#HastaEncontrarles
Una denuncia anónima dirigida al colectivo Por Amor A Ellxs evidenció lo que ya era un secreto a voces entre las familias que esperan afuera de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF): la solicitud de una remuneración económica, que ronda entre los 10 mil y 20 mil pesos, para “acelerar” los trámites, ya sea para la identificación forense o para la entrega de los cuerpos o restos de sus familiares.
Funcionarios públicos del propio IJCF coinciden en que estas acciones irregulares entorpecen su trabajo, pues por órdenes de sus superiores tienen que dejar de trabajar en ciertos casos o expedientes para dar prioridad a otras carpetas o casos sin que exista justificación alguna.
Las denuncias por presuntos actos de corrupción señalaron a funcionarios de la Oficina de Contraloría Interna del IJCF, área que está bajo la vigilancia de la Contraloría del Estado, quien tras conocer de la denuncia de Por Amor A Ellxs analizó el caso, pero dice no haber encontrado irregularidad alguna.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
“Si quiere puedo hacer que se acelere su expediente”, esa es una de las frases que algunos funcionarios públicos insinúan a las y los familiares que esperan fuera de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) a que les entreguen resultados de identificación forense o la entrega de los cuerpos de sus seres queridos.
El modus operandis, según señalan diversas familias entrevistadas, es el siguiente: del interior del IJCF sale un funcionario para preguntar qué tipo de trámite están esperando, esto a pesar de que esa información ya se es de conocimiento tanto del Ministerio Público como del Área de Trabajo Social del IJCF.
“Te pregunta tipo de trámite, tiempo que llevas esperando y el número expediente, pero no te da su nombre y sólo dice que va a preguntar para ver que puede hacer por uno”, así lo explica una madre buscadora quien prefiere no ser identificada para no entorpecer la entrega de los restos de su hija desaparecida.
“Después regresa y dice que está difícil, pero que te puede echar la mano para que aceleren el trámite”, ahonda quien tiene en su proceso de búsqueda forense un poco más de un año.
“Ese acelerar” consiste en colocar la carpeta y/o expediente del caso en los primeros turnos de atención, ya sea para alguna identificación forense o la entrega de algún cuerpo que ya fue identificado en los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO).
Pero la ayuda no es gratuita, en el caso de madre buscadora le solicitaron 10 mil pesos. Ella no aceptó porque sabe que eso no es correcto, pues en su colectivo aprendió que todo trámite es gratuito. Aunque acepta que sí pensó en conseguir el dinero porque la espera se ha vuelto una tortura, pero decidió no hacerlo porque nadie va a luchar con su dolor.
Tras no aceptar, ya no hubo más ofrecimientos. Al funcionario jamás lo volvió a ver, aunque sí sabe de otras compañeras a las que les han ofrecido lo mismo: “colocar su carpeta hasta arriba”.
En la denuncia anónima que le fue entregada al colectivo Por Amor A Ellxs, a quien se señaló de cometer estos presuntos actos ilícitos fue a Édgar Salvador Ascencio, quien labora dentro de la Contraloría Interna del IJCF.
Sin embargo, tras la denuncia pública de las madres buscadoras desde el Área Jurídica de la Contraloría del Estado de Jalisco -órgano del que depende la Contraloría Interna del IJCF- se aseguró que no existen elementos de prueba para suponer que existen tales actos ilícitos de parte de este funcionario o de algún otro. Aunque se comprometieron a seguir investigando.
El problemas de estas prácticas de corrupción, como denunció el colectivo Por Amor A Ellxs es que “este aceleramiento” lo que hace es ahondar más la crisis forense porque por dar celeridad a ciertos expedientes se van relegando los casos de larga data.
La mayoría de las personas que están siendo buscadas por este colectivo fueron desaparecidas entre 2011 y 2013; de ahí, que su denuncia se centrara en señalar que los sus casos quedan relegados cuando “hay casos mediáticos o cuando se recibe dinero a modo de pagos irregulares”, pues en ambos casos los trabajos forenses que siempre se suspenden son los de larga data; es decir, de aquellos que podrían ser sus seres queridos.
Voces al interior del IJCF confirman denuncia de Por Amor A Ellxs
“Buscamos al colectivo por las injustas que son las cosas, en este institución contamos con tremendo potencial, pero la finalidad no son los resultados institucionales… son sólo personales, pues se busca favorecer políticamente la imagen de quien tiene el poder”, esa es la visión de varias y varios funcionarios del IJCF que, desde el anonimato, ahondaron en la denuncia realizada por el Por Amor A Ellxs.
“Varios colegas coincidimos que el joven contralor es sólo un peón cercano al Secretario Particular de la Dirección General, pues es de ahí donde se nos ordena dar agilidad a cualquier carpeta”.
Contactados para entender más sobre lo que se vive al interior del instituto forense, las y los funcionarios públicos consultados compartieron que una buena parte del personal “están cansados de suspender trabajos para atender aquellos que son muy mediáticos o aquellos en los que se ordena trabajar de manera rápida”.
“El funcionario pregunta por carpetas y dice a las que debemos de darles prioridad que por mandato del ingeniero o porque se tiene queja en Contraloría. A este sujeto se le ve en las Áreas de Búsqueda o en el estacionamiento de afuera del instituto platicando con los ciudadanos recibiendo sobres y llevando documentos”.
Entonces luego viene la orden de trabajar ciertos casos aunque implique abandonar otros expedientes en los que funcionarios del IJCF llevan trabajando meses o semanas: “son mandatos del ingeniero”.
El actual director del IJCF es Gustavo Quezada, hasta el momento, no ha emitido declaración alguna sobre la denuncia realizada por el colectivo Por Amor A Ellxs, como tampoco la dio al colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco que se manifestó el pasado 22 de mayo, y quienes también denunciaron que funcionarios les pedían hasta 20 mil pesos para acelerar los procesos de identificación y confrontas genéticas.
Las y los trabajadores consultados señalaron que se ven forzados a atender lo que les ordena la dirección porque de no hacerlo son amenazados con levantarles un expediente en la contraloría: “muchos trabajadores se han visto afectados injustamente por eso, pues los envían a contraloría sin derecho a la defensa”, explican.
Cuando esto pasa, aclaran:
“el trabajo del instituto se detiene por completo, pues todo se destina a aquello que beneficia la imagen política y personal de los directivos”.
“estas conductas siempre han existido, pues se piden favores a discreción para dar agilidad a casos especiales, pero ahora ya no hay discreción… todo es descarado y sin vergüenza, sólo se nos pide y se tiene que hacer”.
El miedo a sufrir represalias en grande; por ello, es que optaron por ahondar más en la denuncia de las madres buscadoras, pues entienden que estas malas praxis tiene un impacto directo en sus procesos de búsqueda, ya que no hay forma de resolver una crisis forense cuando no se atiende de manera integral todos los casos, o cuando no se anteponen los intereses personales a los derechos humanos de las personas.
Actualmente, en el Registro Personas Fallecidas Sin Identificar se reconoce que bajo su resguardo el IJCF tienen 4 mil 024 cuerpos sin identificar (3 mil 174 hombres, 399 mujeres y 631 de sexo desconocido); en promedio, la identiticación plena de una persona que ha sido localizada en una fosa clandestina oscila entre el los 12 y 18 meses.
Pese a ello, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, minimiza las denuncias de posibles actos de corrupción señalados por las familias y asegura que:
“Hay un trabajo muy serio de ciencias forenses, se respeta el derecho de las personas a expresar sus ideas, pero me parece que el trabajo que ha hecho ciencias forenses es cada día mejor y lo seguiremos mejorando cada día”.
