Una exintegrante de la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil narra a Poplab los actos de hostigamiento, intimidación y acoso sexual que vivió en esa organización, sin que la Diócesis de Aguascalientes actuara. Por los hechos existe una denuncia ante la Fiscalía de Aguascalientes.
Por Mónica Cerbón / Poplab
Diana* tenía 27 años cuando decidió romper el silencio. Lo hizo una tarde de 2017 cuando gritó, en una casa llena de monjas y sacerdotes, que ya no más. Hacía tiempo que se sentía presionada por las actividades que realizaba dentro de la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Aguascalientes (Codipaj), y de que uno de los coordinadores, narra, la acosara sexualmente.
Desde entonces nada ha vuelto a ser igual. Tras la experiencia, ella, que quería consagrarse a la vida católica, cambió su rumbo. Le cuesta hablar de lo sucedido, pero asegura que lo hace para prevenir a otras y porque mientras las investigaciones no han avanzado, el miedo se ha convertido en un sentimiento habitual.
Tras años de sentirse vigilada y señalada por su acosador –y por otros tres integrantes de esa organización juvenil católica–, en 2020 Diana presentó una denuncia por el delito de amenazas ante la Fiscalía General del Estado, que quedó consignada en la carpeta de investigación CI/AGS/13074/06-20. El mismo día, el 11 de junio de 2020, también solicitó una orden de protección.
Ambas fueron contra cuatro hombres integrantes de Codipaj, entre ellos uno que Diana asegura la acosó sexualmente durante años, primero como integrante de la organización, luego como coordinador del grupo de liturgia, del que ella formaba parte.
A los otros tres los denunció porque, afirma, solían hostigarla en su trabajo, en la vía pública o en redes sociales, a través de perfiles falsos.
“La Ministerio Público me dijo que lo más fuerte eran las amenazas. Mi vida es otra vida después de eso y yo la verdad no se lo deseo a nadie de ahí dentro. Hablaron a mi teléfono y me amenazaron de muerte, que me iban a mandar a su gente a golpearme, entonces yo entré en un estado de shock, tanto emocional como psicológico, no entendía nada, pensaba hasta quitarme la vida porque yo ya no encontraba solución a esto, me estaba matando por dentro ”, cuenta en entrevista para Poplab.
Para este reportaje, se solicitó una entrevista con la Diócesis, en virtud de que dos sacerdotes integrantes de la organización conocieron de los hechos sin que, presuntamente, hayan actuado. También se informó sobre la existencia de una denuncia penal; sin embargo, el padre Juan Gabriel Rodríguez, Vicario General, dijo desconocer por completo el caso. Pero confirmó que desde 2020, cuando tomó el cargo, ha conocido de al menos tres casos similares, sin que tenga información de qué sucedió con los agresores, ni con las víctimas.
La iglesia no cuenta con protocolos específicos de atención para estos casos, tampoco se han hecho campañas para explicar cómo proceder cuando las personas integrantes de grupos coordinados por la Diócesis estén siendo víctimas de algún tipo de violencia. Las investigaciones y sanciones son decisión únicamente del Obispo en turno, lo que empantana una debida atención para las víctimas. En el pasado esa institución ha sido acusada –y se ha comprobado– de encubrir a agresores, sobre todo sexuales.
“Hemos acompañado casos en donde la Iglesia Católica o la Diócesis de Aguascalientes encubren finalmente a los agresores, se crea una red de protección, de impunidad, donde no se sancionan los casos graves. Observamos un patrón de impunidad, que entre más grave es el caso, hay una red de protección de impunidad, es algo que sucede de manera frecuente. En lo que las víctimas, tal vez en un momento de confianza de que las cosas se pueden solucionar por la vía administrativa, aletargan o posponen la denuncia penal”, explica Wilfrido Salazar, abogado, activista y especialista en derechos humanos.
En 2017, Salazar acompañó el caso de un menor de edad que sufrió una agresión sexual por parte de un sacerdote, pero la investigación tardó tanto que el agresor huyó y la familia de la víctima desistió de la investigación.
“El mismo fiscal tuvo que hacer la inspección de campo para comprobar la narrativa de la víctima en las oficinas del Obispado; sin embargo, fue tan largo el proceso que se dio la oportunidad al agresor de desaparecer. El Obispado, suponemos, alertó al sacerdote, el caso iba muy en serio. Tampoco hubo la coordinación necesaria para que lo buscaran en otros estados”, detalla.
El Vicario General detalló que las personas afectadas pueden acudir a la Diócesis, en donde se les hace una entrevista y se puede levantar un acta. Luego el Obispo encomienda a los sacerdotes que él elige hacer una investigación. Pero no hay nada que asegure que esos procedimientos se llevan a cabo.
En Aguascalientes, enfrentarse a la iglesia católica no es cualquier cosa. De acuerdo con (https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ags/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=01#:~:text=Aguascalientes&text=En 2020 en Aguascalientes%2C 89.3,religión con 4.4 por ciento.) dados a conocer por el INEGI en 2020, un amplio sector de las y los habitantes profesa la religión católica, con el 89.3%. Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes (https://datos.nexos.com.mx/que-nos-dice-el-censo-2020-sobre-religion-en-mexico/#:~:text=En 2020 el porcentaje de,10.2 puntos menos desde 2000.) con mayor número de feligreses católicos en todo el país.
