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En México, 6 de cada 10 personas migrantes han manifestado tener efectos de ansiedad y estrés, debido a la constante exposición a eventos de violencia y situaciones estresantes durante su tránsito, de acuerdo con la organización Médicos Sin Fronteras.
Para acompañar la salud mental de las personas en situación de movilidad humana y con necesidades de protección internacional, es vital reconocer la complejidad del fenómeno de la migración en México, así como las acciones comunitarias y de tejido colectivo que construyen frente a las estructuras del Estado que les persiguen y violentan.
Por Andrés Mota Bonilla / @soya_andy
“Cuando una persona decide emigrar, ya tiene toda una historia de razones por las cuales se quiere ir a otro lugar y por las cuales está dispuesto a vivir una serie de condiciones de riesgo para llegar a donde quiere”, afirma Shoshana Berenzon, investigadora y titular del área de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente (INPR).
Sin embargo, la suma de experiencias de violencia, persecución y estigmatización a las que se enfrentan a lo largo de su recorrido, suelen acumularse e impactan no sólo su salud física, sino también su salud mental.
La escena de la migración en México ha dado un giro drástico desde 2018, como lo mencionan María Dolores y Verónica Montes en un artículo para la revista Entre Diversidades, cada vez son más las personas que deciden organizarse para migrar de forma colectiva como una estrategia para hacerle frente a los contextos de violencia y vulneraciones a sus derechos humanos que experimentan tanto en sus lugares de origen, como a lo largo de la ruta -como resultado del auge de las políticas públicas persecutorias y la escalada de militarización en el país-.
De acuerdo con datos de la Unidad De Política Migratoria, Registro e Identidad De Personas (UPM) de la Secretaría de Gobernación, en 2022 se necesitaban 44 Auditorios Nacionales para albergar a las más de 440 mil personas que transitaban por México en una situación migratoria irregular. Sumando a esto, el flujo de mujeres e infancias que se ven forzadas a migrar también ha ido en incremento. Según la UPM, en este mismo año salieron de sus países y transitaron por México poco más de 175 mil personas menores de edad y mujeres; cinco veces más que en 2017.
No obstante, pese al aumento de los flujos, la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR) sólo ha reconocido como refugiados a una tercera parte de todas las personas que han hecho una solicitud.
Tras la llegada de la pandemia de COVID-19, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) en su informe 2020 señaló que las medidas sanitarias para evitar el contagio sirvieron como una herramienta que le permitió al Estado mexicano continuar con sus procesos de contención, persecución de las personas migrantes y militarización de las fronteras.
“El discurso de la pandemia de COVID-19, sirvió como mecanismo para justificar la parálisis de las instituciones que proveen de servicios y protección a población en movilidad y al mismo tiempo, llevó a fortalecer la militarización de las fronteras y las instituciones dedicadas al control de la movilidad” advirtieron en el documento.
Por ejemplo, programas como el Protocolo de Protección a Migrantes (mejor conocido como “Quédate en México”) o la orden recientemente terminada Título 42 han favorecido la continua violación los derechos de las personas migrantes a solicitar refugio, exponiéndoles a aún más violencia en los trayectos de retorno y negándoles el acceso a la protección internacional.
Ya sea bajo el pretexto de detener la propagación del COVID-19 en el caso del Título 42, prohibiendo la entrada de personas que “representan un riesgo para la salud” y/o por “eludir las medidas médicas para su detección” o, hasta con el pretexto de garantizar el debido proceso judicial para la solicitud de asilo en el caso del Protocolo de Protección a Migrantes.
Frente a estos escenarios, Shoshana Berenzon, explica que las personas encargadas de aplicar las políticas migratorias, carecen de una perspectiva humanitaria y de atención digna hacia esta población: “las personas que están en migración (autoridades migratorias) no están capacitadas para entender el proceso migratorio, no están capacitados para tener esta sensibilidad”, algo que se ve reflejado en las quejas por violaciones a derechos humanos contra personas migrantes.
Según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, entre 2014 y 2022 se interpusieron al menos 9 mil 330 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de programas de atención a migrantes. El 2022 fue el año con más quejas, sobre todo, en estados fronterizos del sur como Chiapas y Tabasco, así como Sonora, Nuevo León y Tamaulipas en la región norte.
