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A través de la Fiscalía general del Estado, el gobierno de Yucatán inició acciones legales contra integrantes del pueblo maya de Sitilpech. Las y los vecinos batallan contra una mega granja de Kekén que contamina el agua de la comunidad. Los hechos generaron protestas ciudadanas, pero el gobierno respondió con represión.
Texto: Patricio Eleisegui / Pie de Página
Fotos: Robin Canul
Oponerse al negocio de las mega factorías porcícolas se paga, también, con persecución judicial en Yucatán. Así lo sufren los habitantes mayas de Sitilpech, comisaría perteneciente al municipio de Izamal –distante una hora de Mérida, la capital del estado– en la que funciona una instalación de casi 50 mil cerdos bajo control de Kekén, la compañía del grupo KUO que monopoliza la producción de carne porcina en la Península.
En simultáneo a la contaminación del agua y la pérdida de cultivos para autoconsumo que provocan las excretas que la mega granja elimina al ambiente, un grupo de integrantes de “La Esperanza de Sitilpech”, el colectivo generado por los vecinos para resistir a la porcícola, recibió la novedad de que la Justicia de Yucatán decidió vincularlos a proceso en una causa abierta por el presunto delito de “daños a las vías de comunicación en pandilla”.
En concreto, la decisión aplica a ocho pobladores en particular: esto es, las personas que más han expuesto en los medios de comunicación el desastre que genera el funcionamiento de la factoría porcina. Y responde a un pedido de la fiscalía general del Estado, que no satisfecha con la vinculación a proceso también exigió la prisión preventiva para las y los vecinos alcanzados por la medida.
La fiscalía general del Estado representa a la Gobernación que encabeza la gestión del panista Mauricio Vila. En otras palabras, se trata de una causa promovida directamente por el poder político que rige en Yucatán y en contra de los habitantes de la comunidad maya de Sitilpech. El objetivo, señalan abogados de derechos humanos, no es otro más que acabar con la resistencia popular a través de la persecución judicial.
La fiscalía en cuestión asegura que, en el marco de las distintas acciones en oposición al funcionamiento de la mega factoría concretadas por el colectivo a mediados del mes pasado, las personas ahora afectadas legalmente incurrieron en el presunto delito de bloquear una carretera estatal.
Lo particular es que el reclamo comprende específicamente a ocho personas cuando la protestas y las distintas movilizaciones contra Kekén que ocurrieron en febrero fueron encarnadas por todo el pueblo.
Roberto Sánchez, integrante de Kanan Derechos Humanos, la asociación que lleva adelante la defensa legal de la comunidad, explicó los alcances del proceso vigente contra las y los integrantes de “La Esperanza de Sitilpech”.
“La semana pasada, la Fiscalía general del Estado, que es quien formula la acusación contra las personas del colectivo, hizo un alegato y pidió esta vinculación a proceso. Denuncia la presunta comisión de daños a las vías de comunicación por haber bloqueado la carretera. Una carretera que se presume de orden estatal. Y además pidió se aplique prisión preventiva”, detalló.
Y añadió que:
“la fiscalía argumenta que se trataría de personas que incitan la comisión de actos violentos. Los habitantes de Sitilpech ejercían la protesta y de haber existido un bloqueo no lo hubiesen llevado a cabo ocho personas. Tendrían que haber denunciado a todo el pueblo. Pero no, denunciaron a ocho personas que desde los inicios de la lucha por el territorio de Sitilpech han estado muy visibles. Es una forma de mandar un mensaje de castigo”.
El gobierno de Kekén
Un aspecto que denota el blindaje político del que goza el negocio porcícola en Yucatán está en que la avanzada judicial contra los habitantes de Sitilpech es protagonizada exclusivamente por el gobierno del estado. Sánchez comentó que, al menos hasta el momento, la empresa Kekén no ha presentado denuncia alguna contra las y los vecinos.
“Es el estado prácticamente representando los intereses de la empresa. El delito del que se acusa a las personas de Sitilpech contempla penas de hasta cinco años de prisión. Puede culminar de esa forma. Todo quedará a evaluación de la jueza que interviene. En la formulación de la semana pasada la Fiscalía pidió que se aplique prisión preventiva por el delito, pero la misma jueza consideró que una medida así resultaba excesiva”, dijo Sánchez.
Consultado respecto de la posibilidad de que ambas partes avancen con una ronda de conversaciones capaz de desactivar este proceso judicial, el integrante de Kanan Derechos Humanos remarcó que la comunidad nunca modificó su predisposición al diálogo permanente.
“La gente no se ha cerrado al diálogo. Lo que sí exigen es que este sea justo, no que ocurra bajo las condiciones de la empresa y las autoridades. Tiene que ser un diálogo con la gente y eso es lo que las autoridades no quieren. Ellos pretenden que un grupo de tres personas vaya a una junta en otro lugar que no sea Sitilpech”, aseguró.
“Cuando Sitilpech hizo pública su declaratoria de pueblo libre de granjas, se especificó cómo tiene que ser el proceso de diálogo a partir de la autodeterminación. Con tiempo previo, con ciertas condiciones y garantías para el diálogo, no como han estado haciendo las autoridades y la empresa”.
Sánchez también hizo mención a un intento de diálogo que, previo al actual escenario judicial, se derrumbó a partir de incumplimientos perpetrados por la misma Kekén.
“Es un antecedente malicioso y leonino. Se acordó que, para sentarse a hablar, la gente primero tendría que dejar de protestar y la empresa retiraría los cerdos. El pueblo cumplió pero la compañía nunca sacó los animales en el tiempo establecido. Lo que sí hizo la empresa fue enviar un correo electrónico a través de nosotros para convocar a un diálogo con cinco personas de Sitilpech. Un diálogo a concretar al día siguiente de ese aviso. Fue una tomada de pelo”, expresó.
Marcha multitudinaria, vigilancia policial y “levantados”
La persecución judicial a la comunidad de Sitilpech derivó en una marcha multitudinaria de apoyo que, celebrada en Mérida durante la tarde del miércoles, congregó a más de mil personas que se movilizaron por la zona céntrica de la capital yucateca exigiendo el cese del hostigamiento a los integrantes del colectivo vecinal y el fin del modelo porcícola vigente en Yucatán.
El encuentro de la multitud en las calles coincidió con la conmemoración del Día Mundial del Agua, justamente el recurso que presenta la mayor contaminación en Yucatán por causa de las más de 500 granjas de producción de carne de cerdo que funcionan en el estado.
Representantes de los pueblos de Homún y Kinchil, también víctimas de la contaminación que provocan las mega granjas que funcionan en sus territorios, tomaron parte de una concentración que se desarrolló de forma pacífica.
Así fue, hasta que el aparato estatal yucateco, tan acostumbrado a desplegar su combo de garrote y juego del terror, volvió a meter la cola para hacer del cierre de la movilización un momento de espanto. Ante la mirada estupefacta de varios participantes de la marcha y los turistas que paseaban a escasos metros del parque central de Mérida, dos personas fueron “levantadas” en vehículos por un grupo de hombres que actuó sin identificación.
Las identidades de las personas tomadas por la fuerza: Sofía Caballero y Alexis Sebastián Navarrete Cus. La Fiscalía demoró más de dos horas en reconocer la detención de los dos jóvenes y sólo notificó la condición de Caballero y Navarrete Cus a instancias de una presión social y mediática que se exacerbó tras el procedimiento irregular.
Ya de forma oficial, durante la noche del miércoles la policía reconoció el arresto de Andreu Ortiz Martínez y Dafne Aguilar Martínez, también participantes de la marcha en respaldo a la lucha popular que protagoniza la población maya de Sitilpech.
En las cuatro detenciones no quedan claros los cargos de los que se les acusan, por lo que se presume que las detenciones se hicieron de forma arbitraria.
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