Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
Colectivas de familias de personas desaparecidas realizan manifestaciones y plantones afuera de instalaciones gubernamentales para exigir la localización de sus hijos e hijas.
Personas que integran una comunidad denuncian y se oponen al despojo realizado por una empresa que busca convertir un recurso natural cuidado durante generaciones, en una mercancía privada sujeta al mercado, para lo cual se cambia el curso de la vida de esa comunidad.
Un grupo de damnificados de las explosiones del 22 de abril de 1992, exigen que su situación de protección a la salud y de mínima reparación del daño, no sea afectada por adoptar una “oportunidad” del mercado financiero.
En notas periodísticas se informa de muchos y variados enfrentamientos en las comunidades entre grupos armados, para aquellas se percibe la incertidumbre de ser testigos de algo que los rebasa y de una gran necesidad de saber. Para las autoridades se trata de grupos “sin nombre” sujetos de ser intervenidos, sin proporcionar contexto y sin información.
En todos los hechos antes descritos se sienten y perciben graves situaciones en las condiciones de vida de las personas, existen ofensas y daños para los cuales los discursos y las acciones gubernamentales en muchas de las ocasiones no alcanzan.
En Jalisco somos una comunidad afectada por múltiples violencias que reduce nuestro margen de vida digna, pero que al mismo tiempo ha detonado nuestra capacidad de indignación como una forma de resistir a la negación, a la mentira y la impunidad.
Necesitamos hoy más que nunca transitar hacia la construcción de una verdad colectiva que entienda y acompañe las graves consecuencias de lo cometido, entienda y de respuesta a preguntas fundamentales sobre ¿qué ocurrió?, ¿por qué?, ¿Quiénes cometieron el daño y cuáles eran las razones que los movían?, ¿quién resultó dañado?, entre otras.
Responderlas es urgente porque permitiría un reacomodo de la misma sociedad para mostrarse abierta, acompañante, responsable, solidaria con una necesidad de aplicar una justicia para personas que más la requieren y con prioridad de sus necesidades actuales. Se trata de una reformulación de la esperanza presente y futura en la que deberíamos de estar empeñados.
¿Cómo debería de ser un gobierno que coloque como prioridad el derecho a la verdad?, sin duda abierto no sólo al indispensable diálogo, sino a la búsqueda, obtención y divulgación de información, de mecanismos de cooperación de otras partes que venzan el lacerante parroquialismo local; de proponer la construcción de una justicia que sea más allá del componente punitivo, inútil para consolar, saber o cambiar; es necesaria una que atienda y restaure las necesidades de quienes sobreviven los graves daños; que evite que los incidentes se conviertan en ciclos y formas de vida impune.
Un componente prioritario es el reconocimiento a todas aquellas personas que han decidido desgastar su vida por defender la dignidad de otras. Las y los defensores de derechos humanos son faros indispensables para nuestras sociedades, ya que cuando se busca apagarlos, silenciarlos o eliminarlos, la consecuencia es la obscuridad que nos lleva al camino de la negación y las violencias.
Hoy esa defensa se lleva en los campos por madres que buscan con pala en mano a sus hijas, por los gritos de las familias exigiendo justica, por las movilizaciones y protestas de mujeres exigiendo el derecho a no ser violentadas, por organizaciones que con ternura hacen y denuncian.
De eso trata el 24 de marzo en el que se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves a los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, constituido en recuerdo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien fuera asesinado por denunciar las violencias para el pueblo de El Salvador, exigir su cese y llamar a la construcción de lo nuevo que debemos ser como comunidad.
Que sea una oportunidad para que podamos redirigir los caminos al diálogo abierto para acompañar y reconstruir, validar las diferencias y coincidencias, animarnos a colocar primeras piedras y refundar caminos de futuro.
Nos lo debemos como sociedad y se los debemos a cientos de personas que sobreviven las violaciones a los derechos humanos.
