En 2008, en la colonia La Azucena en El Salto, Jalisco, Miguel Ángel López Rocha de 8 años cayó en la unión del Canal El Ahogado con el Río Santiago, tras haber estado en estado de coma durante 19 días, lamentablemente, murió el 13 de febrero de aquel año.
¿El motivo de su muerte?: Intoxicación por la contaminación industrial provocada por diversas empresas ubicadas en los corredores industriales en la zona. Tras 15 años del suceso ¿Cómo se encuentra el tema de contaminación en el Río Santiago, y cuál ha sido el actuar del Gobierno de Jalisco?
Por Josué Ibarra/@josueibarrasala
Fotos: Mario Marlo / @MarioMarlo
La trágica muerte de Miguel Ángel López Rocha marcó un antes y un después entre quienes viven en la ribera del Río Santiago, el más contaminado de América Latina. Sin embargo, la falta de inacción de las autoridades ha ocasionado la muerte de 2 mil 347 personas más por la contaminación industrial presente en la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Su muerte estuvo rodeado de polémicas e indolencias gubernamentales, pues luego de que éste muriera tras haber caído al río, el 13 de febrero de 2008, desde diversas instituciones del Gobierno de Jalisco se insinúo que el niño había muerto, en realidad, por consumo de drogas o por un posible envenenamiento cometido por su madre, todas estas eran mentiras para ocultar que murió por la contaminación industrial del Río Santiago, lo cual se comprobó y manifestó, en marzo de 2010, tras la recomendación que por el caso emitió la Comisión de los Derechos Humanos de Jalisco, instancia que concluyó que Miguel Ángel: “presentó una intoxicación aguda por arsénico derivada del grave estado de contaminación del río”.
Tras 15 años de este hecho, familiares de Miguel Ángel y organizaciones civiles denunciaron que no ha existido acción gubernamental contundente para remediar los daños medioambientales y sociales, y mucho menos han existido planes reales para enfrentar el problema más serio: los efectos en la salud a causa de la contaminación de origen industrial que, consideran, solamente se ha agravado, pues las autoridades y funcionarios no han hecho más que colocar plantas de tratamiento de aguas residuales que no resuelven el problema de raíz.
Según datos de organismo locales, desde 2008, han fallecido alrededor de 2 mil 348 personas por contaminación ambiental en la ribera del Río Santiago, siendo las principales causas de muerte: enfermedades renales, cancerígenas y pulmonares.
Por estos motivos, el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y la Vida (UPOJAST), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), la Fundación Cuenca Lerma-Chapala-Santiago convocaron a una conferencia de prensa para recordar que la muerte de Miguel Ángel sigue impune y para denunciar el nulo avance del gobierno de Jalisco en el caso, pues señalan que “no han existido avances reales para combatir esta contaminación que deriva en problemas de salud a los habitantes de la zona”.
“Desafortunadamente estamos a 15 años y la situación en la cuenca del Río Santiago y del Lago de Chapala es peor, pero quisiéramos centrarnos en dos elementos: el primero es que todas las acciones que se han hecho durante estos 15 años no han tocado los problemas fundamentales: la responsabilidad directa que tienen las empresas que están en los corredores principales de la zona y que están vertiendo sus residuos tóxicos, sus sentencias venenosas directamente al río, lo cual hacen sin sanción, sin tratamiento; y el segundo tema es la salud, ya que han pasado 15 años y el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales no han reconocido el grave problema de salud pública que se vive en esta zona”, remarcó María González quien forma parte de IMDEC.
La activista centró su crítica en tres estudios sumamente importantes: el Estudio de Greenpeace México llamado: “Alto a la Catástrofe Ecológica del río Santiago”, el cual analizó el agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y encontró 101 químicos orgánicos aislados, algunos de éstos considerados de alto riesgo para la salud tanto de las personas como del ecosistema, y de los cuales, al menos, 22 ni siquiera están regulados en México.
Otro estudio que citó fue realizado, en 2016, por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), su nombre es “Licencia para Contaminar”, el cual mostró con datos oficiales, la contaminación provocada por diversas empresas nacionales y transnacionales, como Nestlé (Suiza) que descarga, según datos del IMTA, Plomo en 1.09 kg/día, Arsénico 0.39 kg/día, Níquel 1.2 kg/día, Zinc 2.1 kg/día, así como la empresa Hunstman (Estados Unidos) que sobrepasa el límite máximo permisible de plomo.
