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A partir del T-MEC los tres países de América del Norte asumieron compromisos para prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, pero esto no ha evitado que México los adquiera.
Por Elizabeth Rosales / Periodismo Empower
En la frontera norte de México hay cuatro estados que tienen sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial para tareas de seguridad pública e investigación forense: Chihuahua, Coahuila, Baja California y Nuevo León. Empower encontró para este reportaje, que es la primera parte de un especial sobre trabajo forzoso, que, de ellos, al menos dos compraron equipos de compañías chinas que en Estados Unidos fueron vetadas por representar riesgos de espionaje y que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalan de contribuir a la violación de los derechos humanos de minorías étnicas en China, como la Uyghur, una comunidad musulmana que ha sido torturada y recluida en campos de adoctrinamiento.
En Estados Unidos, desde 2021, ninguna dependencia federal puede comprar equipos de vigilancia masiva con fines de seguridad pública si fueron manufacturadas por marcas chinas como Dahua y Hikvision.
Pero del lado mexicano, Chihuahua y Coahuila adquirieron equipos de estas marcas en 2022 y 2019, respectivamente, a través de intermediarias. Adicionalmente, Empower encontró que Nuevo León compró equipos con capacidad de reconocimiento facial en 2020 a una empresa mexicana que, en sus redes sociales, promueve la venta de productos Hikvision. Empower no pudo confirmar que éste fuera el caso de las cámaras que adquirió ese gobierno dado que en respuesta a solicitudes de información presentadas por Empower desde 2021 para el reportaje “¡Cuidado! Estás siendo observadx: Policías vigilan con tecnologías de reconocimiento facial en México”, el Gobierno de Nuevo León reservó la ficha técnica de la compra y testó el contrato para ocultar las características de las cámaras, argumentando una posible vulnerabilidad informática.
Tal como se explicó en ese reportaje anterior, la recopilación de datos biométricos como el iris de los ojos, huellas dactilares, voz de las personas y rasgos faciales preocupa a defensores de derechos humanos por su potencial uso para perseguir a figuras de oposición y porque alimentan sistemas de reconocimiento facial con sesgos raciales que discriminan.
Las principales proveedoras de estas tecnologías son de origen chino y, actualmente, se utilizan para vigilar y reprimir a minorías étnicas como la Uyghur. En 2018, la ONU estimó que al menos un millón de uyghures habían sido encerrados en campos de adoctrinamiento donde son vigilados por cámaras de reconocimiento facial, torturados y forzados a trabajar.
Según estándares internacionales de derechos humanos, ninguna empresa debería contribuir a este tipo de abusos y tendrían que monitorear el uso que los gobiernos dan a sus productos, dijo en entrevista con Empower Maya Wang, directora adjunta de la división asiática de Human Rights Watch, una organización defensora de derechos humanos.
Para este reportaje actual, Empower realizó 28 solicitudes de información a dependencias en estados y ciudades fronterizas al norte de México, encontrando que, mientras Estados Unidos restringe el uso de estas tecnologías por asuntos de seguridad nacional, en México sí se utilizan.
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), dependencia que publica y actualiza la lista de tecnologías de comunicación restringidas en ese país, no respondió la solicitud de comentario al cierre de esta edición.
CHIHUAHUA USA TECNOLOGÍAS DE EMPRESAS VETADAS EN EE.UU.
En Chihuahua, solamente la ciudad fronteriza de Juárez respondió que su Secretaría de Seguridad Pública Municipal adquirió en mayo de 2022 dispositivos de las marcas Dahua y Hikvision a través de las empresas INT Intelligence and Telecom Technologies México, S.A. de C.V., y Novitech, S.A. de C.V..
Según los contratos públicos DCA/SSPM/161/2022 y DCA/SSPM/162/2022, la primera empresa proveyó e instaló un total de 1,000 cámaras de video vigilancia en 250 puntos de monitoreo inteligente (PMI), mientras que la segunda empresa proveyó servicios complementarios.
La Secretaría contestó a Empower, vía transparencia, que el costo de “los dispositivos” no se puede calcular dado que “dicha adquisición se realizó mediante un proyecto integral”; sin embargo, el primer contrato desglosa la cantidad de 61,310,877 pesos destinados solamente a la compra de cámaras, mientras que el segundo asigna un total de 25,789,479.75 pesos al proveedor.