Las principales autoridades señaladas en las quejas por daños las personas migrantes son el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Israel Reséndiz, gestor de actividades de salud mental en Médicos Sin Fronteras (MSF), precisa que esta no atención a las necesidades de las personas en situación de movilidad y con necesidades de protección internacional, desde los servicios de atención humanitaria hasta el seguimiento a sus procesos migratorios, genera un efecto de revictimización en las personas que de por sí están huyendo de situaciones de vulnerabilidad por violencia y abandono de sus naciones. Situaciones que, a su vez, les termina exponiendo a mayores riesgos y afectaciones a su salud mental durante toda su experiencia migratoria.
Médicos Sin Fronteras es una organización de carácter internacional que presta atención de tipo humanitario en cerca de 70 países del mundo, principalmente de servicios médicos a poblaciones que lo requieran. En la Ciudad de México, tiene un proyecto específico para atender a personas en movimiento, orientado hacia la detección de sus necesidades y con un enfoque centrado en la salud mental, esto a través de la atención farmacológica; de trabajo social; promoción de la salud y con un componente al que llaman “mediación cultural”, el cual busca acercar los servicios a personas que no hablen español por medio de la comunicación desde su idioma natal.
Israel afirma que cerca del 70% de las personas en movilidad que atienden en la Ciudad de México han vivido situaciones de violencia, al menos, en los últimos 6 meses; “a lo largo de la ruta se van enfrentando a situaciones de violencia , salir de origen de manera forzada por cualquier circunstancia, sufrido amenazas, violencia y acoso sexual , encarcelamiento”. Mientras que, aproximadamente 6 de cada 10 personas que atienden ya manifiestan efectos de ansiedad y estrés debido a esta constante exposición a la violencia y situaciones estresantes.
De tal manera que, si bien, “la migración es natural” y “una condición humana”, como advierte Berenzon, también explica que la salud mental de las personas en movilidad humana se ve mayormente condicionada y vulnerada por los efectos que traen consigo los complejos contextos políticos, económicos y sociales que llevan consigo a cuestas y a los que se acumulan todas las condiciones adversas y violentas que se viven durante el trayecto; además de las historias que ya les han marcado antes de salir de sus países.
“Cuando estas personas han salido de sus países, huyendo de las pandillas, huyendo de estas situaciones precarias contextos sociohistóricos de las guerras, de la vulneración a derechos, van aumentando estos factores para que las personas tengan constantemente ese malestar”, señala Valeria Scalisse, psicóloga del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) sobre cómo estos factores determinan el bienestar de estas poblaciones.
El trabajo del IMUMI se centra en acompañar a mujeres y familias migrantes y busca “ir a la raíz de esta violencia y acompañar, reflexionar sobre estos esquemas culturales y sociales que oprimen a las mujeres; intentamos unirnos nosotras y realizamos diagnósticos o talleres, escuchando a sus compañeras para que se acompañadas, pero también para que puedan ayudarse”.
Scalisse añade la importancia de tener una perspectiva de género que permita “voltear a ver” a las mujeres, niñas y adolescentes que se encuentran dentro de los flujos migratorios, así como a todas aquellas personas que han sido vulneradas por cuestiones de género, para desplegar herramientas de atención y contención para estas poblaciones: “el hecho de que las mujeres vivamos constantemente situaciones estresantes o tensionantes vinculadas a esa violencia va a afectar la forma en también como vemos en ese mundo y las herramientas que tengamos para actuar o no contra esa violencia”.
El impacto de los discursos estigmatizantes en la salud mental
“La nacionalidad no se ve” es un micrositio diseñado por el Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) que busca visibilizar y combatir aquellas acciones y políticas migratorias del Estado que son discriminatorias para las personas migrantes e, incluso, para la población mexicana.
De acuerdo con el IMUMI, agentes del INM, a quienes también se le suma la Guardia Nacional (GN), continúan con la gestión de los flujos de personas migrantes operando mediante acciones violatorias del derecho a la no discriminación, dejando a su criterio solicitar a las personas comprobar su nacionalidad si consideran que “no parecen mexicanas”.
Este tipo de prácticas han sido señaladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como violatorias de derechos, a través de la sentencia del Amparo en Revisión 275/2019. En ésta se declaró como inconstitucionales estas detenciones arbitrarias al transgredir el artículo 1 constitucional (derecho a la no discriminación) y el artículo 11 constitucional (derecho al libre tránsito).
Los discursos racistas y xenofóbicos -que generan estigmas hacia las personas migrantes y que sostienen las estructuras sociales de rechazo, odio y exclusión- impactan también la salud de las personas migrantes y rompen los lazos entre las personas, explica Israel de Méxicos Sin Fronteras:
“Muchas veces quienes replican estos discursos no son conscientes de que están cargados de xenofobia, racismo o discriminación, pero sí impactan a las personas que son objeto de estos discursos y eso invariablemente va a afectar la salud mental de las personas” comenta Israel.
