Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommmedina
Hace más de quince años dialogaba con Néstor Rodríguez, papá del joven Néstor Alan Rodríguez Licea, muerto injustamente en un contexto de impunidad e influyentismo en el cruce de las avenidas Juárez y Enrique Díaz de León, sobre alguno de los aspectos legales que lamentablemente tenían que enfrentar como familia en aquel entonces.
Me dijo que entendía perfectamente el significado de la verdad legal, la cual provenía de los procedimientos, pruebas y las definiciones de las normas, pero que en el caso de su hijo Néstor y otros más, se requería una “verdad, verdadera”, una que en realidad respondiera a sus necesidades de justicia a una escala de su familia y amigos.
Cito lo anterior a propósito de las recientes exoneraciones del ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal y del doctor Eduardo Mata, entonces director de medicina legal, cuando se tomó la indignante decisión de trasladar en tráileres a centenas de cuerpos.
En este caso, la determinación se realizó porque un Juez de Amparo determinó que la vinculación a proceso del primero de ellos fue contraria a sus derechos humanos y al procedimiento, por lo que la consecuencia fue determinar que no existían suficientes elementos (Reporte Índigo, 27 de abril de 2023)
Pudiera parecer una dinámica natural de una defensa legal ante una acusación por un delito; sin embargo, deja en evidencia la gran debilidad de la Fiscalía Anticorrupción para sostener una acusación, representar de acuerdo con la gravedad de lo ocurrido y buscar mecanismos de reparación.
Optó como en otros casos, por delitos -en este caso el de abuso de autoridad- que en sí mismos, están creados para poner el acento en la protección penal del Estado, pero no de víctimas concretas. De esta manera se hacen invisibles las víctimas, ya que incluso la parte ofendida es “la sociedad”.
¿Quién podrá entonces reclamar justicia o una digna reparación?, ¿quién dará voz a la comunidad afectada?, ¿quién asumirá entonces las responsabilidades?
Los incidentes derivados del juicio no implicarán una exhaustiva revisión de lo que se dejó de realizar por parte de la fiscalía lo que permitirá dejar pasar lo ocurrido; prueba lo anterior es su silencio, lo cual representa una nueva forma de revictimización.
Se trata de un nuevo episodio en Jalisco, en el que las instituciones no cuentan con una escala que alcance para las expectativas y necesidades de la victimización que sufre la sociedad. Al contrario, son factor de reproducción de obstáculos para los mismos fines para las que fueron creadas.
Ante la clausura de del acceso a la justicia ordinario es importante abrir la discusión sobre los de tipo extraordinario; por ejemplo, que las universidades locales, con mayor énfasis en la Universidad de Guadalajara (ya que incluso uno de los señalados pertenece a uno de sus observatorios), establecieran un mecanismo extraordinario de memoria histórica de lo ocurrido, en la cual puedan incorporarse los testimonios incluso de los exonerados para saber por qué ocurrió, las bases que permitieron una toma de decisiones arbitrarias y los posibles responsables.
Determinar el daño que propiciaron a los familiares de las personas que fueron trasladadas en el tráiler, para como sociedad acompañarlos como mínimo en sus necesidades y proponer una ruta de reparación universitariamente.
Incluso pudiera abrirse la posibilidad de presentar un caso conjunto ante las instancias internacionales o mecanismos de derechos humanos, así como crear una agenda de justicia y verdad sobre el asunto.
Necesitamos una “verdad, verdadera” una que responda urgentemente a lo que buscamos.