Al igual que este municipio de Chihuahua, la entidad de Coahuila fue señalada, en 2020, por el medio de comunicación Quinto Elemento Lab, de contar con equipos de videovigilancia biométricos tras haber adquirido 1,300 cámaras de la marca Dahua.
Entre las solicitudes de información más recientes hechas por Empower, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Coahuila, respondió que, en marzo de 2022, lanzó una convocatoria para adquirir 211 nuevas cámaras de vigilancia con capacidad de reconocimiento facial bajo la licitación No. CSPC-LC-05-2022, aunque la dependencia no hizo caso a la expresa solicitud de Empower de proporcionar el contrato. Además, su área de comunicación, al igual que la de Ciudad Juárez, no respondió a distintas solicitudes de entrevista o comentario.
EN BAJA CALIFORNIA LA TECNOLOGÍA NO ESTÁ LISTA Y EN SONORA NIEGAN SU COMPRA
En Baja California, la Secretaría General de Gobierno (SGG) entregó un contrato por 4,416,120 pesos, que fue adjudicado en 2021 a la empresa Coedra, S.A. de C.V. para la adquisición de tecnología con capacidad de reconocimiento facial para la Comisión Estatal de Búsquedas de Personas.
La SGG explicó mediante una solicitud de acceso a la información que se trata de un software que sirve para identificar cadáveres y personas desaparecidas, y otro software que hace un registro de medidas de cráneos humanos, modelados tridimensionales y envejecimiento de fotografías para consultar similitudes con una base de personas desaparecidas. Aunque en ninguno de los casos especificó la marca o el origen de estos programas.
Medios locales, como el Semanario Zeta, señalan que estas adquisiciones no han sido utilizadas o aprovechadas para el fin que presume: identificar a personas desaparecidas. Al respecto, la SGG aseguró a Empower que este software de reconocimiento facial se instaló en enero de 2022 y que, desde entonces, trabaja en alimentar una base de datos que, al último corte, tiene un registro de 1,080 personas.
“Hasta el momento no se han identificado personas, sin embargo, las fotografías podrían generar la identificación en un futuro”, respondió el área de comunicación de esta dependencia estatal.
A Coedra se le envió una solicitud para conocer su catálogo de productos, pero al cierre de esta investigación la empresa no respondió. Esta proveedora del SGG de Baja California también presume ser contratista de los estados fronterizos de Sonora, Nuevo León y Coahuila. Sonora negó a través de transparencia la adquisición de este tipo de equipamientos.
NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS, INFORMACIÓN RESERVADA
Nuevo León reservó su información para no transparentarla. Sin embargo, en 2021, Empower identificó un contrato adjudicado el 21 de diciembre de 2020 a la empresa Geosoft Solutions, S.A. de C.V., para la prestación del servicio de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de una licencia para uso de software para el reconocimiento facial con galería incluida para el sistema de videovigilancia del Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C5) en Nuevo León. El contrato fue de 3,582,723.97 millones de pesos con IVA incluido.
En su sitio web, Geosoft da a conocer que sus equipos de videovigilancia son de la marca Hikvision, vetada en Estados Unidos, pero el representante legal de esta proveedora declinó comentar.
En una solicitud de acceso a la información al Gobierno del Estado de Nuevo León, Empower preguntó por compras de cámaras de vigilancia con capacidad de reconocimiento facial y/o servicios de mantenimiento en los últimos 10 años, pero éste contestó que “no es posible afirmar o negar que se cuenta o no con dicho equipo tecnológico, toda vez que la información solicitada se encuentra reservada bajo el amparo del Acuerdo de Reserva 004- AR/S.E.A.F./2018”.
Este también fue el caso de Tamaulipas, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado se negó a responder si cuenta o no con tecnología de reconocimiento facial dado que el 28 de mayo de 2021 se resolvió como información reservada.
AMENAZAS CONTRA LA SEGURIDAD NACIONAL DE EE.UU. Y VIOLACIONES A DD.HH.
En noviembre de 2022, la FCC de Estados Unidos publicó nuevas reglas para impedir la importación y venta de tecnologías vetadas por riesgos de seguridad nacional, como los equipos y servicios de comunicaciones de las empresas Huawei Technologies, Hangzhou Hikvision Digital Technology y Dahua Technologies, al igual que de cualquier subsidiaria o firma afiliada a estas marcas.
Aunque estas restricciones no son retroactivas y por lo tanto no afectan a las autorizaciones previas, la Comisión aseguró en un comunicado su interés en aplicar acciones contra las autorizaciones ya existentes, dados los riesgos que representan.
