Norma Lizbeth Ramos era una adolescente de 14 años quien murió el 13 de marzo, luego de ser agredida físicamente por una compañera de la Escuela Secundaria Oficial 0518 en Teotihuacán, Estado de México, el 21 de febrero de 2023. La joven era víctima de bullying, estos abusos fueron denunciados más de una vez a autoridades escolares, pero no se hizo nada al respecto.
El garantizar y preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes es una tarea que atraviesa no sólo a las madres y padres de familia, sino también a las instituciones, al Estado y a la sociedad.
Por Alondra Angel Rodriguez / @alondriixs
Lo ocurrido a Norma no es un caso aislado, pues según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2 de cada 1,000 niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años en el país fueron víctimas de violencia física escolar en México durante 2021 (una de cada mil mujeres y dos de cada mil hombres).
“El acoso escolar es una realidad no sólo en México, sino mundial y está directamente vinculada a la normalización de la violencia que generalmente se da en las pautas de crianza tradicional”, comenta Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
El activista en pro de los derechos de las infancias comenta que la violencia es algo latente dentro de la sociedad porque desde la mirada adultocéntrica siempre se educa con un rol de mayor fuerza, ya que en gran medida se busca la validación, esto es un gran peligro que las niñas y niños que se ven relacionados con entornos violentos, pues están en un momento en el que todas y todos van construyendo su identidad personal, sus formas de socialización.
Dentro de esta problemática debe comprenderse que las infancias que fungen como violentadores no lo hacen por mero gusto, sino que son comportamientos que en una gran mayoría son aprendidos de los entornos familiares donde las infancias crecen; es decir, reproducen muchas veces la violencia que viven.
“No tenemos que olvidar que ninguna niña o niño nace violento, ni ejerce violencia desde que nace, sino que precisamente es la socialización, su ambiente familiar, el ambiente educativo, la comunidad educativa y las comunidades o los barrios donde se van incorporando estos códigos de bienvenida”.
Ante estos comportamientos sólo se profundiza la posición de aislamiento y violencia que responde a esta violencia institucional, donde la niña o el niño necesita ser protegido o protegida para ayudarle a resignificar su lugar dentro de un entorno.
Para Juan Martín Pérez, la normalización de la violencia se naturaliza a partir de lo cotidiano, en las dinámicas familiares y escolares, pero también en los consumos culturales que normalizan y exaltan la violencia o del agresor o agresora, lo que permite que se considere como algo normal y donde, incluso, a quien se ejerce la agresión, se le da una forma de reconocimiento de fuerza o de validación.
Dentro de todo esto, el experto destaca que parte del desafío es lograr que las personas adultas cambien la forma en la que enfrentamos el acoso: “no con violencia, sino como lo define y lo sustenta la experiencia internacional a partir de la cultura de paz y la resolución no violenta de conflictos”.
Así mismo, el integrante de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe señala que entre los desafíos que se tienen para lograr esta cultura de paz y la construcción de otras formas de ciudadanía, es que las niñas y los niños aprendan a vivir con la diferencia.
De acuerdo a datos de la UNESCO, las causas de acoso escolar son cinco: Apariencia, condición económica, raza, orientación sexual y discapacidad. Es por ello que las instituciones el Estado y la familia necesitan educar en derechos humanos, y el mundo adulto necesita dar el ejemplo.
Es de aquí donde se deriva la apuesta por un dialogo intergeneracional, pues las generaciones que crecieron con la violencia deben encontrarse con las nuevas generaciones que han crecido escuchando sus derechos y creando movimientos sociales que no permiten ningún tipo de violencia; este diálogo, precisa el experto, podría ayudar a que “el acoso salga de las escuelas, no de una manera mágica, sino con trabajo, esfuerzo y dedicación como se lleva ya bastante tiempo trabajando”.
Para esto se necesita además de una ayuda institucional que haga valer y cumplir el Artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes donde se establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho, entre otras cosas, a “una educación de calidad basada en un enfoque de derechos humanos que garantice el respeto a su dignidad humana y que fortalezca el respeto a los derechos humanos”.
En conjunto al cumplimiento de estas leyes, Juan Martín Pérez preciso que es necesaria la participación activa de las niñas, niños y adolescentes y sus familias, pues son las infancias las únicas que son capaces de poder resolver estos temas.
“No es una solución que se va a imponer desde el mundo adulto, con castigos o nuevas sanciones, eso no sirve ya lo hemos probado. Lo que funciona es la participación de niñas, niños y adolescentes, que puedan conversar de estos temas y aprender a encontrar alternativas”.
Así mismo explica que se debe de tomar en cuenta que el acoso escolar se encuentra de múltiples formas y que las niñas y los niños no son los únicos que ejercen violencia. La violencia sexual es real y se encuentra también presente en el ambiente escolar, pues 50 personas de entre 1 y 17 años fueron atendidas en hospitales del país por violencia sexual en escuelas, conforme a la ENSANUT; en este encuesta también se señala que el 72% de las víctimas eran mujeres y 28% hombres.
Por otro lado, la mitad de las víctimas eran adolescentes de entre 12 y 17 años (54%), mientras una cuarta parte tenía entre 6 y 11 años (24%) y una quinta parte eran niñas y niños de 1 a 5 años (22%).
Por ello, es realmente necesario que se apoye y se tome en cuenta las denuncias que las infancias hacen, tal y como lo ocurrió el pasado 8 de marzo con niñas y adolescentes que expusieron los abusos y violencias a los cuales se ven enfrentadas en sus propias escuelas.
Sin embargo, este apoyo no se ve aún, pues se dieron múltiples registros de represión de estas manifestaciones, siendo un incumplimiento de la LGDNNA en su Art. 59, que señala que: “ las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas ”.
Si bien, existen tanto leyes generales estipuladas por el Estado, así como recomendaciones por organismos internacionales, éstas no se aplican funcionalmente y quedan bajo una lógica de impunidad, ya que al registrarse un caso de acoso escolar lo que las instituciones escolares, tanto públicas como privadas hacen es minimizar, invisibilizar, involucrar a las familias como responsables de los daños o quienes deben de pagar por lo sucedido, como pasó con Norma Lizbeth Ramos.
Aunado a ello, las instituciones educativas no dan aviso a las autoridades pertinentes, pues buscan ocultar los hechos para cuidar el prestigio de la escuela.
Al respeto, Juan Martín Pérez comenta que el pronóstico no es positivo, ya que se está atravesando por una crisis institucional y de derechos humanos donde las autoridades hace mucho que no cumplen con sus obligaciones, lo que ha obligado a que tanto infancias como sus familiares busquen soluciones buscando alternativas.
Finalmente, precisa que el contexto violento del país incrementa la normalización e implementación de la violencia como castigo, y vivir dentro de una sociedad violenta hace que las infancias reproduzcan estos comportamientos violentos en sus contextos más cercano:
“en tanto la sociedad no asuma con responsabilidad el tema, que esta conversación se traduzca en acciones institucionales y de las familias lamentablemente el acoso seguirá presente en las escuelas”.
