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Algunas de las compañías que más desechos plásticos recibieron en la región, la mayoría estadounidenses o europeas, ya han sido acusadas por supuestos daños al ambiente en diversos países por el tratamiento que han hecho de productos similares. Interpol advierte que esta industria esconde riesgos criminales.
Por Mónica Cerbón / PopLab
Un lunes de octubre de 2014 decenas de vecinos de la comuna de Quilicura, en Santiago de Chile, salieron a las calles a protestar por la explosión de una caldera al interior de una empresa de envases plásticos. El estallido ocurrió en las instalaciones de la transnacional de embalaje y etiquetas para alimentos Bo Packaging, una de las cinco compañías que más plástico ha importado a Chile durante la última década.
El caso de Chile no es una excepción. Empresas que importan desechos plásticos hacia América Latina han incurrido en impactos ambientales por el procesamiento de este material también en otros países como México y Perú. La falta de la trazabilidad de esta basura y la falta de atención por parte de las autoridades sobre estas compañías impide el control sobre el uso que las empresas hacen con estas sustancias y pone en alerta sobre posibles nuevos riesgos al medio ambiente.
En las primeras entregas de esta investigación, la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico y Poplab revelaron cómo millones de toneladas de residuos plásticos han ingresado a Latinoamérica principalmente desde Estados Unidos, como parte del mercado del reciclaje. La mayoría de esta basura ingresa gracias a negocios realizados por empresas trasnacionales, como Coca Cola. Sin embargo, reciclar este material es un proceso complejo que difícilmente se cumple; la contaminación que ocasiona afecta a comunidades de países menos desarrollados, como se documenta en esta tercera entrega.
Algunas de las más importantes empresas importadoras de desechos plásticos fueron denunciadas o sancionadas por faltas ambientales en América Latina, lo que ha puesto en alarma a los expertos consultados por el tema. “No es un problema para la empresa, es un problema para el país que está recibiendo, para los ciudadanos del país que están recibiendo”, dice en entrevista María Esther Briz, Campañista de Plásticos para América Latina y Caribe en la organización Break Free From Plastic.
Chile no es el país que más basura plástica importó, pero aún así sus números son sorprendentes: ingresaron a territorio chileno al menos 50 mil toneladas de desechos plásticos, unas 222 veces el peso de la Estatua de la Libertad, según datos obtenidos a través de bases de datos comerciales.
La denuncia sobre el caso de la comuna chilena Quilicura indica que durante más de 14 años Bo Packaging sometió a sus vecinos como “víctimas de la contaminación directa de los humos, ruidos y olores derivados de la acetona”. Los medios de comunicación aseguraron que los olores ácidos eran tan fuertes que producían náuseas, dolor de cabeza, mareos, dolor de garganta y sequedad de boca.
Jim Pucket, director ejecutivo de la organización ambiental estadounidense Basel Action Network, coincide en que la nula trazabilidad y la falta de seguimiento sobre los plásticos importados desde países desarrollados a América Latina es peligrosa, pues además de ocasionar daños ambientales, podría estarse realizando de forma ilegal.
Tras el estallido, las autoridades chilenas encontraron que la empresa realizó modificaciones en su planta que no les habían sido informadas y tampoco habían solicitado, como era obligatorio, el permiso de evaluación de impacto ambiental. Con esos antecedentes, las autoridades estudiaron la imposición de sanciones por daños ambientales y a la salud.
Aunque Ojo-Público y Pop Lab buscaron a las autoridades chilenas para conocer más sobre las empresas que importan plásticos a su país, no se recibió ninguna respuesta. Tampoco se recibieron respuestas a los llamados telefónicos y correos electrónicos enviados a cada una de las empresas mencionadas en esta investigación.
México y Perú: los otros casos.
México es el país de la región que más basura plástica importó entre 2012 y 2022, según los registros revisados en bases de datos comerciales. Las más de 845.7 mil toneladas de desechos plásticos –equivalentes a 18 veces el peso de El Titanic– que ingresaron a territorio mexicano durante esa década fueron adquiridas por casi 2000 empresas. La segunda de mayor volumen es Cerámica San Lorenzo de México (llamada ahora Mohawk Operaciones Mexicali), que importó 41.5 mil toneladas, con un valor económico de 32.6 millones de dólares.
Esa empresa es la filial en México de Mohawk Industries, una compañía extranjera que en su página de internet presume ser la más grande del mundo en venta de pisos, con operaciones en una decena de países. Dalt-tile, su accionista mayoritaria, ya estuvo en la mira de las autoridades mexicanas: fue señalada en 2020 por el entonces diputado local Jesús Nava (Partido de Acción Nacional), que recogió el reporte de 200 vecinos molestos por los procesos presuntamente contaminantes de las empresas.
Las acusaciones detallaron que la actividad de Dalt-tile y otras empresas ocasionaban malestares estomacales, vómitos, diarrea, problemas respiratorios y otros padecimientos entre los habitantes del municipio de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León. En 2020, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) abrió una investigación al respecto cuya conclusión se desconoce.
