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La aprobación de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología y Humanidades molestó a un sector de la academia mexicana, que acusa al Estado de eliminar apoyos a la ciencia. Pero, ¿qué dice la reforma? El constitucionalista Federico Anaya nos explica
Por Alejandro Ruiz / Pie de Página
Hace dos años, la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentó un anteproyecto para reformar la Ley general de Ciencia y Tecnología. Un preámbulo de la reforma que se aprobó en el Senado el viernes 28 de abril.
El anteproyecto levantó la molestia desde entonces en un sector de la academia mexicana que resentía los cambios en la dirección general del Conacyt al perder la exclusividad de acceder a becas y estímulos. Las críticas e mantuvieron durante dos años de foros y debates. Ahora, tras la aprobación de la reforma, este mismo sector ha cuestionado que no fue consultado. El principal reclamo es que este nuevo modelo implicará la “desprofesionalización” de la investigación científica, así como la militarización y control absoluto del Estado en el nuevo órgano que sustituirá al Conacyt.
Pero, ¿qué de ciertos tienen estos argumentos? Para responder, en Pie de Página conversamos con el abogado constitucionalista Federico Anaya Gallardo, quien desde un inicio participó en los debates de la ley mientras era abogado general del Instituto Politécnico Nacional.
Conacyt cambia de nombre; el organismo se mantiene
Uno de los mitos más difundidos es que el Conacyt desaparecerá. Esto, sin contextualización, parece augurar un caos, dice Anaya:
“Solamente hay una cosa peor que un abogado formalista, y es los no abogados formalistas. Materialmente, la cosa que hoy llamamos Conacyt, y después la vamos a llamar Conahcyt, es la misma cosa: la misma burocracia, la misma institución. Eso es muy importante en términos sociológicos y burocráticos. No desaparece. Esta idea de que ya no va a haber Conacyt y van a poner ora cosa, no es cierta. Se le va cambiar el nombre y se le van a especificar mejor las funciones que ya venía haciendo. Eso es el objetivo de la ley”.
El objetivo de la nueva ley es evitar la generalidad que tiene Conacyt en la legislación vigente, precisa Anaya. Y, de forma puntual, busca poner un candado legislativo a los cambios que ha impulsado la nueva administración del Conacyt.
Un ejemplo: antes, sólo los profesores con plaza de asignatura en universidades públicas podían acceder al complemento económico del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); desde la llegada de la nueva administración, este beneficio también se ha abierto para profesores con contrato por asignatura.
La reducción de los estímulos a las universidades privadas es otro tema que se ha profundizado durante esta administración. Esto, de acuerdo con el abogado, es lógico: pues estos beneficios están destinados a instituciones públicas para que realicen investigación científica. No están destinados a empresas privadas.
Otro tema es el desplazamiento del sector privado dentro de los órganos de gobierno y consultivos del Consejo. La razón, dice Anaya, está en la poca participación que tenía este sector en la inversión para la investigación científica.
Desde 2018, de acuerdo con la propia exposición de motivos de la ley aprobada, el Estado mexicano comenzó a inyectar mayor presupuesto para este rubro, principalmente destinado a universidades de los estados de la República.
Otro cambio importante con la actual dirección del Conacyt, es la reformulación de su junta de gobierno y su órgano consultivo. De acuerdo con Anaya, estos órganos estaban controlados por la vieja élite académica y tenían una visión profundamente neoliberal.
La nueva junta de gobierno: ¿militarización de la ciencia o apertura a la comunidad?
Tanto el Conacyt, como ahora su sustituto, el Conahcyt, son organismos públicos descentralizados. Esto quiere decir que son entidades públicas que operan con patrimonio propio y autonomía administrativa. También tienen sus propios órganos de gobierno.
En el caso de ambos, su órgano rector es una Junta de Gobierno, compuesta, ahora con la nueva ley, de 23 puestos, de los cuales 15 son funcionarios de gobierno. El resto son representantes de la comunidad académica, de comunidades campesinas, indígenas o sindicales, y del sector privado, o las industrias.
La mayoría de puestos ocupados por representantes del gobierno y la inclusión de la Sedena y la Marina en esta Junta de Gobierno son una de las principales críticas a la iniciativa.
Para el abogado, no es alarmante, sino lógico:
“El Conacyt ya era un órgano descentralizado, y ahora sigue siendo un órgano descentralizado. Todos los órganos descentralizados tienen una Junta de Gobierno. Hay una regla fuerte en las leyes administrativas que dicen que un órgano descentralizado no puede tener jamás en su órgano de gobierno un arreglo de votación donde la administración pública central no tenga la mayoría. Se oye feo, pero tiene bastante sentido. El gobierno no debe tener nunca una estructura de voto en contra. Hay 23 asientos en esa junta de gobierno, de esos 23, 15 son funcionarios públicos. Todos, menos dos, son secretarios de Estado. ¿Quiénes no son? El director general del INPI, y la directora o el director general de Conacyt. Son 15 votos públicos. Luego hay 8 votos que no son públicos. Tienen que ser representantes de la comunidad académica, del sector social y del privado”.
