Con un uso excesivo de la fuerza pública, autoridades de Zapopan buscaron desalojar a pobladores de Lomas de Tesistán esto con la justificación de que se encontraban de manera irregular sobre estos terrenos; sin embargo, familias y vecinos del lugar aseguran ser legítimos propietarios y que las excusas con las que buscan despojarlos de sus viviendas están sustentadas en diversos juicios que se han dado de manera irregular.
Texto e imágenes por Andrés de la Peña /@andres_dlap
El 13 de marzo, según relata la señora Yolanda, su casa se rodeó de policías: “Llegaron directamente a mi casa y me dijeron que saliera”. Ella vive en el predio al final de la calle Libertad en Lomas de Tesistán, el mismo que la policía municipal de Zapopan intentó desalojar por la fuerza el pasado 31 de marzo.
“Te voy a dar wey, hazte para allá” se escucha decir a un agente de seguridad y antimotines del @ZapopanGob, mientras otros amenazan con toletes y escudos a familias de la colonia Losmas de Tesistán en Zapopan, durante un intento de desalojo forzado este viernes por la mañana. pic.twitter.com/QgHVY5q6nJ
— ZonaDocs (@ZonaDocs) March 31, 2023
En aquella ocasión, con los policías de la Fiscalía del Estado de Jalisco, se encontraba el señor Jaime Eduardo Pech Salcedo, quien busca expulsar a más de 70 familias y alrededor de 270 personas de este terreno. Yolanda le pidió una escritura, que no mostró. “Estos terrenos son míos, señora”, fue lo que él le dijo a Yolanda, mencionando que los había comprado de otro hombre, Salvador Orozco, quien murió hace tres años.
Según el recuento de la señora Yolanda, Eduardo Pech primero dijo que venía por 7 hectáreas, luego por 21 hectáreas, luego 42 y terminando por decir “todo lo que ustedes ven aquí es mío”. Aunque puede parecer inverosímil, otro vecino, más adelante, mencionó que los Fiscales que los intentaron desalojar el 31 de marzo también querían hacer un peritaje para saber con exactitud qué medidas tiene el terreno que supuestamente se le arrebató al señor Eduardo Pech.
“Estas tierras las donaron”, explicó Yolanda a ZonaDocs. Otra mujer más sumó: “las dieron para las familias que no tenían dónde vivir, que son parte de la comunidad indígena de Tesistán”. Según los habitantes, el terreno era propiedad del señor Francisco Orozco, padre de Salvador Orozco; su familia, en la versión de los habitantes, donó los terrenos a la comunidad indígena de Tesistán.
“Yo cumplí 13 años viviendo aquí el 26 de marzo”, dice una vecina; dos mujeres más llevan 14 años viviendo en el predio. Un hombre añade: “nosotros llevamos desde el 2010”.
Yolanda buscó en su camioneta y mostró una hoja de papel de 2010 que hace referencia a la posesión del terreno por parte de los habitantes desde 2008, firmada por Mateo Orozco.
“Entre los hermanos, cuando todos murieron, quedó Salvador Orozco. No le firmaron ninguna escritura. Queda todavía una nuera de los hermanos y los nietos de Francisco Orozco que pueden atestiguar que nunca le firmaron nada”.
Como fundamento para el desalojo de esas más de 70 familias, aquel 13 de marzo la Fiscalía mostró un auto de ejecución de sentencia, por un proceso donde Pech demandó a Mateo Orozco en 2011, quien no tiene posesión sobre los terrenos y lleva años sin pisar la colonia ni comunicarse con los vecinos.
Documentos donde el Juez Primero de Ejecución Penal del Primer Distrito Judicial, Miguel Ángel Ruiz Palacios, retoma el expediente 611/2011-B y ordena el desalojo de los vecinos el 13 y el 31 de marzo.
