“Las personas trabajadoras migrantes en la región han obtenido importantes victorias para la protección y defensa de sus derechos laborales” celebró Proyecto Periplo, quienes junto a Fundación Avina y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsan a trabajadoras y trabajadores agrícolas en el reconocimiento y aplicación de sus derechos laborales.
La firma de un Memorando de Entendimiento en Materia de Movilidad Laboral entre México y Estados Unidos y el anuncio de una política de alivio migratorio desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) significan “un avance en la lucha por los derechos laborales de los migrantes agrícolas”, advirtieron desde Periplo.
Ambas “victorias” fueron impulsadas por el Centro de los Derechos del Migrante, quienes han impulsado diversas demandas.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, reconoce que hablar sobre la industria agrícola en México, “implica reconocer las necesidades que experimentan las personas en situación de movilidad humana”; y es que, de acuerdo con sus datos, en el país, 3 millones de personas trabajan como jornaleros y jornaleras en los campos y, de estas, 2.5 millones son personas migrantes.
Esta información la han obtenido gracias al trabajo de monitoreo y acompañamiento constante, ya que, según denunciaron en su informe “La población jornalera agrícola interna en México frente a la pandemia de Covid-19”, el Gobierno de México adeuda los datos que permitan no sólo conocer las situaciones a las que se enfrenta esta población, sino también, el establecimiento de políticas públicas y, con ello, la atención a las diversas violaciones a derechos humanos que suelen experimentar por parte de sus empleadores.
De aquí que sean “victorias cruciales” e históricas para el movimiento la firma del Memorando de Entendimiento en Materia de Movilidad Laboral y Protección a Participantes en Programas para Trabajadores Temporales Extranjeros, así como el anunció de una nueva política de alivio migratorio para personas trabajadores migrantes frente a empleadores abusivos por parte del Departamento de Seguridad Interior (DHS por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
A través de un comunicado, Proyecto Periplo, iniciativa impulsada por Fundación Avina y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebraron los logros y reconocieron que estos fueron el resultado de la labor continúa del Centro de los Derechos del Migrante, organización aliada que se impulsó ambas demandas.
Periplo trabaja desde 2022 para crear espacios de capacitación con personas trabajadoras agrícolas migrantes que les permitan conocer sus derechos, además de concientizar y capacitar al sector privado sobre las necesidades de esta población, así como sus obligaciones como empleadores. El proyecto lo comparten siete organizaciones civiles más que trabajan en pro de los derechos humanos de las personas migrantes alrededor del mundo.
Así, informaron que el 13 de enero, el DHS anunció el inicio de una nueva política de alivio para personas migrantes, como respuesta a la labor de incidencia y exigencia del Centro de Derechos del Migrante, organización que defiende y protege los derechos de personas trabajadoras migrantes mientras se encuentran en movilidad entre sus comunidades origen y sus centros de trabajo en Estados Unidos.
Dicho alivio migratorio, señalaron, “es una protección que permite a las personas trabajadoras migrantes e inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, tomar acción contra los empleadores explotadores y abusivos al brindarles protecciones migratorias temporales y permiso para trabajar en Estados Unidos”.
Por otro lado, explicaron que el Memorando de Entendimiento en Materia de Movilidad Laboral y Protección a Participantes en Programas para Trabajadores Temporales Extranjeros fue firmado el pasado 17 de enero por los gobiernos de México y Estados Unidos y sus objetivos principales son:
- Fortalecer la cooperación bilateral en torno a los programas para personas trabajadoras temporales en Estados Unidos, conocidas como H-2.
- Salvaguardar los derechos laborales y proteger contra la discriminación a las personas trabajadoras temporales extranjeras durante el reclutamiento, empleo y retorno a México y Estados Unidos. La medida cubre a personas originarias de México, El Salvador, Honduras y Guatemala.
- Impulsar el reclutamiento justo y el trabajo decente, además de mejorar la rendición de cuentas de quienes violan estos principios en Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras y Guatemala.
- Facilitar la disponibilidad de puestos de trabajo temporales en los sectores agrícola y no agrícola en México y Estados Unidos.
- Explorar el apoyo a mecanismos de reclutamiento como el Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, con el objetivo de ofrecer información a las personas trabajadoras no inmigrantes en Estados Unidos y a las personas mexicanas trabajadoras que buscan empleo en Estados Unidos.
A decir del informe “La población jornalera agrícola interna en México frente a la pandemia de Covid-19” de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, sólo el 3% de las y los trabajadores temporales cuentan con un contrato escrito; sólo entre el 14 y el 17% de las infancias que conforman las familias migrantes acuden a la escuela; y respecto a la vivienda, la red ha denunciado que estas unidades familiares son orilladas a “vivir” en sitios inadecuados para su habitabilidad llamados “galeras”.
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Lo mismo sucede con el acceso al derecho a la salud, no cuentan con servicios médicos o centros de salud cercanos a los campos agrícolas, mientras que, su desplazamiento hacia los existentes es complejo.
“Estas medidas reducen los incentivos para que los empleadores ejerzan presión o amenazas utilizando el estatus migratorio de las personas trabajadoras, y las personas trabajadoras puedan levantar la voz y de hecho llevar sus casos estando presentes en EU” declaró para Periplo la directora ejecutiva del Centro de Derechos del Migrante, Rachel Micah-Jones.
