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La falta de infraestructura apta para personas con discapacidad motriz que sufre el municipio de La Barca, Jalisco, genera entornos físicos que vulneran directamente su derecho de accesibilidad.
Por Crista Mizrahym Arredondo Casillas
Con el transitar rutinario y acelerado de la vida, poco se presta atención a desigualdades dentro del mismo escenario.
Como quienes aprenden a sobrevivir a las calles diariamente por la dificultad de trasladarse sobre una calle tapizada de piedra y donde no hay banquetas para andar en ellas, o donde las hay, pero sus desniveles u obstrucciones lo impiden.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Información Estadística y Geografía (INEGI), en Jalisco, 386 mil 577 personas tenían alguna discapacidad para ese año, es decir, el 4.6% de la población estatal, de las cuales, 199 mil 124 personas tenían una discapacidad que les impedía caminar, subir o bajar.
En las calles de La Barca, así en las principales como las menos transitadas, la falta de infraestructura apta para personas con discapacidad es evidente. Esto debido a que sus calles no ofrecen la calidad espacial adecuada para todos y en cambio existen barreras físicas que impiden y dificultan el acceso.
En el municipio se contabilizaron 4 mil 420 personas con discapacidad de acuerdo con datos del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022.
Y es que la verdadera problemática de la falta de espacios accesibles comienza al salir de casa, pero no es vivida de igual manera por todos, sino que, quienes se encuentran con estas dificultades físicas de cerca, son aquellas con discapacidad motriz o en su movilidad, y quienes viven en las colonias menos atendidas.
La Ley General para las Personas con Discapacidad, en su artículo 16, establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen el acceso obligatorio en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.
Prever la ruta
Ángel de 23 años, cuenta que uno de los problemas con los que se enfrenta a la hora de salir un día común, es el tener que conocer antes las calles por las que debe ir para saber cuales son las más aptas, menos obstruidas y menos irregulares.
“Tienes que saber por qué calles vas a ir y conocer cuáles calles están feas, yo tengo que buscar en Google Maps y veo más o menos cómo está la calle y veo qué me conviene más: si mi silla o mi patineta y en cómo me voy a sentir más cómodo o más independiente”, expresa.
Angel vive en las principales calles de la cabecera municipal, calles a las que las administraciones les han dado prioridad y que en la actualidad cuentan con pavimento y banquetas, no obstante, en ellas todavía existen obstrucciones como postes telefónicos colocados arriba de la banqueta, objetos puestos por los mismos vecinos o son banquetas angostas que dificultan el paso para las y los usuarios de sillas de ruedas.
“La principal dificultad para moverse en el municipio son las calles, yo que me muevo en patineta o silla de ruedas cuando hay una calle empedrada y no hay banquetas no sabes por donde darle, a veces tienes que rodearle para poder llegar al lugar que quieres ir. Estamos en el año 2023 y no podemos tener todas las calles pavimentadas, es más, no tenemos semáforos, me acuerdo cuando iba para la prepa y tenía que cruzar la avenida sin ningún semáforo”, explica.
Este problema que menciona se ve en la Calzada Raymundo Vazquez Herrera, en donde se encuentra la Preparatoria Regional de La Barca de la Universidad de Guadalajara, donde anteriormente estudió.
En esta calzada no existen semáforos que regulen la circulación de los vehículos y los peatones, por lo que para las personas con discapacidad motora como Ángel, atravesar se vuelve una actividad peligrosa y difícil.
Para 2022, las obras en las que se trabajaron con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en el municipio fueron principalmente enfocadas en el drenaje y letrinas, agua potable, alcantarillado y urbanización, con este orden de prioridad, de acuerdo con el Sistema de Información Social Georeferenciada (SISGE).
En las que según este informe, se ejecutó la rehabilitación de 17 obras y tres en proceso de construcción.
Por su parte, el supervisor de obras públicas de la administración municipal actual, Luis Antonio Ortega Vazquez mencionó que en este momento se da prioridad a la pavimentación de las calles más afectadas y más transitadas, así como a la sustitución de materiales adecuados en drenajes y alcantarillado.
“Se está trabajando en reestructuración del pavimento, la principal es la Raymundo, se están gestionando recursos para la pavimentación y reestructuración de pavimento, agua potable y drenaje, y cambiar tuberías viejas”, declaró.
Acerca de la falta de semáforos señaló que por el momento no se tiene contemplada su implementación, sin embargo, mencionó que podría trabajarse con señalizaciones de tránsito en las avenidas principales.
En cuanto a la accesibilidad arquitectónica, actualmente en el gobierno municipal no se tiene un proyecto enfocado en los derechos de las personas con discapacidad y su movilidad, ni en la erradicación paulatina de las barreras físicas en su estructura urbana para este fin.
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacion (CONAPRED) establece que las barreras son aquellos obstáculos que las personas con discapacidades tienen que enfrentar en los diferentes escenarios en los que se desarrollan, impidiéndoles o limitando su movilidad y su circulación, lo que les priva de sus derechos en igualdad de oportunidades y su calidad de vida.
La falta de este derecho esencial en la ciudad es el reflejo de la indolencia y el descuido que permanece administración tras administración, falta de atención que genera exclusión invisibilizada, discriminacion e inseguridad para las personas con discapacidad.
