Laura Lucía lleva seis meses en prisión tras denunciar a su agresor: Urgen libertad y justicia

“La situación que vive es una situación de injusticia, de una mujer que lleva seis meses detenida injustamente” afirma Juan Manuel Orozco Jasso, abogado de Laura Lucía, quien fue vinculada a proceso por el delito de fraude ocho meses después de haber interpuesto una denuncia por acoso, abuso sexual y amenazas en contra del director general de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), su superior jerárquico cuando se desempeñaba como encargada del área de Gerencia de Alianzas en esta empresa.

Junto a su familia y su defensa, organizaciones y colectivas feministas en Jalisco han denunciado que las autoridades ministeriales y judiciales adeudan a Laura Lucía su derecho al debido proceso en su exigencia de justicia como una mujer víctima de violencia sexual laboral, pero, sobre todo, que esta desprotección y abandono ha condicionado que ella se encuentre, hasta hoy, en la cárcel. 

Aunque este 24 de marzo se anunció que se llevaría a cabo la audiencia de amparo indirecto ante la autoridad federal, que presentó su defensa para apelar a su inocencia y en contra de la medida cautelar de prisión preventiva que le ha impedido duramente llevar su proceso en libertad junto a su esposo, su hijo y su familia, las autoridades judiciales notificaron que ésta no se llevaría a cabo, lo que -una vez más- retrasa el acceso a la justicia para Laura.

Por Dalia Souza / @DaliaSouzal

Laura Lucía cumplirá seis meses en prisión preventiva vinculada a proceso por el delito de fraude, cometido presuntamente en contra de la empresa Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega), lugar donde trabajaba como encargada del área de Gerencia de Alianzas.

Su vinculación a proceso se da a ocho meses de haber interpuesto una denuncia por acoso, abuso sexual y amenazas en contra de Ignacio “N”, el director general de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega) y su superior jerárquico. Estas violencias, según denunció Laura Lucía, habían sido reiteradas desde 2018, sin embargo, romper el silencio no había sido fácil por temor a “represalias”. Y aunque lo consideró todo, desde recibir más violencia hasta ser despedida, nunca pensó que podría ser encarcelada.

Este 24 de marzo se debería de haber realizado la audiencia constitucional del amparo indirecto que la defensa de Laura Lucía promovió en contra del auto de vinculación a proceso que el juez dictó a Laura, así como en contra de la medida cautelar de prisión preventiva. Sobre esto último el juez le negó a Laura la libertad bajo fianza y, con ello, su derecho a llevar el proceso en libertad, advirtiendo que “había el riesgo de que se fugara”. Sin embargo, la audiencia fue suspendida.

“¿A dónde voy a fugarme yo, que cuento los días, con cada una de sus horas y minutos, para volver a mi casa y estar con mi hijo, que es mi vida entera, y con mi esposo?” cuestionó Laura Lucía en una carta que escribió desde el Reclusorio Femenil de Puente Grande, Jalisco y que envió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En entrevista Juan Manuel Orozco Jasso, abogado de Laura Lucía declaró que rumbo a la audiencia que fue pospuesta han “habido una serie de diferimientos”; es decir, alegatos que retrasan el proceso, principalmente encausados por la defensa de la parte acusadora: la empresa Servicios Mega, quienes presentaron “un incidente de nulidad de firma”, en que señalan que la firma que aparecen en el escrito inicial de la demanda de amparo “no es una firma puesta por Laura Lucía”.

A esto se sumó la presentación de un recurso de queja en el mismo sentido, el cual fue rechazado por un tribunal colegiado al ser improcedente.

El objetivo de estas acciones pareciera, es “retardar y mantener las cosas como están, en prejuicio del imputado, en este caso para hacer más larga la estadía de Laura Lucía en prisión”, afirma el abogado Orozco Jasso.

Respecto al incidente de nulidad de firma, el abogado destaca que ha sido complejo que el Juez de Distrito encuentre un especialista en grafoscopía debido a la carga de trabajo de instituciones como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, incluso de la propia Universidad de Guadalajara, a quien se le solicitó su coadyuvancia, y la propia Fiscalía General de la República a quien también se le giró un oficio.

Sin embargo, luego de la intensiva búsqueda una perita auxiliar del tribunal aceptó el caso. La especialista será quien se encargue de hacer el dictamen que determinará si la firma que aparece en el escrito de amparo es o no la de Laura Lucía. Acto que parece absurdo para su defensa pues “ella es la primera interesada en salir de la cárcel” e insiste “muchas veces esos recursos se presentan para retrasar los procedimientos”, pero también para condicionarlos.

¿Qué podría pasar en una futura audiencia?

En el desahogo de esta audiencia deberá:

• Determinarse el sentido del incidente de nulidad de firma. Aquí la perita tendrá que informar al juez si la firma del documento de amparo corresponde a la de Laura, si esto es afirmativo, la audiencia podría seguir.

Sin embargo, el abogado Orozco Jasso explica que, si la resolución es contraria, el juez determinará qué es lo que sigue, esto podría significar la suspensión de la audiencia o hasta decidir que no se entre al estudio del amparo. En caso de esto último, Laura Lucía tendría que esperar hasta la siguiente audiencia con el Juez de Control para seguir luchando por su inocencia y su libertad.

• Revisar el contenido del amparo. El juez de distrito revisará los elementos presentados por la defensa de Laura y por la empresa, si existen los alegatos de ambas partes, más el dictamen de la perita, el juez turnará el expediente al Secretario de Estudio y Cuenta, quien formulará su proyecto, presentará nuevamente al juez de distrito y finalmente dirá si acepta, rechaza o hace correcciones a la resolución antes de publicarla.