Respecto a la presencia de las fuerzas armadas, Anaya enfatiza que, tanto la Sedena como la Marina, hacen uso (y desarrollan) tecnología de punta, no sólo para la fabricación de armamento (un campo aún en desarrollo), sino también en actividades de protección del espacio aéreo, minería marina, investigación criminal e industria aeroespacial.
Además, dice, otra de las secretarías presentes en la nueva junta de gobierno del Conahcyt es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es decir, la presencia de la Guardia Nacional, la cual, por sus características, también está involucrada en el desarrollo y uso de tecnología, principalmente en tareas de criminalística y criminología.
El abogado plantea el siguiente debate:
“Habría que decir, primero, que es conveniente que dos secretarías que tienen mucha información, y, por otro lado, trabajos en los que requieren tecnología, estén presentes en el lugar, y que estén presentes de manera pública. Recordemos que todas las reuniones de la Junta de Gobierno de todos los organismos descentralizados son públicas. Entonces, es mucho mejor tener sentadas a las dos secretarías militares. Y hay que recordar que, de 23 votos totales que pueda haber en esa Junta de Gobierno, ellos solamente tienen dos votos”.
El problema, admite, es que «en la extrañísima y muy pobre tradición de relaciones cívico-militares mexicanas», las personas civiles no sabemos comportarnos frente a los militares.
«Estamos tan separados, tenemos tan poco conocimiento que, si de repente el General que está ahí sentado dice algo, o si el Almirante opina tal cosa, nadie los contradice, y eso es un problema”, dice.
No obstante, el abogado insiste en un punto fundamental: cambiar la relación de la sociedad civil con las fuerzas armadas y asumir, desde la ciudadanía, las tareas de seguridad nacional.
Hacia una verdadera consultoría
Otro punto que parece opacarse en medio de esta discusión es la presencia de comunidades campesinas, indígenas y sindicales en la Junta de Gobierno: los sectores sociales de acuerdo los artículos 2 25, 26 y 27 de la Constitución.
“Esta nueva ley del Conahcyt dice que el sector social está definido en tales artículos de la Constitución, y es un deber de todas las autoridades de ciencia y tecnología hacer contacto con ellos. Esto claro que es un avance”, señala.
Pero, ¿quién nombra a los 8 puestos restantes para la sociedad y el sector privado? La respuesta: un órgano consultivo, que, de acuerdo con la ley vigente, se llama Foro Científico y Consultivo.
Antes de 2018, explica Anaya, ese espacio (el foro científico) lo ocupó una Asociación Civil con el mismo nombre, reconocida durante la administración de Vicente Fox. Esa misma Asociación estuvo involucrada en tragedias como la de Pasta de Conchos.
“Era una organización privada, una asociación civil privada que el foxismo dijo que era el órgano consultivo del Conacyt. Eso era parte de la privatización del sistema. Con la nueva administración dejaron de ser órgano consultivo. El órgano consultivo tiene que ser un órgano consultivo de a deveras, que no tiene patrimonio propio, que no tiene personalidad jurídica, sino que es un espacio en el que participan comunidades académicas, de todo el país, sector social y sector privado”.
Una nueva institucionalidad
Ahora, explica Anaya, en sustitución de la Asociación Civil, el proceso de selección del órgano consultivo será por regiones en donde se hace investigación científica, donde además de las universidades estatales, estarán integrados representantes de comunidades indígenas, obreras y campesinas, así como el sector privado.
“Dicen que se está expulsando al sector privado del asunto. La iniciativa dice que como durante 20 años el Conacyt neoliberal le dio todas las facilidades a la industria privada para invertir en ciencia y tecnología y no lo hicieron, la decisión de 2018 fue que, como ellos no aportaban, el Estado aportó más, mejoró sus aportaciones, y los encausó a las universidades públicas de los estados”.
Esto, a la vez, trajo un problema con las dos universidades públicas que, hasta ese entonces, ocupaban un lugar preponderante de la educación superior: la UNAM y el IPN. Ahora, ambas instituciones tendrán el mismo trato y relevancia que las universidades estatales.
En conclusión, dice Anaya, esta ley tiene como objetivo potencias la innovación, producción y divulgación científica en comunidades reales, y no en círculos académicos reducidos. También, al centro, pone a la ciencia, la tecnología y las humanidades al servicio de los intereses nacionales.
Para el abogado, la ley será perfectible, pero es un primer paso para renovar una burocracia en la academia mexicana.
“Los priístas y panistas sí se habían acercado a Conacyt a preguntar por qué quería una ley tan detallada y no algo más general. ¿Por qué? Porque lo que quieren es una ley como la que está ahorita, que permite hacer cualquier cosa por la vía administrativa. Eso no es negociable, no podemos aceptar regresar a lo mismo que estamos. Esto que ya empezó a hervir una nueva institucionalidad”.
