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La defensa del contralmirante Salvador G.G. solicitó enviarlo a una prisión militar para `salvaguardarlo’, pero juez rechazó la petición; MP federal lo acusó legalmente de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público por el incendio en la estación migratoria donde murieron 40 migrantes extranjeros.
POR BLANCA CARMONA / LA VERDAD
Aunque denunció irregularidades en su detención, el contralmirante Salvador G.G., ahora extitular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, no logró evadir la cárcel, el Ministerio Público (MP) de la Federación le formuló cargos legales en su contra por su presunta responsabilidad en la tragedia migrante.
El militar en retiró fue acusado de haber cometido los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público con relación al incendio registrado el 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez que estaba bajo su responsabilidad, hecho que causó la muerte de 40 personas migrantes y lesiones a otras 27.
“Fui detenido en el interior de un restaurante, sin orden de cateo –no es vía pública–. A la hora de mi detención, no se me hicieron de mi conocimiento mis derechos, no me dieron copia de la orden de aprehensión”, alegó Salvador durante la audiencia judicial de este lunes, donde el ahora exfuncionario se observó desaliñado y molesto.
Sin embargo, el juez federal Juan José Chávez Montes le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
Ante la resolución, los abogados defensores del contralmirante pidieron que fuera enviado a un arraigo domiciliario o a una prisión en el campo militar 1-A ubicado en la Ciudad de México
Alegaban que Salvador G.G. pertenece a la Secretaría de la Marina, que es un contralmirante en retiro y consideraron que recluirlo en un penal estatal o federal representaba un riesgo para su integridad debido al trabajo que previamente realizó para las fuerzas armadas del país.
Los alegatos de la defensa fueron desechados por el juez Chávez, quien señaló que el arraigo era improcedente puesto que la salud del militar no está comprometida. Sobre la petición de que fuera enviado a una prisión militar –medida con la que el Ministerio Público dijo estar de acuerdo–, indicó que él no tiene jurisdicción militar ni el juez de Ejecución de Penas, al que también quedará sujeto el contralmirante.
Después de la resolución judicial, uno de los tres abogados que representó al contralmirante –Daniel Álvarez Correa– insistió al juez sobre la necesidad de enviar a Salvador G.G., a una prisión militar; sin embargo, el juez básicamente dijo que lo escuchaba por educación y para conocer sus argumentos, pero puntualizó: “no voy a cambiar de opinión”.
Después le pidió a los defensores entender que se trata de fueros distintos, el militar y el civil.
‘INCUMPLIÓ CON SALVAGUARDAR A MIGRANTES EXTRANJEROS’
La agente del MP le informó al juez federal Juan José Chávez Montes y al contralmirante que se sigue una investigación contra el imputado porque el pasado 27 de marzo él se desempeñaba como servidor público federal, ejerciendo funciones de titular de la oficina de Representación del INM en Chihuahua y, como parte de ese cargo, era garante de la seguridad de las personas migrantes que se hallaban en la estación migratoria ubicada en la calle General Rivas Guillén, junto al puente internacional Reforma-Stanton.
El contralmirante presuntamente incumplió con dirigir y salvaguardar a los migrantes extranjeros que estaban en esa estación provisional tipo B, dijo la fiscal.
Omitió administrar los recursos humanos y materiales de forma eficiente para prestar el servicio en la estación migratoria puesto que los extranjeros, ahora víctimas, no tenían agua potable ni comida ni enseres y estaban encerrados bajo candado.
Lo que provocó que el 27 de marzo, entre las 20:50 y las 21:50 horas, un grupo de personas migrantes se inconformaran, que realizaran una manifestación con flama directa a las colchonetas, acusó la agente del MP.
“Omitió las acciones que tenía como garante… incumplió con protocolos que debían aplicarse en la estancia; no contaba con sistemas de detección de incendio, ni sistemas fijos móviles… no había ventilación adecuada lo que causó la muerte de 40 extranjeros, uno de Colombia, siete de El Salvador, seis de Honduras y 19 de Guatemala”, afirmó la fiscal.
Las víctimas murieron asfixiadas con el monóxido de carbono que se generó al quemarse las colchonetas de vinil.
También resultaron lesionadas cinco personas nacidas en El Salvador, ocho de Honduras, cuatro de Venezuela y 10 de Guatemala. En total 27, dijo la fiscal. Aunque en otra información oficial las autoridades han indicado que los lesionados fueron 25 y también se señaló inicialmente que la cifra de heridos era de 28.
