Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina
Los derechos humanos como medio para cumplir con necesidades para una vida digna, como expectativas para ser reconocidas en el marco legal o límites del quehacer gubernamental, en algún momento requieren de mecanismos para concretar su contenido, como por ejemplo a través de la existencia de disposiciones legales que las garanticen, de instituciones creadas para ello, de presupuestos que incluya esa perspectiva o de medidas administrativas o de cualquier índole que los haga posibles.
En cada uno de esos aspectos, podemos advertir sus antecedentes, muchos de ellos constituidos por movimientos y resistencias de personas o grupos, que durante décadas lucharon por ejemplo el cumplimiento de un horario de trabajo de ocho horas, con un descanso adecuado; una tierra donde sembrar; la protección a la salud, a no ser torturado, censurado, reprimido o asesinado por sus opiniones; a no ser detenido de forma arbitraria y de forma discrecional por la autoridad; en muchos casos a no morir en prisión. Actualmente a no ser desaparecido.
Sean leyes, instituciones o mecanismos tienen un alto contenido de esa realidad que es útil para orientar su eficacia. Es el caso de la creación del Sistema Público de Protección de los Derechos Humanos que dio vida a las comisiones públicas de derechos humanos, las cuales surgen como una respuesta a un grito que exigía un alto a la impunidad y falta de justicia durante la incipiente transición en nuestro país.
El nacimiento de la actual Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco fue una reacción gubernamental ante la movilización social originada por lo ocurrido en las explosiones del 22 de abril de 1992 y de la serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de partido único de entonces, por lo que se trata de una herramienta que debiera aspirar a generar equilibrios y contrapesos, voz para los que más requieren ser defendidos y mecanismo de conciencia para exigir cambios, más allá de sus herramientas.
Para ese entonces, existían grupos de personas, entre ellos académicos e integrantes de la sociedad civil, que de forma visionaria aprovecharon las fisuras y debilidades del sistema político hegemónico de ese entonces para impulsar una institución en realidad cumpliera con el propósito de hacer visibles los incumplimientos, se emplearan modificaciones y se buscara la reparación, lo cual no fue del todo incluido, ya que posteriormente se emprendería otro camino para exigir la independencia y autonomía, la que debería de permear en el nombramiento de su titular y sus integrantes.
Es así que mediante el Decreto 15028 del 22 de enero de 1993, se crea la comisión de Jalisco y se sienta las bases de su funcionamiento. Sus 30 años deben de ser motivo de una reflexión profunda sobre qué tanto se ha ganado en el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, más que hacer de la fecha una simple “celebración” sin sentido.
Hoy en Jalisco, existen suficientes violaciones a los derechos humanos de especial atención: feminicidios, desapariciones muchas de ellas realizadas por agentes policiacos, debilidades en la persecución de los delitos y en la administración de justicia; tendencia a la discriminación, ataques a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo, control y alienación hacia la participación, sobre interés en el discurso de los derechos humanos pero sin su componente de exigibilidad a la usanza del altruismo; falta de apertura al diálogo complejo, prevalencia de proyectos económicos de intereses incluso globales en detrimento de recursos, territorio y vidas locales, administración de los servicios públicos como patrimonio privado. Éstos y muchos temas más deberían de ser la agenda que debería de alimentar una “reingeniería” que amplíe los mecanismos de garantías y la reparación.
No basta con incluir temas en organigramas para incrementar la burocracia, ni consumir las propias herramientas de su mandato sin que dentro de ellas exista un posicionamiento ético o de exigencia de cambio. Deberá de evaluarse a la actual CEDHJ por su oportunidad en atender las causas que detonan las violaciones, sus intervenciones que por lo menos eviten el agravamiento de las situaciones y las acciones para crear una nueva conciencia en los actores públicos tan deseosos de encontrar nuevos enemigos públicos para sus intereses partidistas.
Hoy más que nunca queda claro que las siglas de las instituciones en sí mismas no son suficientes para dar contenido a su función. Los derechos humanos son demasiado importantes para dejarlos en manos de instituciones llenas de desafíos, por lo que su atención ha recaído en las manos de las madres buscadoras, los colectivos que defienden un camino que impide la contaminación de sus comunidades o se oponen a grandes desarrollos que no tienen significado para su vida, organizaciones que exigen cambios porque entienden que de por medio se encuentra nuestra interdependencia y vida, así como académicos y universidades que emplean tiempo y recursos para encontrar rendijas que permitan escapar del horror de la impunidad, así como abogados que día a día han incorporado a su decálogo de obligaciones el compromiso en defender la justicia de quienes más lo necesitan.
Por ahora, es importante mencionar algunos elementos que hace 30 años se plasmaron en la exposición de motivos de su creación, los cuales todavía tienen actualidad. Aquí algunos ejemplos:
“La protección de los derechos e intereses de los ciudadanos, entraña para el Estado una seria responsabilidad, pues servir con honestidad, eficiencia y buen trato a la comunidad constituye un deber insoslayable”
“ permitirán darle vida jurídica a la Comisión de referencia, para que pueda actuar cuando considere que están realizando actividades arbitrarias e injusticias, bien por la incapacidad, negligencia, e inclusive por falta de honestidad; su trabajo ayudará a superar los sentimientos de frustración y la falta de credibilidad hacia la administración ofreciéndole al ciudadano un instrumento gratuito, sencillo y rápido a su servicio, que le garantice seguridad jurídica dentro de la propia administración”
“Es un testimonio de la voluntad gubernamental en el sentido de que pueden y deben buscarse soluciones que se plantea en cualquier sistema democrático, que es la posibilidad de garantizar a los ciudadanos el acceso oportuno y eficaz a la justicia en el ámbito de su competencia”.
“La vida y la libertad son los valores supremos del hombre. Corresponde al Estado y a la sociedad salvaguardarlos. El Estado con leyes y con respeto a la esfera personal de libertad de cada individuo. La sociedad al vigilar que ninguna autoridad vulnere las garantías individuales y al exigir el pleno reconocimiento de los derechos ciudadanos, respondiendo a la necesidad de combatir la impunidad, el abuso, la arbitrariedad, la prepotencia y los excesos para perfeccionar así la convivencia social. Nadie por encima de la ley; todos dentro de la ley para así llegar el estado de derecho, mismo que sólo se configura a plenitud si sus instrumentos legales son adecuados para ordenar la realidad social”.
“Debe quedar exceptuada la competencia electoral porque resulta altamente conveniente que este tipo de instituciones se mantengan al margen del debate político, pues de no ser así, de intervenir en ese ámbito, correrían el riesgo de involucrarse en la controversia que por su índole tiene la orientación y el contenido propio de las corrientes y agrupaciones políticas actuantes en la sociedad, con la consiguiente comunicación en el conflicto. Ello provocaría finalmente la discusión sobre la autoridad moral de las instituciones que nos ocupan, que es por sí misma el fundamento propio de su eficacia. No es casual que ningún “Ombudsman” del mundo intervenga en esta materia, pues, de hacerlo, muy poco podría aportar y sí se pondría en grave riesgo el alcance de su opinión”.
El párrafo anterior va con dedicatoria a las múltiples legislaturas que han transformado a dicho organismo en uno implícitamente político partidista para debilitar su independencia y autonomía.
Quizás sea momento de volver a imaginar como en ese tiempo, que se puede y debe reformularse la defensa y protección de los derechos humanos, con otras herramientas que si protejan a quienes sufren de ellas, que reparen y restauren la vida pública, así como a la sociedad misma. Es tiempo.
