Manos Libres
Por Francisco Macías Medina /@pacommedina
Al leer una y otra vez las notas periodísticas sobre los feminicidios de Alondra Franco Tinoco y de su madre Liliana Tinoco Tovar en el interior de una agencia del Ministerio Público, queda un sentimiento de vacío ante lo injusto de los hechos.
Parecería que de tajo muchas palabras como justicia, “todo el peso de la ley” o “Ministerio Público” se desvanecieran y se acotaran. Cuando ocurre este tipo de violencia ensordecedora lo mejor es guardar un silencio que permita encontrarle sentido dentro de lo inhumano de la acción.
Los hechos descritos por los medios de comunicación sobre lo ocurrido revelan una vez más que parte del vínculo de algunas relaciones de pareja es una violencia que limita y es constante. Romper con ella implica lamentablemente la realización de esfuerzos individuales extraordinarios y con recursos propios por parte de las mujeres, ya que la red familiar ha sido trozada previamente por la misma dinámica amenazante, la cual hace intentos de rescate casi humanitarios pero que al final no impiden su desarrollo.
Los recursos y apoyos institucionales son precarios y sin importancia por el contexto: en este caso no valió la existencia de los números de emergencia o de la comisaría de seguridad pública; o la existencia de la sede municipales de los llamados mecanismos de adelanto de los derechos de las mujeres a todas luces insuficientes, ni mucho menos alcanzaron las campañas diseñadas en redes sociales cuyo alcance aquí es ficticio.
Las realidades violentas que se desatan en comunidades como la de Poncitlán que pertenece a la zona de la Ciénega distante de la Zona Metropolitana de Guadalajara, puso al descubierto una franca desigualdad en la aplicación de las políticas públicas y un centralismo lamentable: mientras que en la ciudad existen fiscalías con seguridad perimetrales, sistemas de circuito cerrado de televisión y seguridad privada visibles, así como sedes de secretarías con vista panorámica a la usanza de grandes corporativos empresariales; en ese lugar la agencia del Ministerio Público es una estructura de una vivienda familiar cuya única diferencia es un letrero vetusto – por cierto sin siquiera estar actualizado a la actual Fiscalía del Estado-, en la que se acomodan escritorios, historias, tristezas e impunidades. Sitios en donde el mismo personal carece de las mínimas condiciones para realizar su labor como “auxiliares de la justicia”.
El ingreso del feminicida Christoper Gerardo a dicha sede, pareciera un paralelismo con el acceso que tenía a su misma vivienda en donde practicaba la violencia. Su sola presencia armada invalidó todo un sistema de justicia y acalló los sueños de dos mujeres.
Su salida del sitio es una imagen simbólica de la impunidad, ya que no se encontró ningún obstáculo para llevarla a cabo, debido a que según el Fiscal General del Estado el personal policial realizaba trabajo de campo. Sus prioridades no son nuestras prioridades, ¿quién las decide?, ¿cómo son definidas? a pesar de todos los referentes internacionales y nacionales (ver comunicado de CLADEM Jalisco) para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres…existen otras prioridades.
Las declaraciones de Enrique Alfaro el 6 de febrero, donde expresó que la violencia feminicida iba mucho “más allá de lo que pueda hacer un gobierno” porque surge en el hogar y es producto de una descomposición social que implica a parejas y familias, al mismo tiempo que decretó que su gobierno había hecho lo que le tocaba y afirmar que: “El Gobierno no puede estar dentro de los hogares o intervenir en las relaciones personales de nadie”.
Aunque es importante reconocer la acción rápida de las autoridades para la detención del ofensor y su puesta a disposición para ser juzgado, existe por parte de las autoridades una gran necesidad de reconocimiento cuando solamente realizan alguna acción reactiva cuando faltan muchas más. Es difícil cumplir con la expectativa social de seguridad y justicia, pero esto no se resolverá magnificando lo singular.
Deslindarse de la responsabilidad de prevenir y erradicar las violencias que ocurren en las familias con una definición anacrónica, habla más de una visión limitada y de un acotamiento administrativista, que de un gobierno que reconozca su responsabilidad, se conduela con las personas y comunidades que resultaron dañadas y convoque a una gran movilización para precisamente atender, consolar, restaurar, hacer y encontrar nuevas formas para detener esta violencia inhumana.
Con su propio posicionamiento limita los grandes esfuerzos que hacen muchas mujeres comprometidas dentro de las propias instituciones y lo más grave es que desdeña la propia evidencia que se ha generado desde ellas mismas y exhibe una ignorancia injustificada.
Un ejemplo de ello es el reciente “Estudio Socio antropológico de los contextos donde se produce el feminicidio en el estado de Jalisco” realizado por la Doctora Marú Suárez de Garay y un grupo de personas expertas auspiciado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, el cual recomendamos observar su presentación y atender todas las recomendaciones del mismo, ya que de forma contundente habla de sus causas y consecuencias, muchas de ellas relacionadas por incumplimientos crónicos de los más mínimos derechos sociales y económicos, carencia de herramientas afectivas y entornos conflictivos donde se validan formas relacionales que se trasladan a las familias. Todas ellas prevenibles en su tiempo ya sea con enfoques de salud o de riesgos para el desarrollo humano.
El mismo estudio refleja la existencia de acciones y programas llevados a cabo con grandes esfuerzos, pero con una coordinación insuficiente entre los municipios y el Gobierno del Estado, además con enfoques que no alcanzan para la atención de todas sus dimensiones y consecuencias.
Como se aprecia con claridad, hay mucho por hacer, corregir y sumar, tal pareciera que de nueva cuenta nos encontramos ante posturas que buscan controlar de forma ficticia una realidad que exige justicia a través de nuevas acciones, diálogos, alianzas y puentes pero que también reclama de los actores con responsabilidad la reflexión, el silencio y el reconocimiento de que es necesario asumir los deberes y también de tener la humildad de convocar a la cooperación; sin embargo, eso sería otra forma de gobierno, con otros fines y valores.
Esa respuesta se la debemos a Alondra y a Liliana y a las decenas de mujeres que han sido asesinadas violentamente. Un alto debe de servir para empujarnos al cambio de rumbo.
La invitación es a reconocer los esfuerzos que se llevan a cabo y participar más activamente, hay suficientes actores de la sociedad civil, de la academia y de empresas para repensarnos en este gran desafío como una comunidad que verdaderamente protejamos a las mujeres que más lo necesitan.