Un diseño urbano deficiente con problemas de accesibilidad urbanística desde el principio y cuya problemática no tiene un lugar priorizado en la agenda que prometa el mejoramiento para lograr espacios dignos para todas las personas.
Leticia Barajas y su esposo Jesús Barajas, quien tiene discapacidad motriz declaran que para ellos uno de sus principales problemas es que su calle no tiene pavimento, lo que dificulta su transitar.
“Hace falta que estén pavimentadas porque con las piedras se atoran las llantas, esta es la única calle que siempre pedimos que la arreglen y nunca”, explica Leticia.
Leticia, quien ayuda a su esposo a trasladarse, comenta que a causa de esto, en una ocasión cuando se dirigían a realizar sus actividades diarias tuvieron un percance en una alcantarilla sumida, en donde las llantas de la silla de ruedas cedieron hacia adentro y por muy poco se volcaban en el hueco.
“Entran presidentes uno y otro y nadie arregla, nomás nos vienen a visitar aquí para el voto y ya se olvidan”, expresa Jesús.
Ellos viven en la colonia Santa Cecilia y describen que el tener su calle en malas condiciones no es el único problema que les afecta, sino que debido a ser una calle de tierra sin pavimento, en temporada de lluvias el agua se estanca en esa zona y su casa se anega provocando que el agua dañe sus muebles.
Empatía y compromiso con los derechos del otro
Del otro lado se debe referir a la importancia de la seguridad vial y la responsabilidad social, factores que abonan al padecimiento de vulnerabilidad que se vive en las calles. Es esa falta de empatía generalizada sumada a la desatención por parte de las autoridades las que segregan los derechos de las personas.
Salvador Villaseñor, quien debe trasladarse en silla de ruedas desde hace 14 años debido a un accidente, explica que uno de sus miedos a la hora de salir a las calles es la falta de educación vial por parte de los motociclistas que rebasan por ambos lados a velocidades altas.
“La verdad cuando ando solo sí tengo miedo, le tengo miedo a las motos. El problema es que ponen la calle nueva pero las banquetas dejan las mismas, eso es lo mismo para nosotros, que tenemos que andar por abajo arriesgando a que nos lleve una moto o un conductor que vaya distraído, por eso hay veces que prefiero mejor no salir”, expone.
“Una vez tuve una experiencia muy fea donde casi me lleva una camioneta, vieras qué impotencia sentí, que ya hasta había jurado no volver a salir, es que después de que tienen la culpa todavía se ponen bravos”, comparte.
Ante esto se ve reflejada la necesaria participación social, la necesaria visibilización de aquellas situaciones lejos del privilegio y la necesaria erradicación de la indiferencia de la comunidad para empatizar y ayudar.
La buena intención sesgada no sirve
Para Salvador, el intento de querer mitigar los inconvenientes que genera la falta de educación vial, no es suficiente porque no se ve a quién se perjudica intentando acabar con un problema.
Un ejemplo de esto propuesto por Salvador es la Unidad Deportiva del municipio, la cual se encuentra parte de ella también por la calzada ya mencionada, en donde sus entradas principales y secundarias fueron cerradas con puertas de metal que bloquean el acceso para los motociclistas que no obedecen el reglamento negando su entrada.
Por lo que al mismo tiempo, de manera indirecta, estas entradas fueron bloqueadas de igual manera para las personas usuarias de sillas de ruedas como Salvador.
“Ya no puedo entrar al parque, hace unas semanas jugaron la final de béisbol unos sobrinos, fueron todos a ver la final del partido y yo aquí porque no puedo entrar”, expresó.
Las soluciones que encuentran ante estos obstáculos muchas veces los ponen en una situación donde sus derechos humanos se ven vulnerados.
A decir de Salvador, en una ocasión presenció la dificultad de un padre y su hija, en la que intentando ingresar a la unidad, tuvo que recostar a su hija sobre la acera para ingresar primeramente la silla y después en brazos a su hija.
La realidad sobrepasa cualquier atisbo de cambio que se proponga, por las demás necesidades vistas en el municipio.
En La Barca, el 44 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, es decir, 24 mil 037 personas, de acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco (IIEG). Además, para 2021 el 69.2 por ciento de la población ganaba menos de dos salarios mínimos.
Asimismo, datos del Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, reflejan que 11 mil 580 personas tienen rezago educativo, 36 mil 572 carecen de acceso a la seguridad social, 17 mil 782 carecen de acceso a los servicios de salud, 10 mil 299 carecen de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, 3 mil 88 personas carecen de calidad y espacios de la vivienda, mil 549 no tienen acceso a los servicios básicos en la vivienda y 2 mil 641 viviendas no tienen acceso al agua.
Este panorama da cuenta, pues, de la difícil tarea para lograr un municipio totalmente accesible, cuando entre sus pobladores no se les garantiza ni aun sus derechos más básicos.
Sin embargo, al visibilizar cada una de estas carencias se tiene la oportunidad de trabajar en lo que es necesario cambiar y de que las autoridades actúen como les corresponde. Y no existe pretexto para como individuos cambiar desde su espacio la indiferencia por empatía.
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Es un proyecto auspiciado por la Fundación Internacional de Seattle (SIF, por sus siglas en inglés), a través del Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México (Fondo CAMY) y Philanthropy Lab de la Universidad de Washington (UW).