El catolicismo, además, tiene mucho peso en las decisiones sobre la vida pública, pues goza de una fuerte influencia en las decisiones de gobierno, como la aprobación del matrimonio igualitario o la legalización del aborto hasta las 12 semanas, que no han podido avanzar en el Poder Legislativo y que han sido motivo de sendas manifestaciones por parte de grupos conservadores ligados a la iglesia católica.
Incluso, esa organización religiosa ha sido sancionada por participar activamente en procesos electorales a favor del Partido Acción Nacional (PAN), la principal fuerza política en la entidad. Y es común que funcionarias, funcionarios y gobernantes, muestren abiertamente su cercanía con líderes católicos.
“Es tiempo de que todavía no lo he podido superar, yo deseaba ayudar a las demás personas y estaba llevando un acompañamiento vocacional para consagrarme a Dios. A causa de esto ya no pude seguir, las hermanas me brindaron el apoyo pero no pude. Entré en una depresión muy fuerte, desde ese año hasta el día de hoy cuento con terapia psicológica y no pienso regresar jamás a ese tipo de lugares. Tengo miedo de que tomen represalias en contra de mi persona y de mi familia, si me llega a pasar algo ya saben quiénes son los responsables”, añade Diana.
El acoso.
Diana ahora tiene 32 años y se describe como una persona sencilla y honesta, que sigue las reglas. De acuerdo con las evidencias que mostró para este reportaje, es claro que mantenía diversas diferencias personales con integrantes de la organización.
En Codipaj, dice, el trabajo en equipo se volvió complicado poco después de 2013, cuando ella ingresó al grupo por invitación de un amigo. Los conflictos y rencillas entre las y los integrantes se hicieron cotidianos y asegura que se presiona mucho a las y los jóvenes para realizar diversas actividades, incluso afectando sus labores cotidianas como el trabajo o la escuela.
“Yo ya llevaba varios años dentro de los grupos juveniles católicos, me hicieron la invitación, yo acepté, pero pues yo nunca pensé que me iba a pasar esto a mí. Yo llegué con otra ideología, como todos llegan ahí dentro, de superarse o servir, más que nada es servir, servir al prójimo. Entonces a este mismo amigo que me invitó, yo le hice ciertas preguntas: Oye, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? Y él me decía que el padre decía que así, y uno tenía que decir lo que el padre dijera”, cuenta.
Juan Gabriel Rodríguez, Vicario General, confirmó que en Codipaj existen este tipo de rencillas.
“Siempre hay dificultades. Aunque no lo podemos justificar de esta manera, se logra entender por el simple hecho de que está conformada por personas. Yo creo que siempre que hay un grupo de personas, hay ciertas diferencias”, dijo. De entre todos los problemas, el acoso se convirtió en algo cotidiano para ella, que asegura haberlo sufrido durante al menos tres años, de 2014 a 2017, cuando salió de la organización, sin que las personas a cargo se encargaran del asunto.
Por ejemplo, narra que durante un viaje turístico a la Ciudad de México organizado por la agrupación, el hombre que la acosaba esperó a que estuviera sola y entró al cuarto que ella compartía con otras mujeres, sin su permiso. Al verlo y escuchar que cerraba la puerta, Diana sintió miedo.
“Ya mis compañeros me habían dicho que él quería andar conmigo, entonces pensé: aquí me va a hacer algo, aunque yo no quiera me va a hacer algo. Entonces yo le dije: o te metes tú y yo me salgo, o viceversa, y pues eso le molestó, él se quería acostar conmigo. Esa noche yo no dormí, por el miedo. Le pedí a mi compañera que nos encerráramos”, narra Diana.
Durante los años en los que Diana participó en Codipaj, se celebraron elecciones para la renovación de mandos coordinadores de la organización, y el hombre que la acosó fue elegido como coordinador del grupo de liturgia, a donde ella pertenecía. Entonces, afirma, el acoso empeoró.
Al inicio se le acercaba, la abrazaba, le acariciaba el cabello o la seguía a todas partes, lo que le hacía sentir muy incómoda. Luego comenzó a enviarle mensajes, incluyendo fotografías de su pene a través de perfiles falsos de Facebook, y a llamarla por la madrugada para preguntarle “qué traía puesto”.
“Me marcaba a las 3 de la mañana para preguntarme qué traía puesto para dormir, o pedirme que le mandara una foto. Cuando íbamos a las juntas siempre se sentaba a un lado de mí y me abrazaba, yo eso lo veía muy mal. También me mandaba fotos de su pene por Facebook, de otros perfiles. Él sabía que yo hacía deporte y me escribía para que le mandara fotos. Yo no hacía esas cosas ni con mi novio, incluso la relación que yo tenía terminó por eso. Sucedió varias veces, yo no lo quise exponer. Una es inocente, no se da cuenta hasta que pasan las cosas”, cuenta ella.
