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Las organizaciones denuncian que las autoridades obstaculizan el derecho de las víctimas a intervenir en el procedimiento penal, a recibir asesoría jurídica y a elegir libremente a sus representantes, en un caso donde están implicados agentes del Estado mexicano.
POR REDACCIÓN DE LA VERDAD
Organizaciones defensoras de migrantes denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, obstruye el derecho de acceso a la justicia de dos de las víctimas del incendio de la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, al rechazar la designación de sus asesores jurídicos y defensores de derechos humanos.
“Niegan representación legal a víctimas y criminalizan a organizaciones”, aseguraron en un comunicado conjunto emitido este 24 de abril por la Fundación para la Justicia (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI), Asylum Access México (AAMX), Uno de Siete Migrando y Dignidad y Justicia en el Camino A.C. FM4 Paso Libre, organizaciones que exigen a la FGR respetar las decisiones de las víctimas y reconocer las designaciones que han efectuado.
Desde el pasado 13 de abril, cuando las designaciones firmadas por las dos víctimas —un sobreviviente y la hija de una de las 40 víctimas fallecidas en el incendio– fueron enviadas a la autoridad, se han enfrentado obstáculos para acompañarlas en su búsqueda de justicia.
El 17 de abril, la agente del Ministerio Público de la FGR negó las designaciones de las organizaciones representadas, efectuadas por las víctimas, señalando que no existe certeza de que se trate de la firma de las víctimas ni de que sus identificaciones sean auténticas, señalaron.
Las organizaciones explicaron que se ha seguido el procedimiento utilizado en otros casos previos.
“Los escritos de designación de representación legal fueron remitidos vía correo electrónico (12 de abril de 2023), lo cual es una práctica empleada anteriormente en múltiples casos que acompañan las organizaciones mencionadas, bajo los principios de buena fe y enfoque diferencial que deben regir al tratarse de víctimas migrantes”, explicaron.
En estos casos previos, agregaron que la FGR únicamente ha requerido la ratificación de las víctimas vía videoconferencia o ni siquiera esto. “La utilización de medios electrónicos está permitido por el Código Nacional de Procedimientos Penales y es parte de lo que se ha intentando echar andar en el Mecanismo de Apoyo Exterior para la Búsqueda e Investigación en casos de personas migrantes, mecanismo que fue creado justo para acercar la justicia a quienes están en otros países”.
Para las organizaciones, la actitud de la Fiscalía en el caso del incendio en la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, donde 40 personas murieron, resulta una violación al derecho de las víctimas a intervenir en el procedimiento penal, a recibir asesoría jurídica y a elegir libremente a sus representantes, particularmente, en un caso donde están implicados agentes del Estado mexicano.
“Negar el acompañamiento legal de las víctimas vulnera sus derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, así como les niega su calidad como sujetos procesales titulares de derechos con la capacidad de tomar decisiones, a la par de criminalizar a las organizaciones defensoras de derechos humanos al sugerir que los documentos entregados pueden ser falsos”, afirmaron.
La FGR pone en duda la autenticidad de los documentos, lo que criminaliza a las víctimas y también la labor de defensa de los derechos humanos, mencionan las organizaciones en el comunicado.
Peor aún, se niegan a recibir documentos en sus instalaciones. “También hemos intentado presentar los nombramientos originales de manera física al personal de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la FGR en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero hasta el momento se han negado a recibirlos”.
De igual manera, han solicitado a la agente del Ministerio Público a cargo de la investigación, que se señale fecha y hora para la entrega de estos documentos, sin que hayamos obtenido una respuesta.
Frente a este panorama, las y los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no han mantenido comunicación con las víctimas que nos designaron como sus representantes. Además, la CNDH ha permanecido en silencio, denunciaron.
Por estas obstaculizaciones, las organizaciones acompañantes presentamos una demanda de amparo, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y solicitamos la intervención de Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y del Órgano Interno de Control. A pesar de que la denuncia fue presentada ante la FGR desde el 29 de marzo y la queja ante CNDH, el 31 del mismo mes, las organizaciones no hemos podido participar en la investigación.
“En casos en los que están implicados agentes del Estado y ante fiscalías que carecen de autonomía, la labor de los órganos de control es fundamental para vigilar que se respeten los derechos humanos, lo cual no ha sucedido”, señalaron.
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Este trabajo fue publicado originalmente en La Verdad que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