El juicio al que refiere el auto de ejecución tiene el expediente 611/2011-B, se inició en 2011 y concluyó el 29 de agosto de 2014, cuando el Juez Décimo Sexto de lo Penal del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco ordenó la restitución. Sin embargo, el 23 de febrero de este año, Miguel Ángel Ruiz Palacios, Juez Primero de Ejecución Penal del Primer Distrito Judicial, revivió el proceso y citó a Mateo Orozco. Sin la presencia de este último, ordenó que se entregaran los terrenos a Pech.
El proceso está plagado de inconsistencias y problemas como éste, y los vecinos siguen exigiendo que se les muestre alguna documentación de propiedad como la que ellos ya tienen. Igualmente, el Código Civil Federal, en su artículo 1152, establece que la propiedad de una persona sobre un inmueble prescribe en cinco años cuando otro lo ocupa “con buena fe, pacífica, continua y públicamente” y en diez años cuando hubo una ocupación de mala fe.
Pero más allá de la tramitología y los enredos legales, los vecinos reclaman algo mucho más fundamental: que sería injusto expulsarlos tras más de una década viviendo en el sitio, habiendo construído ahí casas, una capilla e, incluso, con deslinde de predios y los inicios de una red eléctrica que solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad. Más allá de eso, reclaman la desproporción del daño que las autoridades están dispuestas a desatar sobre ellos.
“Habemos muchos viejitos. No tenemos a dónde irnos. ¿A dónde nos va a mandar?” dice Yolanda; “No tenemos dinero para competir con ellos por el dinero, pero somos seres humanos”, añade, y además declara: “hay mucho enfermo aquí, enfermos por lo que pasó, que no han salido de sus pobres casas”.
La comunidad se nota furiosa, pero también lastimada por la reciente confrontación.
El día del desalojo
Aún así, y contra todo sentido, el 31 de marzo a las 8:00 de la mañana llegaron cuatro unidades de la Policía Municipal de Zapopan, con equipo antimotín y toletes, a expulsar por la fuerza a los habitantes.
“Mandaron a la Fiscalía primero, nos anduvieron cuidando. Luego vino Pech en una camioneta particular. Entró primero a buscarnos, traía hasta dos coronas de difuntos atrás en la camioneta”, relataron Yolanda y otro vecino.
En retrospectiva, lo tomaron como una amenaza velada de lo que ocurriría después después.
“En esos diez minutos llegan todos los oficiales”. Se armó la refriega en el portón del terreno. Aunque en algunos canales se difundió que no hubo heridos, y que la policía se retiró voluntariamente tras un alegato de derecho, lo que relatan los vecinos es muy diferente: una mujer recibió un golpe en la cara, un adulto mayor quedó con la mano herida, a un jóven lo golpearon en la pierna, entre muchos otros moretones y golpes.
“Traigo órdenes de desalojar” fue de las últimas frases que aún se intercambiaron cordialmente entre los policías y los vecinos. En el sitio también había personas sin uniforme policial que intentaron derribar la valla y el portón. En esa escaramuza de 60 personas contra 10 policías y un grupo sin identificar fue que los habitantes trabaron la puerta y la detuvieron a toda costa.
El joven que resultó lesionado de la pierna contó: “los que se pusieron más agresivos fueron los civiles. Luego luego fueron a tirar golpes”. Para cuando se volvió imposible el desalojo, la fuerza pública se replegó, dejando en claro que volvería con refuerzos otro día.
Desde entonces, los vecinos se encuentran pertrechados en el predio, reforzando la valla con llantas, lámina, tablones y piedras, incluso con automóviles estacionados. El portón, a través del cual los oficiales zapopanos pincharon a los vecinos con la punta de sus macanas, ahora tiene malla metálica amarrada encima como defensa.
Lo que deja en claro la veintena de vecinos que concedió entrevista a ZonaDocs es que temen por el futuro de sus viviendas, pero que no están dispuestos a dejarlas ir ni por las buenas ni por las malas. No solamente se asisten en el derecho agrario con el cual, según ellos, se les concedió la posesión; también apelan al respeto de su derecho civil como habitantes pacíficos y continuos y a su derecho humano a la vivienda.