LAS PRUEBA VS EL CONTRALMIRANTE
Los tres agentes del MP a cargo de la audiencia le presentaron al juez federal al menos 46 datos de prueba para acreditar la presunta responsabilidad del contralmirante Salvador G.G.
Entre los datos está el organigrama del INM, donde se documenta que el contralmirante era el titular de la Oficina de Representación en Chihuahua; un oficio de fecha 16 de mayo del 2022 correspondiente al nombramiento que realizó el comisionado del Instituto, Francisco Garduño Yáñez, respecto a Salvador al designarlo como titular en Chihuahua a partir del primero de junio del 2022.
Datos señalan que el contralmirante era un empleado de confianza con número de empleado 639392.
El MP presentó al juez las funciones que Salvador G.G., tenía como titular de la Oficina de Representación, que eran custodiar y salvaguardar a los extranjeros; y coordinar los recursos humanos y financieros para un eficiente servicio.
Así como asegurarse que se diera cumplimiento a los derechos humanos de los migrantes a fin de que se cumpliera con los tratados internacionales signados por México; sustanciar procedimientos migratorios; y coordinar la aplicación de lineamientos y políticas para trámites migratorios, entre otras.
La representación social de la Federación dijo que existía un plan de contingencia y una unidad de Protección Civil interna en el INM de Chihuahua, que era responsabilidad del militar Salvador.
El plan de contingencia establece protocolos a seguir en caso de incendios y otras calamidades, las acciones que deberían haberse realizado para evitar este tipo de incidentes, la instrucción de capacitar al personal, un programa de mantenimiento preventivo a todas las instalaciones del INM, y contar con bombas, mangueras, extintores y alarmas contra incendios.
Respecto a la creación de la Unidad de Protección Civil existe un acta.
“El acta establece que Salvador G.G., es responsable del inmueble, de la integridad física de las personas alojadas y del personal”, afirmó la fiscal.
Sin embargo, en la estación migratoria había solo cuatro extintores, pero fuera del área de detención. Además, dos estaban obstruidos por diversos objetos; uno colocado a una altura superior a la marcada por la norma, es decir inalcanzable; y otro sin la capacidad para apagar un fuego o fuera de servicio.
Había siete detectores de humo fuera de servicio; no existía un sistema contra incendios, ni ventilación en el área de alojamiento varonil donde ocurrió el incendio.
En un dictamen en materia de seguridad industrial se concluyó que la estación migratoria no cumplía con la NOM 02/STPS/2010, es decir, no existían las condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios y se omitieron los protocolos que regulan las medidas en caso de incendio.
Por lo que se consideró que el contralmirante incumplió con sus obligaciones.
En un dictamen de ingeniería civil y arquitectura se estableció que los daños al edificio del INM ascienden a un millón 628 mil pesos.
CORRUPCIÓN, VENTA DE CIGARROS Y USO DE MARIGUANA EN LA ESTANCIA, SURGE EN AUDIENCIA
En esta audiencia se dieron a conocer varias irregularidades detectadas en la estancia migratoria del INM, como el cobro de cuotas por parte de agentes ferales migratorios y guardias de seguridad de la empresa CAMSA a personas migrantes para otorgar la libertad, y la venta de cigarros, así como el uso de mariguana en la estación migratoria.
Uno de los sobrevivientes señaló ante las autoridades investigadores que él fue asegurado por personal del INM el 24 de marzo y para salir les pedían mil dólares para los agentes migratorios y su jefe, además refirió que los guardias de la compañía CAMSA eran los intermediarios.
El mismo testigo dijo que el personal del INM y los guardias les decían que “nadie les había dicho que vinieran a México, que eso les pasaba por venir al territorio”. Precisó que en la estación migratoria no comían bien, no tenían agua potable y hacía demasiado calor.
También declaró que el 27 de marzo unos 25 venezolanos fueron llevados a la estación migratoria y algunos de ellos les quitaron la comida y se metieron al baño a fumar tabaco con el encendedor y los cigarros que los guardias les vendieron.
Los venezolanos, narró el testigo, se empezaron a manifestar por las condiciones de hacinamiento que existían en la estación migratoria, por la falta de agua potable, de comida y de papel sanitario y les pidieron a los migrantes de otras nacionalidades que se unieran a la manifestación. Después rompieron los cables de las cámaras de seguridad y prendieron fueron a las colchonetas.
“Él le comentó al guardia que les abrieran, los tenían con candado. No hizo caso el guardia, salió corriendo”, dijo la fiscal al citar a ese testigo.
Otra de las víctimas y sobreviviente, nacional de Honduras, contó que fue asegurado el 26 de marzo y llevado a la estación migratoria que se incendió, donde un guardia de seguridad pelón le pidió mil dólares a él y a otras de las personas detenidas, y quienes pagaron salieron el mismo día.
Ese testigo también dijo haber observado que, en la estación migratoria, en el área varonil, algunas personas fumaron mariguana y tabaco; haber visto que personas de Venezuela alteraron el orden, los retaron a participar en una manifestación y que todo pasó en presencia de los guardias de seguridad de CAMSA.
Un testigo más denunció que fue detenido en el muro fronterizo que limita a Ciudad Juárez, Chihuahua con Estados Unidos, cuando él y unas 15 personas más iban a cruzar la línea divisoria y dijo que fue llevado a la estación provisional del INM donde un hombre pelón y gordo les pidió a los de Guatemala y El Salvador mil dólares para “arreglar las cosas y que no les quitaran sus documentos”.
El mismo testigo refirió que vio a unos venezolanos fumando en el baño.
El Ministerio Público y la Policía Ministerial Investigadora le tomaron declaraciones y entrevistas a unas 15 mujeres migrantes que estaban detenidas en la estación migratoria el día del incendio y a varios hombres que sobrevivieron, ellos señalaron haber escuchado que los extranjeros atrapados pidieron ayuda a gritos y expresaron plegarias sin recibir ayuda de los guardias ni del personal del INM.
“Gritaban por ayuda, no les ayudaron. Vieron como se quemaban. La víctima se fue al baño para sacar agua, pero no era suficiente, las rejas tenían candado. La víctima mojó una ropa… pero no pudo seguir, se desmayó. Cuando lo sacaron vio al que inició el fuego”, narró la fiscal al citar la declaración de un salvadoreño que estuvo internado en el Hospital 35 del IMSS y quien fue detenido el 23 de marzo en el muro fronterizo.
De la declaración del jefe de la compañía de seguridad CAMSA, Omar Indelesio P.M., se desprende que el día del incendio, el contralmirante se acercó a él para preguntarle por qué no habían roto los candados y este le respondió que no había ningún objeto para hacerlo.
Además, Omar Indelesio confirmó las condiciones de hacinamiento que había en la estación migratoria y la falta de solución por parte de los funcionarios del INM, pues fueron los guardias quienes les indicaron a los agentes migratorios las inconformidades y trataron de conseguir agua y papel sanitario para los migrantes sin que ningún funcionario diera respuesta, salvo enviarlos a llenar los garrafones de la llave aunque otra funcionaria les dijo que no lo hicieran porque el agua no estaba en condiciones de ser consumida.
Agentes investigadores regresaron a la estación migratoria en busca de indicios, localizaron un llavero con dos llaves, una cajetilla de cigarros de la marca Palma y varias colillas de cigarros.
LO ENVÍAN AL CERESO
Tras la resolución del juez, Salvador G.G. fue enviado al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 en la ciudad.
El juez dijo que daría instrucciones a los directivos del Cereso 3 para que proporcionaran los medicamentos necesarios al contralmirante y le brindaran seguridad en función de su calidad especifica.
La audiencia de vinculación o no a proceso del contralmirante quedó programada para el próximo viernes 21 de abril a las 10 de la mañana.
Con la detención de Salvador G.G., son ya nueve personas las sujetas a proceso penal como presuntos responsables del incendio, siete de ellos son funcionarios del INM en el estado de Chihuahua.
Los primeros arrestados fueron los agentes federales migratorios Rodolfo C. de la T. y Gloria Liliana R. G; así como Daniel G.Y., representante local Noroeste del INM (subdirector). También el guardia seguridad privada Alan Omar P.V., y el migrante de Venezuela, Jeison D. C.R. Todos fueron vinculados a proceso penal por los delitos de homicidio y lesiones.
Los segundos arrestados fueron Eduardo A. M., jefe de Recursos Materiales del INM; Juan Carlos M. C., coordinador del Grupo Beta Protección Migrante; y Cecilia R. T., agente migratorio. Ellos tendrán audiencia este martes 18 de abril, para que se determine si son o no vinculados a proceso penal.
Los días 20 y 21 de abril tendrán la primera audiencia Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación del instituto y Francisco Garduño Yáñez, comisionado Nacional del INM. A diferencia del resto de las personas, ellos no fueron detenidos y deberán comparecer de forma voluntaria.
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Este trabajo fue publicado originalmente en La Verdad, Ciudad Juárez que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