En ese mismo estudio, además, se documentó que la SEMARNAT, en 2009, precisó que las empresas Virbac (francesa) descargó 23 kg de níquel; Sachs (alemana) 23 kg de níquel; Quimikao (japonesa), 17 kg de cianuro y 64 kg de níquel; Grivatec de Grupo Urrea (mexicana), 45 kg de cromo, 39 kg de níquel y 11 kg de plomo.
“Es decir que estamos hablando de responsables directos y de lo que está sucediendo en esta zona que ya es un colapso socio-ambiental, no es posible que 15 años después el PAN, el PRI, Morena, MC y todos los colores, todos los partidos solamente simulen, sean cómplices y haya impunidad en el caso del Río Santiago” reclamó María González.
También en 2009, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas visitó de Jalisco y conoció el caso del Río Santiago, constatando que “el río recibe descargas de más de 300 industrias en el corredor industrial Ocotlán-El Salto”.
En ese mismo informe, la ONU setenció:
“Con respecto a las demandas de las comunidades, las autoridades llevaron a cabo únicamente acciones correctivas que no solucionaron los problemas de salud pública y contaminación industrial. La única solución que se aplico fue la creación de dos plantas de tratamiento de aguas residuales que solo tratan las descargas de aguas residuales domesticas de la zona metropolitana de Guadalajara que solo tratan las descargas de aguas residuales domesticas de la zona metropolitana de Guadalajara y no las aguas residuales de las industrias”.
María González, además, hizo énfasis en que no es posible que estas aguas residuales de las industrias no se toquen, pues son tóxicas y que si se llegase a consumir un sólo gramo la consecuencia es la muerte, tal y como le sucedió a Miguel Ángel.
En el año 2020, recordó María González, se emitió una medida cautelar (No. 708-19, resolución 07/2020) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de los pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago y el Lago de Chapala, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a raíz de la contaminación ambiental.
En dicha resolución del organismo internacional se delimitó un perímetro de riesgo de hasta cinco kilómetros que incluye los municipios de Juanacatlan y El Salto, así como las localidades de San Pedro de Itzicán, Agua Caliente, Chapilcote y Mezcala en el municipio de Poncitlán.
Al respecto, María González de IMDEC recordó las obligaciones de las y los funcionarios federales, estatales y municipales:
“Durante 15 años ha habido presencia de diputados, senadores, de políticos en campaña, pero la situación que hoy estamos presentando es de colapso, no ha mejorado, además el proyecto del gobernador, Enrique Alfaro, Revivamos el Río Santiago con esto que estamos diciendo aquí queda más que claro que no ha funcionado, es una completa simulación”.
Las organizacione en su conjunto precisaron que ya no se necesitan más estudios, pues hay bastantes que ya muestran claramente que la contaminación existe y que empeora cada día más: “lo que se necesita es claramente la intervención de los funcionarios públicos para que esto pare, que se hagan las alternativas para mejorar la calidad del agua, pues se necesitan claramente hechos en modo urgente”, así se los señalaron a las y los funcionadios presentes en la rueda de prensa.
Los colectivos que convocaron a la rueda de prensa además exigieron lo siguiente:
- El saneamiento integral del Río Santiago, enfocándose en las causas estructurales: cero vertidos de las empresas (circuitos cerrados) y la atención inmediata a la salud de las personas.
- El cumplimiento de parte del Estado Mexicano del derecho a la reparación integral de los daños de las personas y los ecosistemas.
- Cumplimiento al pie de la letra de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
En la rueda de prensa también estuvieron presentes los representantes de los Ejidos Cajititlán, San Juan Evangelista, San Lucas Evangelista, San Miguel Cuyutlán y Cuexcomatitlán, poblaciones que forma parte la cuenca de la laguna de Cajititlán.
En conjunto piden llevar a cabo los trabajos necesarios para la formulación del proyecto de rehabilitación, conservación y mejoramiento de los recursos naturales que se disponen en dicha cuenca.
