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Por Ricardo Balderas / PODER Latam
En el expediente 917/2017, al que PODER tuvo acceso exclusivo, se narra la historia de cómo una empresa es acusada de filtrar información confidencial de sus pacientes a la congregación de los Legionarios de Cristo, acusada de encubrir al pederasta Marcial Maciel Degollado, con el fin de expulsar a párrocos de la congregación que viven con VIH.
En 2017, el Padre “N” inició una batalla judicial en contra de una de las congregaciones católicas más polémicas de la última década, los Legionarios de Cristo, acusados por el propio Vaticano1 de cometer el delito de pederastia en contra de al menos un centenar de menores de edad. La misma acusación, también señala como presunta responsable a la empresa Médica Sur, S.A.B. de C.V. por presuntamente violar la normativa de protección de datos personales y entregar información clínica a la congregación sin el consentimiento del paciente, motivo por el cual, fue expulsado.
Con dicha demanda, el Padre “N”, pese a los ataques de desprestigio en su contra, pretende preservar su derecho canónico al ejercicio de su oficio y dejar un precedente del derecho religioso para todas las personas sin importar su estatus serológico.
Los hechos en el documento presentados ante el Juez Civil de Primera Instancia de la Ciudad de México comienzan narrando cuando el Padre “N” es internado en el Hospital Médica Sur sin tener conocimiento de que vivía con el Virus de Inmunodeficienca Humana (VIH).
“De forma indebida, sin solicitar consentimiento, y sin avisar, me realizan la prueba de VIH en el internamiento y entregan dicha documentación a personal del hospital y de la congregación”. Los documentos, (por alguna razón que no se aclara en la documentación de la demanda), fueron recibidos y firmados directamente por la sobrina del fundador de los Legionarios de Cristo quien, según se señala, entregó la información del paciente.
Según el afectado, todo ocurre violentando la confidencialidad del paciente y médico, obteniendo pruebas sin consentimiento, lo que ocasiona la expulsión de la Congregación y con ello el daño moral, ya que en la actualidad está impedido para ejercer su profesión católica y con una enfermedad crónica que adquirió en una transfusión 7 años atrás.
En este asunto, la Corte del 1° civil PJCDMX en su acuerdo 917/2017 decidió en el mes de marzo de 2020, que los jueces locales tienen plena competencia para conocer del caso, ya que las asociaciones religiosas habían argumentado que: “la Iglesia no puede ser juzgada por el Poder Judicial”.
Pero, la demanda en cuestión, es mucho más amplia dado que reabre un caso que se creía olvidado: el poder de la asociación Legionarios de Cristo en la política mexicana. Esta información apunta como presuntos responsables a la organización Legionarios de Cristo, A.R.; Eduardo Robles-Gil, en calidad de director general de los Legionarios de Cristo; María del Rocío Murphy Maciel, doctora y médico designada unilateralmente por Medica Sur, S.A.B. de C.V. ; y el Grupo Médica Sur.
Iglesia y poder
Las relaciones entre el poder religioso, el empresarial y el del Estado resultan verdaderamente complejas de asociar. No obstante, un dato dentro de la demanda logra abrir esa ventana. Dentro de la documentación recabada por los jueces, se apunta a que la trabajadora de la empresa Médica Sur (señalada de filtrar información a los Legionarios de Cristo), se trata en realidad de la sobrina de Marcial Maciel Degollado, fundador de dicha congregación quien en diciembre del 2020 fue señalado por los mismos religiosos de haber violentado sexualmente a, por lo menos, 175 menores de edad. Al menos 60 de ellos habrían denunciado las agresiones mientras que Maciel seguía con vida2.
Ese, por lo menos para el Padre “N”, fue el verdadero motivo por el cual le fue asignada, sin su consentimiento, la doctora y presunta familiar del religioso, como médica de cabecera. Según lo reafirma el párroco en la demanda, fue justamente María del Rocío Murphy Maciel quien entregó a los encargados de la congregación las pruebas serológicas del paciente, también sin su consentimiento.
Al respecto, PODER verificó que en efecto, la medica señalada fue la receptora de los estudios médicos a los cuales el demandante no tuvo acceso y solicitó entrevista con Médica Sur para preguntar acerca del porqué de está práctica, pero tampoco se respondió a la solicitud.