Diana asegura que en 2017 denunció tanto el acoso como los problemas que mantenía en la organización, con los padres que entonces se dedicaban a coordinar las labores de Codipaj. Pero no sucedió nada. Incluso, afirma que uno de ellos la reprendió.
“Me dijo que no era sano que yo estuviera en el grupo, que yo era una persona problemática cuando no lo fui, nada más por defenderme. Y que yo como mujer, ‘valía para pura madre’. Estábamos en la parroquia de la Anunciación, en su oficina, inclusive estaba una de las hermanas. Y me dijo: Y se aguanta porque se aguanta. Así, de esa forma muy déspota”, narra sobre el encuentro.
“En estados o ciudades como Aguascalientes, donde existe un arraigo mayor del poder religioso a nivel individual, relacional, comunitario, político, histórico y social, es más probable que ante estas situaciones de violencia sexual exista incredulidad hacia las alegaciones de las víctimas desde los prejuicios y el desconocimiento, y con ello se profundice su revictimización o para empezar ni siquiera ocurra una develación de la violencia”, explica Lorena Rodríguez, psicóloga forense y especialista en acompañamiento a víctimas.
El Vicario General de la Diócesis desconoce cómo actuó el padre señalado por la víctima, pero confirmó que por esos años se encargaba de coordinar Codipaj y que despachaba en la parroquia de la Anunciación. Rodríguez dijo además que este tipo de casos no suelen discutirse al interior del Obispado.
“Normalmente cuando esto se hace, si es que hubo alguna cosa así, incluso ni siquiera con el personal de aquí se comenta. El canciller es como el notario de la Diócesis, entonces él es el que levanta las actas, y él conoce de muchos temas justamente por eso. Pero hay momentos en los que el señor Obispo pudiera decir: esto, yo me lo reservo. Entonces él directamente lo trata”, explica.
Ese mismo año, Diana asegura que hizo saber del problema a la Diócesis de Aguascalientes, pero no pasó nada. Nunca le volvieron a llamar y tampoco le hicieron saber si el hecho había sido sancionado. Mientras tanto, ella sufría acoso por parte de los hombres que tres años después demandó.
“Me mandaban mensajes a mis redes sociales, groserías, faltas de respeto, cosas muy indignantes que créeme que no quiero que te pase ni a ti ni a nadie. Me mandaban fotos de penes, yo tenía fotos mías de perfil y me mandaban la figura de un pene, eran como capturas de pantalla, me da pena hablarlo”.
De la Fiscalía estatal, Diana dice que en 2021 citaron a declarar a los cuatro hombres que ella denunció, pero no se presentaron. Desde entonces no ha sabido sobre ningún avance en la investigación.
Mientras tanto, ha tenido que lidiar con haber sido excluida de una organización que para ella era importante, también dice que varias personas la juzgan por lo ocurrido, haciéndola responsable.
“En general es difícil verbalizar las situaciones de abuso o violencia sexual por muchas razones, algunas de ellas son que ese tipo de violencia está normalizada y a veces no se le interpreta como tal. La culpa, la vergüenza y la estigmatización es de lo más común, especialmente la culpa. Cuando se trata de una figura de quién no solo se espera cuidado y protección, sino que además tiene colocado un estándar moral y sagrado a nivel relacional, comunitario y social por su estatus o su superioridad jerárquica o eclesiástica, la dinámica se vuelve todavía más compleja para las víctimas”, añade Lorena Rodríguez.
Los antecedentes de violencia sexual en la iglesia católica.
Esta no es la primera vez que la iglesia católica es señalada en Aguascalientes por delitos de índole sexual.
En octubre de 2001, la monja María Esther Guevara y los prefectos Sergio Zapata Piña y Jaime Gómez Urbina; fueron vinculados a proceso acusados de corrupción de menores, atentados al pudor y violación equiparable en agravio de 13 infantes del orfanato La Ciudad de los Niños, administrado por la Diócesis de Aguascalientes.
Luego, a finales de 2002, el sacerdote Alejandro Cervantes Gallardo fue acusado de corrupción de menores y de abusar sexualmente, en al menos tres ocasiones, de un menor de 16 años de edad. El cura fue sentenciado y pasó dos años en prisión. Luego siguió oficiando misas en la comunidad de Matancillas, del municipio de Ojuelos, Jalisco.
El Obispo de aquél momento, Ramón Godínez Flores, declaró ante los medios de comunicación que “así como la madre defiende a su hijo, así debo yo defender al padre, hasta que se haga santo”, refiriéndose a Cervantes Gallardo. Ese mismo año, el jerarca aceptó que los escándalos sexuales comenzaban a cobrar factura entre los feligreses.
En 2018, otra acusación cimbró a la Diócesis. El sacerdote Flavio “N”, fue detenido por la Fiscalía estatal acusado de los delitos de violación y corrupción de menores, y a finales de 2020 fue sentenciado a 32 años de prisión.
*El nombre de la víctima fue cambiado por temor a represalias.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Poplab que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