No es el único caso en México de empresas que importan desechos plásticos que han tenido antecedentes por posibles daños ambientales. También está señalada la recicladora y procesadora de resinas plásticas Clearpac. Esta empresa fue registrada en 2015 en el municipio de Tijuana, frontera con Estados Unidos, por una accionista estadounidense y otro socio de nacionalidad china.
Seis años después, en 2021, la empresa fue acusada por los vecinos antes supuestas malas prácticas en el procesamiento de desechos plásticos, y en el mismo año de su registro, la Secretaría de Protección al Medio Ambiente de Baja California ya le había negado la Manifestación de Impacto Ambiental (uno de los permisos más importantes en México para la operación de diversas industrias) por no contar con la información necesaria sobre el impacto en el medioambiente que causarían sus actividades. Sin embargo, pudo funcionar durante esos años porque el Estado le otorgó una autorización condicionada a que entregara la información completa.
Clearpac fue denunciada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por daños al medio ambiente, según una nota publicada en abril de 2021 por el medio local Noticias Tijuana. De acuerdo con esa información, la autoridad mexicana ordenó una inspección en la planta pero los trabajadores no les permitieron ingresar, lo que les valió una multa. El inspector de Profepa declaró ante la prensa que se otorgaron cinco días hábiles:
“para que presenten toda la documentación requerida y expliquen por qué vierten los desechos tóxicos al drenaje como lo prueban las fotografías y videos que nos han hecho llegar hasta este departamento de Verificación”.
En la denuncia presentada ante la Profepa, la empresa fue acusada por generar residuos peligrosos que terminan en la basura, como trapos contaminados con químicos y lodo de planta de tratamientos. “La empresa no tiene registrada sus descargas de aguas residuales que salen de la planta de tratamientos de un proceso donde se utiliza hidróxido de sodio y se descarga directamente al alcantarillado”, señaló la denuncia, de acuerdo con Noticias Tijuana.
Por su parte, la dirección de Reglamentos municipales de ese municipio ordenó el seguimiento del proceso iniciado bajo la carpeta de inspección DIV/CE/1176/21. Para esta investigación se buscó entrevistar a los vecinos de Clearpac que denunciaron prácticas contaminantes, pero no se obtuvo respuesta.
El caso peruano
Las denuncias por supuestos daños ambientales de las empresas que han importado desechos plásticos es una tendencia que también se repite en Perú, donde ingresaron 62.100 toneladas de basura plástica entre 2012 y 2022. Industrias Fibraforte S.A., que opera una planta de reciclaje en aquel país, registró en 2021 una multa por más de S/70.000 (unos USD 18.000, al tipo de cambio de la fecha), impuesta en primera instancia por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La compañía, que registra operaciones desde 1993 y cuenta con más de 120 trabajadores en planilla, recibió la sanción por no contar con equipos o sistemas de tratamiento como aseguraba en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) de su planta industrial ubicada en la provincia de Cañete, en Lima.
Las autoridades ambientales peruanas determinaron la responsabilidad administrativa de la compañía sin ordenar la imposición de una “medida correctiva” por la falta cometida, según el sistema de sanciones del organismo fiscalizador. El OEFA, al cierre de esta publicación, no respondió a OjoPúblico si la firma había apelado o pagado la multa impuesta en julio del año pasado.
En un video institucional, Industrias Fibraforte destaca que la materia prima para los techos que comercializa proviene de “polipropileno reciclado” para contribuir “al desarrollo sostenible”. Sin embargo, en ningún momento hace alguna referencia sobre el origen de este plástico luego transformado en uno de los productos de venta al público. Esta información tampoco se encuentra detallada en su página institucional. Entre 2012 y 2022, esta compañía importó más de 27 mil toneladas de basura provenientes principalmente de Estados Unidos, Alemania, Chile, Costa Rica, Uruguay y Ecuador.
Asimismo, esta empresa peruana —según su portal web— declara formar parte de Elementia Materiales, un conglomerado constituido en México y que cuenta con otras nueve empresas del sector construcción e ingeniería en Centroamérica, Bolivia, Colombia y Ecuador. Asimismo, en el período 1999 y 2016, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, Industrias Fibraforte, brindó servicios a diferentes gobiernos locales del Perú por más de S/ 137.000 (unos USD 40.000)
Las armas de interpol para una industria con riesgos criminales.
En agosto de 2020, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) advirtió que el intercambio comercial de basura plástica ha “abierto las puertas a la delincuencia oportunista (…), tanto en términos de comercio ilegal como de tratamiento ilegal de desechos”.
Interpol detectó la utilización de documentos falsos, o que los envíos de desechos plásticos se declaran falsamente como destinados a la recuperación o como materia prima, mientras que en otros casos se reportan como “no peligrosos”, aunque están contaminados o mezclados con diversos desechos y “se ocultan en el contenedor colocándolos detrás de los desechos plásticos ‘limpios’ que se declaran en los documentos de envío”.
También se realizan declaraciones falsas de residuos evadiendo responsabilidades fiscales. Para evitar el monitoreo de estos productos, se declara de manera errónea el destino final de los envíos, utilizando un país de tránsito en una zona de libre comercio.
