Víctor Manuel Ponce Río y Luis Fernando García fueron localizados sin vida el 16 de junio, tras ser desaparecidos el 23 de mayo en Jalisco.
Las autoridades no actuaron de manera inmediata y fueron omisas en su reacción, por ello, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) seguirá exigiendo a las autoridades justicia por ambos y por la familia Ponce, quienes siguen en riesgo, derivado del contexto de desplazamiento que enfrentan.
Por Aletse Torres Flores / @aletse1799
El 13 de marzo de 2013, cuatro generaciones de la familia Ponce decidieron salir de su hogar y dejar todo atrás por la inseguridad e! “Estación Conchos”, localidad ubicada en el estado de Chihuahua.
Como consecuencia de estas violaciones a los derechos humanos, la familia Ponce obtuvo una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hacia el Gobierno Mexicano. Sin embargo, lamentablemente, ni la ONU ni las autoridades locales han podido garantizarles una estancia tranquila.
El pasado 23 de mayo, Víctor Manuel Ponce junto con su trabajador Luis Fernando García, fueron privados de su libertad en el kilómetro 2 del libramiento Huejúcar-Monte Escobedo, estado de Jalisco, donde se ubica su centro de acopio de ganado, el cual fue saqueado.
Inmediatamente, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), denunció los hechos ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, quienes emitieron una “Acción Urgente” en la que se solicitó al Estado mexicano comenzar con la búsqueda e investigación de los hechos de forma inmediata.
A pesar de la urgencia del caso, la Secretaría de Gobernación por medio de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (UDDH) respondió hasta 3 días después y convocó a una reunión que habría de suceder en las próximas dos semanas.
Frente a este contexto apático y poco eficiente, la CMDPDH y el comité realizaron fuertes reclamos, lo que permitió la modificación de la fecha, ahora prevista “una semana antes”. Es decir, tuvieron que pasar 7 días para el encuentro. Situación que igualmente fue indignante y problemático para la CMDPDH, ya que se trataba de una desaparición.
Recordemos que en México se tiene registro de 111 mil 163 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, acorde al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Y Jalisco – estado donde fueron desaparecidos y localizados sin vida – cuenta con el mayor número de casos a nivel nacional de desaparición, con la cifra de 14 mil 396 personas desaparecidas.
La familia Ponce denunció la desaparición ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde aportaron datos e información clara y precisa que podían ayudar a dar con el paradero de Víctor Manuel y de Luis Fernando.
Pero nuevamente, las autoridades les fallaron a las familias y la Fiscalía no realizó las acciones que dieran resultados positivos con la información aportada. Tampoco dio mucha claridad a la familia sobre qué estaba haciendo para localizarles.
El Estado mexicano, a través del actuar de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Nacional de Búsqueda y el ministerio público a cargo del caso fueron omisos en realizar acciones básicas, pese al actuar inmediato de la familia Ponce y la CMDPDH.
Esta situación ha sido denunciada por el Comité contra la Desaparición Forzada desde hace algunos años, en un informe de 2017 sobre desapariciones en México, donde refirió lo siguiente:
“Resaltan con preocupación la inacción de las autoridades competentes para tomar acciones investigativas básicas para buscar y localizar a las personas desaparecidas, aun cuando existan indicios relevantes con base en los cuales se podría hacer avanzar la investigación y la búsqueda”.
Lamentablemente, Víctor Manuel y Luis Fernando fueron localizados sin vida el 16 de junio – 24 días después – en el estado de Jalisco. “La pérdida es irreparable. No hay forma en que el Estado mexicano pueda resarcir los daños” declaró la CMDPDH.
Sin embargo, existe un fuerte reclamo de justicia por el caso de Víctor y Luis Fernando. La organización continuará dando seguimiento a las distintas carpetas de investigación que están abiertas hasta llegar a la verdad.
Además, explicaron que la Acción Urgente sigue vigente, y ordenan medidas de protección, asistencia e investigación, por lo que, continuarán demandando al Estado mexicano en su conjunto que siga trabajando en su implementación.
Siguiendo esta misma línea, insistieron en la urgencia de que se dé con los perpetradores de los hechos y se les procese penalmente. Asimismo, que se reembolsen todos los gastos relacionados con los servicios funerarios que los familiares han tenido que cubrir y les otorguen las medidas de ayuda y asistencia que requieren los familiares.
Sobre esta última, la comisión señala que hasta el día 23 de junio, las autoridades no habían realizado ni una sola medida de asistencia.
Esto no es un caso aislado, puesto que, en el el 75% de las acciones de búsqueda, las familias se han enfrentado a grandes dificultades tras la desaparición de uno o más de sus seres queridos, de acuerdo al Informe 2017 del Comité contra la Desaparición Forzada.
“Se ha señalado en varios casos que las “dispensas” distribuidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no responden a las necesidades básicas y que los trámites administrativos para tener acceso a los servicios de salud y al apoyo necesario para la educación son muy largos, y que muchas veces llegan demasiado tarde para responder a las necesidades de los familiares” fragmento del Informe 2017 del Comité contra la Desaparición Forzada.
Finalmente, la organización pide que se otorgue una reparación integral del daño adecuada y conforme a los más altos estándares de derechos humanos para la familia Ponce.
