Organizaciones manifiestan su preocupación y desacuerdo en el proceso judicial del asesinato de la periodista María Elena Ferral en Veracruz

A casi tres años del asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández en Veracruz, el proceso judicial para sancionar a los tres presuntos autores materiales del crimen se ha visto obstaculizado y condicionado recientemente por “las malas prácticas y el abandono institucional del caso por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial” así lo denunció Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras.

En un llamado al Poder Judicial del Estado de Veracruz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz, la Red Nacional de Periodistas manifestó su “profunda preocupación y desacuerdo con la conducción del proceso judicial” y señaló que estas prácticas han impedido garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita para la familia de la periodista, así como de manera puntual para su hija Fernanda de Luna Ferral.

Las tres organizaciones han coincidido en demandar la designación de un nuevo juez o jueza para continuar con el proceso.

Por Redacción ZonaDocs / @Redacción ZonaDocs

Portada Propuesta Cívica

“Nuestra exigencia tiene un solo propósito y motivo: que se llegue al esclarecimiento del asesinato de María Elena Ferral mediante un proceso judicial ejemplar, cuidadoso, con perspectiva de género y que prevea la debida reparación del daño para su familia”: externó la Red Nacional de Periodistas a través de un pronunciamiento.

La carta dirigida al Poder Judicial del Estado de Veracruz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas del Estado de Veracruz expresa la preocupación y desacuerdo que esta red de comunicadoras y periodistas hace frente al proceso judicial que se lleva en contra de las tres personas detenidas e imputadas como presuntos autores materiales del asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, ocurrido el 30 de marzo de 2020 en Veracruz.

Y es que previamente la organización Propuesta Cívica, quienes se encuentran a cargo de la representación legal de la familia de Ferral Hernández, junto a Reporteros Sin Fronteras denunciaron en un comunicadola inexistencia de condiciones mínimas del debido proceso” así como falta de voluntad de parte del gobierno estatal, durante el desenvolvimiento del juicio oral efectuado en contra de las 3 personas acusadas de participar en el homicidio de la periodista.

En este pronunciamiento dado a conocer el 19 de enero de 2023, las organizaciones señalaron que durante las cuatro audiencias de juicio oral celebradas en contra de los tres imputados: Othoniel N, Alfredo N y Carlos N entre el 17 de noviembre y el 8 de diciembre de 2022, la defensa de la periodista “logró documentar anomalías y malas prácticas”.

Entre las cuales enlistan:

  • La ausencia de preparación en la mayoría de testigos o su ausencia total en el juicio.
  • La obstaculización del derecho a contrainterrogar testigos de la defensa.
  • Anomalías, malas prácticas y abandono institucional del caso por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial que comprometen el debido proceso en perjuicio de las partes.

En estas audiencias precedidas por el Juez de Enjuiciamiento, Guillermo Vargas Hernández, se desahogaron un total de 14 testigos de 19 y 11 periciales ofrecidas por la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, detallaron las organizaciones firmantes y, si bien, la fecha de continuación de las audiencias había sido programada para el 15 de diciembre, “de manera extraoficial se comunicó que, debido a problemas de salud del Juez, esta sería pospuesta”.

Sin embargo, fue hasta el 22 de diciembre que todas las partes fueron notificadas que las audiencias se reanudarían el 30 de diciembre. Finalmente, mientras se desarrollaba esta última audiencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz “solicitó la anulación de las 4 audiencias de juicio oral ya celebradas, argumentando que había transcurrido un plazo mayor al de 10 días naturales que los artículos 351 y 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla para garantizar la inmediación y continuidad de las audiencias” expusieron las organizaciones.

La solicitud fue rechazada por la representación legal de la periodista, a cargo de Propuesta Cívica, y llamó al Juez de Enjuiciamiento a que justificara en audiencia “por qué no fue posible reanudar la audiencia el 15 de diciembre”, explicando “de manera cronológica” la imposibilidad de llamar a juicio antes del 30 de diciembre. La parte acusada junto a su defensa también se opuso, coincidiendo con los argumentos presentados por la organización que realiza la representación legal de la periodista.

Contradictoriamente, exponen, el Juez Guillermo Vargas Hernández dio la razón a la Fiscalía, sin ofrecer una explicación concurrente con la demanda de las partes y concluyó procedente la anulación del juicio. Además, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, asignar un nuevo juez de enjuiciamiento que conozca de las audiencias.

Frente a este actuar, han advertido Propuesta Cívica, Reporteros Sin Fronteras y la Red Nacional de Periodistas, es urgente que las autoridades de procuración e impartición de justicia de Veracruz, en el ámbito de sus competencias, “eviten mayores dilaciones y negligencias que impacten en el debido proceso de las partes en el juicio oral por el homicidio de la periodista María Elena Ferral Hernández”.

Sus exigencias puntuales llaman al Poder Judicial del Estado de Veracruz a dar celeridad a la asignación y nombramiento de un nuevo juez o jueza de enjuiciamiento “con un perfil y probidad intachables para esta encomienda” precisó la Red Nacional.

Así mismo, llamaron a que se procuren “las condiciones para celebrar de manera continua y sin dilaciones procesales las audiencias de juicio oral en el caso”.

En tanto, a la Fiscalía General del Estado de Veracruz se le :

  • Mostrar mayor respaldo y voluntad para la celebración de las audiencias de juicio oral iniciadas por el homicidio de la periodista María Elena Ferral.
  • Dotar de recursos y respaldo institucional al Fiscal asignado al caso, con la finalidad de que desempeñe su encargo con las facilidades administrativas necesarias para la presentación de peritos en audiencias y la búsqueda de testigos; y
  • Permitir la existencia de condiciones mínimas para la preparación de testigos y peritos por parte de la Fiscalía, con la finalidad de mejorar las condiciones de desahogo de las pruebas de cargo.

La Red Nacional de Periodistas fue clara en recordar la urgente necesidad de reconocer como línea de investigación en el proceso “la labor periodística de María Elena”, así como el desarrollar un proceso judicial bajo la perspectiva de género, dado el contexto de agresiones y violencia de género que enfrentan las periodistas en México y Veracruz.

Finalmente, exigieron también a la Comisión Estatal para la Atención y la Protección de Periodistas que actúen como vigilantes del proceso en el ámbito de sus competencias.

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