La Interpol ha alertado de que los recicladores ilegales cuentan con licencias fraudulentas, y en ocasiones se involucra trabajo ilegal, lavado de dinero, corrupción gubernamental, y otros delitos:
“principalmente en países con economías en desarrollo, importando desechos plásticos de otros países que tienen un mejor sistema de clasificación y, por lo tanto, desechos de mejor calidad para procesar”.
Esto ocurre porque la inspección de los desechos “es relativamente baja, ya que la mayoría de los países padecen escasez de recursos humanos especialmente capacitados y asignados a la aplicación de los desechos. Este desafío afecta en particular a los países importadores emergentes”, señala Interpol. Y agrega:
“Los encargados de hacer cumplir la ley en los países exportadores tienen pocas herramientas para determinar con precisión a dónde se envían realmente los desechos y cómo se tratarán una vez que lleguen a su destino”.
El organismo internacional explica que “los exportadores ilegales evitan los costos de reciclaje en su país y aprovechan los costos laborales más bajos, las regulaciones ambientales y las capacidades de aplicación de la ley en los países importadores”.
La decisión tomada por China en 2017 para dejar de recibir desechos plásticos reforzó una tendencia de enviar esos materiales contaminantes a América Latina y a otras economías emergentes, que se convirtieron en el ‘basurero’ de Estados Unidos y países europeos.
Interpol sugiere que además de realizarse inspecciones específicas, se investiguen no solo los sitios de desechos sino también las redes criminales y los activos ilícitos. Y denuncia que hay información de que se está invirtiendo en nuevas instalaciones de reciclaje en México, Argentina y otros países de la región, de empresas de reciclaje de Estados Unidos para desviar sus desechos –que enviaban previamente a China– y de empresas de reciclaje chinas que han encontrado que algunos países latinoamericanos tienen menos restricciones a las importaciones de plástico y se convierten en una opción viable.
Como ejemplo de esta práctica se encuentra la recicladora Clearpac, que fue registrada en 2015 en la frontera de México con Estados Unidos, por personas de nacionalidad china y estadounidense.
En 2017, Interpol realizó la Operación 30 días de acción a nivel mundial donde detectaron el envío de residuos peligrosos desde Europa a Brasil, República Dominicana, Jamaica y México. Los desechos transportados ilegalmente fueron escondidos detrás de los neumáticos de los automóviles, entre textiles, tierra y plantas.
Además, en la ejecución de la Operación 30 Días en el Mar 3.0, realizada entre los años 2020 y 2021, Interpol detectó que los delitos por contaminación marina están “relacionados con otros delitos graves, en particular con delitos financieros y fraude documental, y ocasionalmente también con corrupción y crimen organizado”. El informe registró el aumentó en el uso ilegal de plástico; pues en siete países de América Latina se detectaron 17 casos de uso ilegal de plástico y cinco casos de vertidos ilegales de residuos de plástico, aceite y otros contaminantes a ríos y aguas continentales.
La basura de los países desarrollados
“Estados Unidos está generando montañas y montañas de plástico y otros residuos. Y, por lo tanto, prefieren no tener que pagar el alto costo de depositarlos en los vertederos del país, prefieren exportarlos. Hacer eso puede implicar delitos, delitos de encubrimiento del oficio, de evitar aduanas y tergiversar los desechos que están enviando. Puedo decirles que hay una gran cantidad de desechos plásticos que cruzan la frontera con México y casi no hay cumplimiento en las inspecciones. No tienes que ser un genio criminal, es muy fácil exportar este material a México”, explica Jim Puket, de la organización ambiental Basel Action Network.
Los daños al medio ambiente y el incurrimiento en presuntas prácticas criminales ocurre bajo la mirada laxa de los gobiernos en países en desarrollo. Por ejemplo, en agosto de 2020, tras las enmiendas realizadas al Convenio de Basilea para regular el comercio internacional de basura plástica con limitaciones para la industria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a la presidenta del Congreso de la Unión para solicitarle aprobar las nuevas medidas.
Entre otras cosas, el mandatario afirmó que éstas ayudarían a registrar el avance en la reducción de desechos pero también a la economía del país al promocionar “la infraestructura nacional para reciclar los residuos de países cercanos con la correspondiente activación de la economía del país, la creación de empleos y la generación de divisas”, indica el documento oficial publicado por la organización mexicana Fronteras Comunes.
Pucket añade: “México está haciendo casi cero cumplimiento en las fronteras para importar plásticos. No he visto ninguna prueba de ello. Le he pedido pruebas al gobierno y no proporcionan nada. Así que no creo que nadie esté haciendo cumplir, ya sea del lado estadounidense o del lado mexicano. México es parte de la convención de Basilea y no debería estar recibiendo desechos plásticos controlados de los EE. UU.”. Y añade:
“Vemos en todo el mundo que la comunidad empresarial que se beneficia de este comercio tiene una mano fuerte para tratar de influir en el gobierno para que mire hacia otro lado y no haga cumplir las reglas de tránsito”.
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