni restar gravedad a los delitos cometidos por las policías estatal y municipal de Guadalajara, así como por la Fiscalía de Jalisco, los días 4, 5 y 6 de junio; tampoco pienso que un hecho deba cumplir requisitos para que “el caso fuera digno de nombrarse Halconazo”; tampoco, creo, estoy tergiversando los hechos cuando hablo de abuso de autoridad. Puedo estar equivocado, claro está. En todo caso lo que digo es que lo que ocurrió en Jalisco no debería llamarse Halconazo, sino que habría que buscarle su propio nombre ya que los puentes entre los hechos (los de 1971 y los de 2020) están ahí y se refuerzan por la lucha que realizan los sobrevivientes de uno y otro. Ahora bien, la necedad personal de no llamar “halconazo tapatío” a los delitos cometidos por la Fiscalía (y no por un grupo paramilitar, lo que lo hace más grave todavía) puede verse también como lo que es: una opinión personal de un viejo que, como el abuelo Simpson, le grita a las nubes todo el tiempo. Sobre lo que no queda duda es que todas las personas que han visto vulnerados y vejados sus derechos humanos en estos dos hechos, y en todos los demás que han lacerado al país una y otra vez, merecen memoria, verdad y justicia.