“Los fabricantes de equipos electrónicos en China pueden estar comprometidos por las agencias de seguridad chinas. Es posible que accedan de forma remota a los dispositivos y los usen para espionaje”, explicó a Empower Jorge Sebastián Sierra, miembro del Center for Internet Security y colaborador del Border Center for Journalists and Bloggers, donde instruye sobre seguridad digital.
Por ahora, la FCC mantiene un “Programa de reembolso de redes de comunicaciones seguras y fiables” para remover cualquier equipo “inseguro” que haya sido instalado en el país por dependencias federales. También ha revocado permisos de explotación a compañías estatales chinas.
“La FCC se compromete a proteger nuestra seguridad nacional garantizando que no se autorice el uso de equipos de comunicaciones no fiables dentro de nuestras fronteras”, dijo en un comunicado la presidenta de la Comisión, Jessica Rosenworcel.
La Ley de Equipamiento Seguro, aprobada en 2021, da facultades a la FCC para implementar un programa de autorización de equipos de comunicaciones con el fin de proteger la red nacional de Estados Unidos e impedir espionaje por parte de gobiernos como el chino, aunque éste último ha negado en repetidas ocasiones este tipo de acusaciones.
“Desde hace algún tiempo, Estados Unidos ha desplegado su poder estatal para difamar y reprimir a determinadas empresas chinas en un intento de acabar con sus operaciones comerciales normales y legales”, dijo en 2019 el entonces portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Geng Shuang, citado por CNN.
Estas medidas se implementaron en el marco de señalamientos hechos por las últimas dos administraciones federales estadounidenses que han llamado “genocidio” a la situación que vive actualmente la Región Autónoma Uyghur de Xinjiang, por parte del Gobierno chino.
Según el reporte “2020 Country Reports on Human Rights Practices: China (Includes Hong Kong, Macau, and Tibet)” del Departamento de Estado de los Estados Unidos, minorías étnicas y religiosas como la Uyghur han sido víctimas de genocidio y crímenes contra la humanidad, tales como la esterilización forzada, trabajo esclavo, abusos sexuales y encarcelamiento arbitrario en Xinjiang, actos que también han sido denunciados por organismos internacionales como la ONU y organizaciones de la sociedad civil como Human Rights Watch.
“Pienso que los sistemas chinos son particularmente problemáticos porque, a) son muy costeables, b) incitan a la vigilancia masiva y c) esto se relaciona con la de idea del derecho internacional de los derechos humanos que dice que la recolección de datos personales tiene que ser legal, proporcionada y necesaria”, dijo Maya Wang de Human Rights Watch.
Desde 2021, la Ley Uyghur de prevención del trabajo forzado limita en Estados Unidos la importación de productos elaborados total o parcialmente en Xinjiang a menos que los importadores demuestren que no se utilizó mano de obra en situación de trabajo forzoso.
Estas medidas van de la mano con los acuerdos firmados por México, Estados Unidos y Canadá en el T-MEC, donde también se imponen medidas para prevenir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso, sin especificar el origen.
Bajo este tratado, los tres países involucrados tendrían que investigar la cadena de suministro de los productos que importan para corroborar que no se haya utilizado mano de obra forzada. En el caso de Dahua y Hikvision, Empower encontró que ambos tienen vínculos operativos con la provincia de Xinjiang, un dato que por si mismo representa un alto riesgo de trabajo forzoso.
T-MEC, UN TRATADO QUE ABORDA EL TRABAJO FORZOSO
Cinco años después de que se firmó el T-MEC, México puso en marcha un acuerdo propuesto por la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para dar cumplimiento a la cláusula del capítulo laboral del T-MEC que prohíbe la importación de productos hechos total o parcialmente con mano de obra en situación de trabajo forzoso.
El Acuerdo que establece las mercancías cuya importación está sujeta a regulación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que entró en vigor en mayo de 2023, instruye que la STPS revisará las importaciones de oficio, pero también cuando sean denunciadas y cuenten con elementos suficientes para levantar una sospecha de uso de trabajo forzoso. Posteriormente, la STPS pedirá apoyo de los países donde se ubica la empresa señalada para determinar si ésta es responsable o no. En caso de que el país de origen de un producto no tenga convenios con México para esto, el importador tendrá la responsabilidad de demostrar que no se haya utilizado trabajo forzoso en la producción del producto que desea importar.