Tanto el INPRF y el IMUMI reconocen que el estigma y el rechazo que se tiene hacia las personas migrantes, genera miedo, frustración y enojo hacia sus personas, lo que provoca que se aíslen y se expongan a mayores situaciones de violencia. Se invisibiliza quiénes son, cómo se encuentran, cómo se sienten o si tienen a dónde ir, provocando, incluso, que lleguen a tomar rutas mucho más peligrosas que van a afectar su salud en todos los niveles.
“todas estas afectaciones que puede generar no solo a nivel individual, pero también a nivel familiar como también a nivel comunitario” afirma Valeria Scalisse.
Tejer en comunidad y atender la salud mental de las personas migrantes
Desde 2018, las personas migrantes le han dado un giro drástico a la escena de la migración; apostándole cada vez más a tejerse desde la comunidad como una estrategia para hacer frente a las violencias que les atraviesan, pero también como una forma de acompañarse entre sí.
Para atender la salud mental de las personas migrantes es necesario ir más allá de lo patológico o lo individual. Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, utiliza una frase para explicar las circunstancias y experiencias que viven quienes migran y sus respuestas frente a éstas: “son personas que tienen reacciones normales ante eventos anormales”.
Por lo tanto, como señala la Berenzon, es necesario generar estrategias de atención que se ajusten a las experiencias y necesidades de esta población, pero sobre todo, que el Estado garantice políticas públicas migratorias con un enfoque humanitarias; “por ejemplo, si las personas migrantes tuvieran cierta calidad de atención en el camino, aunque no solucione todos los problemas, va a impactar en su salud mental”.
Shoshana Berenzon insiste en la importancia de atender las vulnerabilidades y riesgos que atraviesan las personas migrantes.
De tal forma que, si existen esquemas de atención humanitaria donde las personas puedan tener un espacio donde dormir, donde albergar a sus familias, donde realizar trámites y tener acceso a más información, donde no se sientan perseguidos por las propias autoridades, esto abonaría al cuidado de la salud mental de estas poblaciones en movilidad y con necesidades de protección internacional, pues es precisamente la ausencia de estas condiciones dignas las que causan ansiedad, preocupación y estrés durante la ruta.
“Es como como ponerla digamos la salud mental en una balanza, de un lado tienes todas estas cosas a las que se puede estar enfrentando a la persona y del otro lado vas poniendo todas las cosas que le pueden ir ayudando a disminuir tanto la situación de vulnerabilidad como los efectos de la de las situaciones que vive y hasta intentar lograr un equilibrio” añade Israel.
Es importante reconocer que las organizaciones de la sociedad civil son quienes se han hecho cargo de estas necesidades frente a la ausencia del Estado.
Sin embargo, las personas no son pasivas frente a los retos que les atraviesan, se apropian de sus procesos y de sus formas de acompañarse; lo comunitario se da desde las mismas personas y se vuelve la forma en la que afrontan sus problemas.
En su experiencia atendiendo a personas migrantes en tránsito, Israel ha encontrado por ejemplo, que las personas generan proyectos propios, comunitarios e identitarios, tal es el caso de cocinas donde elaboran alimentos de sus países y comunidades de origen. Estas acciones les permiten agruparse, formar lazos de identidad e, incluso, compartir sus experiencias para que otras personas connacionales o no, no pasen por lo mismo.
Berenzon observa que algunas personas, incluso, tejen lazos colectivos, comunitarios y colaborativos, formando organizaciones para acompañarse en sus procesos migratorios “tanto desde los que ya están acá para los que van a emigrar allá como los que están aquí; hacen redes, se mandan información consultan abogados, ven cuáles son sus derechos, buscan las oportunidades de pedir ser refugiados, de pedir ser protegidos en su camino”.
La psicóloga Valeria Scalisse del IMUMI explica que “es fundamental acompañar a las personas migrantes en esta restitución o en este fortalecimiento de su bienestar porque al final la salud mental está vinculada a muchos más procesos que el que solo tenga que ver con el emocional”.
De aquí que reconozca que no deberían existir fronteras para la salud mental.
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Es un proyecto auspiciado por la Fundación Internacional de Seattle (SIF, por sus siglas en inglés), a través del Fondo para Jóvenes de Centroamérica y México (Fondo CAMY) y Philanthropy Lab de la Universidad de Washington (UW).
