La calle del Turco
Por Édgar Velasco / @Turcoviejo
El pasado 5 de junio se cumplieron tres años del mal llamado “halconazo tapatío”, cuando elementos de la policía ministerial de la Fiscalía de Jalisco evitaron que se realizara una protesta en las inmediaciones de la calle 14 para reclamar la liberación de las y los jóvenes que habían sido detenidos un día antes durante una manifestación en el centro de la ciudad para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López, quien a principios de mayo de 2020 fue detenido por la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos por no portar cubrebocas. Eran los primeros meses de la pandemia por la covid-19 y Enrique Alfaro lanzaba mensajes bravucones para demostrar que en Jalisco sí se estaba haciendo algo, lo que sea que eso significara. Los policías municipales detuvieron a Giovanni en la calle, se lo llevaron y lo entregaron muerto a sus familiares. Las protestas ocurrieron un mes después, los días 4, 5 y 6 de junio.
Por el asesinato de Giovanni López, Enrique Alfaro se lavó las manos diciendo que había sido responsabilidad de la policía municipal, como si desde su púlpito no hubiera instalado y alimentado un discurso pendenciero que dejaba la puerta abierta para todo tipo de abusos.
Por los actos represivos de la policía estatal en la manifestación del 4 de junio, Enrique Alfaro se lavó las manos argumentando que la protesta, cuya violencia escaló exponencialmente y que incluyó la quema de una patrulla —acción sobre la que se especuló que la misma había sido montada para eso—, había sido manipulada por gente enviada desde “los sótanos del poder” de Ciudad de México con la única intención de desestabilizar a su gobierno. Incluso trataron de imponer la narrativa de que “en Jalisco no protestamos así”.
Por las acciones de la policía ministerial el 5 de junio, Enrique Alfaro se lavó las manos dos veces: primero, diciendo que unos elementos habían desobedecido órdenes —ese día el gobernador andaba en Tequila jugando a la Alianza Federalista—; después, tratando de colocar en la discusión pública la versión de que la Fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado. Con el correr de los días y los meses resultó que no hubo sanciones para los desobedientes (los agentes señalados ya están como si nada) y mucho menos se investigó la presunta infiltración del crimen organizado en la dependencia estatal. Tampoco se destituyó al fiscal Gerardo Octavio Solís.
Si algo ha quedado demostrado durante su administración es que Enrique Alfaro es bueno para lavarse las manos. Se parece a Pin Pon, el muñeco muy guapo y de cartón que lava sus manitas con agua y con jabón.
¿Por qué no estoy convencido de que se le diga “halconazo tapatío” a lo que ocurrió el 5 de junio en las inmediaciones de la Fiscalía? Porque creo que parte del ejercicio de hacer memoria pasa por respetar los hechos y recordarlos en su justa medida.
El término halconazo hace referencia a la también conocida como Matanza del Jueves de Corpus, que tuvo lugar en la capital del país el 10 de junio de 1971 cuando una manifestación de estudiantes de la UNAM y del Politécnico, en solidaridad con la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue reprimida por un grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”, integrado por exmilitares y militares en activo. El saldo de aquel jueves, eco del 2 de octubre de 1968, fue de más de un centenar de estudiantes asesinados, muchos de ellos en las calles y otros en salas de urgencias. También hubo detenciones ilegales, tortura y desapariciones forzadas. Ese fue el halconazo.
¿Qué pasó en Guadalajara en 2020? Mientras personas, principalmente jóvenes, se acercaban a las inmediaciones de la Fiscalía de Jalisco en la calle 14, escuadrones de policías ministeriales, vestidos de civil y en vehículos sin identificaciones, realizaron rondines para detener a las personas, muchas de las cuales fueron retenidas en las instalaciones de la dependencia, donde fueron sobajadas e intimidadas por los agentes —muchos testimonios coinciden en señalar que fueron amenazados con desaparecer o con ser entregados al crimen organizado—. Luego de quitarles sus pertenencias y de realizar revisiones ilegales de dispositivos móviles, las y los detenidos fueron llevados a colonias de la periferia en vehículos disfrazados —hubo uno con rótulos de panadería, por ejemplo—, donde fueron abandonados sin dinero y sin posibilidad de comunicarse. Por si fuera poco, todavía al día siguientes agentes estuvieron haciendo rondines en las casas de las personas que habían sido detenidas.
Las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la Fiscalía de Jalisco el 5 de junio son gravísimas y merecen ser recordadas para evitar que se repitan. Pero no deberían equipararse con lo que ocurrió en el halconazo del Jueves de Corpus. Ambos hechos merecen ser recordados en su justa dimensión, por respeto a las víctimas de cada uno.
Me pasa lo mismo con la Guerra Sucia, que alude al periodo de los años setenta en que desde el Estado se realizaron tareas de espionaje, criminalización, desaparición forzada y asesinato de luchadores sociales y cuyo concepto ahora es usado para referirse a hashtags y memes en redes sociales y spots en medios de comunicación, sobre todo en tiempos de campaña electoral. Eso no es “guerra sucia” y afirmarlo es faltarle el respeto a la memoria de las víctimas, que siguen padeciendo las consecuencias incluso hoy: todavía hay personas buscando a seres queridos que desaparecieron hace 50 años.
Los ejercicios de memoria son fundamentales para una sociedad necesitada de paz y de justicia. Por eso también es reprobable que se haya mandado quitar el memorial que había sido instalado en la plaza Imelda Virgen para recordar los hechos del 5 de junio. La forma es fondo: personas con herramientas y cobijadas por unas convenientes obscuridad y ausencia de vigilancia llegaron la noche del lunes a la plaza y se llevaron la pieza. No hubo postura oficial en ese momento sino hasta la mañana del martes, cuando Pin Pón, perdón, Enrique Alfaro salió a admitir que él y Pablo Lemus mandaron retirar el memorial. “Imagínense ahora ustedes que cualquier persona llega y pone un monumento en el centro, qué absurdo es eso, eso no funciona así, no va a funcionar así”, dijo el gobernador que sí sabe cómo funcionan las cosas para, por ejemplo, poner una maceta gigante de José Fors o el letrero de «Guadalajara Guadalajara» que no puede ser tocado con el papel de una ficha de desaparición.
Es curioso cómo las autoridades cacarean la apropiación del espacio público cuando se usa para tomarse fotos o para posicionar su discurso, pero se muestran intolerantes e intransigentes cuando la apropiación sirve para evidenciar su autoritarismo o sus pifias. Habría que recordarle al gobernador que el memorial no lo puso “cualquier persona”, sino de víctimas de los abusos de autoridad cometidos por la Fiscalía, y que no era “un monumento”, sino un ejercicio de memoria.
