Este 27 de abril se cumplió un año del desalojo forzado y sin notificación que padecieron las y los vecinos de la Floresta del Colli en Zapopan, Jalisco; en rueda de prensa denunciaron que el Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Zapopan han hecho caso omiso de sus responsabilidades.
Por Andrés De la Peña / @andres_dlap
“Tumbaron mi puerta con un mazo… golpearon a mi hijo de 14 años”, narró don Arturo al recordar cómo él y sus vecinos fueron desalojados de manera ilegal y con violencia, el 27 de abril de 2022 en la colonia Floresta del Colli, en Zapopan, Jalisco.
Yaneth Abigail, vocera vecinal, también relató lo que ella vivió esa mañana:
“Se llevaban nuestra vida entre los pies, entre los escombros y las máquinas que llegaron. Espero que las autoridades cumplan, que la delegada Katia dé la cara porque ella se comprometió (…) que nos reubiquen y que nos reparen el daño”.
El desalojo forzado que se llevó a cabo el 27 de abril de 2022 contó con la participación de autoridades municipales, estatales y federales. Se dio repentinamente, por la mañana, cuando oficiales de corporaciones de seguridad llegaron, con sus caras y señas de identificación escondidas, a exigir el desalojo, pero no sólo eso también llegaron con maquinaria para derrumbar las casas que se construyeron con años de trabajo y sacrificios.
Para que no se olvide lo que pasó, pero sobre todo para denunciar las promesas incumplidas, las y los vecinos afectados realizaron una rueda de prensa que se celebró en la sede de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara; ahí además de los voceros vecinales, también asistieron Carla Escoffié, la académica especializada en derechos humanos y vivienda que asesora legalmente a los vecinos en un juicio de amparo contra los tres órdenes de gobierno; y Mauricio Magaña, director de TECHO Jalisco, organización que también apoya a esta comunidad en el procedimiento legal.
“En la constitución mexicana se establece que nadie puede ser despojado de su vivienda, su propiedad o sus derechos sin un juicio previo y sin una orden judicial, no importa si una persona está en un asentamiento precario o informal (…) Siempre tiene que haber una notificación previa a la persona y se le tiene que permitir ejercer sus medios de defensa”, explicó la abogada Carla Escoffié.
Katia Meave Ferniza, Delegada Federal de los Programas para el Desarrollo en el Estado de Jalisco es quien ha llevado la relación entre los vecinos y la federación, pues una de las instituciones responsables del desalojo forzado fue la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esto por supuestamente incumplir normas de seguridad en torno de la distancia que tendría que existir entre las viviendas y el cauce del arroyo El Seco.
Quien tampoco ha cumplido su palabra, denunciaron las y los vecinos, es la Secretaría de Bienestar quién prometió reubicarlos, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Vivienda, pero esto no se ha cumplido para ninguna de las 70 familias afectadas.
Otras de las autoridades omisas es el Ayuntamiento de Zapopan, quien después de que sus viviendas fueron demolidas con todas sus pertenencias dentro, ofreció por tiempo limitado cobijo y resguardo a las 70 familias desalojadas en albergues del DIF, también ofreció inscribirlas en programas sociales que el municipio ya operaba, pero todo eso se quedó en promesas.
El municipio también entregó un alimento al día para las personas afectadas durante un mes, pero después de este periodo dejaron a los vecinos a su suerte, diciendo que no podrían hacer nada, que los vecinos eran “paracaidistas”, y que la responsabilidad era de CONAGUA.
En cambio, CONAGUA y el Gobierno de Jalisco no han abierto las puertas a los vecinos, que han intentado entablar el diálogo con estas entidades, pero con poco éxito.
Ante estas negligencias y omisiones de las autoridades responsables, la vocera vecinal Yaneth Abigail tiene bien claras las demandas de las y los vecinos: “Yo exijo que las autoridades se hagan responsables, que nos reubiquen”.
De las 70 familias desalojadas, ninguna recibió la notificación de ley antes del desalojo, además de que muchas tenían títulos de propiedad de peso legal: “no ocupaban sus viviendas de forma ilegal”, como pregonaron y aseguran las autoridades.
Sobre los litigios y amparos que se han realizado contra las autoridades responsables, la abogada Carla Escoffié señaló que estos se mantienen vigentes, pero las respuestas y acciones de las autoridades judiciales han sido pocas y bastante lentas.
Este proceso judicial se está a cargo del Juzgado Decimoctavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, autoridad que recibió, desde el 21 de junio de 2022, la demanda de amparo en contra autoridades de los tres órdenes de gobierno por la violación a sus derechos humanos y la destrucción de sus viviendas.
De la misma manera las y los vecinos interpusieron tres quejas (una individual con folio 2827/22 y dos colectivas con los folios 2884/22 a 2908/22) ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), instancia que la derivó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de ésta tampoco han obtenido respuesta.
Pese a todo este esfuerzo, las y los vecinos siguen sin recibir la justicia que merecen: retorno digno y seguro al lugar donde se ubicaban sus propiedades e indemnización por los daños causados.
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Aquí un video que explica lo que se vivió hace un año en La Floresta del Colli:
