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Para la construcción a 15 años de Zitara Ciudad Residencial & Golf en Aguascalientes, los desarrolladores buscarán privatizar el arroyo “Las Víboras”. Además de que le falta información, el documento presentado por la empresa, dicen especialistas, es tendencioso.
Texto: Mónica Cerbón / Pop Lab
Imagen: Especial vía Pop Lab
La posibilidad de privatizar el arroyo “Las Víboras” para incorporarlo a un campo de golf, información tendenciosa y falta de datos comprobables, son parte de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentado por Grupo Plusvalterra para la construcción del complejo habitacional Zitara, Ciudad Residencial & Golf en Aguascalientes, obtenido por PopLab vía transparencia.
Para las y los especialistas consultados, el documento de 106 páginas parece haber sido realizado por estudiantes de universidad y no por especialistas con experiencia. La construcción de la ciudad residencial afectará al ecosistema que rodea al emblemático Cerro del Muerto, monumento histórico de Aguascalientes situado a 1.6 kilómetros del terreno en donde se pretende construir el complejo residencial.
Solamente para su construcción se requerirán, señala el estudio, más de 170 millones de litros de agua, de los cuales 124, dicen, será tratada. Eso es equivalente a llenar 124 pipas de mil litros de agua para el riego de parques y espacios públicos, y el resto es equivalente a lo necesario para dotar durante un mes de agua potable a 70 viviendas con un tinaco de 750 litros.
Además, alrededor de 86 diferentes tipos de animales que viven en esa zona serán “ahuyentados” por brigadas de personas integrantes del proyecto, afirma el estudio.
Y pese a que la Ley lo establece como uno de los requisitos, el estudio presentado por la empresa a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, no contiene el nombre de la empresa o consultora ambiental que lo realizó, por lo tanto tampoco sus datos de contacto o información para comprobar que cuenta con las acreditaciones necesarias.
Por otro lado, la recién creada Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo reservó el resto de la información contenida en el expediente del proyecto –que recibió el 13 de enero de este año–, argumentando que se encuentra en estudio…pero confirmó que no cuenta con información –ni existe autorización para construir– de los condominios Itzá y Cuzamá, cuyos lotes ya han comenzado a venderse.
Sobre el tema, PopLab informó que al vender sin tener la autorización para construir, Grupo Plusvalterra estaría cometiendo el delito de fraude.
Un arroyo privatizado
En las inmediaciones de los terrenos en donde se pretende construir la ciudad residencial Zitara está ubicado el arroyo “Las Víboras”, que indica el estudio, lleva el agua de lluvias hasta el Río San Pedro. Grupo Plusvalterra pretende incorporar ese arroyo “como parte del diseño del campo de Golf”, es decir, privatizarlo para el uso exclusivo de los compradores, con las afectaciones ambientales que ocasionará modificar el cauce.
De requerirse, “se adecuará la estructura del cauce con la finalidad de conducir de forma adecuada las escorrentías de agua proyectadas, previa autorización de la CONAGUA”, detalla el documento.
Esa modificación, dice Ethel Martínez, bióloga e investigadora integrante de la organización Salvemos La Pona, afectará de por vida a los suelos de roca montañosa que se encuentran en la zona, sin posibilidad de mitigar el daño. Pero lo más importante: el agua dejará de correr…o podría ser utilizada para el riego del campo de golf y/o para el uso exclusivo del condominio.
“El suelo montañoso no se puede desviar con tanta facilidad, tendrían que meter una retroexcavadora para encauzar el arroyo, lo veo muy inviable, es muy costoso y es muy alto el impacto ambiental. Va a causar una erosión permanente en el suelo, ahí hay roca madre y la van a modificar de por vida, el agujero que quieren hacer será de por vida, no hay forma de mitigar ese daño. Además ese espacio, que sería privado, se quedará con el agua de ese arroyo, que no circulará hacia la presa del Niágara o no va bajar hasta los campos de riego, o lo más importante, no va a regresar al ecosistema, así de sencillo”, explica.
Guadalupe Castorena, vicepresidenta del Colegio de Biólogos e integrante de la organización Movimiento Ambiental, coincide, y agrega que el arroyo es un área prioritaria para la conservación, y que habrá afectación para la fauna que vive de él que no fue tomada en cuenta en el estudio.
“Cualquier otro cuerpo de agua que esté por ahí también es un área prioritaria para la conservación. ¿Cómo que modificarlo para el campo de golf no va a causar impacto?”. Y agrega: “Hay especies que no tomamos en cuenta, en este caso los anfibios y los reptiles, y muchas otras especies que son menos visibles o que no les importan, como los invertebrados”.
Ambas especialistas consideran que la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por la empresa no es profesional, no cuenta con la información necesaria para medir los efectos ambientales y no contiene datos sobre el impacto a largo plazo en el ecosistema, fundamental para medir la afectación al medio ambiente del estado.
El propio estudio lo afirma, aunque privilegia la inversión y el desarrollo económico por encima de las afectaciones ambientales.
“Los efectos positivos de la actividad se reflejan exclusivamente en aspectos socioeconómicos, con el consecuente deterioro de las propiedades físico-biológicas del sitio”, indica el documento.
El proyecto se desarrollaría en cinco etapas durante un periodo de entre 12 y 15 años y está orientado hacia la generación de una “comunidad planeada”. La primera etapa concluiría en enero de 2025 y la construcción total hasta abril de 2035. Los desarrolladores planean que ahí vivan un máximo de 7 mil habitantes.
Y aunque la publicidad del proyecto promete “amplias áreas verdes”, del total de la “ciudad residencial”, que son poco más de 190 hectáreas, menos del 4% corresponde a zonas con potencial ecológico, y se estima solo un 2.1% de área de donación al estado, mientras que en alrededor del 60% del terreno se pretende construir vialidades y conjuntos habitacionales y comerciales.
Las afectaciones
Aunque con deficiencias, el estudio determina que la construcción de la ciudad residencial Zitara tendrá diversas afectaciones ambientales, como la pérdida de fertilidad del suelo y la modificación en la disponibilidad del agua al impactar los patrones naturales, causando mayor velocidad de escurrimiento (es decir, posibilidad de inundaciones en terrenos cercanos) y la disminución de la infiltración del agua al acuífero, por lo que habrá menor recarga. También, añaden, habrá un impacto en la calidad del agua.
“Una de las afectaciones es que van a quitar tierra fértil, que ayuda a la infiltración del agua. Con el estrés hídrico que tenemos en Aguascalientes quitar suelo que te ayude a infiltrar agua es un lujo, no lo deberíamos de permitir. Hacer un campo de golf es irrisorio para nuestro estado”, dice Guadalupe Castorena.
A mediados de marzo, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, se posicionó respecto de la justicia hídrica, para la que dijo, hay esfuerzos “insuficientes”.
“En cada decisión judicial, hagamos valer el interés público implícito en el uso sustentable, la conservación y la restauración de los recursos hídricos por encima de intereses privados, o de cualquier otro interés contrario al bien mayor de los derechos colectivos y de la naturaleza que dependen del agua segura y suficiente, con un enfoque de justicia intergeneracional, además de reconocer la función ecológica que debe cumplir el uso de la propiedad cuando adjudicamos casos en donde se requiere imponer modalidades al uso de suelo y otros recursos para defender la integridad de los recursos públicos y, cuando sea necesario, obligar a la restauración”, dijo.
Otras de las afectaciones de la construcción de Zitara son la disminución del hábitat de la fauna silvestre local, pues afirman que habrá brigadas para “ahuyentar” a los animales que viven en la zona, que son, al menos, 6 especies de anfibios, 16 de reptiles, 47 de aves y 17 de mamíferos. En la lista se encuentran diversas especies de sapos y ranas, así como culebras, lechuzas, colibríes, pájaros carpinteros, tlacuaches, murciélagos, coyotes y la zorra gris, entre otros.
También se efectuará un deterioro del paisaje natural y su reemplazo por uno artificial.
“El desarrollo habitacional afecta de manera completa las características actuales del paisaje, ya que se perderán las características actuales del predio al modificar la topografía del predio y al construir vivienda, por lo que se creará un paisaje artificial”, señala el documento.
Por otro lado, asegura que habrá un mejoramiento de la economía regional y la generación de empleos, por una inversión estimada en millones de dólares.
“No hay una justificación social para construir ese proyecto, aunque lo quieran justificar con el desarrollo económico, como si inversión significara desarrollo, sin ningún matiz, sin cuestionar la justificación de un proyecto que se ve claramente que va destinado a un sector pudiente de la sociedad, ya sea de aquí o que pueda migrar. Para nada se justifica socialmente”, explica Oscar de la Torre, catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y especialista en derecho agrario.
El abogado encontró deficiencias en las leyes que se citan en el documento, con errores en lo que señalan diversos artículos relacionados con la evaluación del impacto ambiental y sus efectos.
Por Ley, de aprobar el proyecto de construcción de Zitara, las autoridades de gobierno deberán hacerlo público. Y de acuerdo con la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, si alguna persona lo solicitara, deberá realizarse una consulta pública para discutir la viabilidad de la “ciudad residencial”.
La Manifestación de Impacto Ambiental puede consultarse aquí.
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Este trabajo fue realizado por POPLAB, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leerla.