Tanto Dahua como Hikvision tienen vínculos con Xinjiang, una provincia que por si sola es motivo de suspicacia para autoridades internacionales dada la historia de represión y abusos contra la comunidad Uyghur.
Según un documento del Bureau of Industry and Security de los Estados Unidos, con corte a mayo de 2023, Dahua tiene operaciones en Xinjiang, mientras que Hikvision tiene entre sus accionistas a la empresa Xinjiang Pukang Investment Limited Partnership, que, según un reporte de Hikvision de 2017, tiene, o al menos tuvo, su domicilio en Xinjiang.
Para verificar si éstas utilizan trabajo forzado o no, México entonces solicitaría al país de origen determinar si alguna o ambas firmas recurren a la esclavitud moderna, según el Acuerdo de la SE y STPS.
Pero esta ruta genera conflictos para el abogado laborista, quien también es director de área en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cuauhtémoc Mendoza, quien ve difícil que los países de origen y las empresas señaladas acepten el uso de mano de obra en situación de trabajo forzoso.
“La compañía de este país va a decir “no”, porque en la legislación laboral del país productor no es trabajo forzoso”, dijo el abogado.
La relación entre China y México, en particular, ha sido criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch, la cual publicó en marzo de 2023 una carta dirigida al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para expresar preocupación por la participación de México en lo que la organización llamó esfuerzos para blanquear la persecución sistemática de China contra los Uyghures.
“Esto tiene graves implicaciones para la credibilidad internacional de México en materia de derechos humanos”, dice la carta.
Días después, Ebrard aseguró que México no cambiará su relación con China y que no entrará en una confrontación política ante la carta de HRW.
UNA MEDIDA CON HUECOS EN SU MARCO LEGAL
“¿Cuál es el gran tema que tenemos aquí? Es que el se está sustentando solamente en el T-MEC formalmente no se modificó ninguna legislación de nuestro país”, dijo el abogado Cuauhtémoc Mendoza, especialista en derecho internacional público, laboral, civil, comercio y fiscal.
El experto resaltó que, aunque el Acuerdo firmado por la SE y STPS establece como responsable a la segunda para determinar si un producto haya sido hecho con trabajo forzoso, esta dependencia no tiene facultades para prohibir la importación de productos.
“Las únicas autoridades que pueden prohibir importar son la Secretaría de Economía, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Agencia Nacional de Aduanas Ahí estamos hablando de que puede haber un vicio de legalidad”, agregó Mendoza.
A la STPS se le preguntaron detalles como el presupuesto asignado para estas operaciones y qué departamento será el responsable de aplicarlo, pero al cierre de edición no contestó.
Adicionalmente, el especialista observó que, sin un marco legal robusto, la aplicación del Acuerdo será complicado, pues las empresas podrían llevar sus casos a juicios para impedir que se afecten sus intereses.
“Por otro lado, tampoco se están generando esquemas en los cuales el trabajo forzoso sea erradicado dentro del país y ¿por qué lo digo? Porque en México, hoy por hoy, existen regiones que siguen replicando estos esquemas de trabajo forzoso o trabajo infantil”, criticó Mendoza.
En 2021, la STPS anunció que estaba trabajando en un protocolo para atender este problema, pero ese mismo año, el Gobierno de México eliminó programas sociales que aumentaban el acceso a la educación y reducían el riesgo de trabajo infantil en comunidades marginadas.
La adopción de medidas para erradicar la esclavitud moderna en sus propios países, y no sólo en las cadenas de suministro de las importaciones, también fue acordada en el capítulo laboral del T-MEC, pero éste sigue siendo un tema pendiente que pone en duda la capacidad de respuesta del Estado mexicano.
“Es algo que se tiene que erradicar desde casa. En la clandestinidad e informalidad, México sigue teniendo estos esquemas. Entiendo que nuestra legislación no lo permite, pero en la informalidad sigue existiendo”, dijo Mendoza. “Por otro lado, es necesario perseguir a las empresas que producen este tipo de productos”.
Entre los casos que deberían priorizarse, opinó el especialista, están los de aquellas empresas que se ubican en zonas vulnerables o con riesgos “altos” de trabajo forzoso. Tal es el caso de Dahua y Hikvision que tienen vínculos con Xinjiang sin que esto sea considerado por gobiernos locales y estatales en México cuando realizan sus compras.
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Este contenido fue publicado originalmente por Empower. Acá puedes consultar el original.
