La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó a favor de que la Guardia Nacional continúe realizando labores de control migratorio junto al Instituto Nacional de Migración (INM). Esto pese a tratarse de una medida desproporcional, discriminatoria y racista, como ya lo había determinado la primera sala de esta corte en su sentencia de mayo de 2022.
Con la nueva resolución, señalaron las organizaciones de la sociedad civil, la SCJN “equipara migrar a un delito y a las personas migrantes como delincuentes”, hecho que sólo “fomenta un ambiente de rechazo y criminaliza la búsqueda de mejores condiciones de vida y la necesidad de protección internacional”.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
¿Cómo pueden hoy, las y los ministros, avalar la participación de la Guardia Nacional (GN) en una acción que ellos mismo declararon inconstitucional?, cuestionó a través de un comunicado el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
Y es que, hace apenas un año, en mayo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó como inconstitucionales las revisiones migratorias, por ser una medida discriminatoria y racista, con impactos en la población migrante internacional y también hacia la mexicana, así como, para la población indígena y afrodescendientes.
Sin embargo, el pasado 24 de abril, la Segunda Sala de la SCJN decidió votar a favor de que la Guardia Nacional continúe realizando estas acciones de control migratorio. Lo hizo a través de la ratificación de la constitucionalidad del artículo 9, fracción XXXV, de la Ley de la Guardia Nacional, el cual avala a esta dependencia de seguridad para “inspeccionar los documentos migratorios de personas extranjeras y, en su caso, presentar a quienes se encuentran en situación irregular”, así como, para “apoyar el aseguramiento que realice el Instituto Nacional de Migración y para resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentren”.
El IMUMI junto a diversas organizaciones que defienden los derechos de la población migrante y con necesidades de protección internacional, recuerdan a la SCJN y al Estado mexicano que en 2008 fue despenalizada la migración irregular, dándole la clasificación de falta administrativa y no de un delito, como ahora lo plantea la determinación de la suprema corte:
“no solo se avaló la militarización de la migración y transgredió el derecho internacional, sino que coloca en el mismo nivel a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional y a quienes cometen un delito, criminalizando la migración irregular, además de contribuir, indirectamente, al ambiente de xenofobia que impera en el país” precisó el IMUMI en su comunicado.
Prueba de que la militarización de la seguridad pública “no ha sido la solución”, declaró la organización, son las denuncias por violaciones a derechos humanos que ha cometido el Ejercito y la Guardia Nacional, se contabilizan más de mil 500.
Puntualmente, denunciaron que desde que en 2022 fueron desplegados más de 21 mil elementos de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur de México, lo que sólo se ha traducido en el incremento de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos en contra de esta población, tales como: desapariciones forzadas, secuestros, extorsión, corrupción, discriminación racial y accidentes. Entre las cifras también destacan las más de 600 quejas que fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por diversas violencias cometidas en contra de personas migrantes.
La militarización de la migración vulnera a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, obligándolas, por ejemplo, a “viajar por rutas clandestinas que ponen en riesgo su vida”, así lo ha reconocido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el informe “Bajo la Bota”, precisaron las organizaciones. Ambas posturas dejan en evidencia “las consecuencias de militarizar la migración a través de testimonios y solicitudes de acceso a la información”.
Sin embargo, frente al rechazo manifestado de múltiples maneras por las organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno mexicano sólo ha reafirmado su postura: militarizar la migración, volverla un delito y criminalizar a quienes participan en esta. El ejemplo claro es que “militares y exmilitares han sido colocados en puestos clave dentro del INM”. De acuerdo con sus datos, hasta el cierre de 2021, 19 de las 32 delegaciones estatales del INM estaban bajo el cargo de personal con formación militar. Esto también como “resultado de la gestión de Francisco Garduño al frente del instituto” advirtieron.
Un caso reciente es el del contraalmirante Salvador González Guerrero, quien fungía como jefe de la delegación de Migración en Chihuahua y quien fue aprendido por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 migrantes en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez.
Las organizaciones y personas defensoras, manifiestan que continuarán en la tarea de frenar este tipo de acciones que criminalizan la población migrante y con necesidades de protección internacional do vulnerados, “seguiremos litigando hasta que el poder judicial reconozca que equiparar a la migración con un delito fomenta un ambiente de rechazo y criminaliza la búsqueda de mejores condiciones de vida y la necesidad de protección internacional” finalizaron.
