#AlianzaDeMedios
El 30 de agosto de 2022, fecha que conmemora el Día Internacional del Detenido-Desaparecido y cuando el colectivo “Voz de los desaparecidos” cumplió cuatro años de existencia, éste, junto con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD) presentó ante la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) una solicitud para activar una Alerta de Violencia de Género para las Mujeres (AVGM) en 10 municipios del estado de Puebla.
La Conavim aceptó la solicitud y decidió acumular esta 2a alerta a la que ya tiene la entidad activada desde 2019 por violencia feminicida en 50 municipios.
De acuerdo con Silvia Chica, directora del IMDHD, al menos desde 2017 ya era alarmante el fenómeno de la desaparición de niñas y mujeres en Puebla, principalmente en la capital y la zona metropolitana.
En entrevista con LADO B explicó que solicitar, junto con el colectivo “Voz de los desaparecidos”, la AVGM y que ésta haya sido admitida, logra visibilizar la situación, hacer que las autoridades reconozcan que existe y obligar al Estado a que responda sobre la problemática.
Además, Puebla es uno de los cinco estados del país en los cuales se concentran el 54% de los casos de desaparición de niñas y mujeres, de acuerdo con un diagnóstico realizado en 2022 por el IMDHD. Los municipios incluidos en esta nueva solicitud fueron Puebla, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Tehuacán, Huauchinango, Tepeaca, Tecamachalco, Amozoc, Atlixco y San Pedro Cholula.
La selección de estas localidades, dijo la directora del IMDHD, fue a partir del análisis de los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), los cuales arrojaron que estos 10 municipios son los que concentran la mayoría de casos y particularmente Puebla capital, que tiene 52% de todos los reportes de mujeres y niñas desaparecidas. Sin embargo, aclaró que esto no significa que no haya otras regiones donde el fenómeno sea preocupante.
“Alrededor de estos municipios hay ciertos tramos, rutas, regiones que también están presentando casos. Lo que sucede es que es muy necesario ver no sólo los que más concentran casos, sino dónde empieza a surgir la problemática. Esto, para que haga una política pública de prevención”.
En el caso particular de Puebla, recordó que hay varias hipótesis del porqué de las desapariciones, y la principal está ligada con la trata de personas con fines de explotación sexual, principalmente en relación con los estados vecinos de Tlaxcala y Veracruz.
Chica resaltó la relación de las desapariciones de mujeres con la trata, pero también con los feminicidios. “No sabemos qué les está ocurriendo (a las mujeres y niñas), en el tiempo que llevan desaparecidas han podido ser víctimas potenciales de innumerables violencias. Todo esto es un gran llamado de atención a las autoridades”.
El largo camino de la AVGM
Ahora que ya se aceptó y acumuló la AVGM por desaparición a la existente de violencia feminicida, lo que sigue es que la Conavim y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dependencias a cargo del tema, presenten un informe a partir de la investigación que hicieron recientemente en Puebla, donde entrevistaron a familiares, personas expertas y autoridades, para tener claro el panorama de lo que está ocurriendo en estos 10 municipios.
Ana Jetzi Flores Juárez, Directora de Alertas de Violencia de Género de Inmujeres, dijo a LADO B que la Conavim emitió un resolutivo donde admite y acumula el procedimiento que ya existía por violencia feminicida, entendiendo que muchas veces son violencias y problemáticas que se entrelazan.
Puebla es la primera entidad que tiene esta acumulación, algo que recién se puede hacer a partir de la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su Artículo 24 Bis. determina que: “A fin de garantizar el análisis expedito y la tramitación oportuna, cuando se presenten diversas solicitudes de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres y exista identidad en las autoridades o hechos constitutivos de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, se podrán acumular tanto el trámite, como las medidas que deberán ser adoptadas”.
Para Flores Juárez, anteriormente había sido muy complicado implementar las medidas de la primera AVGM, principalmente por la dificultad de reunirse y trabajar con autoridades; pese a tener el mecanismo activado, no había avances ni tampoco facilidad de parte del gobierno para escuchar al Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), encargado de dar seguimiento a la alerta, y al menos ve que ahora hay interés por el tema.
LADO B habló también con María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una de las organizaciones que ha estado en todo el proceso de la AVGM y acompaña casos en Puebla. Estrada recordó que en 2017 ya se tenía información de la preocupante situación de la desaparición de mujeres en la entidad, y se solicitó una alerta en noviembre de ese año con los datos de la propia Fiscalía, que daba cuenta de más de 700 mujeres desaparecidas, 300 de las cuales seguían sin regresar a casa.