Con los elementos de presentados al juez de distrito, señala el abogado Orozco Jasso “tenemos muchas posibilidades de ganar el amparo”. Por lo tanto, esta resolución podría determinar si se acredita o no la existencia del hecho delictivo y la existencia o no de los elementos que acrediten la participación o colaboración de Laura Lucía en la comisión del presunto fraude.

“Es increíble que en un procedimiento de esa naturaleza nada más una persona dentro de la empresa sólo esté procesada y detenida cuando ella era jefa de varias personas y era inferior en cargo a las personas que tenían poderes de determinación para otorgar o no esos créditos” considera el abogado.

También tendrá que revisarse si la medida cautelar de prisión preventiva fue la correcta o si deben dictarse medidas cautelares diferentes a la prisión. Aunque, la defensa de Laura Lucía señala que “si el amparo se gana en el sentido de dejar en libertad a Laura” esto último quedará sin efectos.

Esta es la resolución que esperan, precisa Armando Valenzuela, esposo de Laura Lucía para “terminar con este trago amargo” y que por fin, su hijo, quien le extraña mucho, pueda “vivir una vida normal junto a su mamá”: “lo que esperamos como resultado en esta audiencia es que se le otorgue la libertad a mi esposa, que se le declare inocente y que podamos tenerla de vuelta”.

En el mismo sentido, su madre, la señora Lucía Rivera, demanda a las autoridades judiciales que le den a su hija “la oportunidad de llevar un proceso libre de corrupción”, donde la justicia no sólo sea “un privilegio de gente con influencias, dinero y contactos políticos”. Sólo así, afirma, Laura Lucía (como lo ha hecho en audiencias previas) podrá demostrar su inocencia y por fin obtener su libertad: 

“Que mi hija pueda llevar su proceso de forma justa con base en la ley. Y así, como en todas las ocasiones que ha probado su inocencia le den su libertad y la deslinden del caso, que dejen de buscar justificaciones para bloquear su proceso”.

Será el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco quien se encargue de revisar no sólo a profundidad, sino de manera integral, con una perspectiva de derechos humanos y enfoque de género, este amparo del que pende la demostración de la inocencia y la libertad de una mujer que decidió no callar y denunciar a su agresor.

“La situación que vive Laura es una situación de injusticia, de una mujer que lleva casi seis meses detenida injustamente, por razones paralela a este asunto” declara el abogado Orozco Jasso.

“Dentro de la carpeta de investigación de Laura no se tiene ningún documento que acredite su participación directa, ni contratos, ni autorizaciones, porque no era su función” explica el abogado, “Laura era una jefa de seguimiento donde sólo verificaba la viabilidad del cliente para efectos de la empresa y el crédito. Para resolver los créditos la empresa tiene diferentes áreas, entre ellas una de riesgos. Por lo que, sin conceder, si hubiese pasado una situación, esa área tiene esa función de analizar todos los documentos, para dar su opinión al área de crédito, quien sí los autoriza”.

“No existe un documento que acredite su participación en el delito que se señala directamente, solamente son los dichos de personas que, por sus mentiras, ahora Laura está en prisión” concluye la defensa de Laura Lucía.

A Laura Lucía le deben su libertad y justicia

Su familia y amistades no han dejado de exigir su libertad y de hacer visible la injusticia de la que están seguras fue y es víctima desde el momento en el que presentó la denuncia en contra de su jefe en enero de 2022, ante el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM).

Así lo hicieron patente con una protesta afuera del CJM el pasado 12 de enero de 2023, donde evidenciaron que las autoridades ministeriales de la Unidad de Delitos de Violencia contra las Mujeres y en Razón de Género decidieron “abstenerse de investigar” su caso, dejándola en total desprotección frente al poder de su agresor.

Aquel día se llevó a cabo la primera audiencia de tutela de derechos para definir si la ministerio público Jimena Patricia Ruiz Mejía, a cargo del caso, tuvo razón al tomar esta decisión. Pese a las expectativas sobre este proceso que abriría la puerta a garantizar a Laura Lucía su derecho al debido proceso como víctima de violencia, el Juez del Juzgado de Control Juicio Oral y Ejecución Penal Especializado en Violencia contra las Mujeres del Estado de Jalisco, Sergio Vladimir González Becerra determinó que la autoridad ministerial “tuvo la razón”.

No obstante, la defensa de Laura Lucía ya ha presentado un amparo directo ante un tribunal colegiado que revisará la resolución dada por el juez, en el entendido que su determinación busca poner fin a un procedimiento de sentencia definitiva. El Juez González Becerra tendrá que mandar un informe justificando su decisión, pero, sobre todo, resolver sobre una suspensión del procedimiento, es decir, para que no se hagan las anotaciones definitivas en las cuestiones administrativas y no dar por terminado el asunto.

De esta manera, si el tribunal colegiado resuelve de manera favorable el amparo presentado por la defensa de Laura Lucía, el juez tendría que dejar sin efecto su primera resolución y dictar una nueva en la que ordene a la Ministerio Público iniciar la investigación de la denuncia por los delitos de acoso, abuso sexual y amenazas que fue presentada en contra de Ignacio “N”, el director general de Operadora de Servicios Mega S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Grupo Mega).

Mientras tanto, la familia y amistades de Laura Lucía no dejan de exigir su libertad. Marcharon junto a miles de mujeres este 8 de marzo en Guadalajara para hacer visible la injusticia de la que están seguras fue y es víctima.