Sobre el mismo tema, se dialogó con la primer mujer en la historia de México en ocupar un cargo diocesano y experta en Derechos Humanos, Jaqueline Campbell, quien explica que la historia del Padre “N” resulta más común de lo que se dice.
La también extitular de comunicación social de la diócesis de Saltillo, comenta: “En Saltillo, por lo menos, son 10 los casos en las mismas circunstancias”. El caso más relevante, dice, ocurrió en 2001.
“El padre Juan Ramón tuvo contacto con el VIH y murió, flaquito, flaquitito, no llevaba una vida escandalosa, el contagio fue casi accidental, siguió atendiéndose con el medicamento siendo un cura y, al final de la vida, murió en su casa. Si mal no recuerdo no se llevó el caso a Roma, no se le dio de baja como sacerdote, ni se le retiraron credenciales”.
Respecto al despido, lo que te puedo comentar es que con la baja de credenciales, etcétera, él puede llevar su caso no en su congregación en México, sino en Roma con los dicasterios (término usado para referirse a los jueces dentro de la congregación católica) correspondientes del clero y de la Iglesia.
Campbell también comenta que la iglesia no tiene una postura fija sobre el tema, sin embargo, sí existen antecedentes de otros párrocos que al presentar su caso con los dicasterios y demostrar que poseen una carga viral indetectable (tras someterse al medicamento para tratar el VIH, una persona pude lograr el estatus de indetectabilidad y a pesar de ser portador del virus, éste se vuelve intrasmisible), y de ese modo han logrado conservar sus derechos canónicos.
Una de las empresas más poderosas del sector
A pesar de este caso, la firma Grupo Médica Sur recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en 2016, la autorización para adquirir la compra de Laboratorio Médico Polanco (LMP), Laboratorios Clínicos de Puebla (LCP) y Laboratorios Clínicos de Puebla en Bioequivalencia (LCPB), así como de otras subsidiarias. Con dicha operación, Médica Sur suma un total de 78 centros de atención a pacientes a los 37 ya existentes y dos laboratorios de proceso de muestras, tal como lo indicó la firma en un comunicado de la Bolsa Mexicana de Valores3.
Y mientras el conflicto en tribunales continúa, apareció la pandemia por COVID-19. La firma, al tratarse de una de las de mayor relevancia del sector según el listado de la revista Expansión, logró acomodar por lo menos un contrato, en la modalidad de adjudicación directa, con el Gobierno de San Luis Potosi el día 23 de julio de 2020 y por la cantidad de 43 mil 319 pesos mexicanos por el concepto de “pruebas de anticuerpos COVID”4.
Otro privilegio de la empresa es que, también durante la pandemia, la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Epidemiología (INDRE) en la Secretaría de Salud (SSa), certificó a dichos laboratorios con el reconocimiento para realizar el diagnóstico de COVID-19, con fines de Vigilancia Epidemiológica5.
Dicha certificación permitió al laboratorio acusado de filtrar documentación de sus pacientes, realizar una o más de las pruebas moleculares útiles para el diagnóstico por PCR del virus SARS-CoV-2 en muestra de exudado faríngeo y nasofaríngeo. Estas pruebas han sido evaluadas por el INDRE.
En resumen, a pesar de incurrir en presuntas ilegalidades, las empresas como Médica Sur siguen creciendo y acaparando porciones del mercado.
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**PODER solicitó en repetidas ocasiones una entrevista con el área de comunicación social de la firma Médica Sur con el fin de que expusieran su postura respecto a la demanda, sin embargo, hasta el momento del cierre de esta edición, las personas encargadas del conmutador de la empresa aseguraron que no había personal que pudiera atender dicha solicitud.
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Este reportaje es la primer entrega del especial: “Las empresas de la fe: origen de la financiación z a los grupos antiderechos en México” desarrollado por PODER.
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Los nombres de las víctimas, así como la documentación liberada por este medio de comunicación fueron testados con el objetivo de proteger la identidad de las mismos.
1Los legionarios de cristo admiten 175 caos de pederastia, 60 de Marcial Maciel, su fundador. El mundo.
2 Maciel, quien abuso de decenas, murió impune. Sin embargo (2020).
3 COFECE autoriza a Médica Sur adquirir laboratorios clínicos. Expansión.
4Contrato del gobierno de San Luis Potosi. Gobierno de México (2020)
5Secretaría de Salud (2020). Laboratorios con reconocimiento.