Sin embargo, las autoridades federales se negaban a decretar la AVGM y fue a través de una lucha legal y de un amparo, que finalmente se activó en 2019 la alerta por violencia feminicida, lo que hizo que se diluyera la denuncia por desaparición y no quedaran claras las medidas para prevenir esta problemática.
Estrada coincidió con Flores en la complejidad de trabajar anteriormente con las autoridades de Puebla, con la cerrazón del gobierno y la poca voluntad no sólo para escuchar sino para cumplir las 45 medidas una vez decretada la alerta, después de al menos tres años de lucha para que esto ocurriera.
Uno de los pendientes y también oportunidades del Estado con esta acumulación de la alerta, de acuerdo con Natalí Hernández Arias, psicóloga y activista, directora de CAFIS A.C., una de las organizaciones que acompañaron la solicitud, es cómo hacer para localizar a las desaparecidas con vida.
“Creo que esta nueva AVGM que se suma tiene algo más estratégico y contundente con un tema que desde la primera ha sido una constante, que es el cómo hacer para dejar de contar que una mujer desaparece unos días, y después se encuentra su cuerpo sin vida”. Agregó que hay datos contundentes al menos desde 2010, durante el gobierno de Mario Marín, tiempo en el que se publicó una denuncia en medios que daba cuenta de al menos 300 mujeres desaparecidas. “Era una cifra que estaba muy velada; a las autoridades les representó mucho costo y a partir de esos datos pudimos darnos cuenta de qué estaba ocurriendo.”
Sin embargo, para María Luisa Núñez, fundadora de “Voz de los desaparecidos”, la acumulación no es la respuesta ideal, dada la gravedad de la situación de las desapariciones de mujeres. “No es un avance el que se acumule a la alerta que ya está declarada, porque esa alerta en esos 50 municipios del Estado de Puebla ha servido para nada. Han sido como llamadas a misa y el Estado en su conjunto, los municipios, no están haciendo absolutamente nada de eficiente, eficaz, pertinente ni oportuno para atender de manera sustancial el problema. El Estado sigue quedándose corto, sigue teniendo esta gran deuda, la sigue incrementando”, dijo.
Los retos de la alerta
Durante los próximos meses la Conavim e Inmujeres tendrán que publicar el informe y el grupo que está valorando la solicitud deberá informar sobre las medidas que debe tomar el Estado. Para Natalí Hernández es muy importante ubicar bien qué medidas son y cuál es el ámbito de acción de cada nivel de gobierno, lo cual quedaba muy confuso en la alerta anterior.
Por ejemplo, muchas medidas están redactadas como si fueran para un orden estatal cuando la solicitud se hace en algún territorio específico, es decir, en determinados municipios, por lo que sería importante fortalecer la idea del trabajo que se tiene que hacer desde los ayuntamientos.
Además, con esta acumulación algunas de las 45 medidas de la anterior alerta deberán modificarse; por ejemplo, antes indicaba la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas, dependencia que ahora ya existe.
Una de las preocupaciones de la activista es el vacío que hubo durante mucho tiempo con la primera alerta. Con el cambio de gobierno y los cambios de titular de dependencias federales y estatales, el cumplimiento de las medidas quedó un tanto en el aire.
“Me parece importante que nuevamente está a discusión que el gobierno tiene obligación de gestionar y generar recursos para estas acciones, y la posibilidad de la sociedad civil de que se cumplan estas acciones, que pueda avanzar, servir, posicionar el tema. Un tema (las desapariciones de mujeres) que está generando mucho dolor e indignación social, y un tema sobre el cual particularmente la Fiscalía ha tenido un discurso revictimizante, complicado, que en algún momento también fue un poco la línea del gobernador anterior (Barbosa), que invalidaba los esfuerzos de las familias. Esta declaratoria representa resignificar que sí está pasando, que sí tienen que hacer algo, no se trata de si les gusta o si les creen”, dijo.
En ese sentido, María de la Luz Estrada, del OCNF, consideró que el informe que está por publicarse va a ayudar a que se construyan medidas focalizadas y concretas para el tema de desaparición y sobre todo a nivel municipal.
Algo muy importante de este nuevo mecanismo es que ahora las familias de mujeres desaparecidas están involucradas directamente, y pueden formar parte de todo el seguimiento puntual del informe y el cumplimiento de las medidas. Sin embargo, como mencionó María Luisa Núñez, es necesario ver voluntad real del Estado, y que no se quede en un discurso esperanzador que está alejado de lo que pasa en la realidad. “Podríamos llenarnos de alertas y de mecanismos, pero si no se utilizan de manera correcta, pues seguimos en las mismas.”
***
Este trabajo fue publicado originalmente en LadoB que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
