Expertos convocados por la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) dialogaron, a través de Twitter Space, de lo que ha implicado la militarización del país para la sociedad civil y más aún tras las reformas que fueron aprobadas en 2022.
Por Josué Ibarra/@josueibarrasala
“La militarización del país ha sido devastadora en materia de derechos humanos” fue la conclusión a la que llegaron los expertos que fueron convocados por la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) a participar en el Twitter Space “¿Qué sigue en la lucha contra la militarización en México tras las reformas del 2022?, realizado el pasado 16 de marzo.
En este espacio de escucha digital participaron Santiago Corcuera, ex presidente y ex integrante del Grupo de Trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas ONU y el politólogo Jorge Lule.
En su turno al habla, Santiago Corcuera fue claro en denunciar que:
“Desde el 2006 cuando Felipe Calderón toma la fallida decisión de hacer uso de las fuerzas armadas se elevó el índice de muertes por cada 100 mil habitantes en un 288%; según gráficos de la ONU, en México, durante esos seis años se dieron más de 102 mil muertes violentas”.
Para el experto, los efectos de la militarización en el país son alarmantes, más en materia de desapariciones:
“El desastre generado por Calderón por culpa del mal uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública es innegable, aunque a él se le llene la boca diciendo que por lo menos hizo algo y si tuviera la oportunidad lo volvería a hacer, esa es la bravuconería de ese señor, pero lo que decisión es la causa de este desastre; la causa material desde luego es el crimen organizado, pero hay maneras de enfrentarlo, no a través de las fuerzas armadas”, remarcó.
Para quienes participaron es claro que tras esa decisión, los carteles de la drogas no se quedarían de brazos cruzados, pues sacar al ejército a las calles derivó a la situación que ahora tenemos: carteles sumamente armados y violentos.
Por ejemplo, en el sexenio de Peña Nieto y durante sus dos primeros años, se bajó a la intensidad de los operativos militares, y el índice de muertes disminuyó, pero:
“luego sucedió por desgracia Ayotzinapa y, entonces, Peña Nieto ante esa situación incrementó fuertísimo el uso de las fuerzas armadas, al grado de que, al término de su mandato el número de muertes fue mayor que en el sexenio de Calderón”, explicó Santiago Corcuera.
En el actual sexenio, la cosa parece no cambiar, pues López Obrador no cambió la estrategia, todo lo contrario, reforzó la militarización: “La historia de este sexenio es la de la Guardia Nacional que está conformada por directivos del ejército y la marina”, reclamó el abogado.
Por su parte, el politólogo Jorge Lule, agregó: “Tenemos una Guardia Nacional que se encuentra bajo el mando operativo de una Secretaria de la Defensa Nacional que a lo largo de estos 16 años hemos visto cómo sus cadenas de mando se han visto involucradas en crímenes atroces, en crímenes de carácter internacional”.
Para él, la historia de la militarización ha sido una orquesta de delitos donde se han fabricado culpables para deslindarse de sus actos: “Los presidentes han mantenido de manera transexenal una estrategia que criminalizan, que estigmatizan, y que persiguen personas”.
A eso, señaló, hay que sumarle la impunidad que es el principal factor por el cual estos actos se siguen y se seguirán replicando, entre mentiras y el respaldo de los altos mandos militares.
“Desde 2006 a 2008 identificamos que uno de cada dos comunicados de prensa de la SEDENA por temas de enfrentamientos ofrecían información con inconsistencias; es decir, presentaban información que no era verdad, así sucedió con el tema de Jessica Silva en Chihuahua, así sucedió con estudiantes, donde se presentaban a las personas como presuntos criminales, justificando su asesinato y el abrir fuego en contra de estas personas porque supuestamente pertenecían a grupos organizados” recriminó Jorge Lule.
El trazar rutas de incidencia y saber detectar los modus operandi de las fuerzas armadas, considera el experto, son las vías para poder combatir este fenómeno; sin embargo, no existen mecanismos para saber quién adquiere las armas en México y eso entorpece el saber si esas mismas armas son las mismas con las que cometen los crímenes y con las que inculpan a civiles.
Para concluir el politólogo Jorge Lule recalcó tres puntos que para él son de suma importancia en el tema: El fuero militar; el delito de la posesión simple, y la discusión de una nueva ley de armas, la cual precisa es importante empezar a trabajarla.
Para concluir con la opinión sobre el futuro de la militarización en México, los expertos mencionaron un panorama triste, pues los próximos personajes que puedan llegar a la presidencia federal avalan el seguimiento de las fuerzas armadas en los espacios públicos, así que muy difícilmente el panorama cambiará.
Al respecto, Santiago Corcuera agregó que muchos funcionarios mencionan que las personas sólo se quejan, pero no aportan soluciones a la discusión, lo cual es falso, pues académicos, activistas y organizaciones en contra de la militarización aportan a diario, pero las autoridades los ignoran.
“Si no se atienden estas recomendaciones todo va a seguir igual, los índices de muerte seguirán igual, las desapariciones, las muertes no van a disminuir, si se sigue la misma receta nada va cambiar”, concluyó.
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Aquí pueden escuchar el Twitter Space:
