#AlianzaDeMedios
En una lucha contra intereses de mineras legales e ilegales, talamontes, crimen organizado y autoridades estatales, al menos 8 personas han sido asesinadas en los últimos 20 años, en casos relacionados con la defensa del territorio y contra movilizaciones contra la mina Peña Colorada. Los sobrevivientes han sido desplazados. Los pobladores exigen de forma urgente que entre la Guardia Nacional
Texto: Lydiette Carrión / Pie de Página
Fotos: Miembros de la comunidad de Ayotitlán
MANZANILLO.- A José Santos Isaac Chávez, abogado, se lo llevaron el 2 de abril de 2022, lo torturaron y mataron. Esto es conocido por todos. El crimen está registrado como caso paradigmático en el Global Witness Report 2022, así que la historia ha dado la vuelta al mundo. Pero a casi un año, no hay carpeta de investigación, o al menos los abogados que pugnan por este caso no la conocen. Los mismos abogados han pedido que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, mas se han topado con la siguiente respuesta:
“No hay denuncia”.
No hay denuncia, aunque por ley los homicidios se persiguen de oficio. Es decir, la Fiscalía General de Jalisco tuvo que iniciar la investigación y no lo hizo, por ello los abogados exigen a la FGR que atraiga el crimen: la noche del 3 de abril de 2022, entre 8 y 10 hombres que dijeron ser “del gobierno” llegaron a la casa de Santos en Telcruz, municipio de Ayotitlán. Golpearon a su esposa y a un niño, por lo que Santos salió y se fue con ellos. Los captores todavía dijeron con cinismo: “Al rato se lo regresamos”. No hay denuncia aunque unos días después fue hallado sin vida en el fondo de una barranca, en su camioneta, con huellas de tortura.
José Santos Isaac contendía para ser comisariado ejidal del ejido de Ayotitlán, en Jalisco, y había cuestionado públicamente las relaciones del ejido con la Minera Peña Colorada, la mina de hierro a cielo abierto más grande del país, y que renta varios terrenos al ejido de Ayotitlán. Y es que no todos los ejidatarios y pobladores han estado de acuerdo con los acuerdos. Además no todos reciben dinero por esta renta. Santos quería sentarse y revisar los acuerdos, y que la minera pagara bastante más.
La figura de comisariado es fundamental en la toma de decisiones respecto a las tierras. Ese abril de 2022, contendían tres candidatos: Santos, el más crítico contra los acuerdos de la minera, uno supuestamente neutro, y un tercero, muy afín.
No hay denuncia del homicidio -aunque se haga de oficio- y tampoco de la probable desaparición forzada de Santos, pese a que a Santos se lo llevó un convoy que se presentó como autoridad. No hay denuncia sobre la desaparición porque la familia de Santos tuvo que huir del lugar y, además de ser víctima de desplazamiento forzado, sigue amenazada.
Un mes después de la desaparición y homicidio de Santos otro convoy de pistoleros se llevó a dos de sus colaboradores, quienes fueron interrogados y amenazados durante varias horas antes de que los soltaran. Los soltaron por presión de organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. A casi un año, ninguna instancia en México investiga la probable desaparición forzada y el asesinato de José Santos Isaac Chávez.
Todos sabemos que a José lo privaron de la libertad, lo torturaron y mataron en un contexto de lucha contra intereses internacionales. Pero legalmente, y a casi un año de distancia, con nuevas elecciones preparándose, el homicidio no existe.
La Fiscalía de Jalisco no inició la investigación de oficio, como le obliga la ley; la FGR no ha atraído el caso, aunque defensores y abogados lo han solicitado una y otra vez.
Esta es una historia larga, pero en los vericuetos no podemos perder lo que pobladores y defensores de derechos humanos exigen de forma urgente:
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- Un puesto permanente de la Guardia Nacional en la sierra de Manantlán.
- Medidas cautelares urgentes para miembros de la comunidad y sus familias, y en especial para los candidatos a la nueva elección de la mesa directiva.
- Que la FGR atraiga la probable ejecución extrajudicial de José Isaac Santos Chávez.
- Vigilancia federal antes y durante las próximas elecciones del comisariado ejidal.
La Segob nos dejó plantados
Viajamos en un coche rentado (para evitar que identifiquen las placas), y con una sola defensa: dos botones de pánico. Unas semanas atrás, la Secretaría de Gobernación (por medio del mecanismo de defensa a periodistas y defensores) había acordado un viaje al municipio de Ayotitlán García Barragán. El objetivo del viaje era subir a la sierra a reevaluar el mecanismo de protección que había vencido poco tiempo atrás. Con autoridades acompañando, se podrían levantar testimonios in situ.
Es que nadie que no sea de la comunidad puede subir sin riesgo: son puras veredas y están dominadas por la delincuencia organizada. Por eso la población pide específicamente que coloquen un campamento permanente de la Guardia Nacional. Eso ayudaría a la seguridad, evalúan.
Pero cuatro días antes de la visita, la Segob canceló el viaje. Alegó que estaban muy ocupados, y dejó a periodistas y defensores colgados de la brocha. Canceló a pesar de que apenas un mes atrás, en Aquila, Michoacán, desaparecieron un defensor del territorio y su abogado. Todo en el mismo contexto de Peña Colorada: ahí también opera una mina de hierro de la trasnacional Ternium, allá se encuentran los mismos conflictos y división entre la población. Allá opera el mismo cartel del crimen organizado. Así que no hubo de otra más que rentar una camioneta, rezar al ridículo botón de pánico –a quien nadie le tiene confianza– y activar protocolos personales.
Subimos a la sierra, pero no demasiado. Sólo para ver un poco las faldas resecas del monte, los kilómetros de ductos que llevan fierro revuelto con agua hasta Manzanillo. Nos internamos lo suficiente para ver la entrada a la Pesadas, pueblo prácticamente fantasma, ya que sus habitantes han sido desplazados poco a poco desde hace décadas. Subimos lo suficiente para ver los tortones que transportan hierro desde las minas ilegales, que rodean Peña Colorada y que todos saben dónde están (Peña Colorada no usa tortones, todo el material ferroso lo transporta en ductos kilométricos retacados de bolitas de pellet). Minas ilegales a cielo abierto, vertiendo sustancias tóxicas con impunidad y sin control, a pocos kilómetros de la reserva de la Biósfera de Manantlán. Hasta un mapa facilitan desde una oficina que no podemos nombrar.
Un ejido que era pueblo, y que ahora está dividido
En la Sierra de Manantlán conviven dos lógicas distintas y mutuamente excluyentes. Por un lado se encuentra la reserva de la biósfera de la Sierra de Manantlán, Manantlán en náhuatl quiere decir «lloradero de agua»; hasta arriba hay piedras que «lloran» agua salada, además de unos bosques espectaculares de diversos climas: desde el cuasi tropical al bosque de niebla. Por otro lado, a 14 kilómetros de la reserva se encuentra la minería a cielo abierto Peña Colorada, ya que en esta región de la sierra del Sur, se encuentra uno de los depósitos de hierro más importantes del país. A eso se suma que en la sierra –acusan pobladores, periodistas, defensores, todos prefieren omitir su nombre– también hay laboratorios clandestinos de drogas sintéticas; y también por supuesto, la tala clandestina de madera.
Subimos la sierra solo un poco. El de Isaac Santos no es un caso aislado. Un recuento somero de los últimos 20 años arroja al menos 11 asesinatos políticos, todos vinculados a la tierra, o a asuntos de la mina. Ahora, a casi un año de lo de José Isaac, comienza a moverse todo con miras a las elecciones del comisariado ejidal para 2024.
Este cargo define todo.
Los ejidatarios que están en el padrón del Ejido reciben 3 mil pesos mensuales por la renta de la tierras a la trasnacional Peña Colorada, directamente a una tarjeta de crédito.
Pero no todos los que viven en la zona son ejidatarios, ya que en los años sesenta, cuando se constituyó el ejido, muchos comuneros fueron excluidos del padrón original de forma tramposa, para dividir a la comunidad.
Un ejido que fue formado para dividir a la población
Antes de los años sesenta del siglo pasado, Ayotitlán se organizaba como comunidad indígena, los bienes eran comunales. Sin embargo, una forma de desmovilizar (como se ha documentado en otras partes del país) fue la imposición de la figura de ejido. No todos estuvieron de acuerdo, pero en vez de que el Estado reconociera que estos eran comuneros, los dejó sin figura legal.
Actualmente hay poco más de 16 mil habitantes en el municipio de Cuatitlán de García Barragán. Sólo hay 8 mil ejidatarios. De este padrón, acusan aproximadamente el 25 % son personas ya fallecidas (almas muertas).
A esto se suma, acusan, que el padrón está desactualizado. Así que hay “almas muertas” que siguen cobrando sus 3 mil mensuales de Peña Colorada. ¿Quién recibe el monto en lugar de los fallecidos? Probablemente algunas almas muy vivas –explican varios miembros que de nuevo por seguridad omitimos su nombre–. De ahí también el interés sobre el cargo de comisariado ejidal: es ahí donde se actualiza el padrón, se decide quién pertenece al ejido, quién recibe dinero, quiénes deciden sobre las tierras.
Por ejemplo, narran el caso de una persona cuyo padre murió hace unos 8 años. No ha podido heredar el título ejidal que le corresponde desde entonces. Simplemente los comisariados la han ignorado. Esta persona debió emigrar a Manzanillo a buscarse el sustento. Esta misma persona recuerda la forma en la que su padre peleó su título ejidal.
“Se iba por días, se iba caminando hasta Cuautitlán (la cabecera municipal). Pero hacía un viaje de tres días caminando. Mi mamá le gritaba: ‘¡Te vas a acabar los huaraches y no te van a dar nada!’. Pero él se iba, rezaba, era muy de la magia, de creer en esas cosas. Y caminaba por tres días. Así fueron 20 años. Sólo 20 después lo reconocieron como ejidatario”.
Los hijos de este hombre que caminaba días durante 20 años para ver su «asunto” ahora también caminan para no perder este patrimonio. Lo han hecho por 8 años.
Además del padrón, de decidir quién cobra ese dinero mensual, el ejido también recibe un monto económico de supuesta ayuda social. Pero los habitantes tampoco saben en qué se gasta ese monto. Sólo saben que tras el homicidio de José Santos Isaac, supuestamente debía frenarse la elección; pero personas vinculadas al crimen organizado amenazaron a la población de que si alguien impedía esa elección se iba a morir, entonces por supuesto que todos votaron y que nadie se quejó. Y por supuesto ganó el candidato más afín a la minera y a la delincuencia organizada.
La postura de Peña Colorada
Además el actual comisariado ejidal está entre la ilegalidad y un limbo jurídico.
Rebeca Araya, gerente de Comunicación de Peña Colorada, da una entrevista sobre las actuales relaciones con el ejido, a pesar de la situación legal, y sobre las acusaciones de miembros de la comunidad. A pesar de ser una empresa trasnacional, y la mayoría de los empleados son hombres, y a pesar de que la entrevista tocará temas vinculados al crimen organizado. A pesar de que en 2012 un empleado de ArcelorMittal, encomendado a denunciar penalmente aspectos del crimen organizado, fue asesinado… la trasnacional designó a una mujer de mando medio, y que vive en la región, para responder.
–(LC) Disculpe, debo hacerle esta pregunta: Ellos (miembros de la comunidad) acusan que Santos era contrario a los intereses de la mina. Que habría habido una colusión por parte de los intereses de la mina con el crimen organizado.
–(RA)Nosotros no intervenimos en lo que son investigaciones de la autoridad. Nosotros dejamos en manos de la autoridad ¿Sabes si hay alguna denuncia abierta por ese asesinato?
–(LC) Los asesinatos se persiguen de oficio. La otra pregunta sería: a raíz de ese asesinato y de la privación ilegal de la libertad de otros dos ejidatarios, se han interpuesto recursos legales para advertir que la persona actual no es propiamente el comisariado ejidal. ¿Ustedes mantienen algún tipo de relación económica, diálogo con las autoridades del actual comisariado ejidal?
–(RA) Con el actual comisariado ejidal por supuesto sí hay una relación porque son el canal oficial para el convenio. Se mantiene una relación como cualquier otro proveedor. De otro modo nosotros caeríamos en incumplimiento.
Unos cuantos homicidios
La violencia en la región tiene más de un siglo. Pero empecemos con aquellas muertes que tienen menos de 40 años. En todos los casos se trata de dirigentes de la comunidad comprometidos por años. Algunos fueron exitosos deteniendo el embate de la tala, pero fueron asesinados años después, cuando se opusieron a tener que dejar sus casas para las tierras fueran utilizadas por la minera
El 16 de septiembre de 1986, asesinan a Avelino Monroy Sandoval, quien se opone a que le desplacen, le quiten las tierras, para que la minera ocupe sus tierras en la comunidad de Los Potros. Félix Monroy, hijo de Avelino ha contado la historia frente a cámara. También la escribió en su momento el padre Miguel Concha Malo: la contaminación de la mina afectaba a las familias, las enfermedades de la piel se exacerbaban; pero la mina quería desplazarlos aún más y ocupar sus tierras. Ofrecieron a los indígenas incluso unas casitas. Pero la gente tiene derecho a no querer irse de su hogar, a amar la tierra y a defender los árboles de ser convertidos en un desierto de desechos mineros. Así que no aceptaron.
“Unos compañeros de Minatitlán querían vender. Pero nosotros no estábamos de acuerdo nos dijeron: Queremos sacarlos vivos o muertos”. Citaron a Avelino en un crucero y lo golpearon. Pocas horas después murió”.
12 de diciembre de 1993, la policía estatal de Jalisco acribilla a José Luis Rosales Contreras, y a Juan Monroy Elías, y quedan gravemente heridos Alejandro Monroy (hijo de Félix, nieto de Abelino) y Juan Prudencio, en Telcruz.
Alejandro Monroy sufrió otro atentado que esta vez sí le costó la vida. En 1994, fue atropellado en el camino a la comunidad de Potros. Félix declaró en 2014: “Se equivocaron. Querían matarme a mí pero mataron a mi muchacho”, explica Félix. El asesino era empleado de Peña Colorada, a quien la minería había traído desde Tierra Blanca, Veracruz. Al día de hoy, la familia de Félix vive en el exilio y en un lugar no identificado, por miedo a los intereses que tocaron.
27 de febrero de 1996. Es asesinado el presidente del comisariado ejidal de Ayotitlán Adauto de los Santos Peregrina. Habitantes atribuyen esto al recuento de tierras alrededor del municipio de Tolimán, Jalisco.
31 diciembre 2004.- Nazario Aldama Villa, representante indígena en Tenamazca. Comunero, no era beneficiario del sistema ejidal. Él trataba de salvar sus tierras.
11 de marzo de 2006.- Hallan sin vida, con huellas de tortura y maniatado Concepción Gabino Quiñones, dirigente de la comunidad indígena nahua de Cuzalapa.
Concepción encabezaba un movimiento contra el parcelamiento ilegal de más de siete mil hectáreas de tierras comunales. También había participado en las reuniones del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico y al suscribir la Declaración de Tuapurie del Congreso Nacional Indígena se había adherido a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona emitida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Quiñones también participó en la lucha contra talamontes que derivó en la creación de la Reserva de la biósfera de la Sierra de Manantlán.
15 de julio de 2006.- el presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, Raúl Delgado Benavides y su chofer, Francisco Nogales.
Delgado Benavides era muy querido por el pueblo, lo percibían como un “rico bueno», «enemigo de los corruptos». Hasta le hicieron un corrido. Los habitantes recuerdan que tenía una farmacia y daba consultas y medicamentos gratis a los niños del pueblo. Cuenta un allegado de Raúl Delgado Benavides que la minera enviaba cheques personales dirigidos a varios presidentes municipales alrededor de la mina. Pero Delgado Benavides siempre exigía que ese dinero se depositara a la tesorería del municipio.
Raúl estaba comprometido con resolver un problema fundacional:
Décadas atrás, una parte del territorio que pertenecía a Ayotitlán –y por ende a Jalisco– fue ocupado por Colima. Se trata de más de 304 kilómetros cuadrados disputados. En el territorio en disputa entre Jalisco y Colima se encuentra precisamente la minera Peña Colorada.
En aquel entonces (en 2006) esta querella, la controversia 3/98, había llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJNC). Y Delgado Benavides metió un recurso como tercero interesado, ya que históricamente estos terrenos serían del municipio de Ayotitlán.
Jalisco tenía mejores pruebas, sin embargo, el entonces gobernador jaliciense dejó de pagar la defensa. Y al final Colima hizo una maniobra que implicó que el caso fuera bajado de la SCJN y se enviara al Senado, para llegar a un acuerdo político y no ya a una determinación jurídica. Estaban en esas, impugnando estos temas, cuando a Raúl Delgado lo mataron.
Hubo un testigo. Recabamos ese testimonio: Don Raúl se detuvo a saludar a un hombre que se preparaba a bajar su cosecha de mangos a Manzanillo. Este hombre esperaba en la vereda. Raúl frenó su camioneta y lo saludó, luego le dijo «saca tus mangos y espera mi camioneta» (don Raúl era ese tipo de persona, solidaria con los pobres. Por eso lo querían a pesar de ser blanco). Luego don Raúl se despidió y pidió a s chofer arrancar la camioneta. Un poco más adelante se escucharon las detonaciones. Raúl y su chofer habían sido asesinados.
Todavía no hay detenidos.
La controversia constitucional que podría devolver a Ayotitlán parte de sus tierras se encuentra en el limbo jurídico hasta el día de hoy. De resolverse esa controversia, y si gana Jalisco, ello implicaría que Peña Colorada debería sentarse a negociar los terrenos sobre los que se encuentra su principal núcleo de explotación minera con el municipio de Ayotitlán.
20 de abril de 2007.– Aristeo Flores Rolón era representante indígena miembro del Consejo de Mayores, promotor de la educación y la medicina tradicional, y siempre fue activista por la defensa de los bosques. Opositor de antaño incluso en 1984 levantó una querella contra los miembros de la 15va zona militar del Ejército, por robo. En aquel entonces el Ejército lo etiquetó de revoltoso y antisocial y ser líder regional del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en la Región. Para 2007, es asesinado en el contexto de oposición a que la mina ampliara su extensión; además él había luchado décadas atrás en contra de los aserraderos.
23 de octubre de 2012.- Probable desaparición forzada de Celedonio Monroy Prudencio, activista, interesado en mejorar las condiciones de vida de la población. Aquella noche varios hombres armados, “vestidos de gobierno, como militares”, llegaron en dos camionetas a su domicilio, en Loma Colorada, Cuautitlán. Golpearon a su esposa, y destrozaron la vivienda; luego acusaron al activista de “tener armas” y se lo llevaron al activista. No se le ha vuelto a ver desde entonces.
Celedonio tenía 37 años cuando fue víctima de desaparición forzada. Con esfuerzos de sus familiares logró estudiar la licenciatura de Administración Pública, en Colima; quiso regresar a su pueblo, ayudar. Pero ahí sólo consiguió trabajo como albañil. Para 2009 tomó el cargo de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Cuautitlán, y participó en las luchas de los pueblos de la región, en la promoción de la Ley Estatal Indígena y en la defensa de los derechos humanos. Él trabajaba de la mano con Higinio Trinidad de la Cruz; tenían una organización llamada Pro México Nueva Ruralidad AC, mediante la cual buscaban bajar recursos federales a su comunidad. Sin embargo, esto había ocasionado pugnas con caciques locales afiliados al PRI.
Amenazas y desapariciones
El 3 de junio de 2013 no hubo muertos. Pero el Consejo de Mayores de Ayotitlán movilizó a unos 200 ejidatarios para suspender “por la vía de los hechos” las actividades de dos minas ilegales en sitios cerca de Chiconquiáhuitl y Cerro Prieto, Cuautitlán. Dos semanas después, hombres armados irrumpieron en la casa de su entonces representante legal. Días después la policía lo detuvo de forma arbitraria. A raíz de esta agresión, varios de los miembros de la comunidad que originalmente defendían el territorio terminarían teniendo vínculos con el crimen organizado.
Julio de 2015.- Un grupo de la comunidad de Ayotitlán avaló la renta de tierras para la minera Peña Colorada, pero otro grupo se opuso, por lo que varias personas efectuaron protestas. Como resultado, 33 indígenas son privados de la libertad por unas horas. Además 11 más sufrieron heridas, –entre ellos un niño–, al enfrentarse con policías de Colima y trabajadores de Peña Colorada. Sin embargo, su abogado Eduardo Mosqueda fue detenido durante 9 meses en un penal de máxima seguridad en Colima.
2017.- De acuerdo con los testimonios recabados, el Cartel Jalisco Nueva Generación ingresa en la zona de la mano de dos personas: «Ernestino» y «Pedro».
26 de octubre de 2020.- Asesinan a Rogelio Rosales Ramos en el Río de la Rosita. Su padre estaba en contra de las malas prácticas del Comisariado Ejidal. Probablemente, como en el caso de Félix Monroy, el objetivo del asesinato era el padre. Había una antecedente directo: amenazas hechas por el abogado del Comisariado en contra del padre para desaparecerlo. Actualmente la familia vive desplazada.
11 de junio de 2021.- Privación de la libertad de T. Desde presidencia municipal lo llaman con engaños. Una vez ahí es amenazado por el crimen organizado.
Junio de 2021.- El crimen organizado priva de la libertad a cuatro miembros de la comunidad de Telcruz, los amenaza si continúan hablando con defensores de derechos humanos.
2 abril de 2022.- Desaparición forzada y homicidio de José Isaac Santos Chávez. Posteriormente privación ilegal de la libertad contra dos de sus colaboradores.
Contra talamontes: una historia de éxito
La violencia y la impunidad que ha sufrido el pueblo de Ayotitlán es brutal y centenaria. Pero así ha sido también su resistencia, sobre todo desde el pueblo de Telcruz. Vale recordar una lucha que ganaron, una lucha tan exitosa que la Reserva de la Biósfera de la Sierra de Manantlán existe gracias ella.
El primer leviatán contra el que se enfrentó el pueblo de Ayotitlán no fue la minería, sino la tala legal de madera. Desde los años sesenta, que se constituyó el ejido, llegó gente desde Guadalajara. Ahí empezó el martirio.
Los hombres y mujeres, nahuas-otomíes, serían discriminados y agredidos en sus propias tierras. Por ejemplo, cuando bajaban a Manzanillo, los blancos los mataban si los veían en el camino con su calzón y camisa blanquísimas y el cinto rojo a la cintura. El depsojo siempre va de la mano con el racismo. “La gente tenía que esconderse si llevaban la ropa”. Antes de llegar a los pueblos, les rentaban ropa de paisano, para que no los asesinaran. Estos crímenes de blancos, católicos, provenientes de las capitales, han quedado impunes. El pueblo, para sobrevivir debió cambiarse la ropa y olvidar la lengua. Ayudó que llegaron grupos
Cuando siguieron talando los bosques la gente se organizó. Un grupo de mujeres se fue a la Ciudad de México a plantarse en Bucareli. Mientras, los hombres usaron una táctica de guerra de guerrillas: echaban alacranes y víboras a los campamentos de los taladores, estropeaban maquinaria cuando nadie veía. Al final, de plano incendiaron toda la maquinaria. En aquella resistencia estuvo presente Zeferino Padilla Villa, a quien matarían décadas después.
Con víboras, alacranes, fuego, organización, tácticas, ganaron. En 1986, llegó la orden de detener el saqueo de madera y el gobierno federal ordenó la creación de la Reserva Natural de la Sierra de Manantlán.
Pero apenas venía el horror de la mina.
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Este reportaje se realizó con 14 entrevistas y conversaciones continuas, se omiten nombres por razones de seguridad. Siete de estas entrevistas se realizaron in situdurante enero de 2023. Dos entrevistas se realizaron a distancia en noviembre de 2022 con abogados que participaron en algún fragmento del caso. Se realizaron dos entrevistas más fuera de grabadora también a periodistas de la región a mediados de 2022. También se consultó el trabajo de Darcy Tetreault.
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