“En México, la tortura existe”, afirmaron organismos de la sociedad civil, colectivos y familiares de víctimas y sobrevivientes de este delito y crimen de lesa humanidad durante el “Foro y Voces de la Tortura en el México de Hoy”.
Según señalaron, durante 2022 se abrieron más de 5 mil 500 carpetas de investigación por el delito de tortura y de estas solamente se judicializaron 82, lo que significa que sólo el 0,28% llegaron a ser atendidas por un juez.
Agregaron que a junio de 2023 todavía no existe en el país una política pública de persecución penal de la tortura efectiva a nivel federal y estatal.
Por: Alondra Angel Rodriguez / @AlondraAngelRo
Fotografías: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2016, 79% de las personas fueron torturadas o maltratadas durante la detención, traslado o estancia en el Ministerio Público. Para 2021, cuando se realizó de nuevo la encuesta, el número bajó a 50%, sin embargo “no es mucha la reducción de esta práctica cuando se trata de personas”, comentó Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Victimas de la Tortura y en conmemoración de los seis años de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (LGPIST) la CDHCM convocó al “Foro y Voces de la Tortura en el México de Hoy”.
Según advirtieron, el espacio fue motivado luego de la petición de varios organismos de la sociedad civil, colectivos y familiares de víctimas y sobrevivientes de tortura.
Natalia Cordero de Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C expresó que es de suma importancia que se creen estos espacios de dialogo, ya que, permiten evidenciar que la tortura es un fenómeno delictivo que sigue ocurriendo hoy en día y “que atenta no sólo en contra de la vida de las víctimas directas, sino que es un fenómeno que se extiende a las familias y al núcleo social más cercano”.
Por su parte, Andrea Casamento, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) subrayó que prevalece un gran desafío y responsabilidad por alcanzar la justicia para las víctimas, sobrevivientes y sus familias, pues las cicatrices persisten:
“Todavía lamentablemente estamos lejos de poder prevenir, porque hay una herida abierta en todos ustedes, las heridas que deja la tortura no sólo son a las víctimas directas, sino también en toda la familia”, afirmó.
En ese sentido, precisó que el mayor desafío para las personas sobrevivientes y sus familiares es “darle visibilidad al dolor”, pues al denunciar estas violencias abren camino para quienes “vienen detrás” y para que esto deje de ocurrir:
“Cuando abrazamos ese dolor es el que nos tiene que fortalecer, ponernos de pie, darnos la mano porque este camino se construye entre todos y tirar para adelante”, expreso Andrea.
Nashieli Ramírez comentó que a 40 años de que el Estado mexicano firmara la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, “tal parece que sigue siendo una práctica constante, por lo que falta un camino largo para erradicarla”. En su opinión como experta prevalece una deuda de visibilidad en México, la región y el mundo que permita erradicar esta práctica, a través del acceso a la justicia y la prevención.
Dentro del foro, víctimas y sobrevivientes de tortura, así como sus familias, reflexionaron conjuntamente y relataron desde sus historias los diferentes tipos de tortura que se viven en México.
La participación del Colectivo 5 de junio Memoria en Jalisco y el Colectivo 9N Cancún, compartieron sus experiencias como sobrevivientes de una política estatal y sistémica de persecución y represión a la protesta social:
“La tortura es y sigue siendo un método para interrogar, desmovilizar y poner en práctica venganzas políticas en contra de personas que lo único que tenemos para enfrentar las violencias estructurales que nos atraviesan es nuestro cuerpo, es nuestra voz”, expresó Inés Mancilla, del Colectivo 5 de junio Memoria.
Mesa de víctimas y sobrevivientes de tortura.
Las personas participantes dentro de esta mesa exigieron resolución, justicia y reparación del daño en los diferentes contextos y crímenes de lesa humanidad cometidos en su contra y de sus familiares, ya que sus efectos se han prolongado por años al igual que su espera para recibir justicia.
Estas historias evidencian la privación de la libertad y la tortura dentro del sistema penitenciario y la persecución política. Resuenan los casos de Verónica Razo Casales, el cual fue denunciado por su hija Luna Razo Casales; el llamado caso Tlaxcala, donde Oswaldo Rodríguez denunció su detención y las de otros miembros de su familia; el de Karen Ordoñez Hernández, también hecho público por su madre Ciria Hernández; así como la criminalización de las comunidades indígenas, puntualmente la de Miguel Peralta, para quien su madre Martha Betanzos y su padre Pedro Peralta siguen exigiendo justicia.
Otro de los contextos en donde se debe visibilizar que ocurre la tortura son los centros de rehabilitación. En lugares como éste Angela Elizondo, perdió la vida.
“En este medio alzo mi voz con mi cara en alto pidiéndoles justicia, que se analicen su caso y que escuchen nuestra voz, no nada más la mía, sino la de todos estos compañeros que venimos luchando con nuestra cara en alto”, comentó Ciria Hernández madre de Karen Ordoñez Hernández.
Las autoridades y personas expertas de la ONU que participaron en estas mesas de diálogo coincidieron en que resulta necesario el desarrollo de instrumentos y organismos que permitan garantizar la resolución de los casos, así como, hacer más eficiente el accionar de la autoridad según los tipos de tortura.
Para Sofia Robina de la Secretaría Técnica de Tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública del Poder Judicial aún hay mucho qué hacer para atender todos los casos de tortura registrados y que se siguen denunciando, incluso, en función de la aplicación de la ley “todavía hay grandes pendientes”.
Organizaciones de la sociedad civil consideraron lamentable que a junio de 2023 no exista todavía una política pública de persecución penal de la tortura efectiva, así lo comentó Angel María Salvador, integrante de Documenta, análisis y acción.
Mesa de organizaciones de la sociedad civil sobre el panorama y la prevalencia de la tortura en México.
Expresó que esto puede sostenerse debido a que en 2022 se abrieron más de 5 mil 500 carpetas de investigación por el delito de tortura y de estas solamente se judicializaron 82, representando solo el 0,28% llegan a ser atendidas por un juez. Además, para el mismo periodo se encontraron solamente 10 sentencias por tortura, esto sin saber si son condenatorias o absolutorias.
Agregó que las pruebas de casos de tortura son claras, ya que para 2022 se registraron en las carpetas de investigación mas de 10 mil victimas de tortura: “esto lo que nos demuestra es que la tortura en México existe, la tortura en el año 2022 sigue existiendo y es plenamente funcional en las estructuras de poder público y cualquier discurso que diga lo contrario es un discurso falso”, expresó Ángel.
Además, reconoció que hay una negación de probar la tortura, ya que de las de las 10 mil víctimas apenas mil han podido acceder a algún tipo de dictamen médico psicológico suscrito en la Ley General de Tortura. De acuerdo con el defensor, esto representa menos del 10% de los casos y significa que las posibilidades de demostrar que las victimas recibieron tortura son mínimas:
“Qué difícil es para las víctimas probar que han sido víctimas de tortura y que fácil es para los culpables poder negarlo”, concluyó Ángel
Por su parte Natalia Cordero, consideró que es necesario elevar la exigencia a las autoridades para lograr el establecimiento de otras políticas públicas necesarias para el combate y la atención de este tipo de delitos, además de “generar la posibilidad de garantizar el derecho de participación a la sociedad civil y las victimas en la construcción de políticas públicas que reflejen la realidad”.
